Varias personas resultaron heridas el viernes en una estación de metro de Londres por la explosión de una bomba en un tren abarrotado en plena hora pico, informó la policía, que está tratando como un incidente terrorista.
Los pasajeros que viajaban en un tren con destino a la capital británica huyeron cuando las llamas empezaron a propagarse dentro de un vagón en la estación de Parsons Green, en el oeste de Londres. Algunos sufrieron quemaduras en la estampida que se generó para escapar, dijeron testigos.
El servicio de ambulancias londinense anunció que trasladó a 18 personas al hospital, pero precisó que no parecía haber nadie en estado grave.
“Ahora mismo lo calificamos como la detonación de un artefacto explosivo improvisado”, indico el máximo oficial antiterrorista, Mark Rowley. Agregó que sus labores están siendo apoyadas por el servicio de inteligencia MI5.
La primera ministra, Theresa May, encabezará una reunión del comité de respuesta de emergencias más tarde en la jornada, señaló su oficina.
Por su parte, el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, dijo que “Londres condena a los odiosos individuos que usan el terror para poner en peligro y destruir nuestro modo de vida”.
“Como Londres demostró varias veces, nunca seremos intimidados o derrotados por el terrorismo”, afirmó.
Imágenes grabadas en el lugar mostraban un cubo blanco sobre el suelo de un vagón, con una bolsa para congelados de supermercado en su interior y lo que parecían cables saliendo de la parte superior.
“Yo estaba en el segundo vagón desde atrás. Escuché una especie de zumbido. Levanté la vista y vi el vagón entero envuelto en llamas que venían hacia mí”, relató Ola Fayankinnu, que estaba en el tren.
“Mucha gente fue arrollada. Había teléfonos, gorros, bolsos por todas partes y cuando miré hacia atrás vi una bolsa en llamas. La gente estaba llorando, conmocionada, algunas personas estaban heridas, algunas personas habían sido arrolladas”, agregó.
En los exteriores de la estación, una mujer estaba sentada en la calle con una venda en una pierna mientras policías armados patrullaban. Un testigo dijo que vio a una mujer siendo trasladada en una camilla con las piernas cubiertas por una manta.
En 2005, 52 personas murieron en ataques perpetrados por cuatro islamistas británicos en tres trenes de metro y un autobús de Londres. Este año, Reino Unido ha sufrido cuatro ataques calificados de terroristas.
“Mis pensamientos están con los heridos en Parsons Green y con los servicios de emergencias que, una vez más, están respondiendo con rapidez y valentía a un supuesto incidente terrorista”, dijo May en un comunicado.
El secretario de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, pidió a la gente que “mantenga la calma” y seguir con su vida con normalidad.
Imágenes de televisión mostraron a pasajeros que salían escoltados de un vagón, mientras que un testigo vio policías armados registrando un tren parado y una unidad de desactivación de bombas en el lugar.
La Brigada de Bomberos envió seis camiones y 50 bomberos y el servicio de ambulancias despachó“múltiples recursos”, incluido su equipo de respuesta para situaciones peligrosas.
El servicio de transportes de la capital británica, Transport for London, anunció la suspensión del servicio en la parte oeste de la District Line, que pasa por Parsons Green.
En la Argentina hay apenas quince condenas por lavado de dinero. Quince. El dato es revelador de cómo todavía falta un largo camino por recorrer en el combate al crimen organizado, que tiene al narcotráfico como una de sus patas principales, pero que incluye el contrabando común, la trata de personas y hasta el tráfico de armas en las fronteras entre Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay.
Esa realidad no es demasiado distinta a los demás países del cono sur, cuyos fiscales, fuerzas de seguridad y jueces, debatieron en Posadas durante dos días en la cuarta jornada de Cooperación Internacional entre el ministerio de Seguridad y el ministerio Público.
En el panel de cierre, el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, admitió que hay una mora judicial en el ataque al lavado de activos, que se contradice con el creciente decomiso de drogas, profundizado por la actual gestión. Se estima que el contrabando genera un movimiento económico de dos billones de dólares por año, de los cuáles, unos 320 mil millones corresponden al narcotráfico.
Gabriel Pérez Barberá, fiscal general y titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), coincidió con el magistrado y admitió que el lavado de dinero no está entre las principales causas resueltas por la Justicia, que sí tiene un cúmulo de causas por narcotráfico. “Las leyes están, pero no hay efectividad. Lo que demuestra que todavía se trabaja en compartimientos estancos”, señaló.
Partiendo de esa base, la conclusión del encuentro que tuvo en el cierre al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad y al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, fue que hay que profundizar no sólo el trabajo en conjunto, sino la unificación de criterios legislativos, la coordinación de fuerzas de seguridad y el intercambio de tecnología.
La tarea es ardua, más allá de la disposición de los funcionarios y operadores de justicia. Las legislaciones son similares pero no idénticas y a veces las trabas burocráticas pueden paralizar una operación o, peor aún, arruinarla. Los expositores coincidieron en que los avances legislativos muchas veces llegan tarde, por lo que los jueces y fuerzas de seguridad deben suplir las carencias con ingenio. Hasta el wathsapp se convirtió en una herramienta para acelerar procedimientos conjuntos que podrían demorar días a través de los vericuetos legales que determinan las Cancillerías.
Gustavo Abrazián, representante de la Unidad de Información Financiera en Misiones y el litoral, aseguró que el organismo está a disposición para las investigaciones sobre el patrimonio de los narcotraficantes y aseguró que la directiva es “ir por los bienes” generados a través de los delitos.
Sin embargo, la forma de trabajar todavía dista mucho de ser la ideal. Aunque hay cooperación institucional, las normativas son distintas. En Uruguay, por ejemplo, se lidia con el narcotráfico aéreo y terrestre, además de trata de personas y tráfico de armas desde el sur de Brasil. También llega marihuana en barcazas desde el Paraguay, pasando por territorio argentino.
Yannet Ferrero Álvarez, la fiscal a cargo de la Fiscalía Especializada en Droga del país oriental, contó que trabajan con una ley de combate al crimen organizado que incluye la colaboración con otros países y la trata de personas, armas y lavado de dinero interno y transnacional. Los bienes decomisados a narcos van a remate y con eso se financian centros de recuperación de drogadictos.
La funcionaria contó una anécdota que diferencia a Uruguay de la Argentina: “En un operativo en el que buscábamos una avioneta con droga, apostamos a francotiradores de la Policía para detener a los narcos”. En el país de Mujica, la ley de Defensa permite el derribo de aviones que violen el espacio aéreo. En Brasil también, pero en Argentina eso no está permitido.
Ferrero Álvarez pidió potenciar el trabajo interdisciplinario a través de la Remp –Reunión Especializada de Ministerios Públicos-, donde participan las cancillerías, que pueden agilizar después la coordinación legislativa. “Hay que allanar el camino de las formalidades para realizar acciones rápidas. Tenemos los mismos problemas y se debe aggiornar el trámite para que haya un impacto en el crimen organizado”, sentenció.
Los funcionarios coincidieron, en la misma línea argumentativa del ministro Marcelo Pérez, que además del combate frontal a la oferta del narcotráfico, hay que trabajar en paralelo con la atención a la demanda. Misiones es también un ejemplo del trabajo coordinado entre fuerzas locales y de Paraguay y Brasil. Gracias a eso, se logró el récord de más de 16 toneladas de marihuana decomisadas en 2016 y otras siete en lo que va de este año.
Este martes se inician la cuarta Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público (Argentina-Brasil–Paraguay- Uruguay). Especialistas en seguridad de Argentina, Paraguay, Brasil y Chile participarán desde este martes de una jornada de debate sobre narcocriminalidad y delitos complejos, con el objetivo de fortalecer las estrategias para combatir el crimen organizado en el orden local, provincial, nacional e internacional.
Hoy y mañana en el hotel HA Urbano tendrá lugar en la ciudad de Posadas la “IV Jornada de Cooperación Internacional entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio Público”, cuyo propósito permitirá fortalecer el diálogo entre los distintos participantes, intercambiar experiencias y potenciar las diferentes estrategias en el orden local, provincial, nacional e internacional para combatir el delito.
La apertura de la jornada se hará este martes –cuyo comienzo será a las 9.30 – y estará a cargo del Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané; y el Ministro de Gobierno de Misiones Marcelo Pérez.
En tanto, la jornada del miércoles–cuya apertura se prevé a las 9 horas-, será iniciada con la presencia del Jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia Martín Casares, mientras que la clausura del evento –estimada para las 16.30- contará con la presencia de autoridades nacionales y provinciales.
Durante las jornadas expondrán, entre otros, el Fiscal Federal titular de la Procuraduría Especializada en Narcocriminalidad, Diego Iglesias; en la mesa de Trata de Personas, la Jueza Federal de Corrientes, Cristina PozzerPenzo; sobre “Lavado de Activos” el Juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti.
Se llevarán a cabo dos conferencias “Las nulidades procesales como umbral de calidad operativa”, a cargo de la Presidenta de la Cámara de Federal de Casación Penal, Liliana Catucciy “Abordaje integral del narcotráfico” el Juez Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Torres.
Por otra parte, disertarán los integrantes del Ministerio Público de países invitados, comoTeresa Martínez Acosta, Fiscal de la República del Paraguay; Ricardo Pael Ardenghi, Procurador de la República Federativa de Brasil; Luis Toledo, Fiscal de Chile, y Juliana Giménez Portillo, Fiscal de Ciudad del Este-República del Paraguay entre otros.
New York Times.Durante más de una década, España parecía inmune a los casos de violencia islamista sucedidos en otros países europeos donde los jóvenes radicalizados —en su mayoría con antecedentes como inmigrantes pobres— perpetraron ataques devastadores con bombas, rifles o vehículos.
Las fuerzas de seguridad españolas tienen una buena reputación como operadores efectivos para el antiterrorismo, puesto que ese país es un atractivo punto de entrada para los yihadistas por su larga costa del Mediterráneo y la cercanía con Marruecos.
La ilusión de ser un lugar seguro ante el extremismo islamista fue destrozada el 17 de agosto pasado, cuando una camioneta aceleró sobre la Rambla de Barcelona y dejó a su paso un rastro de cuerpos: murieron 13 personas y más de 100 resultaron heridas. Otra persona falleció en un ataque posterior en Cambrils, al sur de la capital catalana, que terminó cuando la policía abatió a cinco presuntos atacantes que, a su vez, parece que formaban parte de una célula que usaba una residencia en Alcanar para fabricar bombas.
Ahora las autoridades buscan entender cómo fue que un grupo que incluía adolescentes sin antecedentes terroristas pudieron planear un ataque coordinado en un país que durante mucho tiempo había combatido los atentados de ese tipo de manera efectiva, pese a ser un blanco atractivo y simbólico para los islamistas.
“Para los yihadistas, España todavía está en la primera línea de ataque”, dijo Bruce Hoffman, profesor de la Universidad de Georgetown y experto en terrorismo e insurgencias.
El ataque en la estación de Atocha de Madrid en 2004 cobró la vida de 191 personas.CreditChristophe Simon/Agence France-Presse — Getty Images
Desde el año 2004, cuando estallaron las bombas en la estación de trenes de Atocha en Madrid y murieron 191 personas, España ha frustrado una larga lista de tramas islamistas; incluso en la zona costera de Barcelona donde se perpetraron los ataques del jueves.
Han sido arrestados más de 700 sospechosos de extremismo, según el Ministerio del Interior de España. Esa lista incluye a paquistaníes que planeaban atentados suicidas en el metro de Barcelona en 2008; a una célula terrorista en el enclave de Melilla, al norte de África; y a nueve hombres en su mayoría marroquíes detenidos en abril por vínculos con los ataques de marzo de 2016 en el aeropuerto y metro de Bruselas.
El año pasado, las autoridades también frustraron un posible plan para atropellar a personas con una camioneta como había sucedido en Niza e interceptaron un embarque de 20.000 uniformes que iban dirigidos a yihadistas en Irak y Siria.
“Las autoridades españolas están en buena forma en toda Europa”, dijo Matthew G. Olsen, exdirector del Centro Nacional Antiterrorismo estadounidense. “Me da la impresión de que han sido muy exitosos al identificar e interrumpir ataques”.
Después del atentado de marzo de 2004 en Madrid, los españoles recurrieron a su experiencia de décadas de combate al movimiento separatista ETA y aprobaron una serie de leyes que ayudaron a desarticular las células radicales.
En abril, los Mossos arrrestaron a un hombre acusado de ayudar a milicianos islamistas.CreditJosep Lago/Agence France-Presse — Getty Images
Sin embargo, a veces, la suerte influye en el antiterrorismo y, el 17 de agosto pasado, esa suerte se le terminó a España.
Algunos de los jóvenes involucrados en los ataques de Barcelona y Cambrils todavía eran adolescentes y los investigadores creen que llevaban una doble vida; a lo largo de un año planearon los atentados en la residencia de Alcanar.
Fue un recordatorio del reto que enfrenta Cataluña como región que se ha vuelto un foco cada vez mayor del extremismo islamista.
En esa ciudad residen un cuarto de los dos millones de musulmanes que viven en España lo que ha atraído cada vez más migrantes musulmanes desde Marruecos, Algeria y el sudeste asiático. Sin embargo, han tenido problemas para integrarse y a muchos les han atraído las mezquitas salafistas (rama ultraconservadora del sunismo) que surgieron en pueblos y ciudades pequeñas de la zona.
En un cable diplomático de 2007, por ejemplo, funcionarios del Departamento de Estado alertaron que el área se había vuelto un “imán para reclutadores terroristas” debido a la alta población de inmigrantes musulmanes masculinos, no casados y desafectos.
“Hay algo de historia ahí”, dijo Lorenzo Vidino, director del Programa sobre Extremismo de la Universidad de Washington y autor de un estudio sobre el salafismo en Cataluña. “Si te fijas en un mapa, el poblado más cercano a Cambrils es Salou. La distancia puede recorrerse a pie. Y Salou es donde Mohamed Atta tuvo su última reunión en Europa antes del 11 de septiembre”, dijo. Atta era el piloto del primer avión que se estrelló contra el World Trade Center de Nueva York y se cree que se reunió con alguien de Al Qaeda en Salou antes del atentado de 2001.
Un rezo en Málaga en honor a las víctimas del ataque en Barcelona, el viernes CreditJon Nazca/Reuters
Sin embargo, España no había sido un foco principal para los militantes islamistas. Aunque es parte de la OTAN, el país tuvo una participación menor en las guerras estadounidenses en Irak y Afganistán y, aunque interceptaron células terroristas de manera agresiva, los líderes españoles han enaltecido los esfuerzos por integrar a los musulmanes a la sociedad.
En España tampoco se ha visto un surgimiento tan marcado de movimientos políticos de línea dura y antimusulmanes que existen en otras partes de Europa.
Se cree que 200 residentes españoles han viajado a Siria e Irak para sumarse a las filas combatientes, pero eso es apenas una fracción de los cientos de británicos o franceses que han hecho lo mismo.
No obstante, España tiene un atractivo simbólico para los islamistas debido a su historia de un califato y la presencia musulmana entre los siglos VIII y XV en Al-Ándalus; en sitios web de extremistas hay referencias a los deseos de regresar a ese territorio musulmán medieval.
Pese a los esfuerzos de integración, España se enfrenta a corrientes extremistas en sus comunidades marroquíes, tal como los británicos lo hacen con las comunidades paquistaníes o los franceses con los residentes de ascendencia tunecina o argelina.
El problema está relacionado a la relación histórica combativa entre España y Marruecos, de donde proviene la mayoría de la migración musulmana.
Las vallas que separan a Marruecos del enclave de MelillaCreditSanti Palacios para The New York Times
Prácticamente, todos los sospechosos de los ataques en Barcelona y Cambrils han sido identificados como marroquíes o de ascendencia marroquí. Al igual que el autor intelectual y otros perpetradores de los atentados de París en noviembre de 2015 y de quienes metieron las bombas al aeropuerto de Bruselas el 22 de marzo del 2016.
Ayoub el Khazzani, un hombre nacido en Marruecos que vivía en el sur español, fue detenido por los demás pasajeros de un tren que iba de Ámsterdam a París en agosto de 2015 cuando abrió fuego con un rifle kaláshnikov. Se cree que Khazzani se radicalizó en una mezquita en Algeciras, en España.
Más de 1600 marroquíes se han sumado a las filas del Estado Islámico en Siria y Libia, de acuerdo con las autoridades de Marruecos, y los expertos en seguridad creen que todavía hay cientos de simpatizantes del grupo extremista en territorio marroquí.
“Lo impresionante es que no haya sucedido un ataque así en Marruecos”, dijo Issandr el Amrani, analista de International Crisis Group, que hace poco publicó un estudio sobre las actividades del Estado Islámico en el norte africano.
El Saladillo, en Algeciras, es donde se cree que se radicalizó Ayoub El Khazzani, quien abrió fuego en 2015 en un tren en París.CreditLaura Leon para The New York Times
El antiterrorismo español depende mucho de la cooperación con las fuerzas de seguridad marroquíes. Amrani dijo que estas últimas se han infiltrado y tienen una fuerte presencia en comunidades migrantes de toda Europa por medio de informantes, pese a que algunos grupos de derechos humanos han expresado reservas sobre sus métodos.
Sin embargo, la asistencia también depende de la relación política entre ambos países, que tiene una considerable tensión por la situación en los enclaves de Ceuta y Melilla y la disputa sobre la región del occidente del Sahara.
El gobierno español ha reducido los gastos en otras áreas, pero ha aumentado tanto el personal como el presupuesto para sus servicios de inteligencia. La legislación antiterrorista también les ha permitido detener a sospechosos de terrorismo en fases tempranas de un posible ataque; antes que lo que se permite en, por ejemplo, el Reino Unido.
Hasta los atentados en Barcelona, habían sido arrestadas 54 personas este año por sospechas de actividad terrorista en España.
Sin embargo, como sucede en tantas otras partes, los españoles están sobrepasados por la cantidad de tramas potencialmente terroristas que tienen que monitorear, según Seth G. Jones, especialista de RAND Corporation.
“Están abrumados por la cantidad de pistas”, dijo. “No pueden cubrir todos los casos abiertos”.
Un especialista en terrorismo internacional advirtió este miércoles que la organización Hezbollah se mantiene totalmente activa en la Triple Frontera a través de operaciones de narcotráfico y lavado de dinero y que un 10% de su financiamiento a nivel mundial se genera en esa controvertida región, compartida por la Argentina, Paraguay y Brasil. Se trata del italiano Emanuele Ottolenghi, miembro destacado de la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD), un instituto centrado en la política exterior y la seguridad nacional con sede en Washington, quien brindó una entrevista a Télam en su paso por Buenos Aires.
“La actividad de Hezbollah en la Triple Frontera sigue siendo vital para la operación de financiamiento del terrorismo. Tiene un presupuesto en dramático crecimiento por su presencia continua en la guerra de Siria”, explicó el experto, que afirmó que en 2004 la cifra ascendía a 100 millones de dólares por año, en 2009 al doble y actualmente llegaría a entre 600 y 1.000 millones.
Es decir, que el 10% del presupuesto de la organización, unos 100 millones, se obtiene de actividades ilegales desarrolladas en esa región que comparten los tres países y en las ciudades paraguayas de Encarnación, Salto de Guayrá y Pedro Juan Caballero.
“En la zona hay actividades comerciales con apariencia lícita, como negocios de electrónica, porque para blanquear dinero y financiar a Hezbollah utilizan frecuentemente medidas como sobrefacturación, no declarar la mercadería que hay en los contenedores y vender productos que son falsos”, sostuvo Ottolenghi.Además, los operadores de Hezbollah en la zona empezaron hace muchos años trabajando como intermediarios del contrabando de droga o facilitando su tránsito a otros mercados, pero si bien al principio cobraban dinero, luego empezaron directamente a recibir estupefacientes.
