Sorpresivamente Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con Argentina que tendrá un enorme impacto en la economía del país. El Gobierno lo celebró con entusiasmo, pero hay señales que obligan a ser cautelosos ante el riesgo de la asimetría que puede significar un golpe de gracia para diversos sectores de la industria nacional. Argentina asume compromisos estrictos en casi todos los frentes -aranceles, barreras no arancelarias, normas técnicas, propiedad intelectual, acceso agrícola, estándares regulatorios, comercio digital, empresas públicas y minerales crítico- mientras que las contrapartidas de Estados Unidos se reducen a un puñado de promesas abiertas y condicionadas. Washington ofrece, en el mejor de los casos, evaluar reducciones arancelarias para recursos naturales y productos que no produce, analizar “positivamente” el impacto del acuerdo cuando invoque razones de seguridad nacional y considerar eventuales ampliaciones de cupos agrícolas.
El agro aparece como un terreno sensible. El Gobierno celebró la posible ampliación del cupo de exportación de carne vacuna hacia Estados Unidos, de 20.000 a 80.000 toneladas. Pero un estudio del Centro de Economía Política Argentina sostiene que el aumento llevaría la participación del mercado estadounidense sobre el total de exportaciones argentinas de carne del 3% al 7%, y está condicionado a la aprobación del Congreso estadounidense, además de ser vulnerable a objeciones sanitarias. En paralelo, el acuerdo abre el mercado local a carne aviar, bovinos vivos, productos porcinos, lácteos y otras proteínas norteamericanas con estándares regulatorios de origen. Esto implica un doble riesgo: competencia creciente para la producción local y una presión alcista sobre los precios internos, que tenderían a alinearse con los valores exportables, asfixiando al mercado interno.
Sin embargo, el Gobierno celebra el pacto como si hubiera encontrado un oasis en un desierto. Nuevamente Donald Trump al rescate de una frágil economía argentina que sigue sin encontrar un sendero de recuperación. Pero el apoyo del bueno de Donald no es simple generosidad, sino una veta de negocio, como con swap preelectoral que incluyó una amenaza a los argentinos si no ganaba Javier Milei y ganancias inmediatas, según reconoció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Lo cierto es que aún con el salvataje del país del norte, la economía argentina sigue con respirador artificial y una fragilidad ostensible.
La dinámica empresaria ha sido un termómetro claro del clima económico de cada gestión. Si se observan los primeros 20 meses de mandato, los datos son elocuentes: Néstor Kirchner lidera con una creación neta de 68.391 empresas empleadoras, seguido a gran distancia por Cristina Kirchner con 12.684 en su primera gestión. En el resto de los gobiernos predomina el signo negativo: Fernando de la Rúa perdió 3.998 firmas en el epílogo de la década menemista, Eduardo Duhalde 7.785, Mauricio Macri 5.518, y Alberto Fernández, en medio de la pandemia, 20.068, mientras que Javier Milei acumula una caída de 19.376 empresas cerradas en su inicio de gestión. Este recorrido revela un patrón persistente: desde 2011 la creación de empresas -y, con ella, la creación de empleo- permanece estancada o en retroceso, exhibiendo la fragilidad estructural de un país que no logra recomponer su ecosistema productivo.
Pese a que la construcción aparece como el sector más golpeado por la virtual paralización de la obra pública nacional, otra actividad que quedó en la línea de fuego es la industria textil. La fuerte desregulación de las importaciones -con Temu y Shein como protagonistas del boom de compras puerta a puerta- profundizó la crisis: la Federación de Industrias Textiles Argentinas difundió su informe mensual que la actividad del sector textil cayó 18,1% en agosto respecto del mismo mes de 2024, una contracción muy superior al 4,4% que registró el promedio de la industria nacional en igual período. Por su parte, el uso de la capacidad instalada textil se ubicó en apenas 41,5%, casi nueve puntos porcentuales por debajo del año anterior.
En materia laboral, los números confirman la tendencia negativa. En julio de 2025, los sectores de textiles, confección, cuero y calzado contabilizaron 108 mil empleos formales. La cifra representa una reducción de 5 mil puestos respecto al mismo mes de 2024, consolidando así una tendencia de contracción que se sostiene desde febrero del año pasado.
Sin embargo, el presidente Javier Milei no parece preocupado por nimiedades. “La macro es la suma de todas las micro”, dijo en Corrientes el Presidente.
El proceso actual, lejos está de ser virtuoso. Por el contrario, el deterioro parece acelerarse. Según los datos oficiales, en agosto de 2025, perdieron el empleo registrado 11.229 personas, de acuerdo a la Secretaría de Trabajo. Y en septiembre, según la Encuesta de Información Laboral, el nivel de empleo privado registrado habría continuado con un retroceso (-0,1%), acumulando 8 meses de contracción (solo en junio se registró un valor positivo de 0,1%).
El empleo asalariado en el sector privado alcanzó las 6.204.252 personas: 10.600 trabajadores menos. Desde comienzos de 2025, son 27.000 trabajadores menos..En relación con noviembre de 2023 son 181.512 menos.
La caída atraviesa todos los sectores y provincias. Misiones no fue la excepción. Marcó la tercera caída consecutiva y registró 101.860 trabajadores, con una baja que fue del 0,3% contra el mes anterior. Ese descenso equivale a una pérdida de 269 empleos durante agosto. Durante la era Milei, Misiones perdió 6.886 empleos, lo que representa una baja de 6,3%. El 2023 había cerrado con 107.800 empleos, después de picos de 110 mil.
Si la situación de las empresas y el empleo es crítica, la inflación, que fue el caballito de batalla de Milei en su primera etapa, ahora es una meseta agria. La de octubre fue de 2,3 por ciento en el país y desde mayo que no se registran descensos. En el NEA pegó un salto de 1,8 a 2,2 por ciento, lo que se refleja en un consumo cada vez más ralentizado.
De todos modos, algunos insisten en celebrar la supuesta “estabilidad de precios” bajo el gobierno de Javier Milei. En contraste, la realidad es que la inflación acumulada en lo que va de su gestión alcanza el 241%, según datos oficiales del INDEC.
La narrativa del éxito se apoya en que ahora los precios “suben poco”, pero omite un dato esencial: el salto inicial fue descomunal, y desde ese Everest inflacionario los valores siguieron escalando.
Basta comparar productos básicos entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 para ver la magnitud del golpe: la sal fina aumentó 342%, el pan 316%, el aceite de girasol 294%, el jabón en pan 288%, la leche 248%, la carne picada 212% y los huevos 190%. El combustible en Misiones aumentó 217 por ciento desde diciembre de 2023.
Argentina se volvió uno de los países más caros del mundo con salarios entre los más bajos de la región. Para ponerlo en perspectiva: el mismo nivel de inflación que Milei acumuló en 20 meses, Cristina Fernández lo acumuló en 71 meses y medio -casi seis años- según las mediciones de The Economist.
En Misiones, de acuerdo al semáforo de actividades que realiza Economis -el local, no el inglés-, el tablero está casi todo en rojo. Apenas se lucen en verde el patentamiento de autos y motos, las exportaciones de yerba y los préstamos al sector privado. El resto, carmesí.
Pero incluso el verde esconde tonalidades. La producción primaria de la yerba mate está atravesando uno de sus peores momentos, con un precio que se ha desplomado tras la desregulación y costos que aumentaron en contraste -el gasoil aumentó 190 por ciento desde diciembre de 2023-. Sin embargo, la industria tampoco se siente “ganadora” en un sistema que dejó de tomarles el pulso. Los costos también han impactado en la rentabilidad y una rentabilidad de cinco por ciento no es la misma sobre un paquete a cinco mil pesos que sobre uno a tres mil. Nadie gana con la yerba barata. Pierden la provincia, los pueblos que no tienen inyección de dinero y las propias industrias, que deben competir por precios mediocres en un mercado que no crece demasiado.
Algo parecido sucede con el té. “Para los que trabajamos la tierra este es el peor Gobierno que existe”, aseguró Fabián Laban, director por la producción en la Coproté. El productor advirtió que la actividad atraviesa una de las peores campañas de los últimos años, con precios atrasados, costos en alza y una pérdida de competitividad que deja al productor “sin margen para seguir invirtiendo”.
Laban explicó que los costos internos hacen inviable sostener precios internacionales: “Competimos con países como Sri Lanka o India, donde el jornal de un peón es mucho más bajo. Ellos cosechan a mano, sin costos de combustible. Nosotros trabajamos con maquinaria, combustible caro y una carga impositiva que nos deja fuera del mercado”.
El dirigente remarcó que los industriales argumentan que no pueden mantener el precio fijado en agosto -equivalente a 73 centavos de dólar-. “Si ajustáramos por la devaluación, hoy el kilo de brote verde debería rondar los 106 o 107 pesos. Pero seguimos en 95. Es una vergüenza, porque todo subió: el jornal, el combustible, el dólar, y el precio del té quedó congelado”, expresó.
La Provincia asiste con las herramientas que puede. En el caso del té se decidió la bonificación del 20% de la tarifa eléctrica para las empresas tealeras durante los meses de mayor actividad -de noviembre a abril- así como fortalecer una línea crediticia con el Banco Macro, que permite descontar cheques diferidos a 30, 60 y 90 días sin costo financiero.
El cupo total disponible asciende a 10.000 millones de pesos, destinado a que el sector pueda acceder a liquidez inmediata para cumplir con el precio acordado con los productores. La Provincia asume el costo del financiamiento, equivalente a un 42% de interés, una carga imposible de afrontar en plena zafra. A la actualidad ya se han hecho operaciones por 180 millones de pesos.
Misiones está decidida a afrontar el vacío dejado por la Nación con los recursos propios. Incluso a costa de tomar deuda para afrontar gastos que hasta ahora dependían del Gobierno nacional, pero que afectan la vida de los misioneros, como la falta de energía o el evidente deterioro de las rutas nacionales que recorren el territorio.
Antes de jurar como diputado provincial y asumir la presidencia de la Legislatura en reemplazo de Oscar Herrera Ahuad que se irá al Congreso, Sebastián Macías confirmó que Misiones negocia un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo para conseguir financiamiento para mejorar la ruta 14, en accesos a pueblos y terceras trochas hoy inexistentes. La falta de mantenimiento y la paralización de obras en rutas nacionales que atraviesan Misiones obligaron a la Provincia a buscar financiamiento propio e internacional para evitar un deterioro mayor de la infraestructura vial. En las próximas horas llegará a la provincia una misión del BID para activar un crédito por más de 40 mil millones de pesos.
