Escalada pidió que el Estado asista a los productores mientras dure el proceso de expropiación de tierras de Alto Paraná
El diputado Hugo Escalada, del bloque Vanguardia Radical destacó el anuncio del gobernador Hugo Passalacqua sobre la expropiación de las primeras 166 hectáreas del grupo Arauco –ex Alto Paraná- para brindar esas tierras a los productores organizados en cooperativas.
En paralelo, recordó un pedido realizado al Poder Ejecutivo para que implemente con urgencia, una ayuda económica temporaria para los Productores Independientes de Puerto Piray mientras dure el proceso mensura y expropiación de las 600 hectáreas de tierras de la empresa Alto Paraná SA.
“Todo proceso de expropiación conlleva su tiempo, más aún si hablamos de la empresa Alto Paraná SA, que se ha negado rotundamente a ceder tierras a las comunidades vecinas, a trabajar en formas asociativas con los productores, poniendo de manifiesto una y otra vez su visón monopólica, nada altruista, mostrando al mundo su desprecio por aquellos ciudadanos de escasos recursos necesitados imperiosamente de tierras para lograr subsistir”, explicó Escalada.
“Solamente un Estado presente traerá luz en la oscuridad, necesitados de una ayuda económica, un subsidio, mientras dure el proceso, para los integrantes de la asociación de productores de Puerto Piray que se encuentran en situación de pobreza y desempleo, subsistiendo únicamente por los planes sociales nacionales, en aquellas regiones dónde esta empresa se comprometían a traer desarrollo y sustentabilidad para las poblaciones lindantes”, argumentó el legislador.
Escalada destacó el ideario progresista de la ley de expropiación al asociar tierras, productores y cooperativizarlos en función de aunar esfuerzos y magnificar la producción con un fuerte sentido social y de arraigo.
Sin embargo, consideró que “pese a este ideario plasmado en la Ley, el Estado provincial continúa entregando tierras en forma particular, en unidades productivas no económicas, sin apoyo de una verdadera reforma agraria que incorpore conceptos productivos-asociativos y rentables, para evitar que las tierras entregadas se transformen en grandes negocios inmobiliarios para funcionarios políticos y empresarios con dineros del erario público”.
El decreto buscó asimismo hacer más fluido el comercio de tierras rurales, expandir los negocios agroindustriales y corregir omisiones, ya que la anterior reglamentación de la ley no definía el modo de computar áreas en los casos de dominio desmembrado (cuando existe usucapión, alquiler, usufructo o derecho de superficie).