trabajadores en relación de dependencia

ARCA endurece controles sobre Ganancias y pone bajo revisión beneficios de la “inocencia fiscal”

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El organismo detectó inconsistencias en deducciones informadas por trabajadores en relación de dependencia y activó controles electrónicos preventivos. La preocupación crece entre contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado impulsado por el Gobierno, ante el riesgo de perder el “tapón fiscal”.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) inició una revisión masiva sobre deducciones declaradas en el Impuesto a las Ganancias por trabajadores en relación de dependencia y encendió una señal de alerta en torno al Régimen Simplificado de Ganancias, uno de los instrumentos centrales del esquema de “inocencia fiscal” promovido por el Gobierno nacional.

El organismo comenzó a cruzar información entre las declaraciones realizadas mediante el Siradig y las liquidaciones anuales confeccionadas por empleadores a través del formulario F.1359. El resultado preliminar mostró inconsistencias en distintos conceptos deducidos, especialmente vinculados a gastos de indumentaria, equipamiento profesional, aportes previsionales, vehículos utilizados por corredores y viajantes, aportes a Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) y cargas de familia.

La situación adquirió mayor sensibilidad porque ARCA advirtió que esas diferencias podrían derivar en “discrepancias significativas”, una categoría que puede afectar directamente el acceso y permanencia dentro del Régimen Simplificado de Ganancias.

El “tapón fiscal” entra en zona de tensión

El régimen impulsado por el Ministerio de Economía fue presentado como una herramienta destinada a facilitar la formalización patrimonial y permitir la exteriorización de ahorros no declarados sin quedar expuestos a revisiones retrospectivas amplias.

La pieza clave del esquema es el denominado “tapón fiscal”: una limitación a futuras investigaciones sobre variaciones patrimoniales de períodos anteriores.

Sin embargo, el beneficio no es automático ni irrestricto. La normativa vigente establece que ARCA puede revisar la situación de los contribuyentes cuando detecte diferencias relevantes entre lo declarado y el impuesto efectivamente determinado por el organismo.

Actualmente, una diferencia igual o superior al 15% podría ser considerada una “discrepancia significativa”, un umbral que comenzó a generar preocupación entre trabajadores adheridos o interesados en ingresar al régimen antes del cierre del plazo de adhesión.

Las comunicaciones oficiales ya comenzaron a llegar a través de los domicilios fiscales electrónicos de cientos de contribuyentes.

Por ahora, especialistas tributarios remarcan que las notificaciones emitidas por ARCA no constituyen intimaciones formales ni determinaciones de deuda.

Se trata de acciones preventivas encuadradas dentro del Sistema de Acciones de Control Electrónico (Siace), una herramienta de fiscalización digital utilizada por el organismo para corregir inconsistencias antes de que las liquidaciones queden firmes.

Sin embargo, detrás del procedimiento técnico también aparece una señal política y fiscal relevante: el Gobierno busca ampliar la base de formalización sin resignar capacidad de control tributario.

El equilibrio es delicado. La administración de Javier Milei intenta consolidar un discurso de menor presión estatal y simplificación impositiva, pero al mismo tiempo necesita preservar herramientas de fiscalización en un contexto de fuerte ajuste fiscal y necesidad de sostener recaudación.

Economía revisa el impacto del régimen

La preocupación generada por las observaciones de ARCA coincidió con la decisión oficial de extender hasta fines de julio el plazo de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias.

En paralelo, el Ministerio de Economía mantuvo reuniones con especialistas tributarios para analizar el alcance de las discrepancias detectadas y evaluar posibles ajustes reglamentarios que eviten desalentar el ingreso de contribuyentes al sistema.

El punto sensible es que el régimen fue diseñado como uno de los mecanismos para incentivar la incorporación de ahorros y activos no formalizados al circuito económico. Cualquier percepción de inseguridad tributaria podría afectar esa estrategia.

Para ARCA, el objetivo es reducir inconsistencias antes de judicializar conflictos fiscales. Para los contribuyentes, en cambio, el desafío pasa por sostener el acceso a beneficios sin quedar expuestos a revisiones posteriores que puedan comprometer la estabilidad tributaria prometida por el régimen.

La dinámica abierta por ARCA revela que el Régimen Simplificado de Ganancias aún atraviesa una etapa de ajuste operativo y político.

El Gobierno necesita que el esquema gane volumen y legitimidad para transformarse en una herramienta efectiva de formalización. Pero al mismo tiempo busca evitar que el régimen sea utilizado para consolidar deducciones improcedentes o inconsistencias patrimoniales.

La tensión entre flexibilización y control quedó ahora expuesta en el corazón del nuevo esquema tributario.

Los próximos meses serán decisivos para determinar si el sistema logra consolidarse como incentivo a la formalización o si las dudas regulatorias terminan limitando su alcance.

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Según la Cámara Fintech, el 87% de los argentinos quiere libertad para cobrar su salario

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La Cámara Argentina Fintech reafirmó que el país necesita con urgencia una modernización laboral profunda, alineada con la realidad productiva y tecnológica del siglo XXI. No obstante, advirtió como contradictorio que, en ese mismo proceso, se haya excluido del debate el artículo que proponía la libre elección del canal de acreditación salarial, al considerar que introducía mayor libertad y competencia en el sistema.

Según un informe reciente de la consultora Isonomía, nueve de cada diez argentinos consideran que deberían poder elegir dónde cobrar su sueldo. Entre los jóvenes, ocho de cada diez creen que hacerlo a través de billeteras virtuales sería más práctico y siete de cada diez las perciben como una opción más segura. Además, el 64% de los trabajadores en relación de dependencia no eligió el banco donde actualmente percibe su salario.

Desde la entidad señalaron que la propuesta excluida ampliaba alternativas dentro de un marco regulado. Recordaron que las billeteras virtuales operan bajo la supervisión del Banco Central de la República Argentina, con normas de prevención de lavado de activos, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones. En ese sentido, sostuvieron que no existe vacío normativo ni informalidad, sino un esquema de competencia dentro de un sistema plenamente integrado.

La Cámara consideró que mantener la obligatoriedad bancaria en el cobro de salarios no responde a una necesidad técnica ni a la estabilidad del sistema financiero, sino a la preservación de un esquema que garantiza a las entidades tradicionales la administración de millones de cuentas sueldo. A su entender, permitir la libre elección no debilita al sistema financiero, sino que lo impulsa a competir por el cliente.

Asimismo, enfatizaron que ampliar opciones implica ampliar derechos y que postergar el debate no resuelve el problema de fondo, dado que la normativa vigente ya no refleja la forma en que los argentinos administran su dinero ni el modelo de libertad económica que demandan.

Finalmente, la Cámara anticipó que continuará impulsando el tratamiento del tema en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que el artículo vuelva a ser incorporado en la discusión legislativa, al considerar que reconocer el derecho de los trabajadores a elegir el canal de acreditación salarial constituye una actualización necesaria para fortalecer el espíritu de la reforma laboral.

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