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Misiones reduce aportes y limita créditos para proteger el ingreso de estatales

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Ante la difícil coyuntura económica que atraviesan las familias argentinas, el Gobierno de Misiones avanza con medidas destinadas a proteger el ingreso de los trabajadores públicos y atender situaciones de sobreendeudamiento. La reducción gradual de cinco puntos porcentuales en los aportes jubilatorios, iniciada hace nueve años, se extendió a trabajadores municipales y de sociedades del Estado. Además, se estableció un tope del 39% de los haberes netos para nuevos créditos con código de descuento y, desde septiembre, se limitarán las tasas de interés aplicadas por las entidades que operan bajo esta modalidad.

Frente a las consecuencias de la política económica nacional, que se reflejan en crecientes dificultades financieras para las familias argentinas, mayores niveles de endeudamiento y un indicador de mora que ya supera el 12%, el Gobierno de Misiones avanza con un conjunto de medidas destinadas a proteger el ingreso de los trabajadores públicos y brindar respuestas ante situaciones de sobreendeudamiento.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, explicó que las decisiones se adoptan en un escenario en el que muchas familias argentinas atraviesan dificultades financieras. Según señaló, el último reporte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) registra un indicador de mora superior al 12%, situación que tiene entre sus causas las elevadas tasas de interés que atravesó la economía argentina entre julio y noviembre del año pasado.
En ese contexto, la Provincia viene implementando distintas herramientas para resguardar a las familias de trabajadores públicos provinciales y de jubilados, pensionados y retirados del Instituto de Previsión Social (IPS), particularmente en aquellos casos donde existen situaciones de sobreendeudamiento.

REDUCCIÓN DE APORTES PARA MEJORAR EL SALARIO DE BOLSILLO

Una de las medidas comprende la reducción gradual de cinco puntos porcentuales en los aportes personales jubilatorios de trabajadores de empresas y sociedades del Estado, establecida mediante el Decreto 1194 del 8 de julio de este año. El esquema completa un proceso iniciado en 2017 con los trabajadores de la Administración Pública provincial y organismos descentralizados y posteriormente extendido al ámbito municipal.

La reducción alcanza a trabajadores de Energía de Misiones, Mercado Central, Sociedad del Conocimiento, IPLyC e IPLyC Confort, Marandú, Aguas de las Misiones, Parque Industrial, Biofábrica, Misiopharma, Silicon Misiones, Fondo de Crédito, Administración Portuaria de Santa Ana y Multimedios.

En estos casos, el cronograma comenzó en julio de 2026 y continuará en diciembre de este año, febrero de 2027 y julio de 2027. La reducción permitirá una mejora gradual del salario de bolsillo y equiparará los aportes con los que actualmente realizan los trabajadores de la Administración Pública y organismos descentralizados, quienes destinan un 14% al régimen previsional y un 5% al régimen de obra social.

UNA REDUCCIÓN QUE TAMBIÉN AVANZA EN LOS MUNICIPIOS

El proceso de equiparación alcanzó previamente a los trabajadores municipales. A través del Decreto 1949 del 22 de septiembre de 2025 se estableció una reducción gradual de cinco puntos porcentuales, distribuida en cuatro etapas de 1,25 puntos cada una.

Las primeras reducciones se aplicaron en septiembre de 2025, febrero y julio de 2026, mientras que la última etapa está prevista para diciembre próximo.

De esta manera, tanto en los municipios como en las sociedades del Estado se avanza hacia la equiparación con el esquema vigente para los trabajadores de la Administración Pública provincial y los organismos descentralizados.

ASISTENCIA ANTE SITUACIONES DE SOBREENDEUDAMIENTO

En paralelo, el Gobierno provincial adoptó durante las últimas semanas medidas destinadas a resguardar a trabajadores públicos provinciales y jubilados, pensionados y retirados del IPS que atraviesan situaciones de sobreendeudamiento.

El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, contextualizó estas decisiones en la situación que atraviesan numerosas familias y señaló que el último reporte del Banco Central de la República Argentina registra un indicador de mora superior al 12%, escenario asociado, entre otros factores, a las elevadas tasas de interés registradas entre julio y noviembre del año pasado.

La primera medida, implementada en julio, estableció un tope del 39% de los haberes netos para los códigos de descuento que operan mediante el Código Único de Descuento en los Haberes (CUAD). El límite se aplica a los nuevos créditos otorgados desde la entrada en vigencia de la medida.

A su vez, se puso en marcha un proceso de refinanciación de deudas y asistencia financiera para las personas que se encontraban por encima de ese límite. Según la información proporcionada por Hacienda, 538 personas fueron alcanzadas hasta el momento.

La medida se verá reflejada en la acreditación de haberes del sábado 29 de agosto o, según corresponda, mediante una acreditación especial durante la primera semana de septiembre en cuentas bancarias, que no estará sujeta a retenciones de créditos bancarios.

También se implementaron mecanismos de refinanciación de deudas a través del Banco Macro para personas con sobreendeudamiento o mora, con análisis de cada situación en particular. Los interesados deberán acercarse a las sucursales de la entidad para acceder a esta posibilidad.

DESDE SEPTIEMBRE HABRÁ TOPES A LAS TASAS DE INTERÉS

A partir de septiembre entrará en vigencia, además, una resolución que establecerá topes a las tasas de interés aplicadas por las entidades que otorgan préstamos personales mediante código de descuento.

La regulación busca limitar el costo financiero que afrontan agentes públicos activos y pasivos que recurren a esta modalidad de financiamiento y, a la vez, evitar que deban acudir a otras alternativas de crédito, formales o informales, que aplican intereses superiores.

Safrán explicó que el abordaje de las situaciones de sobreendeudamiento demandó un análisis individual para evitar consecuencias negativas sobre los propios trabajadores. “Se viene trabajando sobre esta situación desde hace más de 60 días, analizando cada caso de manera particular, ya que no se podía aplicar un tope de oficio en los descuentos de las cuotas, porque en ese caso los agentes públicos quedarían con mora en las cuotas de los créditos informados en el Banco Central y con el perjuicio que eso les ocasionaría en el presente y en el futuro por exponerse como deudores en mora”, señaló.

El ministro indicó además que el Gobierno provincial conoce los proyectos que se impulsan en la Legislatura vinculados con la problemática. “Son propuestas que deben ser analizadas a la luz de la normativa nacional, siguiendo un criterio de equidad con los deudores pero sin perjudicarlos dejándolos expuestos como morosos conforme a la legislación vigente”, sostuvo.

Finalmente, Safrán adelantó que permanece en agenda la generación de nuevas herramientas para reducir aún más los topes de los créditos con código de descuento, una medida que podría implementarse y comunicarse durante septiembre.

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Misiones refinanció $25.000 millones en deudas de empleados públicos y jubilados en un mes

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En apenas un mes desde su implementación, el Programa de Refinanciación de Deudas para jubilados y trabajadores públicos del Gobierno de Misiones logró reestructurar 4.000 créditos por un total de $25.000 millones, ofreciendo a miles de familias una salida a la asfixia financiera en un contexto de tasas elevadas y creciente sobreendeudamiento. La iniciativa, articulada con Banco Macro y sin costo fiscal para la Provincia, se extenderá hasta diciembre de 2025.

El programa fue lanzado en agosto por el Ministerio de Hacienda, a cargo de Adolfo Safrán, con el objetivo de atender a un sector crítico de la población: aquellos trabajadores estatales y jubilados que destinan más del 65% de sus ingresos al pago de deudas de tarjetas de crédito o préstamos. Según las estimaciones oficiales, entre el 10% y el 15% de los trabajadores públicos provinciales se encuentra en esa situación, lo que equivale a entre 9.000 y 10.000 familias en riesgo financiero.

La herramienta permite refinanciar saldos hasta en 60 meses a una tasa fija del 57%, muy por debajo de las tasas de mercado, que en algunos casos superan el 200% nominal anual. “Se trata de una medida que busca dar sostenibilidad al sistema financiero de los trabajadores, evitando que caigan en espirales de deuda impagables y brindando previsibilidad a futuro”, explicó Safrán en sus redes sociales.

Características del programa y alcances

La operatoria se articula con Banco Macro, entidad que canaliza los haberes de la mayoría de los empleados públicos y jubilados misioneros. Los beneficiarios incluyen:

  • Trabajadores provinciales en actividad.
  • Trabajadores municipales que cobran sus haberes a través de Banco Macro.
  • Jubilados y pensionados del Instituto de Previsión Social (IPS).

El plan no permite tomar nuevos créditos y excluye a quienes no estén endeudados, con el fin de garantizar que los fondos se destinen exclusivamente a ordenar las finanzas personales y no a incrementar pasivos.

En términos de cobertura, el programa está habilitado en todas las sucursales de Banco Macro y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que le da un horizonte de más de un año de aplicación.

Impacto económico y proyección política

El alivio financiero que implica la reestructuración tiene efectos macroeconómicos y sociales directos. Por un lado, permite liberar ingresos que estaban comprometidos con deudas, lo que se traduce en mayor capacidad de consumo interno y dinamismo en la economía provincial. Por otro, refuerza el vínculo institucional entre la Provincia y los trabajadores, en un contexto nacional marcado por la volatilidad económica y la caída del poder adquisitivo.

La medida también envía una señal política: Misiones avanza en herramientas propias de estabilización financiera sin requerir transferencias adicionales del Estado nacional, mostrando autonomía de gestión y capacidad de articulación con el sistema bancario privado.

De cara a 2026, cuando el próximo presupuesto provincial ya estará en debate, este esquema de refinanciación podría servir como base para futuros programas financieros, con la posibilidad de replicarse en otras jurisdicciones ante la creciente problemática del sobreendeudamiento de los hogares.

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