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Habilitan una línea eléctrica de 93 kilómetros para abastecer al proyecto minero Josemaría–Filo del Sol en San Juan

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El Gobierno nacional autorizó a Vicuña Argentina S.A. a construir una nueva línea de alta tensión de 93 kilómetros destinada a abastecer exclusivamente al Proyecto Minero Integrado Josemaría–Filo del Sol, en el norte de San Juan. La obra tendrá una capacidad de 220 kV, será de doble terna y conectará las futuras estaciones transformadoras Josemaría y Chaparro.

La autorización fue formalizada mediante la Resolución 197/2026 de la Secretaría de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y constituye un paso regulatorio relevante para la infraestructura eléctrica asociada a uno de los proyectos mineros de mayor escala en desarrollo en la provincia.

La línea será construida, operada y mantenida íntegramente a costo de la empresa y para su propia necesidad. La autorización tendrá una vigencia de 25 años y no implica, de acuerdo con la resolución, que la infraestructura pase a formar parte de una obra de uso compartido por terceros.

El proyecto contempla una línea de transporte eléctrico en 220 kV y doble terna, con una extensión aproximada de 93 kilómetros entre la futura Estación Transformadora Josemaría, ubicada en el predio del emprendimiento minero, y la futura Estación Transformadora Chaparro, que será construida con capacidad de transformación de 500/220 kV.

El punto central de la decisión es que la Secretaría de Energía concluyó que se cumplieron las condiciones previstas por el artículo 31 de la Ley 24.065 para autorizar una instalación de transporte eléctrico de uso particular. Ese régimen exige evaluar, entre otros aspectos, que no exista una necesidad o conveniencia pública de utilización compartida de la infraestructura, incluso en el largo plazo.

Antes de otorgar la autorización se realizó una Audiencia Pública convocada por el entonces Ente Nacional Regulador de la Electricidad. La instancia se llevó a cabo el 15 de enero de 2026 y permitió incorporar las observaciones de los distintos actores vinculados con el sistema eléctrico, además de analizar eventuales impactos técnicos, ambientales y regulatorios.

Según el análisis posterior realizado por la Dirección Nacional de Transporte y Distribución Eléctrica de la Secretaría de Energía, la audiencia cumplió con los requisitos establecidos por la normativa. El organismo concluyó además que no se detectaron impedimentos técnicos, ambientales ni regulatorios para avanzar con la obra y que durante el procedimiento no se acreditó una necesidad o conveniencia pública de uso compartido con terceros.

La autorización, sin embargo, no funciona como un permiso aislado de las reglas del sistema eléctrico. La resolución establece que la construcción y operación de la línea deberán ajustarse a las condiciones técnicas, ambientales y regulatorias aplicables al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), además de los requerimientos que surjan del Convenio de Conexión que deberá suscribirse con Transener.

La medida también involucra a los principales actores del sistema eléctrico nacional. La Secretaría de Energía dispuso notificar la autorización a Transener, Cammesa y al organismo regulador correspondiente, además de la propia empresa Vicuña Argentina.

Desde una perspectiva de desarrollo productivo, la infraestructura eléctrica constituye un componente crítico para transformar un proyecto minero en una operación industrial de escala. En este caso, el diseño elegido permite que la inversión en la conexión eléctrica sea afrontada directamente por el desarrollador del proyecto, mientras el Estado concentra su intervención en la evaluación regulatoria, técnica y ambiental y en la compatibilidad de la obra con el sistema eléctrico nacional.

La resolución no establece el monto de inversión asociado a la construcción de la línea ni fija un cronograma de ejecución de la obra. Tampoco anticipa por sí misma cuándo comenzará la operación comercial del proyecto minero. Lo que sí hace es despejar uno de los requisitos regulatorios necesarios para desarrollar la infraestructura eléctrica específica que deberá abastecerlo.

El siguiente desafío será convertir esta autorización en infraestructura efectiva. Para ello, Vicuña Argentina deberá cumplir las exigencias aplicables al SADI y avanzar en el Convenio de Conexión con Transener, mientras que la obra deberá mantenerse dentro de los parámetros técnicos, ambientales y regulatorios establecidos por las autoridades competentes.

Así, la decisión agrega una pieza concreta a la infraestructura necesaria para el desarrollo de Josemaría–Filo del Sol: una conexión eléctrica de 93 kilómetros que será financiada por el propio proyecto y que, durante los próximos 25 años, estará destinada a garantizar su abastecimiento energético bajo las condiciones establecidas por el marco regulatorio nacional.

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Genneia busca debutar en Wall Street y apuesta al acceso de empresas argentinas al mercado internacional

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Genneia, una de las principales compañías de generación de energías renovables de Argentina, dio un paso estratégico para acceder al mercado internacional de capitales al iniciar el proceso para cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) mediante una Oferta Pública Inicial (IPO). Si la operación se concreta, se convertirá en la primera empresa argentina en debutar en Wall Street desde 2019, un movimiento que el mercado interpreta como una señal de normalización del financiamiento externo para las compañías locales.

La empresa presentó la documentación correspondiente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para emitir Acciones Depositarias Estadounidenses (ADS), el instrumento utilizado por empresas extranjeras para negociar sus acciones en el mercado estadounidense. Desde Genneia aclararon que la presentación no implica una decisión definitiva sobre la oferta pública, sino el inicio del proceso regulatorio necesario para evaluar una futura colocación.

El plan también contempla la posibilidad de listar acciones en el mercado argentino, configurando una estrategia de doble cotización que le permitiría ampliar las fuentes de financiamiento tanto a nivel local como internacional, en un contexto donde las empresas argentinas comienzan a recuperar acceso a los mercados tras varios años de restricciones.

Una apuesta por captar capital para expandir el negocio energético

La salida a Wall Street encuentra a Genneia en una posición de liderazgo dentro del mercado energético nacional. La compañía produce actualmente el 21% de la energía eólica y el 19% de la energía solar que se genera en Argentina, consolidándose como el principal operador privado de energías renovables del país.

Su estructura accionaria está integrada por Argentum Investments I LLC, que controla el 43,6% del capital; Fintech Energy LLC, con el 25%; Jorge Pablo Brito, Delfín Jorge Ezequiel Carballo y el Fideicomiso en Garantía Herederos JHB, con participaciones individuales del 8,33%; mientras que LAIG Eolia S.A. posee el 6,4%.

La documentación presentada ante la SEC contempla tanto la emisión de nuevas acciones como la posibilidad de que algunos accionistas actuales vendan parte de sus participaciones mediante acciones Clase B. El tamaño definitivo de la colocación y el precio de la oferta dependerán de las condiciones del mercado al momento de la emisión.

Analistas del mercado consideran que Genneia reúne condiciones favorables para convertirse en una de las colocaciones argentinas más relevantes de los últimos años.

Desde Adcap Grupo Financiero estimaron que la compañía podría alcanzar una valuación de entre US$1.000 millones y US$1.200 millones, apoyada en un modelo de negocios basado en contratos de largo plazo, ingresos relativamente estables y una trayectoria consolidada en el mercado de deuda corporativa.

Los resultados financieros respaldan esa proyección. Durante el primer trimestre de 2026, la empresa registró ingresos por US$96,4 millones y obtuvo una ganancia neta de US$7,9 millones, impulsada por la expansión de su capacidad instalada y la creciente participación de las fuentes renovables dentro de la matriz energética nacional.

Un actor cada vez más relevante en la infraestructura eléctrica

La estrategia de crecimiento de Genneia no se limita a la generación de energía limpia. En los últimos meses también avanzó sobre un segmento considerado estratégico para el desarrollo del sistema eléctrico argentino al participar, junto con Edison Energía, en la adquisición de una participación en la controlante de Transener, la principal empresa de transporte de electricidad de alta tensión del país.

La operación le permite integrar generación y transporte eléctrico, fortaleciendo su posicionamiento dentro de un sector que requerirá fuertes inversiones en infraestructura durante la próxima década para acompañar el crecimiento de la demanda y la incorporación de nuevas fuentes renovables.

Actualmente, la compañía opera trece parques eólicos que suman una capacidad instalada de 946 megavatios, nueve parques solares que totalizan 839 MW entre proyectos operativos y en desarrollo, además de dos centrales térmicas con una potencia conjunta de 363 MW.

A esa infraestructura incorpora un proyecto de almacenamiento mediante baterías (BESS), una tecnología considerada clave para mejorar la estabilidad de la red eléctrica y aumentar la eficiencia de la generación renovable, especialmente frente a la intermitencia propia de las fuentes eólicas y solares.

Sus activos se distribuyen entre Chubut, Río Negro, Buenos Aires, San Juan, Mendoza y Tucumán, conformando una de las redes de generación renovable más importantes del país.

Un test para el regreso de las empresas argentinas a Wall Street

Más allá de la operación puntual, el mercado observa el proceso de Genneia como una prueba de confianza sobre el nuevo escenario financiero argentino.

Desde el debut de Vista Energy en 2019, ninguna empresa local logró concretar una salida a la Bolsa de Nueva York. Antes lo habían hecho Central Puerto y Corporación América, en un contexto muy diferente al actual.

Si el proceso culmina exitosamente, Genneia no solo ampliará sus posibilidades de financiamiento para acelerar inversiones en infraestructura energética, sino que también podría convertirse en la puerta de entrada para una nueva generación de compañías argentinas interesadas en captar capital internacional.

En un momento en que el riesgo país muestra una tendencia descendente y las calificadoras comenzaron a mejorar la nota soberana de Argentina, la operación adquiere una dimensión que excede a la propia empresa: representa un test sobre la capacidad del mercado argentino para recuperar credibilidad entre los inversores globales y reinsertarse gradualmente en los circuitos internacionales de financiamiento.

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Autorizan la venta del 50% de CITELEC: Edison y Genneia toman el control de Transener

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El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) autorizó a la empresa estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) a transferir la totalidad de su participación accionaria en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica (CITELEC), mediante la Resolución 130/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

La operación, adjudicada a las firmas Edison Transmisión y Genneia, por un monto total de US$356.174.811,78, permite el ingreso de un nuevo actor privado al control de la red de transporte de energía en alta tensión de la Argentina.

La transferencia comprende el 50% del capital social total de CITELEC, sociedad que ejerce el control de Transener S.A. y de la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires (TRANSBA).

El paquete accionario fue adquirido por la firma Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (TESA), constituida específicamente para este proceso por las empresas Edison Transmisión y Genneia, quienes participan en partes iguales. Edison Transmisión forma parte del conglomerado controlado por Edison Holding, mientras que Genneia es una empresa argentina líder en el segmento de generación de energías renovables.

En el texto oficial se detalló que el ENReGE evaluó si la operación vulnera las restricciones de integración vertical y horizontal previstas en la Ley N° 24.065. A pesar de que los compradores ya poseen activos en los segmentos de generación y distribución, el ente regulador dictaminó que no se configura una transgresión legal, ya que la tenencia del 50%, que será compartida con Pampa Energía, no otorga la condición de “accionista mayoritario” o controlante unilateral.

Asimismo, el organismo destacó que cualquier potencial abuso de poder de mercado se encuentra mitigado por tres ejes regulatorios fundamentales:

  • Libre acceso: la obligación de permitir el uso indiscriminado de la capacidad de transporte a terceros.
  • Tarifas reguladas: la remuneración de la transportista es determinada por el ENReGE, impidiendo cargos discriminatorios.
  • Ampliaciones controladas: la transportista no puede extender su red de forma discrecional; toda obra requiere audiencia pública y aprobación estatal.

La venta se realizó en el marco de una licitación pública, bajo los lineamientos de reforma del Estado establecidos en las Leyes 23.696 y 27.742. Con la firma de esta resolución por parte del directorio del ENReGE, se cumple una condición esencial para el cierre definitivo de la transacción.

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Milei adjudicó Transener y profundizó la salida del Estado del sistema eléctrico

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El Gobierno nacional formalizó la privatización de Transener, la principal empresa de transporte eléctrico de la Argentina, al adjudicar el 100% de la participación estatal en Citelec S.A. —la sociedad controlante de la compañía— al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía. La operación fue oficializada mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por Luis Caputo y se concretó por USD 356 millones, una cifra que superó ampliamente el precio base de USD 206 millones fijado para la licitación.

La decisión representa un nuevo avance del programa de desinversión estatal impulsado por el presidente Javier Milei y marca la salida definitiva del Estado de una empresa considerada estratégica dentro del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). La tensión de fondo no es sólo financiera: el Gobierno busca consolidar un cambio estructural en el rol estatal dentro de la infraestructura energética, trasladando al sector privado la responsabilidad de inversión y operación bajo regulación pública.

Un activo clave para el sistema energético

Transener opera más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV y articula buena parte del transporte eléctrico nacional, con una red que conecta desde Jujuy hasta Santa Cruz. Su infraestructura es central para el funcionamiento del sistema eléctrico argentino y para la distribución de energía entre regiones productivas e industriales.

Hasta esta operación, Citelec estaba controlada en partes iguales por ENARSA y Pampa Energía, mientras que ANSES también conservaba participación accionaria en la transportista. Con la adjudicación, el Estado se desprende completamente de ese esquema societario.

La licitación tuvo participación de tres oferentes que, según informó el Gobierno, cumplieron los requisitos técnicos y financieros establecidos en los pliegos. Finalmente se impuso la propuesta encabezada por Genneia y Edison Energía, que ofertó USD 356 millones.

El nuevo bloque empresario detrás de Transener

La adjudicación también reconfigura el tablero empresario del sector energético. Genneia tiene entre sus principales accionistas a Jorge Brito, presidente del Banco Macro, mientras que el Grupo Edison reúne a empresarios con fuerte presencia en energía, finanzas y consumo masivo.

Entre los integrantes del consorcio aparecen los hermanos Patricio y Juan Neuss; empresarios vinculados al fondo Inverlat como Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai; además de Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, propietarios de Newsan.

El grupo ya venía expandiéndose dentro del mercado energético nacional tras adquirir participaciones en distribuidoras y empresas de transmisión y generación, entre ellas EDET, EJESA, LITSA y CEMPSA. La incorporación de Transener fortalece ese posicionamiento en un segmento considerado estratégico por su incidencia sobre toda la cadena eléctrica.

Privatización, regulación y nueva lógica estatal

La operación se inscribe dentro del marco previsto por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que habilitó la privatización de activos y sociedades vinculadas a Energía Argentina S.A. (ENARSA).

Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es que el Estado abandone funciones empresariales y se concentre en tareas regulatorias. Bajo esa lógica, la administración nacional plantea que el ingreso de capital privado permitirá reforzar inversiones en infraestructura y evitar el deterioro del sistema energético.

El discurso oficial también busca instalar una lectura política: presentar la privatización como parte de una normalización económica y fiscal, en un contexto donde la Casa Rosada intenta sostener el equilibrio de cuentas públicas y reducir el peso operativo del Estado nacional.

Un proceso que recién empieza

La venta de Transener aparece como uno de los movimientos más relevantes del programa privatizador del Gobierno en 2026. Sin embargo, el efecto real de la operación dependerá de variables todavía abiertas: el ritmo de inversiones, la evolución tarifaria, la capacidad regulatoria del Estado y la estabilidad macroeconómica.

El mercado energético seguirá de cerca si el nuevo esquema acelera obras de infraestructura o si el cambio se concentra principalmente en la transferencia accionaria. También quedará bajo análisis cómo impactará la mayor concentración empresaria dentro de un sector clave para la economía argentina.

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Gobierno acelera privatizaciones y fija como meta vender todas las empresas públicas

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El Gobierno nacional profundizó su estrategia de retiro del Estado de la actividad productiva y ratificó que el objetivo es desprenderse de la totalidad de las empresas públicas. Así lo confirmó Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, quien detalló que hay más de 40 firmas en proceso de privatización o cierre, en una política que apunta a redefinir el rol estatal en la economía.

La definición no es menor: según lo expuesto, la decisión abarca tanto compañías deficitarias como aquellas con balances positivos. El criterio no distingue desempeño, sino que responde a una directiva política central. “El objetivo es vender todo. Todas”, sostuvo el funcionario, al tiempo que aclaró que la discusión pasa ahora por los tiempos y las condiciones de cada operación.

Del déficit fiscal al rediseño del Estado

El proceso se inscribe en una lógica económica basada en el equilibrio fiscal y en la reducción del gasto público. Desde la visión oficial, las empresas estatales representan una carga estructural financiada por el conjunto de la población.

Chaher planteó que el problema no es coyuntural sino sistémico: incluso cuando las compañías logran ordenarse, ese equilibrio puede perderse si no operan bajo reglas de mercado. Bajo este diagnóstico, el Gobierno considera que la gestión pública no garantiza sostenibilidad en el tiempo.

En paralelo, el plan incluye una reconfiguración jurídica. La conversión de 13 empresas en Sociedades Anónimas busca, según lo informado, imponer estándares de control y transparencia similares a los del sector privado. Esta transformación funciona como paso previo a su eventual venta.

Ventas masivas, cierres y búsqueda de inversores

La hoja de ruta oficial contempla distintos mecanismos según el caso. En empresas como AySA, se proyecta la venta del 90% del paquete accionario, con un 10% reservado para los empleados. En otros casos, directamente se avanza en el cierre de estructuras consideradas sin función operativa.

El proceso también incluye activos estratégicos como Transener, donde ya se recibieron ofertas por USD 887 millones para adquirir parte del control accionario. Según lo informado, el Gobierno prioriza inversores con experiencia en los sectores involucrados, con el objetivo de sostener la operación a largo plazo.

Otro eje clave es el “blindaje” de las privatizaciones. La estrategia apunta a diseñar contratos que encarezcan eventuales intentos de reestatización, mediante penalidades económicas y compromisos internacionales.

Además, el esquema se extiende a sectores como energía (Enarsa), transporte ferroviario y aerocomercial, donde el Gobierno ya manifestó su intención de avanzar sin excepciones.

Concentración de decisiones y respaldo político

La centralización de la estrategia en la Agencia de Transformación refleja un alineamiento directo con la conducción política del Ejecutivo. La consigna de vender todas las empresas no surge de evaluaciones sectoriales aisladas, sino de una definición política integral.

En ese marco, el Gobierno refuerza su narrativa de disciplina fiscal y eficiencia como ejes de gestión. La decisión de no diferenciar entre empresas rentables y deficitarias implica un cambio respecto de modelos anteriores, donde se buscaba sostener ciertas compañías por su valor estratégico.

Al mismo tiempo, el enfoque legal para blindar las operaciones revela una preocupación por la sostenibilidad política del proceso en el tiempo, más allá del actual mandato.

Inversión, activos y mercado local

Desde el punto de vista económico, el proceso abre un escenario de transferencia de activos hacia el sector privado. Según lo señalado, una parte significativa de las operaciones recientes fue protagonizada por capitales locales, lo que marca un cambio respecto de experiencias anteriores.

El Gobierno sostiene que no se trata de una liquidación de activos, sino de una búsqueda de inversores que consideren viables los negocios en el contexto argentino. Sin embargo, el valor de las empresas y las condiciones de venta siguen siendo objeto de debate en el mercado.

En sectores como energía y transporte, la reconfiguración podría impactar en la estructura de costos y en la dinámica de inversión, aunque los efectos concretos dependerán de la implementación de cada proceso.

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