A casi dos años del primer traslado de lingotes de oro al exterior, el Banco Central mantiene bloqueado el intento de auditoría sobre esas operaciones y tensiona su relación con los organismos de control del Estado. La entidad conducida por Santiago Bausili continúa sin entregar la documentación requerida por la Auditoría General de la Nación (AGN), incluso después de que la Justicia ordenara responder los pedidos de acceso a la información pública.
El episodio no es menor dentro de la arquitectura institucional del país. En juego está la capacidad de los órganos de control vinculados al Congreso para supervisar la administración de las reservas internacionales del Banco Central, uno de los activos más sensibles de la política económica.
Según fuentes vinculadas a la AGN, el organismo aún no recibió precisiones sobre dónde se encuentra el oro enviado al exterior ni bajo qué condiciones se realizó la operación, lo que impide avanzar con el trabajo técnico de auditoría.
La tensión abre una pregunta de fondo: si el Banco Central puede limitar el acceso a la información sobre una operación vinculada a las reservas o si debe someterse plenamente a los mecanismos de control institucional.
Transferencias de lingotes y documentación ausente
El origen del conflicto se remonta a cuatro transferencias de oro realizadas en 2024, que la AGN identificó en la documentación oficial. Las fechas registradas son 18 de junio, 2 de julio, 31 de julio y 13 de agosto de ese año.
En cada envío se trasladaron 250 lingotes de oro.
Cuando el organismo de control intentó iniciar la auditoría, solicitó documentación básica para reconstruir el procedimiento administrativo y financiero de las operaciones. Entre los materiales requeridos se encontraban actas, dictámenes e informes internos.
Sin embargo, el Banco Central no entregó esa información. Según lo reconstruido por fuentes cercanas al proceso, el argumento central de la entidad fue el carácter confidencial y reservado de los expedientes vinculados a las reservas internacionales.
La respuesta del Central introdujo además un elemento inesperado: en notas internas enviadas al organismo de control sostuvo que no existen contratos de colocación de los lingotes con el Banco de Pagos Internacionales (BIS) ni con otros depositarios del exterior, ni en la actualidad ni al cierre de 2024.
La afirmación complica la reconstrucción administrativa de las transferencias y alimenta la controversia sobre el alcance real de la operación.
El límite del control parlamentario
La AGN es el órgano técnico encargado de auditar la administración del sector público y depende institucionalmente del Congreso de la Nación. Por ese motivo, el conflicto con el Banco Central adquiere una dimensión política que excede la discusión técnica.
A fines de 2025, cuando el organismo todavía no tenía completo su cuerpo de auditores, su conducción —encabezada por Juan Manuel Olmos— optó por elevar el caso a la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas Mixta del Congreso, sugiriendo que se evaluaran medidas legales para garantizar el acceso a la información.
Ese paso marcó el ingreso formal del conflicto en la arena parlamentaria.
Con la posterior designación de los auditores faltantes, la AGN recuperó plenas facultades institucionales para avanzar con acciones legales destinadas a exigir al Banco Central la documentación necesaria para la auditoría.
Confidencialidad versus control público
El Banco Central sostiene que la información solicitada tiene carácter secreto y confidencial y que se encuentra en expedientes reservados. Bajo ese argumento, el organismo ofreció una modalidad de acceso restringido: permitir que los auditores revisen los documentos desde computadoras del propio Central.
El problema es que esa propuesta impide copiar, fotografiar o tomar notas, lo que en la práctica imposibilita construir evidencia documental para un informe técnico.
Para el equipo de la AGN, esa limitación convierte el acceso en un ejercicio meramente visual, insuficiente para respaldar una auditoría formal.
La discusión gira en torno a un punto clave del sistema de control público: si un organismo auditado puede imponer condiciones que vuelvan impracticable el trabajo de fiscalización.
El argumento final del Banco Central
Cuando la AGN evaluó aceptar parcialmente las condiciones propuestas por el Banco Central, apareció una nueva objeción.
La entidad sostuvo que no existe ningún contrato que pueda ser auditado, lo que según su interpretación dejaría sin objeto el análisis técnico solicitado por el organismo de control.
“Los informes del servicio jurídico del BCRA respecto de cada contrato no se han tenido que elaborar ya que no hay contratos”, indicaron desde el Central.
Ese planteo refuerza el carácter atípico del caso. En operaciones financieras vinculadas a reservas internacionales, la existencia de acuerdos formales suele constituir la base documental para cualquier auditoría posterior.
Antecedentes que tensionan el argumento oficial
Desde la AGN señalan que existen antecedentes recientes que contradicen la negativa del Banco Central.
En 2024, el organismo aprobó el informe titulado “Procedimientos empleados por el BCRA para la administración de reservas internacionales”, una auditoría que incluyó el análisis de la totalidad de las reservas del Central, no solo del oro.
En esa oportunidad, el Banco Central proporcionó la información solicitada para la revisión técnica.
La diferencia de criterios entre aquel proceso y el actual refuerza la percepción dentro del organismo de control de que el conflicto responde más a una decisión institucional que a una limitación operativa.
La intervención judicial
El caso también ingresó en el terreno judicial. El 22 de diciembre del año pasado, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Banco Central que responda los pedidos de acceso a la información pública relacionados con el traslado de los lingotes.
A pesar de esa resolución, la AGN sostiene que no recibió la documentación necesaria para avanzar con la auditoría.
El incumplimiento o la demora en la respuesta abre un nuevo frente institucional que podría derivar en medidas judiciales adicionales si el conflicto se prolonga.
Un episodio que pone en juego el sistema de control del Estado
Más allá del destino específico del oro, el conflicto expone una discusión más amplia sobre el funcionamiento de los organismos de control en la estructura del Estado.
El Banco Central, por su autonomía institucional, mantiene una posición particular dentro de la administración pública. Pero la AGN tiene mandato constitucional para auditar la gestión de los recursos públicos, incluidas las reservas.
El choque entre ambos criterios deja en evidencia una zona gris del sistema institucional: hasta dónde llega la confidencialidad financiera y dónde comienza el control parlamentario.
Un frente que todavía no se cerró
Con la AGN nuevamente integrada y con el antecedente de una orden judicial vigente, el conflicto parece lejos de resolverse.
En las próximas semanas se definirá si el organismo de control avanza con nuevas acciones legales o si el Banco Central modifica su posición y habilita el acceso pleno a la documentación.
Lo que está en juego no es solo el seguimiento de una operación puntual. También se discute el alcance real de los mecanismos de control sobre uno de los activos estratégicos del país: las reservas internacionales.
La historia, por ahora, sigue abierta.
