TRANSPARENCIA

Mercado de capitales: la CNV refuerza la supervisión de riesgos y deroga la RG 624

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La Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1094/2025, que modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) e incorpora un régimen informativo específico para los pasivos financieros y los acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables asumidos por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). La medida, publicada el 11 de diciembre de 2025, busca fortalecer la supervisión patrimonial, prevenir riesgos sistémicos y asegurar mayor protección a los inversores.

Un nuevo marco para monitorear riesgos financieros en el mercado de capitales

La Resolución General 1094/2025, aprobada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 10 de diciembre de 2025, introduce un cambio estructural en el Título VII de las Normas del organismo al crear un régimen informativo obligatorio y mensual para los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

Según los considerandos, la medida se fundamenta en los artículos 1°, 19 incisos d), g) y j), y 47 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, que facultan a la CNV a regular, supervisar y exigir información a los agentes registrados para prevenir abusos y fortalecer la protección del inversor.

La CNV sostiene que resulta necesario contar con información “completa, precisa y actualizada” sobre: Pasivos financieros asumidos por los ALyC, cualquiera sea su origen. Acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables, en carácter de prestamistas o prestatarios. Operaciones celebradas por personas alcanzadas por el concepto de cartera propia ampliada (artículo 6°, Sección III, Capítulo V del Título VI).

El objetivo es fortalecer la supervisión del grado de exposición al riesgo de los agentes y anticipar posibles fuentes de tensión que puedan derivar en riesgos sistémicos.

Además, la reforma deja sin efecto el régimen especial de la Resolución General N° 624, ya tácitamente reemplazada por la RG 731 (B.O. 3-5-2018).

Alcance de la obligación mensual y nuevo detalle informativo

La resolución incorpora tres modificaciones principales:

1. Nuevo inciso viii) del artículo 25 del Título VII

Los ALyC deberán presentar, dentro del tercer día hábil de cada mes, la información prevista en el nuevo artículo 35.

2. Artículo 35: Régimen Informativo de Pasivos Financieros

Los ALyC (excepto Participantes Directos y entidades financieras) deberán informar:

a) Pasivos financieros

Mediante el formulario “Pasivos Financieros – Sección Pasivos Financieros”, con detalle completo.

b) Acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables

Incluye operaciones documentadas o no, con información obligatoria sobre: Número de cuenta en el ADCVN y CUIL/CUIT/CDI/CIE del prestamista y prestatario. Identificación de comitentes alcanzados por cartera propia ampliada. Fechas de suscripción, vencimiento y renovaciones. Especie, valor nominal y moneda. Intereses, rendimientos y beneficios pactados.

La información reviste carácter de declaración jurada y deberá incluir tanto los acuerdos celebrados en el mes como los vigentes provenientes de períodos anteriores.

Los agentes deberán conservar toda la documentación respaldatoria, disponible a requerimiento de la CNV, Mercados o Cámaras Compensadoras.

3. Cronograma excepcional de cumplimiento inicial

El nuevo artículo 21 del Capítulo V del Título XVIII fija un cronograma para los primeros reportes: Hasta el 15 de enero de 2026: Información correspondiente a agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, incluyendo acuerdos celebrados antes del 31/7/2025 con vencimiento posterior. Hasta el 30 de enero de 2026: Información correspondiente a diciembre de 2025.

La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 12 de diciembre de 2025.

Impacto en los agentes y en la transparencia del mercado

La implementación del nuevo régimen tendrá efectos directos sobre:

ALyC: mayor carga operativa y responsabilidad documental

Los agentes deberán adecuar sus sistemas internos para reportar mensualmente operaciones sensibles que antes no estaban detalladas a este nivel. La obligación de informar operaciones de cartera propia ampliada suma un componente adicional de trazabilidad.

Mercados y Cámaras Compensadoras: más herramientas de control

Con información más granular, podrán abordar eventuales riesgos en subcuentas y acuerdos de préstamo que involucren valores negociables transferidos.

Inversores: reforzamiento de la protección

La CNV apunta a reducir la opacidad en operaciones que implican endeudamiento, mitigando riesgos por insolvencia o concentración de posiciones.

Sistema financiero: prevención de riesgos sistémicos

El organismo destaca la prioridad de “identificar, monitorear y mitigar potenciales fuentes de riesgo”. El reporte mensual busca anticiparse a dinámicas de apalancamiento excesivo o prácticas no declaradas.

Este movimiento regulatorios se enmarca en estándares internacionales que priorizan la trazabilidad y el monitoreo permanente de operaciones de préstamo de valores, una actividad creciente en profundidad y complejidad.

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Energía de Misiones aplicó más de 300 despidos en un año y endurece los controles internos

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Energía de Misiones aplicó más de 300 despidos en un año y consolida una política de “tolerancia cero” ante irregularidades internas

En el último año, Energía de Misiones, la empresa estatal encargada de la distribución eléctrica en toda la provincia, implementó una reestructuración profunda que derivó en más de 300 despidos. La medida forma parte de una política de control y eficiencia interna orientada a reducir costos operativos y fortalecer la transparencia administrativa, en un contexto de creciente presión social por la calidad del servicio y las tarifas.

Una reestructuración silenciosa con foco en la disciplina y el control interno

De acuerdo con información confirmada por fuentes del sector, el plantel de trabajadores de Energía de Misiones pasó de cerca de 2.000 empleados a unos 1.700 en los últimos doce meses. Los ceses se produjeron en el marco de sumarios administrativos, sanciones disciplinarias y desvinculaciones por bajo rendimiento o incumplimiento de funciones, en lo que la empresa describe como una política de “tolerancia cero” ante irregularidades.

La conducción de la firma mantiene congeladas las nuevas incorporaciones y los pases a planta permanente, en línea con una estrategia de racionalización del gasto y fortalecimiento del control operativo, según sostienen fuentes cercanas a la administración.

El caso más reciente, que tomó estado público esta semana, fue el de un empleado del área de toma de estado de medidores, despedido tras comprobarse que falsificaba lecturas de consumo desde su domicilio. La irregularidad fue detectada luego de múltiples reclamos de usuarios del interior provincial, quienes denunciaron diferencias injustificadas en las facturas de energía.

Una vez abierta la investigación interna, el trabajador fue sometido a un sumario administrativo y posteriormente cesado de forma inmediata. La empresa interpretó el caso como una muestra concreta del nuevo estándar de exigencia interna: la manipulación de datos o el incumplimiento de funciones serán causal directa de despido.

Desde entonces, según trascendió, no se registraron nuevos casos similares, lo que dentro de la compañía es interpretado como un indicio del efecto disuasivo de la medida.

Eficiencia operativa y profesionalización del servicio público

La política de control se inscribe dentro de un plan integral de eficiencia que Energía de Misiones viene aplicando desde 2024. Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y optimizar el uso de los recursos públicos.

“Están revisando todo: horas extra, asistencia, recorridos y partes diarios. Quedó claro que el que no cumple, se va”, expresó un trabajador con más de diez años en la empresa. Describiendo el clima interno como de “máxima exigencia y control”.

La compañía sostiene que las medidas buscan profesionalizar la gestión y restaurar la confianza de los usuarios, luego de años de cuestionamientos por errores de facturación, demoras en la reposición del servicio y deficiencias en el mantenimiento de redes.

El proceso incluye auditorías internas, controles de desempeño y modernización administrativa, con especial atención a las áreas críticas del sistema eléctrico. “El objetivo es un servicio más previsible, más justo y más transparente”, sostienen fuentes cercanas a la gerencia.

Impacto laboral y proyección institucional

El ajuste estructural genera preocupación en los equipos técnicos y administrativos. Donde algunos empleados señalan una mayor carga operativa y tensión laboral. Especialmente en las zonas del interior donde los recursos humanos son más limitados.

Desde la empresa remarcan que la reestructuración no implica un achique indiscriminado, sino una reorganización orientada a resultados. En paralelo, Energía de Misiones busca reducir los tiempos de respuesta ante cortes. Mejorar el mantenimiento preventivo y avanzar en un esquema de supervisión digital del consumo eléctrico.

En un contexto económico desafiante y con presión social por la calidad del servicio, la conducción de la empresa busca equilibrar la disciplina interna con la eficiencia institucional. Sosteniendo una premisa que se repite puertas adentro: “El que cumple, se queda; el que miente o no trabaja, se va”.

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CNV simplifica el régimen de Fondos Comunes de Inversión y digitaliza trámites clave

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CNV simplifica la regulación de los Fondos Comunes de Inversión: nueva resolución para agilizar el acceso al mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores aprobó una profunda reforma normativa que reestructura el régimen aplicable a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), eliminando redundancias y agilizando procedimientos administrativos.

La medida, publicada el 31 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 1089/2025, busca fortalecer la eficiencia operativa del sistema y adaptarlo a los estándares actuales de transparencia y protección al inversor.

Reordenamiento integral del régimen de fondos comunes de inversión

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso la sustitución de los Capítulos I, II y III del Título V de las Normas (N.T. 2013 y mod.), con el objetivo de simplificar y modernizar el marco regulatorio de los FCI.

Según el texto oficial, el nuevo esquema “elimina exigencias de carácter formal que no contribuyen sustancialmente a la seguridad jurídica o a la transparencia de la información destinada al público inversor”, priorizando un enfoque más ágil y operativo.

Entre las principales modificaciones, se destacan:

  • La reestructuración de los requisitos de inscripción, funcionamiento y régimen informativo exigibles a los agentes que intervienen en la operatoria de FCI abiertos y cerrados.
  • Un nuevo régimen patrimonial mínimo, que establece para las Sociedades Gerentes un capital equivalente a 150.000 UVA, incrementado en 20.000 UVA por cada fondo adicional administrado.
  • La posibilidad de reemplazar información contable trimestral por certificaciones contables, y la simplificación de los trámites de autorización para libros contables digitales.
  • La incorporación de pautas unificadas para publicidad y promoción, reforzando la transparencia informativa y la protección del ahorrista.

La CNV también implementó un régimen transitorio de adecuación patrimonial para los agentes de colocación y distribución de FCI, a fin de garantizar la transición sin afectar la operatoria del mercado.

Desregulación, digitalización y transparencia

El organismo enmarcó esta resolución en los lineamientos del Decreto 90/2025 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que impulsa la revisión de normas obsoletas y la reducción de cargas administrativas en el sector público nacional.

En sintonía, la CNV apunta a “armonizar criterios regulatorios y operativos entre distintos segmentos de inversión, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica tanto a emisores como a inversores”.

La nueva normativa introduce además la digitalización de procedimientos:

  • Los agentes deberán operar mediante el sistema TAD (Trámites a Distancia) y la Autopista de la Información Financiera (AIF).
  • Se crea el sistema CNV–CAFCI para la transmisión digital de información de los fondos, asegurando trazabilidad y control continuo.
  • Se formalizan los mecanismos para la colocación de cuotapartes por medios digitales, telefónicos e internet, bajo estrictas normas de seguridad informática y autenticación.

Asimismo, se simplifican los procesos de autorización, modificación y liquidación de FCI, y se eliminan requisitos como la solicitud de cancelación de montos no colocados en fondos cerrados.

Impacto institucional y del mercado

Con esta resolución, la CNV busca fortalecer la eficiencia operativa del mercado de capitales, facilitando el acceso de nuevos actores e incentivando el desarrollo del ahorro local.
El organismo enfatizó que la medida “responde al objetivo de garantizar la eficiente asignación del ahorro hacia la inversión, fomentar la profundización del mercado de capitales y asegurar su desenvolvimiento en un marco de integridad, ética y transparencia”.

La simplificación normativa beneficiará principalmente a las Sociedades Gerentes, Depositarias, Agentes de Colocación y Distribución (ACyD) y Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACyDI), al reducir los costos administrativos y los tiempos de inscripción y reporte.

El nuevo régimen podría además estimular la creación de nuevos fondos y mejorar la competitividad frente a otros instrumentos de inversión, fortaleciendo la liquidez y profundidad del mercado argentino.

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El sistema previsional argentino obtiene una calificación “D”, según Mercer-CFA Institute

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El informe Mercer-CFA Institute advierte sobre la falta de sostenibilidad y transparencia del sistema previsional argentino, y plantea reformas estructurales urgentes.

El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 volvió a ubicar a la Argentina en una posición crítica dentro del ranking internacional de sostenibilidad previsional. Con un puntaje total de 45,9 puntos y una calificación D, el país ocupa el penúltimo lugar entre 52 sistemas evaluados, solo por encima de India.

Según el informe —presentado el 15 de octubre de 2025 por Mercer y el CFA Institute— el sistema argentino continúa mostrando “desafíos estructurales persistentes”, especialmente en los componentes de sostenibilidad (E) e integridad (D), mientras que en adecuación logró una leve mejora (C+), impulsada por una recuperación marginal del poder adquisitivo tras el repunte económico del primer semestre del año.

“Para avanzar, es esencial implementar reformas que fortalezcan la formalización laboral, protejan el poder adquisitivo de los jubilados y mejoren la transparencia y eficiencia del sistema”, advirtió Dolores Liendo, Wealth Country Business Leader de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay.

El informe advierte que Argentina comparte su calificación con países como Turquía, India y Filipinas, todos con sistemas fragmentados, alta informalidad y baja cobertura previsional.

Reformas regionales y comparación internacional

El ranking —que mide la adecuación, sostenibilidad e integridad de los sistemas jubilatorios— está encabezado por los Países Bajos (85,4), Islandia (84,0), Dinamarca (82,3) e Israel (80,3), todos con calificación A. Este año se incorporó Singapur al grupo de los países con mejor desempeño, convirtiéndose en el primero de Asia en alcanzar esa categoría.

En el otro extremo, Argentina (45,9), India (43,8), Turquía (48,2) y Filipinas (47,1) mantienen los puntajes más bajos del índice, lo que refleja una debilidad estructural común: baja sustentabilidad financiera y falta de confianza pública en la administración de los fondos previsionales.

“En Latinoamérica hay un creciente interés por fortalecer los sistemas de pensiones, evidenciado en las reformas implementadas o en revisión en países como México, Chile, Colombia y Uruguay”, destacó Leonardo Lara, Wealth Líder de Mercer para la región. Según explicó, estos países están aumentando las contribuciones obligatorias y mejorando las estrategias de inversión para “garantizar una jubilación digna y suficiente”.

El informe también subraya que ocho sistemas mejoraron su calificación respecto de 2024 y ninguno la redujo, lo que sugiere que la mayoría de los países está reforzando sus marcos regulatorios y estrategias de sostenibilidad ante el envejecimiento poblacional.

Argentina frente al desafío de la sostenibilidad previsional

El estudio sostiene que la principal debilidad del sistema argentino es la falta de sostenibilidad fiscal y financiera: la proporción entre aportantes activos y beneficiarios continúa cayendo, mientras el gasto previsional representa uno de los componentes más altos del presupuesto nacional.

“Se necesitan reformas estructurales que simplifiquen los regímenes de aportes, amplíen la cobertura a los trabajadores autónomos e informales, y garanticen transparencia en la gestión de los fondos”, señala el informe.

La situación es crítica: Argentina obtiene 31,3 puntos en sostenibilidad, muy por debajo del promedio global de 60, y solo 42,4 puntos en integridad, indicador que evalúa la solidez institucional, la regulación y la confianza pública.

Por contraste, países como Chile (76,6 puntos, calificación B+) y Uruguay (71,1 puntos, calificación B) lograron avances significativos, impulsados por reformas recientes orientadas a fortalecer los fondos individuales y promover la inversión en activos locales de largo plazo.

Implicancias políticas y económicas

El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 advierte que el deterioro de los sistemas previsionales puede tener implicancias sociales profundas: “A medida que las personas viven más tiempo y las tasas de natalidad continúan cayendo, la provisión de ingresos adecuados para la jubilación se vuelve una prioridad estratégica”, indica el documento.

En este contexto, los autores recomiendan a los gobiernos equilibrar las necesidades de los jubilados con los intereses nacionales, evitando el uso de los fondos previsionales con fines políticos o de corto plazo. “Los sistemas de pensiones con menos restricciones tienden a tener mejor desempeño. En lugar de imponer mandatos, los gobiernos deben promover la transparencia, la gobernanza sólida y la colaboración con el sector privado”, explicó Tim Jenkins, socio de Mercer y autor principal del informe.

Argentina, señalan los especialistas, enfrenta el reto de reconstruir la confianza pública en su sistema previsional, garantizar reglas estables y generar incentivos que promuevan el ahorro de largo plazo.

PDF Global Pension Index MER GLOBAL by CristianMilciades

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CNV refuerza controles sobre la valuación de activos y liquidez en Fondos Comunes de Inversión

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General 1085/2025, publicada en el Boletín Oficial, que introduce modificaciones sustanciales en las Normas (N.T. 2013 y sus modificatorias) con el objetivo de fortalecer la transparencia, la gestión de riesgos y la protección de los inversores en el mercado de capitales argentino.

La medida ajusta los criterios de valuación de activos, amplía las exigencias de liquidez mínima en Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) y redefine las obligaciones de información periódica de las sociedades gerentes y depositarias.

La CNV fundamentó la resolución en la necesidad de alinear la regulación argentina con los estándares internacionales en materia de supervisión de fondos, en un escenario financiero marcado por la alta volatilidad cambiaria y la creciente sofisticación de productos de inversión.

El organismo remarcó que los cambios buscan “dotar de mayor previsibilidad y seguridad al sistema financiero, garantizando que los vehículos de inversión colectiva cuenten con mecanismos de valuación homogéneos y políticas claras de administración de riesgos de liquidez”.

El ajuste normativo se enmarca en la política de fortalecimiento del mercado de capitales impulsada desde 2024, cuando se establecieron lineamientos más estrictos para la supervisión de carteras y se promovió la digitalización de reportes regulatorios.

La normativa introduce tres ejes centrales:

  1. Valuación de activos
    • Se actualizan los criterios para la determinación del valor de los instrumentos financieros dentro de los FCI.
    • Se incorporan lineamientos específicos para activos con menor liquidez o valuación compleja, con el fin de reducir arbitrajes y discrecionalidades.
  2. Requisitos de liquidez
    • Los Fondos Comunes de Inversión Abiertos deberán mantener un porcentaje mínimo de activos líquidos de disponibilidad inmediata, ampliando la exigencia ya prevista en resoluciones anteriores.
    • Esta medida apunta a garantizar la atención de rescates de cuotapartistas en escenarios de estrés de mercado.
  3. Obligaciones de información
    • Las sociedades gerentes y depositarias deberán reportar con mayor frecuencia y detalle las valuaciones, la composición de cartera y los riesgos de liquidez.
    • Se incorpora un esquema de presentaciones periódicas electrónicas para agilizar la supervisión de la CNV.

La resolución también deroga disposiciones previas que habían quedado desactualizadas y refuerza el marco sancionatorio en caso de incumplimiento.

Impacto esperado y repercusiones en el mercado

La modificación normativa tendrá un impacto directo en la industria de Fondos Comunes de Inversión, un sector que administra más de $25 billones en activos bajo gestión en la Argentina.

Fuentes del mercado señalaron que las medidas implicarán costos de adecuación operativa para las sociedades gerentes, pero al mismo tiempo aumentarán la confianza de los inversores minoristas e institucionales.

Analistas consideran que la decisión de la CNV es también una señal política hacia los organismos multilaterales y calificadoras internacionales, en línea con el objetivo del Gobierno de profundizar la integración financiera y mejorar el acceso al crédito externo.

La Resolución General 1085/2025 ya está en vigencia desde su publicación, aunque se establecen plazos de transición de entre 60 y 180 días para que las sociedades gerentes y depositarias adapten sus sistemas internos a las nuevas exigencias.

Se prevé que en el próximo trimestre la CNV emita disposiciones complementarias y guías técnicas para la implementación práctica de los cambios, con el objetivo de evitar interpretaciones dispares entre los distintos actores del mercado.

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