TRANSPARENCIA

La CNV simplifica el régimen de oferta pública y actualiza las reglas de OPA y aportes irrevocables

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General 1101/2025, publicada el 31 de diciembre de 2025, mediante la cual modifica integralmente el Título III de las Normas (N.T. 2013 y mod.). La medida introduce simplificaciones regulatorias en el retiro y la cancelación de la oferta pública, reordena y flexibiliza el régimen de ofertas públicas de adquisición (OPA) y actualiza criterios de valuación para aportes irrevocables y capitalización de deudas. El objetivo declarado es reducir cargas administrativas, mejorar la previsibilidad y reforzar la protección del inversor, en línea con un proceso de modernización normativa del mercado de capitales argentino.

Simplificación del retiro y la cancelación de la oferta pública

La reforma reemplaza el Título III de las Normas para precisar supuestos y procedimientos del retiro y la cancelación del régimen de oferta pública. Entre los cambios, se incorporan casos de cancelación automática, como el vencimiento del plazo de duración de la última clase o serie emitida, debidamente notificado a la CNV, y se clarifican los escenarios de inexistencia de valores negociables en circulación y ausencia de Programas Globales vigentes .

En términos operativos, la CNV flexibiliza requisitos formales durante la tramitación del retiro o la cancelación, admitiendo Estados Financieros especiales con informe de revisión limitada y alternativas documentales para acreditar la inexistencia de valores en circulación. El enfoque apunta a reducir costos de cumplimiento para las emisoras sin afectar las facultades de control y supervisión del organismo.

Asimismo, se fija que, hasta la efectivización de la cancelación, la emisora debe cumplir íntegramente la normativa vigente; y que la cancelación se hace efectiva desde la notificación de la resolución o disposición de la CNV. Para determinados supuestos, se establecen plazos y documentación específica a presentar por canales digitales (TAD y AIF) .

OPA y canjes: reglas más claras y garantías más flexibles

La Resolución General 1101/2025 sistematiza el régimen de OPA y canje, incorporando precisiones sobre responsabilidades del oferente, tramitación electrónica, cómputo de plazos y limitaciones operativas durante el proceso. En materia de garantías, la norma flexibiliza su acreditación, permitiendo cartas compromiso del garante en etapas iniciales y la exclusión del monto garantizado de las porciones del precio correspondientes a accionistas que no participen de la oferta, optimizando el uso de recursos sin menoscabar la tutela del inversor.

También se amplían y ordenan los supuestos de innecesariedad de OPA, contemplando transmisiones mortis causa, donaciones a título gratuito, expropiaciones, límites regulatorios a la participación accionaria y otros casos previstos en la normativa vigente, reforzando la seguridad jurídica y evitando autorizaciones previas innecesarias.

Aportes irrevocables y valuación: criterios objetivos y mayor transparencia

La reforma introduce ajustes en la determinación del precio equitativo y en el régimen de aportes irrevocables a cuenta de futuras emisiones y capitalización de deudas. Se contemplan adquisiciones financiadas, canjes o conversiones —incluidas aquellas realizadas mediante activos virtuales— y se establecen criterios objetivos para la conversión de monedas, reforzando los deberes de información para asegurar parámetros homogéneos de valuación y transparencia informativa .

En particular, cuando los aportes irrevocables se reciben en moneda extranjera, la expresión en pesos se determina utilizando el Índice Dólar BYMA o el tipo de cambio vendedor del BNA, el que resulte mayor al día de la aceptación del aporte por el órgano de administración. Para la conversión de pasivos susceptibles de capitalización, se aplica el tipo de cambio comprador del BNA del día hábil cambiario inmediato anterior a la asamblea correspondiente.

Alcance institucional

La CNV fundamenta la medida en las atribuciones conferidas por la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, en particular los artículos 19 (incisos d), g), h) y u)), y en la agenda de simplificación normativa impulsada por el Decreto N° 891/2017 y el relevamiento normativo dispuesto por el Decreto N° 90/2025. El organismo destaca que la reforma se inscribe en una revisión integral del marco regulatorio para promover eficiencia, reducir costos operativos y administrativos y aumentar la competitividad del sistema, sin resignar estándares de transparencia ni protección del inversor .

La entrada en vigencia rige a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, y la resolución se incorpora al texto ordenado de las Normas (N.T. 2013 y mod.).

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El Gobierno disuelve la ANDIS y traslada Discapacidad al Ministerio de Salud

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El Gobierno nacional anunció la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el traspaso de todas sus funciones al Ministerio de Salud, una decisión que busca reordenar la gestión, reducir estructuras y reforzar controles luego de la detección de graves irregularidades administrativas. El anuncio fue realizado este martes 30 de diciembre por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aclaró que no se recortarán ni eliminarán prestaciones, pensiones ni servicios vinculados a la discapacidad.

La medida se concreta tras el impacto político generado por la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo y luego de una revisión interna que, según el Ejecutivo, confirmó descontrol administrativo, prácticas incompatibles con la transparencia y fallas en los mecanismos de control dentro del organismo creado en 2017.

De organismo descentralizado a área bajo Salud: los fundamentos de la decisión

“La Agencia Nacional de Discapacidad, tal como la conocemos, dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, afirmó Adorni desde la sala de conferencias. En su explicación, recordó que la ANDIS fue creada como un organismo descentralizado para coordinar políticas públicas en discapacidad, pero que con el tiempo acumuló capas burocráticas y autonomía administrativa sin controles efectivos.

Según detalló el funcionario, esa estructura derivó en irregularidades como pensiones cobradas por familiares de personas fallecidas, beneficios otorgados sin documentación válida, médicos que avalaban trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios. Entre los casos mencionados, citó a la Fundación METAS, que declaraba brindar clases de apoyo escolar, aunque en sus instalaciones se hallaron “solo suciedad, moho, escombros y excremento de roedores”.

Adorni sostuvo que, al quedar bajo la órbita del Ministerio de Salud, las políticas de discapacidad se administrarán “de manera transparente, con mecanismos de control y sin discrecionalidades”. Además, anticipó que se garantizará la trazabilidad de los expedientes, se implementarán auditorías permanentes y se aplicarán criterios sanitarios en todas las decisiones.

Reducción de estructura y garantías sobre las prestaciones

Uno de los ejes centrales del anuncio fue el achicamiento de la estructura política. El jefe de Gabinete confirmó la eliminación de 16 cargos políticos, lo que representa una reducción del 45,7% de la estructura jerárquica del organismo disuelto. Para el Gobierno, este recorte apunta a optimizar recursos públicos y fortalecer la gestión directa desde Salud.

En paralelo, Adorni enfatizó en reiteradas oportunidades que la medida no implica recortes en derechos ni prestaciones. “Esto no significa que se vayan a cortar pensiones ni nada por el estilo”, subrayó, y agregó: “Repito: esto no implica que se corte absolutamente ninguna prestación”. El mensaje buscó despejar temores en beneficiarios, prestadores y organizaciones del sector, en un contexto de alta sensibilidad social.

Reacciones políticas y polémica por el cierre de la ANDIS

La decisión generó fuerte repercusión política y social, con críticas desde distintos espacios opositores. Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez cuestionó la medida en redes sociales y sostuvo que “quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad”, al tiempo que afirmó que “no es una reestructuración administrativa, es un plan de impunidad”.

En la misma línea, la diputada Gabriela Estévez calificó el cierre como “otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias”, y vinculó la decisión con “recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción”. Por su parte, Esteban Paulón puso el foco en el cumplimiento de la ley de Emergencia en Discapacidad y advirtió sobre eventuales responsabilidades institucionales.

Desde el Partido Obrero, el legislador Gabriel Solano aseguró que el cierre deja “a las personas con discapacidad y a quienes las atienden a la deriva”, tras denunciar el uso del presupuesto del área.

Impacto institucional y escenario a futuro

El traspaso de funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, redefine el esquema institucional de las políticas de discapacidad y concentra la gestión en una cartera con capacidad operativa y sanitaria. Para el Ejecutivo, el cambio permitirá ordenar procesos, mejorar controles y garantizar transparencia; para la oposición, abre interrogantes sobre la continuidad efectiva de programas y la rendición de cuentas.

En un contexto de revisión del gasto público y reorganización del Estado, la disolución de la ANDIS se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de estructuras descentralizadas. El debate, sin embargo, seguirá abierto en el plano político, judicial y social, con especial atención en la continuidad de las prestaciones, la auditoría de los expedientes heredados y el impacto real en las personas con discapacidad y los prestadores del sistema.

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Mercado de capitales: la CNV refuerza la supervisión de riesgos y deroga la RG 624

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La Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1094/2025, que modifica las Normas (N.T. 2013 y mod.) e incorpora un régimen informativo específico para los pasivos financieros y los acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables asumidos por los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC). La medida, publicada el 11 de diciembre de 2025, busca fortalecer la supervisión patrimonial, prevenir riesgos sistémicos y asegurar mayor protección a los inversores.

Un nuevo marco para monitorear riesgos financieros en el mercado de capitales

La Resolución General 1094/2025, aprobada por la Comisión Nacional de Valores (CNV) el 10 de diciembre de 2025, introduce un cambio estructural en el Título VII de las Normas del organismo al crear un régimen informativo obligatorio y mensual para los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC).

Según los considerandos, la medida se fundamenta en los artículos 1°, 19 incisos d), g) y j), y 47 de la Ley de Mercado de Capitales N° 26.831, que facultan a la CNV a regular, supervisar y exigir información a los agentes registrados para prevenir abusos y fortalecer la protección del inversor.

La CNV sostiene que resulta necesario contar con información “completa, precisa y actualizada” sobre: Pasivos financieros asumidos por los ALyC, cualquiera sea su origen. Acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables, en carácter de prestamistas o prestatarios. Operaciones celebradas por personas alcanzadas por el concepto de cartera propia ampliada (artículo 6°, Sección III, Capítulo V del Título VI).

El objetivo es fortalecer la supervisión del grado de exposición al riesgo de los agentes y anticipar posibles fuentes de tensión que puedan derivar en riesgos sistémicos.

Además, la reforma deja sin efecto el régimen especial de la Resolución General N° 624, ya tácitamente reemplazada por la RG 731 (B.O. 3-5-2018).

Alcance de la obligación mensual y nuevo detalle informativo

La resolución incorpora tres modificaciones principales:

1. Nuevo inciso viii) del artículo 25 del Título VII

Los ALyC deberán presentar, dentro del tercer día hábil de cada mes, la información prevista en el nuevo artículo 35.

2. Artículo 35: Régimen Informativo de Pasivos Financieros

Los ALyC (excepto Participantes Directos y entidades financieras) deberán informar:

a) Pasivos financieros

Mediante el formulario “Pasivos Financieros – Sección Pasivos Financieros”, con detalle completo.

b) Acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables

Incluye operaciones documentadas o no, con información obligatoria sobre: Número de cuenta en el ADCVN y CUIL/CUIT/CDI/CIE del prestamista y prestatario. Identificación de comitentes alcanzados por cartera propia ampliada. Fechas de suscripción, vencimiento y renovaciones. Especie, valor nominal y moneda. Intereses, rendimientos y beneficios pactados.

La información reviste carácter de declaración jurada y deberá incluir tanto los acuerdos celebrados en el mes como los vigentes provenientes de períodos anteriores.

Los agentes deberán conservar toda la documentación respaldatoria, disponible a requerimiento de la CNV, Mercados o Cámaras Compensadoras.

3. Cronograma excepcional de cumplimiento inicial

El nuevo artículo 21 del Capítulo V del Título XVIII fija un cronograma para los primeros reportes: Hasta el 15 de enero de 2026: Información correspondiente a agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025, incluyendo acuerdos celebrados antes del 31/7/2025 con vencimiento posterior. Hasta el 30 de enero de 2026: Información correspondiente a diciembre de 2025.

La resolución entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial, es decir, el 12 de diciembre de 2025.

Impacto en los agentes y en la transparencia del mercado

La implementación del nuevo régimen tendrá efectos directos sobre:

ALyC: mayor carga operativa y responsabilidad documental

Los agentes deberán adecuar sus sistemas internos para reportar mensualmente operaciones sensibles que antes no estaban detalladas a este nivel. La obligación de informar operaciones de cartera propia ampliada suma un componente adicional de trazabilidad.

Mercados y Cámaras Compensadoras: más herramientas de control

Con información más granular, podrán abordar eventuales riesgos en subcuentas y acuerdos de préstamo que involucren valores negociables transferidos.

Inversores: reforzamiento de la protección

La CNV apunta a reducir la opacidad en operaciones que implican endeudamiento, mitigando riesgos por insolvencia o concentración de posiciones.

Sistema financiero: prevención de riesgos sistémicos

El organismo destaca la prioridad de “identificar, monitorear y mitigar potenciales fuentes de riesgo”. El reporte mensual busca anticiparse a dinámicas de apalancamiento excesivo o prácticas no declaradas.

Este movimiento regulatorios se enmarca en estándares internacionales que priorizan la trazabilidad y el monitoreo permanente de operaciones de préstamo de valores, una actividad creciente en profundidad y complejidad.

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Energía de Misiones aplicó más de 300 despidos en un año y endurece los controles internos

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Energía de Misiones aplicó más de 300 despidos en un año y consolida una política de “tolerancia cero” ante irregularidades internas

En el último año, Energía de Misiones, la empresa estatal encargada de la distribución eléctrica en toda la provincia, implementó una reestructuración profunda que derivó en más de 300 despidos. La medida forma parte de una política de control y eficiencia interna orientada a reducir costos operativos y fortalecer la transparencia administrativa, en un contexto de creciente presión social por la calidad del servicio y las tarifas.

Una reestructuración silenciosa con foco en la disciplina y el control interno

De acuerdo con información confirmada por fuentes del sector, el plantel de trabajadores de Energía de Misiones pasó de cerca de 2.000 empleados a unos 1.700 en los últimos doce meses. Los ceses se produjeron en el marco de sumarios administrativos, sanciones disciplinarias y desvinculaciones por bajo rendimiento o incumplimiento de funciones, en lo que la empresa describe como una política de “tolerancia cero” ante irregularidades.

La conducción de la firma mantiene congeladas las nuevas incorporaciones y los pases a planta permanente, en línea con una estrategia de racionalización del gasto y fortalecimiento del control operativo, según sostienen fuentes cercanas a la administración.

El caso más reciente, que tomó estado público esta semana, fue el de un empleado del área de toma de estado de medidores, despedido tras comprobarse que falsificaba lecturas de consumo desde su domicilio. La irregularidad fue detectada luego de múltiples reclamos de usuarios del interior provincial, quienes denunciaron diferencias injustificadas en las facturas de energía.

Una vez abierta la investigación interna, el trabajador fue sometido a un sumario administrativo y posteriormente cesado de forma inmediata. La empresa interpretó el caso como una muestra concreta del nuevo estándar de exigencia interna: la manipulación de datos o el incumplimiento de funciones serán causal directa de despido.

Desde entonces, según trascendió, no se registraron nuevos casos similares, lo que dentro de la compañía es interpretado como un indicio del efecto disuasivo de la medida.

Eficiencia operativa y profesionalización del servicio público

La política de control se inscribe dentro de un plan integral de eficiencia que Energía de Misiones viene aplicando desde 2024. Con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y optimizar el uso de los recursos públicos.

“Están revisando todo: horas extra, asistencia, recorridos y partes diarios. Quedó claro que el que no cumple, se va”, expresó un trabajador con más de diez años en la empresa. Describiendo el clima interno como de “máxima exigencia y control”.

La compañía sostiene que las medidas buscan profesionalizar la gestión y restaurar la confianza de los usuarios, luego de años de cuestionamientos por errores de facturación, demoras en la reposición del servicio y deficiencias en el mantenimiento de redes.

El proceso incluye auditorías internas, controles de desempeño y modernización administrativa, con especial atención a las áreas críticas del sistema eléctrico. “El objetivo es un servicio más previsible, más justo y más transparente”, sostienen fuentes cercanas a la gerencia.

Impacto laboral y proyección institucional

El ajuste estructural genera preocupación en los equipos técnicos y administrativos. Donde algunos empleados señalan una mayor carga operativa y tensión laboral. Especialmente en las zonas del interior donde los recursos humanos son más limitados.

Desde la empresa remarcan que la reestructuración no implica un achique indiscriminado, sino una reorganización orientada a resultados. En paralelo, Energía de Misiones busca reducir los tiempos de respuesta ante cortes. Mejorar el mantenimiento preventivo y avanzar en un esquema de supervisión digital del consumo eléctrico.

En un contexto económico desafiante y con presión social por la calidad del servicio, la conducción de la empresa busca equilibrar la disciplina interna con la eficiencia institucional. Sosteniendo una premisa que se repite puertas adentro: “El que cumple, se queda; el que miente o no trabaja, se va”.

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CNV simplifica el régimen de Fondos Comunes de Inversión y digitaliza trámites clave

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CNV simplifica la regulación de los Fondos Comunes de Inversión: nueva resolución para agilizar el acceso al mercado de capitales

La Comisión Nacional de Valores aprobó una profunda reforma normativa que reestructura el régimen aplicable a los Fondos Comunes de Inversión (FCI), eliminando redundancias y agilizando procedimientos administrativos.

La medida, publicada el 31 de octubre de 2025 en el Boletín Oficial mediante la Resolución General 1089/2025, busca fortalecer la eficiencia operativa del sistema y adaptarlo a los estándares actuales de transparencia y protección al inversor.

Reordenamiento integral del régimen de fondos comunes de inversión

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso la sustitución de los Capítulos I, II y III del Título V de las Normas (N.T. 2013 y mod.), con el objetivo de simplificar y modernizar el marco regulatorio de los FCI.

Según el texto oficial, el nuevo esquema “elimina exigencias de carácter formal que no contribuyen sustancialmente a la seguridad jurídica o a la transparencia de la información destinada al público inversor”, priorizando un enfoque más ágil y operativo.

Entre las principales modificaciones, se destacan:

  • La reestructuración de los requisitos de inscripción, funcionamiento y régimen informativo exigibles a los agentes que intervienen en la operatoria de FCI abiertos y cerrados.
  • Un nuevo régimen patrimonial mínimo, que establece para las Sociedades Gerentes un capital equivalente a 150.000 UVA, incrementado en 20.000 UVA por cada fondo adicional administrado.
  • La posibilidad de reemplazar información contable trimestral por certificaciones contables, y la simplificación de los trámites de autorización para libros contables digitales.
  • La incorporación de pautas unificadas para publicidad y promoción, reforzando la transparencia informativa y la protección del ahorrista.

La CNV también implementó un régimen transitorio de adecuación patrimonial para los agentes de colocación y distribución de FCI, a fin de garantizar la transición sin afectar la operatoria del mercado.

Desregulación, digitalización y transparencia

El organismo enmarcó esta resolución en los lineamientos del Decreto 90/2025 del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que impulsa la revisión de normas obsoletas y la reducción de cargas administrativas en el sector público nacional.

En sintonía, la CNV apunta a “armonizar criterios regulatorios y operativos entre distintos segmentos de inversión, otorgando previsibilidad y seguridad jurídica tanto a emisores como a inversores”.

La nueva normativa introduce además la digitalización de procedimientos:

  • Los agentes deberán operar mediante el sistema TAD (Trámites a Distancia) y la Autopista de la Información Financiera (AIF).
  • Se crea el sistema CNV–CAFCI para la transmisión digital de información de los fondos, asegurando trazabilidad y control continuo.
  • Se formalizan los mecanismos para la colocación de cuotapartes por medios digitales, telefónicos e internet, bajo estrictas normas de seguridad informática y autenticación.

Asimismo, se simplifican los procesos de autorización, modificación y liquidación de FCI, y se eliminan requisitos como la solicitud de cancelación de montos no colocados en fondos cerrados.

Impacto institucional y del mercado

Con esta resolución, la CNV busca fortalecer la eficiencia operativa del mercado de capitales, facilitando el acceso de nuevos actores e incentivando el desarrollo del ahorro local.
El organismo enfatizó que la medida “responde al objetivo de garantizar la eficiente asignación del ahorro hacia la inversión, fomentar la profundización del mercado de capitales y asegurar su desenvolvimiento en un marco de integridad, ética y transparencia”.

La simplificación normativa beneficiará principalmente a las Sociedades Gerentes, Depositarias, Agentes de Colocación y Distribución (ACyD) y Agentes de Colocación y Distribución Integral (ACyDI), al reducir los costos administrativos y los tiempos de inscripción y reporte.

El nuevo régimen podría además estimular la creación de nuevos fondos y mejorar la competitividad frente a otros instrumentos de inversión, fortaleciendo la liquidez y profundidad del mercado argentino.

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