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Transporte: prorrogan requisitos de ESC y EBS por falta de laboratorios y pedidos del sector

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La Subsecretaría de Transporte Automotor dispuso nuevas excepciones hasta 2027 para la implementación del Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y del Sistema Electrónico de Freno (EBS) en vehículos de las categorías M, N y O. La medida responde a pedidos de fabricantes y cámaras empresarias ante la falta de laboratorios nacionales reconocidos para validar ensayos obligatorios. Regirá hasta el 1° de enero de 2027.

El núcleo de la medida: prórroga y excepciones para ESC y EBS

Mediante la Disposición 4/2025, publicada el 27 de noviembre de 2025, el Ministerio de Economía —a través de la Subsecretaría de Transporte Automotor— dispuso nuevas excepciones y prórrogas en la aplicación de dos sistemas de seguridad obligatorios en vehículos destinados al transporte de pasajeros y de carga: el Control Electrónico de Estabilidad (ESC) y el Sistema Electrónico de Freno (EBS).

La norma establece que, hasta el 1° de enero de 2027, quedarán exceptuados del ESC los vehículos de carga con Peso Bruto Total mayor a 3,5 toneladas, con más de tres ejes y configuraciones de tracción 4×4, 6×4 (no bitrén), 6×6, 8×2, 8×4 y 8×6, además de los vehículos de propósito especial y los ómnibus de la categoría M3, salvo los doble piso, que mantienen aplicación vigente.

Asimismo, dispone la excepción del EBS para las categorías M2, M3, N2, N3, O3 y O4, también hasta 2027, con las mismas excepciones para los ómnibus doble piso M3 y los bitrenes N3.

La medida se dicta bajo las facultades conferidas por la Ley 24.449, su decreto reglamentario 779/1995, el decreto 196/2025, y el decreto 50/2019.

Las razones oficiales: falta de laboratorios reconocidos, pedidos del sector privado y criterios técnicos de seguridad

El texto reconoce que la prórroga vuelve a ser necesaria debido a que “a la fecha aún no se cuenta con laboratorios nacionales con reconocimiento de métodos de prueba alternativos”, según indicó la Subsecretaría de Gestión Productiva en la nota NO-2024-87651691-APN-SSGP#MEC.

El INTI, responsable de la validación técnica, confirmó que “continúa trabajando junto a los laboratorios con el fin de resolver la situación”, lo cual ya había motivado una postergación previa —hasta el 1° de julio de 2025— mediante la disposición 2/2024.

Además, la Subsecretaría de Transporte Automotor recibió dos solicitudes formales del sector productivo:

La Cámara Argentina de Fabricantes de Acoplados y Semirremolques (CAFAS)

Pidió extender la postergación del ESC y del EBS ante “la necesidad de adecuación del sector y la imposibilidad técnica de validar métodos de ensayo”.

La empresa Agrale Argentina SA

Solicitó la prórroga para avanzar con la obtención de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) de la unidad eléctrica YAXING JS6690GHBEV/AGRALE MA 6.0 LEe, cuya tramitación depende del marco normativo prorrogado.

El respaldo técnico central provino de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, que sostuvo: “Visto los avances tecnológicos en sistemas de frenos y las continuas prórrogas, resulta oportuno dar lugar a una nueva extensión del plazo”. Recomendó aplicar la prórroga a categorías O4 y O3 y extender excepciones para configuraciones pesadas. Señaló que, hasta que existan métodos de prueba reconocidos, los fabricantes deberán presentar una Declaración Jurada avalada por un laboratorio nacional aprobando la instalación y funcionamiento de ABS, EBS y ESC.

La Comisión también destacó la importancia del equilibrio entre actualización normativa, condiciones técnicas y seguridad vial.

Impacto en la industria, el transporte y la agenda regulatoria

La prórroga hasta 2027 tiene efectos directos sobre:

Fabricantes e importadores

Podrán continuar comercializando unidades sin ESC ni EBS en las categorías exceptuadas, siempre bajo Declaración Jurada supervisada por el INTI y la autoridad de aplicación.

Transportistas de carga pesada

Las configuraciones de hasta 8 ejes podrán seguir operando sin modificaciones estructurales inmediatas.

Transporte de pasajeros

Solo los ómnibus doble piso M3 mantienen obligatoriedad vigente, lo que preserva estándares de seguridad en vehículos de mayor riesgo operativo.

Normativa futura

La medida reabre el debate sobre los plazos de implementación de tecnologías de seguridad obligatorias, las capacidades del sistema científico-tecnológico nacional y el alineamiento con estándares internacionales.

El sector aguarda definiciones sobre la entrada en vigencia plena del IF-2025-26816697-APN-SSTAU#MEC, que sustituyó el Anexo B del decreto 779/1995 y establece los procedimientos de ensayos para obtener la LCM y la LCA.

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Economía eliminó aranceles del transporte y derogó normas ferroviarias en plena desregulación

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Economía eliminó aranceles históricos del transporte y derogó normas clave del sistema ferroviario en plena desregulación

El Ministerio de Economía oficializó las Resoluciones 1878/2025 y 1879/2025, publicadas este 25 de noviembre de 2025, que eliminan aranceles vigentes desde la década del 90 y derogan normas centrales del esquema ferroviario heredado de la Emergencia Ferroviaria de 2003.

Las medidas se inscriben en el proceso de desregulación y simplificación iniciado con el Decreto 70/2023 y profundizado por los decretos dictados durante 2024 y 2025.

El impacto es directo sobre los operadores de transporte automotor y ferroviario, los regímenes de fiscalización de la CNRT y las concesionarias privadas de las líneas Urquiza y Belgrano Norte.

Eliminación de aranceles del transporte automotor y cambios en registros y fiscalización (Resolución 1878/2025)

La Resolución 1878/2025 del Ministerio de Economía abroga un conjunto de normas históricas que fijaban aranceles para trámites vinculados a la inscripción, habilitación y fiscalización de servicios de transporte automotor de pasajeros y cargas.

En esta decisión, el Ministerio elimina los aranceles creados por: Resolución 1104/1992 del ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Resolución 433/1992 de la Secretaría de Transporte. La Resolución 175/1995 de la Secretaría de Transporte. Resolución 2/2001 de la Secretaría de Transporte del entonces Ministerio de Infraestructura y Vivienda.

Además, la resolución deroga artículos centrales de la Resolución 433/2022, que establecían el pago de aranceles para el Permiso Originario del transporte internacional de cargas por carretera, regulado bajo el Acuerdo sobre Transporte Internacional Terrestre (ATIT).

Según los considerandos, la Subgerencia de Contabilidad, Presupuesto y Recaudaciones de la CNRT concluyó que la eliminación de estos aranceles “no afecta la eficiencia y eficacia de la fiscalización”, en línea con la política de “eficiencia, equidad, simplificación y apertura” definida para el sector.

Impacto institucional

La decisión se apoya en un marco jurídico amplio que va desde la Ley 12.346 (regulación del transporte automotor de pasajeros), la Ley 24.653 (transporte de cargas), y los decretos de reorganización del sistema dictados entre 1996 y 2024, hasta el reciente Decreto 883/2024 sobre transporte interjurisdiccional.

La medida consolida la unificación de registros y procedimientos iniciada con las Resoluciones 57/2024 y 2/2025 de la Secretaría de Transporte. Que crearon el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros.

Repercusiones esperadas

Transportistas y empresas automotoras: se reducen costos administrativos al eliminarse los aranceles para trámites de habilitación.

CNRT: deberá sostener su capacidad de control sin ingresos por aranceles regulatorios.

Operadores internacionales de cargas: se desregula el proceso para permisos originarios bajo el ATIT.

Derogación de la Resolución 126/2003 y revisión del esquema ferroviario (Resolución 1879/2025)

En paralelo, la Resolución 1879/2025 elimina la Resolución 126/2003 del entonces Ministerio de la Producción, una norma clave del período de Emergencia Ferroviaria declarada por el Decreto 2075/2002.

Aquella resolución había articulado los mecanismos de emergencia con el Sistema Ferroviario Integrado (SIFER), los planes de seguridad y los regímenes de compensaciones en un contexto donde todas las líneas metropolitanas estaban concesionadas.

El Ministerio justifica la derogación en la transformación estructural del sistema desde 2003, marcada por: La creación de la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado mediante la Ley 26.352. La finalización de numerosos contratos de concesión. La persistencia de solo dos operadores privados: Metrovías S.A. (Línea Urquiza) y Ferrovías S.A.C. (Belgrano Norte).

Ambas empresas tienen sus plazos de operación prorrogados por 60 días mediante las Resoluciones 62/2025 y 63/2025. Tras el vencimiento de los plazos establecidos en las Resoluciones 999/2024 y 1000/2024.

Un sistema en revisión estructural

La medida se dicta bajo la vigencia del Decreto 525/2024, que declaró la Emergencia Pública en materia Ferroviaria por 24 meses. Y del Decreto 526/2024, que ordena una revisión integral de todas las normas y procesos de mantenimiento y seguridad del sistema ferroviario.

La eliminación de la Resolución 126/2003 responde a la necesidad de ajustar el sistema normativo a un escenario actual donde las condiciones de operación, control y definición tarifaria resultan distintas a las del esquema vigente hace dos décadas.

Sectores afectados

Concesionarias privadas: deberán adecuarse a los nuevos lineamientos en materia de compensaciones y mantenimiento.

Estado nacional: abre un proceso de reordenamiento bajo una lógica de simplificación y desregulación.

Usuarios metropolitanos: el impacto final dependerá de las revisiones tarifarias y de seguridad que surjan de la emergencia ferroviaria.

Un movimiento coordinado hacia la desregulación integral del transporte

Ambas resoluciones reflejan una línea de acción coherente con los objetivos establecidos en el Decreto 70/2023. Que apunta al “reordenamiento integral de la economía y reformulación de regímenes jurídicos”.

La eliminación de aranceles administrativos y la derogación de normas ferroviarias históricas avanzan en un mismo sentido: desmontar estructuras regulatorias consideradas obsoletas o incompatibles con la política de simplificación del Estado.

Aunque las medidas reducen costos burocráticos para empresas de transporte. También desplazan al sistema hacia un modelo donde la fiscalización deberá sostenerse sin ingresos por aranceles. Y bajo un esquema de emergencia que revisa integralmente la seguridad ferroviaria.

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