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La CNRT habilitó a un fabricante chino para producir y modificar carrocerías de colectivos en Argentina

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La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) autorizó a la firma china Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd. a fabricar e importar carrocerías y realizar modificaciones sobre carrocerías y chasis de vehículos destinados al transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional. La decisión incorpora formalmente a la compañía al Registro Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Talleres (RNFCYT) y puede ampliar la oferta de proveedores habilitados para el mercado de colectivos.

La autorización quedó establecida mediante la Disposición 380/2026, publicada este 11 de agosto en el Boletín Oficial. La empresa había solicitado su inscripción a través de su distribuidor no exclusivo en la Argentina, La Nueva Metropol S.A.T.A.C.I., y acreditó la relación contractual entre ambas compañías mediante un contrato de distribución no exclusiva.

El alcance de la medida es concreto: King Long quedó habilitada para realizar tareas de fabricación de carrocerías, modificación de carrocerías y modificación de chasis en unidades destinadas al servicio de autotransporte de pasajeros bajo jurisdicción nacional. La inscripción se otorgó luego de que la Gerencia de Fiscalización Técnica Automotor de la CNRT verificara el cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa vigente.

La decisión tiene relevancia para un mercado en el que la disponibilidad de fabricantes y talleres habilitados constituye un componente central para renovar, adaptar y mantener la flota de transporte público. En términos operativos, la incorporación de un nuevo actor autorizado puede ampliar las alternativas de empresas de transporte que necesiten carrozar unidades, realizar modificaciones técnicas o adaptar vehículos a las exigencias del servicio.

El ingreso de King Long también introduce una nueva referencia internacional en la estructura de proveedores del transporte automotor argentino. La compañía es un fabricante chino especializado en vehículos de pasajeros y, a través de la autorización concedida por la CNRT, queda formalmente habilitada dentro del esquema regulatorio argentino para intervenir sobre unidades que presten servicios nacionales.

Sin embargo, la disposición establece límites precisos. La inscripción otorgada por la CNRT se circunscribe exclusivamente a las competencias del organismo en materia del Registro Nacional de Fabricantes de Carrocerías y Talleres y de control de aptitud técnica. Esto significa que la empresa deberá gestionar, cuando corresponda, las restantes habilitaciones, certificaciones y autorizaciones requeridas para importar, comercializar y poner en circulación los vehículos ante otros organismos nacionales, provinciales o municipales.

La CNRT también impuso como condición que los trabajos realizados por King Long se ajusten a la Resolución 395/89, la Ley Nacional de Tránsito 24.449, su reglamentación mediante el Decreto 779/95 y las normas complementarias o modificatorias que resulten aplicables. El incumplimiento de estas exigencias podrá derivar directamente en la revocación de la inscripción otorgada.

Desde una perspectiva de política pública, el mecanismo busca combinar apertura a nuevos proveedores con un estándar técnico uniforme. La incorporación de un fabricante extranjero al registro no supone una flexibilización de los requisitos de seguridad: por el contrario, la autorización queda condicionada al cumplimiento de las normas que regulan las características técnicas y formales de los vehículos afectados al transporte público de pasajeros.

El movimiento puede adquirir importancia a medida que el sistema de transporte avance hacia procesos de renovación y adecuación de flotas, porque suma capacidad potencial para atender necesidades de fabricación y transformación de unidades. La disposición, no obstante, no establece inversiones, volúmenes de producción, incorporación de unidades ni un cronograma industrial de King Long en el país: su efecto inmediato es regulatorio y consiste en habilitar a la compañía para operar dentro del registro específico de fabricantes y talleres.

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Ampliaron los límites para camiones y bitrenes y apuesta al GNC para reducir costos logísticos

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su estrategia de desregulación y modernización del transporte automotor al actualizar el régimen de pesos y dimensiones de los vehículos de carga y pasajeros. A través del Decreto 689/2026, publicado en el Boletín Oficial del viernes 31 de julio, se reemplazó el histórico Anexo R del Decreto 779/1995, incorporando nuevas configuraciones para camiones, bitrenes y unidades impulsadas por Gas Natural Comprimido (GNC), híbridas y eléctricas.

La decisión busca resolver una demanda que el sector transportista y la industria automotriz venían planteando desde hace años: adaptar la normativa a las nuevas tecnologías y a vehículos que, por incorporar sistemas de propulsión más limpios, requieren mayor espacio físico sin resignar capacidad de carga.

La modificación también se inscribe dentro de la política oficial de simplificación administrativa. El nuevo esquema otorga a la Secretaría de Transporte la facultad de actualizar en forma dinámica las configuraciones, pesos y dimensiones autorizadas sin necesidad de modificar nuevamente el decreto, permitiendo acompañar la evolución tecnológica del sector.

Uno de los cambios más relevantes apunta a los vehículos impulsados por GNC dedicado. Hasta ahora, el tamaño adicional requerido por los tanques de almacenamiento representaba una desventaja competitiva frente a los camiones diésel. Con la nueva reglamentación, los tractocamiones podrán alcanzar una longitud máxima de 19,60 metros, mientras que los bitrenes podrán operar con configuraciones de hasta 23,40 metros, 26,50 metros y 31,25 metros, según el tipo de unidad (B1, B2 y B3). Estas mismas condiciones también alcanzan a los vehículos eléctricos puros e híbridos.

Desde el Gobierno sostienen que esta adecuación permitirá mejorar la ecuación económica del transporte pesado y acelerar la incorporación de tecnologías menos contaminantes. El objetivo es aprovechar la abundante disponibilidad de gas natural proveniente de Vaca Muerta y reducir el consumo de combustibles líquidos, disminuyendo simultáneamente las emisiones del transporte de cargas.

El decreto también incorpora estándares técnicos similares a los que ya utilizan otros países de la región. La intención es que las empresas puedan renovar sus flotas con vehículos de última generación sin perder eficiencia operativa por limitaciones regulatorias que habían quedado desactualizadas.

En términos económicos, el impacto puede ser significativo. El transporte representa uno de los principales componentes del costo logístico argentino y cualquier mejora en la capacidad de carga por viaje repercute directamente sobre la competitividad de las economías regionales, la industria y el comercio exterior. La posibilidad de transportar más volumen con la misma cantidad de viajes reduce costos operativos, consumo de combustible y emisiones por tonelada transportada.

La nueva reglamentación mantiene, sin embargo, criterios estrictos en materia de seguridad vial. Los vehículos de mayor longitud deberán respetar velocidades máximas específicas, circular prioritariamente por el carril derecho y cumplir requisitos reforzados de señalización, incluyendo cartelería retrorreflectiva y banderas reglamentarias para los equipos de grandes dimensiones. Los vehículos de hasta 31,25 metros podrán circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, mientras que las configuraciones superiores deberán limitarse a 60 kilómetros por hora.

Otro aspecto central es que la Secretaría de Transporte podrá definir cronogramas de implementación gradual, establecer excepciones transitorias y actualizar los parámetros técnicos conforme evolucionen las tecnologías disponibles. Esto permitirá que el marco regulatorio deje de depender de modificaciones legislativas para adaptarse a los cambios de la industria.

Para las empresas transportistas, fabricantes de camiones y operadores logísticos, el decreto abre un escenario de mayor previsibilidad para invertir en unidades más eficientes y menos contaminantes. Para las provincias productivas, especialmente aquellas alejadas de los grandes centros de consumo, una reducción sostenida de los costos logísticos puede transformarse en una herramienta concreta para mejorar la competitividad de sus exportaciones y fortalecer las cadenas productivas regionales.

La medida refleja además un cambio de enfoque en la política de transporte: en lugar de establecer un esquema rígido, el Gobierno apuesta por una regulación adaptable que acompañe la innovación tecnológica y las necesidades de un sector cuya competitividad depende, cada vez más, de la eficiencia energética y la reducción de costos.

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Transporte internacional: Argentina reduce hasta un 80% las multas del ATIT y alivia costos para operadores logísticos del Mercosur

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El Ministerio de Economía oficializó la incorporación al ordenamiento jurídico argentino del Sexto Protocolo Adicional al Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), una modificación que reduce significativamente los montos de las multas aplicables a empresas que realizan transporte internacional de cargas y pasajeros entre los países miembros del acuerdo.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 830/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, y representa una adecuación normativa consensuada entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y Perú.

La modificación responde a un planteo impulsado por los propios Estados parte del acuerdo ante las dificultades económicas y financieras que atraviesa el sector del transporte internacional. Según consta en los fundamentos de la norma, la situación de las empresas motivó la revisión del esquema sancionatorio vigente.

El protocolo establece una nueva escala de multas para las infracciones cometidas en operaciones de transporte internacional terrestre: Infracciones leves: USD 100 (antes U$S 500). Infracciones medias: USD 500 (antes U$S 3.000). Infracciones graves: USD 1.000 (antes Suspensión del permiso de 31 a 180 días, o multa de U$S 6.000.). Infracciones gravísimas: USD 2.000 (antes Suspensión de 181 días a caducidad del permiso, con prohibición de los vehículos de efectuar el paso de la frontera, cuando corresponda, o multa de U$S 12.000 a caducidad del permiso)

La nueva estructura reemplaza los valores vigentes hasta ahora y refleja una reducción sustancial de las penalidades económicas aplicadas a las empresas transportistas. El acuerdo fue firmado en Montevideo el 4 de agosto de 2025 y comenzará a regir 60 días después de que la ALADI comunique que todos los países signatarios completaron sus procedimientos internos de aprobación.

Menor costo regulatorio para una actividad estratégica

La decisión tiene implicancias directas sobre uno de los principales eslabones de la integración comercial sudamericana. El transporte terrestre concentra gran parte del intercambio intrarregional, especialmente en corredores vinculados al Mercosur y a los mercados del Pacífico.

Para las empresas de logística y transporte internacional, la reducción de multas disminuye el riesgo económico asociado a incumplimientos administrativos o documentales y mejora la previsibilidad de costos operativos en un contexto donde la rentabilidad del sector continúa presionada por los costos de combustible, mantenimiento, financiamiento y renovación de flota.

La medida también puede interpretarse como una señal de armonización regulatoria orientada a facilitar la circulación de mercaderías entre los países miembros, un aspecto especialmente relevante para economías regionales que dependen de los corredores terrestres para acceder a mercados externos.

En provincias como Misiones, Corrientes, Formosa y Chaco, donde la actividad económica mantiene una fuerte vinculación con Brasil y Paraguay, cualquier modificación en las condiciones del transporte internacional tiene efectos que trascienden al sector logístico.

La reducción de sanciones puede contribuir a disminuir contingencias operativas para empresas transportistas que participan del comercio fronterizo y de cadenas productivas vinculadas a la industria forestal, la yerba mate, el té, el tabaco y otras actividades exportadoras que dependen de corredores terrestres para movilizar cargas hacia puertos y centros de consumo regionales.

Aunque la medida no modifica requisitos técnicos, controles ni exigencias de seguridad vial, sí reduce la carga financiera derivada de eventuales infracciones dentro del sistema de transporte internacional regulado por el ATIT.

Una agenda regional que apunta a la competitividad

La decisión adoptada por los países miembros refleja una preocupación compartida por la sostenibilidad económica del transporte internacional terrestre, actividad que funciona como soporte de buena parte del comercio intrarregional.

La reducción de multas aparece alineada con una estrategia más amplia de revisión de costos regulatorios que afectan la competitividad logística de Sudamérica. Para los operadores del sector, el desafío seguirá siendo avanzar en otros aspectos que impactan sobre la eficiencia, como la digitalización documental, la interoperabilidad de controles fronterizos y la reducción de tiempos de espera en pasos internacionales.

La entrada en vigor efectiva del protocolo dependerá de que todos los países firmantes completen sus procesos internos de aprobación. Una vez operativo, el nuevo esquema permitirá medir si la reducción de sanciones contribuye a mejorar la competitividad del transporte regional sin afectar los estándares de cumplimiento normativo que sostienen la seguridad y la trazabilidad de las operaciones internacionales.

Anexo Resolución 830/2026 Min Economía by CristianMilciades

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La UTA presiona por una recomposición salarial y advierte con un paro mientras crece la tensión por los subsidios al transporte

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La disputa por los subsidios al transporte público sumó un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno nacional, las empresas de colectivos y los trabajadores del sector. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) elevó una dura advertencia al Ministerio de Economía al reclamar una urgente recomposición salarial y alertar que “la paz social peligra”, en un contexto marcado por la implementación de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias para las empresas del transporte automotor.

A través de una carta dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, el gremio que conduce Roberto Fernández exigió una respuesta concreta a los reclamos salariales pendientes y cuestionó que los choferes estén siendo utilizados como variable de ajuste en la estrategia de equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno nacional.

El sindicato remarcó que su pedido de actualización salarial rige desde mayo y denunció que hasta el momento sólo recibió “dilaciones” en las negociaciones. En ese marco, reclamó recibir “el mismo trato que agroexportadoras, petroleras y mineras”, sectores que, según la organización, cuentan con herramientas y beneficios que les permiten sostener sus niveles de actividad mientras los trabajadores del transporte enfrentan una pérdida del poder adquisitivo.

La advertencia de la UTA llega en un momento particularmente sensible para el sistema de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la discusión sobre tarifas, subsidios y costos operativos volvió a instalarse en el centro de la agenda económica. El gremio sostiene que los trabajadores están siendo “sacrificados en el altar del superávit fiscal” y cuestiona que la consolidación de las cuentas públicas se construya sobre salarios que no logran acompañar la evolución del costo de vida.

La referencia al superávit fiscal no es casual. El Gobierno de Javier Milei convirtió el equilibrio de las cuentas públicas en el principal ancla de su programa económico y ha mantenido una política de fuerte contención del gasto. En ese escenario, el transporte público aparece como uno de los sectores bajo permanente revisión debido al peso que históricamente tuvieron los subsidios en las finanzas nacionales.

Mientras tanto, la Secretaría de Transporte avanzó con la puesta en marcha de un nuevo esquema de distribución de compensaciones tarifarias mediante la Resolución 31/2026, publicada en el Boletín Oficial. La iniciativa forma parte del proceso de modernización y reestructuración del sistema impulsado por la administración nacional.

Según explicó el organismo, el nuevo mecanismo busca reforzar los controles sobre las empresas prestatarias y orientar las compensaciones hacia indicadores vinculados con la calidad del servicio. Entre las variables consideradas figuran el cumplimiento de frecuencias, los kilómetros efectivamente recorridos, la antigüedad de las unidades, la regularidad operativa y los sistemas de cobro implementados.

La lógica oficial apunta a migrar desde un esquema basado principalmente en costos empresariales hacia otro con mayor foco en la demanda y en el desempeño efectivo del servicio. De esta manera, las empresas que acrediten mejores niveles de operación y prestación tendrán mayores posibilidades de acceder a las compensaciones estatales.

Desde el Ministerio de Economía sostienen que el nuevo sistema permitirá mejorar la calidad y previsibilidad del transporte para los usuarios, optimizar la circulación de las unidades y fortalecer la eficiencia en el uso de los recursos públicos. Sin embargo, la modificación también genera incertidumbre entre operadores y trabajadores, que observan con preocupación cómo impactará sobre la estructura de ingresos de las empresas y, por extensión, sobre futuras negociaciones salariales.

En este contexto, la advertencia de la UTA adquiere una dimensión política y económica significativa. El gremio deja abierta la posibilidad de medidas de fuerza si no aparecen respuestas concretas, lo que podría derivar en nuevos conflictos en uno de los servicios más sensibles para la actividad económica y la movilidad urbana del país. La pulseada entre ajuste fiscal, subsidios y salarios vuelve así a colocar al transporte público en el centro de una discusión que excede al sector y refleja las tensiones de fondo del actual modelo económico.

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El Gobierno habilitó talleres privados para realizar la verificación técnica vehicular

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La Secretaría de Transporte oficializó un cambio estructural en el sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO): a partir de la Resolución 32/2026, cualquier taller mecánico, concesionaria o importador que acredite capacidad técnica podrá realizar inspecciones vehiculares, dejando atrás un esquema concentrado en plantas habilitadas específicas. La medida apunta a aumentar la competencia, reducir costos regulatorios y ampliar la oferta del servicio en todo el país.

Para el sector privado, el cambio implica la apertura de un negocio hasta ahora limitado por barreras regulatorias. Para los usuarios, promete mayor disponibilidad y flexibilidad. Para el Estado, el desafío será garantizar que la expansión de prestadores no termine debilitando los estándares de seguridad vial.

La resolución abre de manera permanente el nuevo Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que funcionará de forma digital a través de Trámites a Distancia (TAD).

El Gobierno sostiene que la normativa elimina restricciones que limitaban el ingreso de nuevos operadores y que generaban mercados cerrados en distintas jurisdicciones. Bajo el nuevo esquema, los talleres habilitados podrán inspeccionar vehículos particulares, unidades de pasajeros, camiones, maquinaria especial y vehículos antiguos.

La reforma también incorpora un mecanismo de “silencio positivo”: si la administración no realiza observaciones dentro de los 30 días corridos establecidos para analizar la documentación presentada, el taller quedará habilitado provisoriamente para operar, sujeto a auditorías posteriores.

Desde la óptica económica, el Gobierno busca trasladar al mercado la competencia por precio y calidad del servicio, retirando al Estado de cualquier intervención vinculada a la fijación de tarifas.

Qué cambia para los propietarios de vehículos

La modificación más visible para los usuarios está vinculada con la posibilidad de realizar la revisión técnica en una red mucho más amplia de establecimientos.

Además, se consolidan los nuevos plazos establecidos previamente por la reglamentación nacional:

Vehículos particulares

  • Primera revisión a los 5 años desde el patentamiento.
  • Hasta los 10 años de antigüedad, la revisión será cada 24 meses.
  • Más de 10 años, la inspección será anual.

Vehículos de transporte de cargas y pasajeros

  • Primera revisión dentro de los primeros 12 meses.
  • Controles posteriores cada 12 meses.

La acreditación seguirá realizándose mediante el Certificado de Revisión Técnica (CRT), acompañado por una constancia digital y la tradicional oblea para el parabrisas.

Una oportunidad para talleres y concesionarias

La resolución crea un nuevo segmento de negocios para el ecosistema automotor. Los talleres que cumplan requisitos de infraestructura, equipamiento y dirección técnica podrán sumar una fuente adicional de ingresos vinculada a las inspecciones obligatorias.

La normativa exige que cada establecimiento cuente con un director técnico, equipamiento específico y sistemas compatibles con la futura base de datos nacional que centralizará la información de las revisiones.

Para concesionarias oficiales e importadores, la reforma también abre la posibilidad de integrar servicios de mantenimiento, reparación y certificación técnica dentro de una misma estructura comercial.

La principal discusión que abre la reforma no está vinculada con la desregulación económica sino con el control técnico.

El nuevo sistema descansa sobre un modelo de auditorías posteriores realizadas por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), mientras que la Agencia Nacional de Seguridad Vial deberá adecuar sus procedimientos al nuevo esquema.

El riesgo señalado por especialistas en seguridad vial es que una expansión acelerada de prestadores genere diferencias de criterios o inspecciones de menor rigurosidad.

Por esa razón, la resolución ordena desarrollar una base informática nacional que concentre toda la información de las revisiones realizadas, permitiendo seguimiento, trazabilidad y control de certificados emitidos por los talleres habilitados.

La reforma representa uno de los cambios más profundos en el sistema de revisión vehicular de las últimas décadas. El éxito de la medida dependerá menos de la apertura del mercado y más de la capacidad estatal para auditar miles de inspecciones realizadas por actores privados distribuidos en todo el país.

Para Misiones, el potencial beneficio es concreto: más oferta de servicios, menores costos de cumplimiento regulatorio y nuevas oportunidades de negocio para talleres locales. El interrogante de mediano plazo será si la mayor competencia logra traducirse en menores costos para transportistas y automovilistas sin deteriorar los estándares de seguridad vial que justifican la existencia misma de la RTO.

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