transporte ferroviario

El Gobierno evalúa reactivar el Tren Norpatagónico para potenciar Vaca Muerta y reducir costos logísticos

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La recuperación de la infraestructura ferroviaria vuelve a ganar espacio en la agenda económica nacional. Después de años de paralización, el Gobierno nacional analiza reactivar el proyecto del Tren Norpatagónico, una obra estratégica para acompañar el crecimiento de Vaca Muerta mediante un corredor logístico capaz de reducir costos, mejorar la eficiencia del transporte de cargas y aliviar la presión sobre las rutas patagónicas.

La iniciativa, actualmente en estado de suspensión, busca transformar la conexión ferroviaria entre Bahía Blanca y Añelo, el principal centro operativo de la formación de hidrocarburos no convencionales más importante del país. El proyecto contempla intervenir un total de 665 kilómetros de infraestructura ferroviaria y demandaría un plazo estimado de ejecución de cuatro años.

El avance de Vaca Muerta modificó la escala de las necesidades logísticas de la industria energética. El incremento sostenido de la producción de petróleo y gas exige transportar cada vez mayores volúmenes de arena para fractura, tubos, maquinaria pesada, insumos industriales y combustibles, una tarea que hoy depende casi exclusivamente del transporte por camión.

La propuesta apunta precisamente a diversificar esa logística mediante un sistema ferroviario de cargas con mayor capacidad y menores costos operativos, mejorando además la previsibilidad del abastecimiento para una actividad que se convirtió en uno de los principales motores de generación de divisas del país.

Según la documentación técnica evaluada por el Gobierno, el proyecto prevé el mejoramiento de 374 kilómetros de vías existentes sobre el corredor que une Bahía Blanca con Río Negro y Neuquén. A ello se suma la renovación integral de otros 208 kilómetros correspondientes a los sectores más deteriorados del histórico ramal ferroviario.

La intervención también incorpora uno de los componentes más relevantes desde el punto de vista estratégico: la construcción de 83 kilómetros de vías completamente nuevas entre Contraalmirante Cordero y Añelo. Ese desvío permitirá conectar directamente con el corazón operativo de Vaca Muerta, evitando atravesar áreas urbanas y optimizando la circulación de trenes de carga.

En conjunto, las obras permitirían recuperar un corredor ferroviario pensado para responder a las exigencias de una industria energética en plena expansión. La posibilidad de transportar mayores volúmenes mediante ferrocarril reduciría significativamente la circulación de camiones, disminuyendo costos logísticos, tiempos de traslado, consumo de combustible y desgaste de la infraestructura vial.

El impacto potencial trasciende al sector energético. Bahía Blanca constituye uno de los principales nodos portuarios del país y la consolidación de un corredor ferroviario eficiente fortalecería la salida de la producción hacia los mercados internacionales, mejorando la competitividad exportadora de Vaca Muerta.

En un contexto en el que la energía se perfila como uno de los grandes generadores de dólares para la economía argentina, la logística aparece como un factor decisivo para sostener el crecimiento. Distintos informes económicos coinciden en que la expansión de la producción requiere inversiones complementarias en oleoductos, gasoductos, infraestructura portuaria y sistemas ferroviarios capaces de acompañar el aumento de la actividad.

La eventual reactivación del Tren Norpatagónico se inscribe precisamente en esa lógica: convertir la infraestructura en una herramienta para reducir costos estructurales y aumentar la productividad de toda la cadena energética.

Más allá del beneficio directo para Vaca Muerta, el proyecto también abre una oportunidad para recuperar un activo ferroviario largamente relegado. La modernización del corredor permitiría fortalecer el transporte de cargas en una región con creciente actividad económica, generando condiciones para futuras inversiones industriales y mejorando la integración logística entre el interior productivo y los principales puertos del país.

El desafío ahora pasa por transformar la evaluación técnica en una decisión de inversión. Si finalmente se reactiva, el Tren Norpatagónico podría convertirse en una de las obras de infraestructura más relevantes para acompañar la próxima etapa de crecimiento de Vaca Muerta, consolidando un esquema logístico más eficiente y competitivo para una actividad que hoy ocupa un lugar central en la estrategia económica argentina.

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El Gobierno reabre beneficios aduaneros y apunta a sostener la emergencia ferroviaria con un decreto clave

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El Gobierno nacional formalizó el 30 de abril el Decreto 312/2026, una decisión que reintroduce exenciones impositivas para importaciones ferroviarias en un punto sensible: la continuidad operativa del sistema en plena emergencia sectorial. La norma apunta directamente a tres empresas estatales —BELGRANO CARGAS Y LOGÍSTICA S.A., OPERADORA FERROVIARIA S.A. y ADMINISTRACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS S.A.— y habilita la eximición de derechos de importación y tasas aduaneras para mercaderías adquiridas hasta el 31 de diciembre de 2025.

El dato no es menor: el beneficio había vencido con el cambio de año y su caída alteró la ecuación económica de contratos ya firmados. La decisión de restituirlo expone una tensión implícita en la política económica: cómo sostener un discurso de orden fiscal mientras se reabre una ventana de alivio tributario en sectores considerados estratégicos. ¿Se trata de una excepción puntual o de una señal más amplia hacia sectores productivos?

Emergencia, contratos y costos: el trasfondo institucional

El decreto se inscribe en la emergencia pública en materia ferroviaria declarada en 2024 y prorrogada hasta el 14 de junio de 2028. Ese marco habilita al Poder Ejecutivo a adoptar medidas extraordinarias para acelerar inversiones en infraestructura, material rodante y sistemas de seguridad.

Las tres empresas beneficiadas tienen un rol operativo central: gestionan tanto el transporte de cargas como de pasajeros y la infraestructura ferroviaria. Según el texto oficial, enfrentaban un problema concreto: habían realizado compras en el exterior bajo un esquema de exenciones vigente, pero las mercaderías no lograron ser embarcadas antes del 31 de diciembre de 2025, fecha límite del beneficio.

Ese descalce temporal generó un impacto directo en los costos. La normativa reconoce que los compromisos contractuales fueron asumidos bajo determinadas condiciones fiscales que luego cambiaron. La consecuencia era previsible: encarecimiento de importaciones críticas, riesgo de interrupción de proyectos y potencial demora en la recuperación del sistema ferroviario.

La respuesta del Ejecutivo fue técnica pero con implicancias políticas claras: utilizar las facultades del Código Aduanero para reestablecer exenciones específicas, condicionadas a que los bienes se destinen exclusivamente a proyectos de inversión ferroviaria y siempre que la industria nacional no pueda proveerlos.

Quién gana y quién queda condicionado

La medida fortalece, en primer lugar, la capacidad operativa de las empresas ferroviarias estatales, que recuperan previsibilidad en sus estructuras de costos y pueden avanzar con inversiones ya planificadas. También consolida el rol de la Secretaría de Transporte como articulador del “Plan de Acción” vigente desde 2024, que ordena las obras y contrataciones del sector.

En términos más amplios, el decreto revalida la lógica de intervención selectiva del Estado: se alivian cargas tributarias en sectores considerados críticos para la infraestructura y la logística, en un contexto donde la competitividad de las economías regionales aparece como argumento central.

Pero la decisión también introduce condicionamientos. Las exenciones no son abiertas ni generalizadas: aplican a operaciones específicas, con órdenes de compra emitidas hasta una fecha determinada y bajo estrictas condiciones de destino. Además, el decreto deberá pasar por la Comisión Bicameral del Congreso, lo que abre una instancia de control político sobre la medida.

En paralelo, queda planteada una señal hacia otros sectores: la posibilidad de reabrir beneficios vencidos no parece automática ni replicable, sino sujeta a la capacidad de cada área de demostrar impacto estratégico y urgencia operativa.

Un movimiento táctico en una agenda más amplia

El decreto 312/2026 no redefine la política ferroviaria, pero evita un punto de ruptura. Funciona como una corrección quirúrgica sobre un problema concreto: el riesgo de paralización de inversiones por un cambio en las condiciones fiscales.

Hacia adelante, el foco estará en la ejecución. La norma exige que las mercaderías importadas se destinen exclusivamente a los proyectos declarados, lo que implica un seguimiento operativo y administrativo que todavía debe materializarse.

También quedará bajo observación la dinámica de la emergencia ferroviaria: si las condiciones que justificaron estas exenciones persisten o si el Gobierno avanza hacia un esquema más estructural de financiamiento e incentivos.

Por ahora, la decisión marca un equilibrio inestable: ajuste fiscal en términos generales, pero flexibilidad en sectores donde la inacción podría tener costos mayores. La clave estará en si este tipo de excepciones se mantienen como herramientas puntuales o empiezan a delinear un patrón más amplio.

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Privatización ferroviaria: lo recaudado por el Belgrano Cargas se destinará a obras de infraestructura

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El Gobierno nacional avanzó el 27 de abril con el Decreto 282/2026, una pieza técnica con implicancias políticas de fondo en el proceso de privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. La decisión, firmada en la Ciudad de Buenos Aires, establece que los ingresos por la venta del material rodante —incluso aquel que se incluya dentro de las futuras concesiones ferroviarias— deberán canalizarse hacia un fideicomiso destinado a financiar obras sobre las vías. El dato no es menor: redefine el flujo de fondos de una de las privatizaciones más relevantes en marcha y plantea una pregunta de fondo sobre el esquema elegido por el Ejecutivo: ¿se trata de una reorganización técnica o de un rediseño integral del modelo ferroviario con lógica de mercado?

La medida se inscribe en el proceso habilitado por la Ley 27.742, que declaró sujeta a privatización a la empresa estatal, y se articula con el Decreto 67/2025, que definió una desintegración vertical del sistema: venta de material rodante, concesión de vías y apertura a operadores.

De la venta de activos al financiamiento de la red

El núcleo del decreto apunta a ordenar el destino de los recursos generados por la privatización. Hasta ahora, el esquema contemplaba que el producido del remate del material rodante se destinara a un fideicomiso para financiar obras ferroviarias. La novedad es que el Gobierno extiende esa lógica también a los bienes que no se vendan por separado, sino que se integren en los contratos de concesión.

En términos concretos, cualquier ingreso derivado de la venta de locomotoras, vagones u otros activos —ya sea por remate o dentro de licitaciones— deberá ingresar al fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, administrado en el marco del Sistema de Infraestructura de Transporte. Ese fondo tiene como finalidad sostener inversiones en la red ferroviaria y vial.

La decisión no es meramente contable. Introduce una lógica de autofinanciamiento del sistema: los activos del Estado se transforman en recursos para sostener la infraestructura que luego será operada por privados. A su vez, el Ministerio de Economía queda facultado para fijar el precio de venta del material rodante, tomando como piso la tasación del Tribunal de Tasaciones de la Nación, lo que busca evitar subvaluaciones en un proceso sensible.

Además, la Secretaría de Transporte deberá identificar qué material rodante será incluido en los pliegos de concesión de las líneas General Belgrano, General San Martín y General Urquiza, consolidando el esquema de integración entre activos y operación.

Equilibrio económico y señales al mercado

El decreto introduce un elemento clave en la ecuación económica de las futuras concesiones: permitir que parte del material rodante se incluya en los contratos busca mejorar la viabilidad financiera de los proyectos, especialmente en una etapa inicial donde el modelo de acceso abierto aún debe consolidarse.

Ese punto revela una señal política hacia los potenciales operadores: el Gobierno intenta hacer más atractivas las concesiones, ofreciendo no solo la explotación de la infraestructura, sino también fuentes adicionales de ingresos. En paralelo, asegura que esos ingresos no se diluyan en el Tesoro, sino que regresen al sistema ferroviario en forma de inversión.

Desde el punto de vista institucional, la medida refuerza el rol del Ministerio de Economía como autoridad central del proceso, tanto en su carácter de fiduciante de los fondos como en la definición operativa de las privatizaciones. La centralización de decisiones aparece como un rasgo consistente con el esquema general adoptado en otras áreas.

Un movimiento dentro de una estrategia más amplia

El decreto ordena una pieza clave del engranaje. Funciona como un ajuste fino dentro de un proceso mayor: la fragmentación de Belgrano Cargas en unidades de negocio y su posterior transferencia al sector privado.

En ese contexto, lo que se juega no es solo la venta de activos, sino el diseño de un modelo ferroviario distinto. La combinación de concesiones, acceso abierto y financiamiento vía fideicomisos marca un cambio respecto de esquemas anteriores más integrados.

Quedan, sin embargo, variables abiertas. La tasación final del material rodante, el interés real en las licitaciones internacionales y la capacidad de ejecución de obras con los fondos generados serán indicadores clave en las próximas semanas. También lo será la respuesta del sistema frente a un modelo que combina desregulación operativa con planificación financiera centralizada.

El Gobierno avanza. Pero el equilibrio entre atractivo para inversores, sostenibilidad del sistema y control estatal todavía está en construcción.

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Eliminan normas de seguridad ferroviaria de 2013 y redefinen el esquema operativo del sistema

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El Gobierno avanzó el 14 de abril de 2026 con una decisión de alto impacto operativo y político: mediante la Resolución 23/2026, la Secretaría de Transporte derogó la normativa de 2013 que imponía restricciones estrictas de seguridad en el ingreso de trenes a estaciones terminales. La medida, firmada en el marco de la emergencia ferroviaria vigente, elimina obligaciones como la reducción de velocidad a 5 km/h en los últimos 20 metros y la presencia del jefe de tren en cabina en el tramo final.

El movimiento no es menor. Se trata de una norma nacida tras los accidentes de 2012 y 2013, que había estructurado durante más de una década un esquema de control reforzado sobre el factor humano. Su eliminación abre una pregunta inevitable: ¿el Gobierno consolida una modernización tecnológica o asume un riesgo político al flexibilizar estándares asociados a la seguridad?

De la lógica preventiva al control tecnológico

La resolución se inscribe en un proceso más amplio de revisión normativa impulsado desde el decreto 70/2023 y profundizado bajo la emergencia ferroviaria declarada en 2024, con vigencia prorrogada. En ese marco, el sistema ferroviario quedó sujeto a una auditoría integral de sus reglas operativas, de mantenimiento y seguridad.

El argumento central del Ejecutivo es que las condiciones que justificaron la norma de 2013 fueron “sustancialmente superadas”. La clave de ese cambio es tecnológica: la implementación del sistema ATS (Automatic Train Stop), que permite controlar la velocidad de las formaciones y activar el frenado automático ante incumplimientos.

Según los informes técnicos citados en la resolución —provenientes de la Operadora Ferroviaria, la Administración de Infraestructuras Ferroviarias y organismos técnicos—, ese sistema logró mitigar los riesgos asociados a errores humanos, que habían sido el eje de la regulación original.

En paralelo, el Estado también avanzó en la estandarización de los controles psicofísicos y de capacitación del personal ferroviario. La creación de un régimen unificado de habilitación, con exigencia de certificados psicofísicos vigentes, aparece como otro pilar del nuevo esquema.

El resultado es un cambio conceptual: se pasa de un modelo basado en restricciones operativas rígidas a uno apoyado en tecnología, procedimientos y autonomía de los operadores.

Más margen para operadores, menos regulación central

La resolución no solo elimina una norma. Redefine el equilibrio entre regulación estatal y responsabilidad operativa.

A partir de ahora, serán los propios operadores ferroviarios y administradores de infraestructura quienes podrán definir medidas de seguridad “transitorias” si lo consideran necesario. Es decir, el Estado deja de imponer reglas uniformes y traslada la gestión del riesgo a cada actor del sistema.

Este corrimiento tiene implicancias directas. Por un lado, fortalece la lógica de desregulación que impulsa el Gobierno en distintos sectores. Por otro, introduce una mayor heterogeneidad potencial en los estándares operativos, dependiendo de cada línea o concesionario.

En términos políticos, la decisión también dialoga con la narrativa oficial de reducción de “normas obsoletas” y simplificación del Estado. Pero lo hace en un área particularmente sensible: la seguridad del transporte público.

Señal hacia el sistema

Dentro del sistema ferroviario, la medida se apoya en avales técnicos de organismos clave y en la posición de la Operadora Ferroviaria, que había solicitado explícitamente la derogación. Esto sugiere una alineación entre el criterio político y las áreas operativas.

Al mismo tiempo, el desplazamiento del esquema anterior puede reconfigurar el rol de los organismos de control, como la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasa a supervisar un sistema con mayor discrecionalidad operativa.

En el plano más amplio, la resolución se inscribe en la estrategia del Gobierno de avanzar por vía administrativa en reformas estructurales, sin pasar necesariamente por el Congreso. Aunque no se trata de un DNU, el contexto de emergencia habilita este tipo de decisiones con impacto profundo.

Monitoreo, riesgos y margen político

El cambio abre un escenario en desarrollo. La eficacia del nuevo esquema dependerá de dos variables: el funcionamiento real del sistema ATS y la capacidad de los operadores para gestionar riesgos sin un marco uniforme obligatorio.

En las próximas semanas, el foco estará en cómo se implementan estas facultades descentralizadas y si surgen diferencias entre líneas o regiones. También en la capacidad del Estado para auditar sin intervenir directamente en la operación.

El trasfondo es más amplio. La política ferroviaria se convierte en un laboratorio del enfoque regulatorio del Gobierno: menos reglas generales, más responsabilidad distribuida y confianza en la tecnología.

El equilibrio entre eficiencia y seguridad —siempre delicado— vuelve al centro de la escena. Y esta vez, con menos red normativa y más margen operativo.

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El Gobierno prorrogó la continuidad de Ferrovías en la Línea Belgrano Norte

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La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía dispuso extender hasta el 30 de junio de 2027 la continuidad en la explotación de los Servicios Ferroviarios de Pasajeros de la Línea Belgrano Norte a cargo de Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria, o hasta tanto se adjudiquen los servicios en el marco de la licitación pública vigente, lo que ocurra primero. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 90/2025, firmada el 22 de diciembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre, y apunta a garantizar la regularidad, continuidad, obligatoriedad e igualdad del servicio en un contexto de transición institucional del sistema ferroviario.

La medida se inscribe en el proceso de reordenamiento ferroviario definido por la Ley 27.132, en un escenario atravesado por la emergencia pública ferroviaria y por la redefinición del esquema concesional de las líneas metropolitanas bajo jurisdicción nacional.


Un contrato histórico, prórrogas sucesivas y un nuevo marco ferroviario

La concesión de la Línea Belgrano Norte fue aprobada originalmente por el Decreto 430/1994, mediante el cual el entonces Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos suscribió el contrato con Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria. Posteriormente, el acuerdo fue modificado por el Decreto 1417/1999 y complementado por un acta acuerdo aprobada por el Decreto 167/2001.

El plazo contractual se fijó en 24 años desde la toma de posesión, con posibilidad de prórrogas sucesivas de 10 años. Sin embargo, la sanción de la Ley 26.352 y, posteriormente, de la Ley 27.132, modificó sustancialmente el esquema ferroviario argentino. Esta última declaró de interés público nacional la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y cargas y estableció principios rectores como la administración estatal de la infraestructura, la participación pública y privada en la operación y la protección de los derechos de los usuarios.

En ese marco, la Resolución 1339/2017 del entonces Ministerio de Transporte rechazó la prórroga contractual solicitada por Ferrovías y dispuso la continuidad transitoria del servicio por 18 meses, conforme lo previsto en el artículo 19 del contrato de concesión. Ese plazo fue extendido en reiteradas oportunidades por las resoluciones 359/2019, 77/2020, 188/2023 y 999/2024 del Ministerio de Economía. La última extensión previa había sido otorgada por 60 días, mediante la Resolución 63/2025 de la Secretaría de Transporte.

Licitación en curso y suspensión de la adecuación contractual

En paralelo, el Estado Nacional avanzó con un proceso de licitación integral. A través del Decreto 423/2019, se llamó a Licitación Pública Nacional e Internacional para otorgar la concesión de las líneas General Urquiza y Belgrano Norte, proceso que fue reformulado por el Decreto 170/2023, que migró de un modelo de concesión integral a uno centrado en operación y mantenimiento.

La Resolución 90/2025 detalla que Ferrovías solicitó una prórroga del plazo establecido por la Resolución 999/2024 con el objetivo de concluir y elevar una propuesta de adecuación contractual, en los términos del artículo 3° de la Ley 27.132 y del Decreto 1027/2018, modificado por el Decreto 478/2025, que delega en la Secretaría de Transporte la facultad de revisar los contratos vigentes, incluyendo eventuales extensiones de hasta 10 años.

La empresa presentó formalmente su propuesta el 28 de octubre de 2025, pero tras el análisis técnico y jurídico correspondiente, la Secretaría de Transporte resolvió no avanzar en esta instancia con la adecuación contractual, priorizando la consistencia con el marco normativo vigente y la continuidad de los procesos licitatorios en curso.

Por ese motivo, el Gobierno optó por extender administrativamente la continuidad operativa hasta el 30 de junio de 2027, o hasta la adjudicación de la licitación, lo que ocurra primero.

Impacto institucional y reglas de salida para el concesionario

La resolución establece además que, si la adjudicación del proceso licitatorio se produce antes del vencimiento del plazo, la prestación a cargo de Ferrovías finalizará con la toma de posesión del nuevo concesionario, “sin derecho a reclamo alguno por este concepto”, debiendo la empresa colaborar y facilitar el cambio de operador del servicio. Esta cláusula fija con claridad las condiciones de transición y reduce la incertidumbre jurídica en la etapa final de la concesión.

La medida se dicta en un contexto de emergencia pública ferroviaria, declarada por el DNU 525/2024 y reglamentada por el Decreto 526/2024, que abarca tanto la infraestructura como la operación de los servicios ferroviarios de pasajeros y cargas. No obstante, la resolución aclara que dicha emergencia no altera los efectos de los contratos de concesión vigentes ni subroga las obligaciones y responsabilidades de los operadores privados.

Desde el punto de vista institucional, la decisión refuerza el rol de la Secretaría de Transporte como autoridad delegada para administrar la transición del sistema ferroviario, con intervención de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIF).

Continuidad del servicio y definición pendiente

La extensión hasta 2027 garantiza previsibilidad operativa para la Línea Belgrano Norte, uno de los corredores ferroviarios metropolitanos más relevantes, pero también pone de relieve la demora en la definición del esquema concesional definitivo. Mientras se completa el proceso licitatorio iniciado en 2019 y reformulado en 2023, el Estado prioriza asegurar la continuidad del servicio público bajo un régimen transitorio.

La resolución, firmada por el secretario de Transporte, Luis Octavio Pierrini, entra en vigencia a partir de su suscripción y se suma a una serie de decisiones que delinean la hoja de ruta del Gobierno en materia de política ferroviaria y reorganización del transporte público.

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