Transporte

Avanzan con la privatización de rutas nacionales: abren las ofertas económicas de la Etapa III, que incluye a Misiones

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El Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de concesión de la infraestructura vial al abrir este miércoles las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un esquema que prevé incorporar capital privado para la operación, mantenimiento y modernización de más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales distribuidas en once provincias, entre ellas Misiones.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que esta etapa forma parte del plan para concesionar más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos, por donde circula cerca del 80% del tránsito nacional. El objetivo oficial es reemplazar el financiamiento estatal de estas obras por inversión privada, bajo un modelo de concesión que busca mejorar la infraestructura vial y reducir los costos logísticos para la producción.

Para Misiones, el proceso adquiere especial relevancia porque la provincia integra dos de los corredores licitados. Por un lado, el Tramo Mesopotámico, que comprende 276 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 18, y por otro el Tramo Noreste, con 456 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 105, dos ejes fundamentales para la conectividad provincial y el comercio con Paraguay y Brasil.

La Ruta Nacional 12 constituye el principal corredor logístico de Misiones. Conecta la provincia con Corrientes y el resto del país, además de vincular ciudades estratégicas como Posadas, Jardín América, Eldorado, Puerto Esperanza e Iguazú. La Ruta Nacional 105, en tanto, funciona como uno de los principales accesos al área metropolitana de Posadas y canaliza buena parte del tránsito de cargas provenientes del sur provincial.

La Etapa III también incluye otros seis corredores distribuidos en distintas regiones del país. El Tramo Centro comprende 681 kilómetros sobre las rutas nacionales 9, 19 y 34; el Centro Norte abarca 536 kilómetros de la Ruta Nacional 34; el Noroeste suma 596 kilómetros sobre las rutas 9, 34, 66, 1V66 y A-016; el Litoral comprende 547 kilómetros de las rutas nacionales 12 y 16; el corredor Chaco-Santa Fe cubre 497 kilómetros de la Ruta Nacional 11; mientras que el Tramo Cuyo incorpora 329 kilómetros de la Ruta Nacional 7.

Según explicó Caputo en sus redes sociales, la apertura de las ofertas económicas representa un nuevo avance del proceso licitatorio y permitirá continuar con la evaluación para adjudicar cada uno de los corredores.

“Se realizó la apertura de las ofertas económicas de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, un nuevo avance del proceso licitatorio para concesionar más de 3.900 kilómetros de rutas nacionales mediante inversión 100 % privada”, señaló el ministro.

El funcionario sostuvo además que estos corredores son “fundamentales para la producción, el comercio, el turismo y la integración regional”, al tiempo que reafirmó la estrategia oficial de avanzar hacia un esquema donde el mantenimiento y desarrollo de la red vial quede en manos de operadores privados.

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación del sistema de infraestructura impulsado por el Gobierno nacional, que busca reemplazar el modelo tradicional de obra pública financiada con recursos del Estado por concesiones de largo plazo. En este esquema, las empresas adjudicatarias asumirán las inversiones necesarias para mantener, reparar y ampliar las rutas, recuperando esos desembolsos a través de la explotación de los corredores concesionados.

Para Misiones, donde la competitividad de sectores como la forestoindustria, la yerba mate, el té, el turismo y el comercio internacional depende en gran medida de la calidad de la infraestructura vial, la modernización de estos corredores aparece como un factor clave para reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad y fortalecer la integración logística con el Mercosur. El desafío, sin embargo, será que las futuras concesiones logren equilibrar inversiones, calidad del servicio y costos para los usuarios, en un contexto donde el transporte terrestre continúa siendo uno de los principales motores de la economía regional.

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Vialidad centraliza la aprobación de permisos sobre rutas nacionales y endurece los requisitos para obras de terceros

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La Dirección Nacional de Vialidad avanzó en una profunda reorganización del régimen que regula las intervenciones de terceros sobre la Red Vial Nacional. Mediante la Resolución 908/2026, el organismo eliminó el esquema de autorizaciones descentralizadas vigente desde hace más de tres décadas y concentró en la Administración General la facultad exclusiva para aprobar y firmar los Permisos Precarios de Uso de la Zona de Camino (PPUSO), un cambio que busca homogeneizar criterios técnicos, fortalecer los controles y reducir la dispersión administrativa.

La medida representa una modificación estructural en la gestión de las autorizaciones para obras e instalaciones que se desarrollan dentro de la denominada “zona de camino”, el espacio bajo jurisdicción de Vialidad Nacional donde empresas de servicios públicos, operadores de telecomunicaciones, municipios y otros actores ejecutan tendidos, cruces, ductos, accesos, redes e infraestructura complementaria.

Hasta ahora, esa facultad se encontraba delegada en los jefes de los distritos jurisdiccionales, bajo un esquema instaurado por la Resolución 1348/93. Sin embargo, el organismo consideró que la evolución normativa, la digitalización de los expedientes mediante Gestión Documental Electrónica (GDE) y la nueva estructura organizativa aprobada en 2026 justifican reemplazar ese modelo por uno centralizado.

La resolución deja sin efecto el antiguo procedimiento, deroga normas que regían desde 1959 y 1993 y aprueba un nuevo circuito administrativo que incorpora estándares uniformes para todo el país. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de los expedientes, unificar los criterios jurídicos y técnicos y reducir las diferencias de interpretación entre los distintos distritos.

Uno de los cambios de mayor impacto para empresas constructoras, prestadoras de servicios públicos y concesionarias es el endurecimiento de las condiciones para obtener los permisos. A partir de ahora, antes de la firma del PPUSO será obligatorio acreditar una póliza de caución equivalente al 10% del presupuesto oficial de la obra, salvo determinadas excepciones previstas para proyectos de menor complejidad. También será requisito contratar un seguro de responsabilidad civil con montos mínimos que serán actualizados periódicamente por la Coordinación Técnica de Distritos.

La normativa establece además que ninguna obra podrá comenzar sin la firma previa del permiso correspondiente. Los distritos de Vialidad ya no podrán autorizar el inicio de trabajos hasta que el documento haya sido aprobado por la Administración General, lo que introduce un control previo más estricto sobre las intervenciones en rutas nacionales.

En paralelo, el organismo aprobó una batería de nuevos modelos normalizados de permisos, cláusulas contractuales, normas técnicas, modelos de resolución y formularios administrativos que serán de uso obligatorio en todas las jurisdicciones. El propósito es eliminar diferencias documentales entre distritos y garantizar mayor seguridad jurídica tanto para el Estado como para los privados que desarrollan obras sobre la infraestructura vial nacional.

Desde el punto de vista institucional, la reforma también fortalece el rol de la Gerencia Ejecutiva de Gestión Institucional y de la División Uso de Zona de Camino, que concentrarán la revisión técnica y administrativa de cada solicitud antes de su aprobación definitiva. La Subgerencia de Gestión Documental, por su parte, tendrá a cargo la implementación del nuevo procedimiento y la optimización de los circuitos internos.

La decisión se inscribe en el proceso de reorganización administrativa que atraviesa Vialidad Nacional tras su incorporación a la órbita del Ministerio de Economía y la redefinición de competencias impulsada por el Gobierno nacional. El nuevo esquema busca reforzar los mecanismos de control sobre un activo estratégico como la Red Vial Nacional, donde las intervenciones de terceros requieren coordinación permanente para preservar la seguridad vial, proteger el patrimonio público y minimizar interferencias con la circulación.

En términos económicos, la centralización apunta a generar mayor previsibilidad para futuros proyectos de infraestructura, aunque también implica un proceso de aprobación más concentrado que podría incrementar la exigencia técnica y documental para las empresas que requieran ejecutar obras dentro de la zona de camino. Para el Ejecutivo, la estandarización de procedimientos constituye una herramienta para mejorar la gobernanza de la infraestructura vial y reducir riesgos administrativos en un sector clave para la logística y la competitividad del aparato productivo argentino.

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Cabify facturó u$s 950 millones en 2025 y acelera su plan de inversión tecnológica y sustentable en la región

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 En el marco de su 15° aniversario global y cumpliendo 10 años de operación en Argentina, Cabify presentó los resultados financieros y de impacto ambiental de su último ejercicio económico, consolidando su modelo de negocio en los 6 países donde opera. 

La plataforma de movilidad cerró el año con una facturación de 950 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 10,7% interanual, y un beneficio bruto de u$s 141,4 millones. Asimismo, la compañía ratificó su consistencia financiera al mantener un EBITDA de u$s 31 millones, logrando rentabilidad operativa en todos los mercados.

Ante estos resultados, Juan de Antonio, presidente ejecutivo de Cabify, explica: “En el último año hemos impulsado un crecimiento sostenible, trabajando para que la rentabilidad y el servicio diferencial se encuentren en cada ciudad. La confianza de nuestros pasajeros, conductores colaboradores, clientes corporativos y de toda nuestra cadena de valor es la mejor evidencia de que en el centro de nuestras decisiones está la ambición de mejorar las ciudades, trayecto a trayecto. Seguiremos invirtiendo en una movilidad más eficiente, sostenible y accesible, apostando por la calidad y la competitividad en cada uno de los 6 mercados en los que operamos, creciendo localmente con el equipo que ha hecho posible este impacto”.

Innovación, descarbonización e inclusión

El ejercicio 2025 marcó el cierre de la anterior Estrategia de Negocio Sostenible 22-25, alcanzando hitos auditados y verificados bajo estándares de máxima exigencia internacional. La innovación tecnológica es el pilar de estos resultados: Cabify reportó una inversión en I+D+i de u$s 26,5 millones durante el último año (u$s 93 millones entre 2022 y 2025), destinada al desarrollo de soluciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia de la app en Argentina y la región. 

En términos de triple impacto, el balance de la compañía muestra datos claves:

  • Movilidad eléctrica en alza: Uno de los ejes prioritarios para Cabify es la reducción del impacto ambiental a través de la innovación tecnológica y el apoyo a la descarbonización de la industria. Gracias a la colaboración de todos los sectores implicados, en 2025 el número de kilómetros recorridos en vehículos 0 emisiones ha crecido un 122% en América Latina. Además, a nivel global, se redujeron 5.497 toneladas de CO2e.
  • Inclusión y empleo: En los últimos 4 años, Cabify ha ido impulsando diferentes iniciativas de impacto social que contribuyeron a impulsar la inclusión de colectivos vulnerables, la reducción de la brecha de género en el sector o la mejora de la accesibilidad. En total, 280.000 personas pertenecientes a colectivos vulnerables generaron ingresos colaborando como conductores a través de la app. Asimismo, en 2025 se registró un incremento del 20% en el número de mujeres conductoras y más de 685.000 personas utilizaron las funciones de accesibilidad de la plataforma.

Impacto económico local y hoja de ruta 2026-2029

Cabify asume su compromiso fiscal y legal: opera con sociedades locales en todos los países donde tiene presencia, pagando los impuestos correspondientes en cada jurisdicción donde genera actividad.

Según un estudio realizado junto a Dinamo, consultora catalana especializada en impacto, el aporte total de Cabify en la economía global es de 1.533 millones de dólares. Asimismo, el análisis demostró que las iniciativas de triple impacto (seguridad, inclusión y descarbonización) aportan un valor de 19,9 millones al EBITDA de la empresa.

Con la mirada puesta en el futuro, Cabify activó su nuevo Plan ESG “Movernos juntos para mover el mundo” (2026-2029), que guiará los próximos pasos de la compañía en la transformación de las ciudades de la región hacia modelos más limpios, eficientes y seguros.

La compañía defiende que transformar un sector consiste en hacerlo juntos, traduciendo la ambición en acción. Para seguir comunicando este mensaje de proactividad, Cabify da visibilidad en su página web “Movernos juntos para mover el mundo” de los hitos y los proyectos inspiradores logrados por sus aliados, proveedores y clientes. 

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Nueva empresa misionera se hará cargo del transporte urbano de Alem mientras avanza la licitación

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La Municipalidad de Leandro N. Alem confirmó que una empresa misionera manifestó formalmente su interés en operar el servicio de transporte urbano de pasajeros y comenzará a prestar el servicio a partir del próximo 4 de junio, en el marco de un acuerdo transitorio alcanzado con el Ejecutivo local.

El anuncio fue realizado por el intendente Matías Sebely a través de una transmisión en vivo en las redes oficiales del municipio. La incorporación de un nuevo operador privado llega en un contexto complejo para el sistema de movilidad urbana, luego de que la anterior prestataria decidiera no continuar con la actividad y el municipio debiera asumir temporalmente la operación para garantizar la continuidad del servicio.

“Recibimos con expectativa este nuevo acuerdo firmado en horas del mediodía con una empresa del sector, que conoce la realidad del transporte en nuestra provincia y que está dispuesta a apostar por Leandro N. Alem”, señaló Sebely.

Según explicó el jefe comunal, la empresa presentó una propuesta concreta para iniciar sus operaciones. Como condición, solicitó acceder al mismo beneficio extraordinario que el municipio había otorgado durante abril y mayo a la Empresa Rota: un aporte equivalente a 3.500 litros de gasoil destinado a cubrir parte de los costos operativos, especialmente los vinculados al combustible.

La asistencia tendrá carácter transitorio y permitirá que la nueva operadora evalúe la viabilidad económica del servicio, además de adecuar su estructura operativa a las particularidades del sistema urbano de Alem.

“Entendemos que el transporte público es un servicio esencial que requiere un equilibrio entre la calidad para los usuarios y la sustentabilidad económica para quien lo opera. Por eso consideramos razonable otorgar este período de transición con las mismas condiciones que tuvimos con el prestador anterior”, explicó Sebely.

Avanza el proceso de licitación

El intendente remarcó que el acuerdo tiene un carácter excepcional y temporal, ya que continúa en marcha el procedimiento administrativo para la futura concesión del servicio mediante licitación pública.

Actualmente, el municipio trabaja en la elaboración del marco normativo que permitirá adjudicar la operación de una o más empresas sobre las cinco líneas que integran el sistema urbano de transporte de pasajeros.

El proyecto ya tuvo una primera lectura en el Honorable Concejo Deliberante y habilitó la convocatoria a una audiencia pública prevista para el próximo 12 de junio. Allí los vecinos podrán presentar observaciones, sugerencias y propuestas vinculadas al futuro esquema de transporte.

Posteriormente, la iniciativa regresará al Concejo para su tratamiento definitivo. Una vez aprobada la ordenanza que establezca los pliegos licitatorios, el Departamento Ejecutivo Municipal publicará los edictos correspondientes y abrirá el período para la adquisición de pliegos y presentación de ofertas.

Cumplidos esos plazos, una comisión técnica evaluará las propuestas recibidas para determinar cuál reúne las mejores condiciones operativas, técnicas y económicas para asumir la concesión.

Un desafío de largo plazo

La llegada de una nueva empresa privada representa un alivio para la gestión municipal, que debió asumir la prestación del servicio en forma directa durante las últimas semanas. Sin embargo, desde el Ejecutivo local reconocen que la sustentabilidad económica del transporte urbano continúa siendo uno de los principales desafíos para el sector.

“El futuro del transporte urbano en Leandro N. Alem se encuentra en un proceso histórico y la posibilidad de contar nuevamente con un operador privado alivia la carga operativa municipal. Pero las condiciones económicas del sector plantean desafíos de largo plazo que requerirán consensos y creatividad para garantizar la movilidad de los vecinos”, reflexionó Sebely.

De este modo, Alem inicia una nueva etapa en la reorganización de su sistema de transporte urbano, con un esquema transitorio que busca asegurar la prestación del servicio mientras se define, mediante licitación pública, el modelo que regirá la movilidad urbana de la ciudad durante los próximos años.

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El Gobierno estira el “ancla” impositiva a los combustibles

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El Palacio de Hacienda acaba de ejecutar una nueva maniobra de microcirugía monetaria sobre la estructura de precios relativos de la energía. Mediante el Decreto 405/2026, publicado hoy en el Boletín Oficial tras la rúbrica del presidente Milei, el ministro Caputo y el jefe de gabinete Adorni, el Ejecutivo nacional dispuso postergar de forma parcial hasta el 1° de julio de 2026 la aplicación de las actualizaciones remanentes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC).

La medida, analizada bajo la lente macroeconómica del Nordeste Argentino (NEA), opera como un respirador artificial temporal para un sector de consumo de alta sensibilidad. Al alterar los plazos fijados previamente en el Decreto 617/2025 y su cadena de prórrogas mensuales subsidiarias, el Gobierno asume el costo de oportunidad fiscal en el corto plazo con un objetivo unívoco: evitar que la inercia del canal de distribución indexe de manera anticipada la tasa de inflación núcleo (core inflation) del mes que inicia.

¿Qué se posterga y por qué?

La arquitectura del esquema impositivo local, regida por la histórica Ley N° 23.966, estipula indexaciones trimestrales basadas en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC. El texto oficial de la norma desnudó el solapamiento de vencimientos que amenazaba el surtidor este mes: el remanente de los períodos fiscales correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. Y el impacto pleno del primer trimestre calendario de 2026.

Al unificar los efectos de estos tres bloques impositivos para los hechos imponibles que se perfeccionen recién a partir del 1° de julio, la administración central busca amortiguar la presión sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. El argumento oficial explicita el delicado equilibrio de la hoja de ruta económica: “Continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Traducido al llano: la recaudación secundaria cede el paso al control del índice de precios.

Para las provincias del NEA —una región caracterizada por la ausencia estructural de redes de gas natural domiciliario de cobertura total y una dependencia absoluta del transporte automotor de cargas—, el precio del gasoil no es una variable marginal, sino el denominador común del costo logístico global.

Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa conviven históricamente con una distorsión de precios en boca de expendio respecto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras el artículo 7° de la Ley 23.966 ratifica exenciones y montos diferenciales fijos para la Patagonia (Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Patagones y Malargüe), el Norte Grande continúa absorbiendo los costos de flete interno desde los nodos de refinado.

El aplazamiento impositivo mitiga de forma transitoria el salto en los costos fijos de las pymes de transporte regionales, pero no neutraliza el sendero de recomposición de márgenes que las petroleras (encabezadas por YPF como market maker) aplican por fuera del componente puramente impositivo, asociadas al precio internacional del barril de crudo (Brent) y la devaluación mensual programada (crawling peg).

Cronología de la contención fiscal

El laberinto administrativo que derivó en la firma de este decreto exhibe una secuencia sistemática de postergaciones durante el último semestre, configurando la principal ancla nominal del programa de estabilización.

Decreto 617/2025 – 28 de Agosto de 2025: Establece la matriz de postergación de los pasivos impositivos hidrocarburíferos devengados.

Decretos de Fin de Año – Septiembre – Diciembre 2025: Tránsito sucesivo mediante los Decretos 699, 782, 840 y 929 para evitar el traslado a góndolas durante el pico de consumo de las fiestas de fin de año.

Batería Normativa 2026 – Enero – Abril 2026: Congelamiento secuencial mes a mes mediante las oficinas de Hacienda (Decretos 74, 116, 217 y 302) bajo monitoreo de ARCA (ex AFIP).

Decreto 405/2026 – 29 de Mayo de 2026: Firma definitiva de la norma actual. Publicación e inicio de vigencia al 1° de junio, fijando el nuevo horizonte de impacto al inicio del segundo semestre.

El interrogante central para los analistas radica en la sostenibilidad de esta estrategia. El diferimiento del cobro de tributos a los combustibles implica una renuncia fiscal líquida e inmediata para las arcas de la Nación y, por derrame de coparticipación, para las provincias del NEA.

Sin embargo, el coeficiente de elasticidad de la demanda de combustibles ha mostrado signos de fatiga ante las actualizaciones previas. En una economía de frontera donde el diferencial de precios con los países vecinos (Paraguay y Brasil) se ha acortado drásticamente, la caída del consumo fronterizo ya eliminó el histórico “colchón” de demanda externa que dinamizaba las estaciones de servicio misioneras.

En conclusión, el Decreto 405/2026 compra tiempo. Otorga 30 días de estabilidad formal a la base imponible del combustible, transfiriendo al mes de julio —pleno período de receso invernal y estacionalidad turística alta— el desafío de calibrar el precio definitivo de la energía sin disparar las expectativas de inflación regional.

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