Transporte

Colectivos en crisis en el AMBA: menos unidades, recortes en el servicio y boleto 1200% más caro

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Las paradas repletas, las largas esperas y los colectivos saturados dejaron de ser una postal excepcional para transformarse en parte de la rutina diaria en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A pocos días de aplicarse un nuevo aumento del 5,4% en el boleto, que llevó la tarifa mínima a $753,74, el sistema de transporte público quedó otra vez bajo presión.

Las cámaras empresariales del sector advirtieron que el servicio está al borde de ser declarado en emergencia. La razón es una combinación explosiva: deuda estatal acumulada, suba persistente de costos operativos, falta de actualización en las compensaciones y una flota cada vez más reducida. Según denunciaron, el Estado mantiene una deuda superior a los $128 mil millones en concepto de subsidios y compensaciones pendientes.

A esto se suma la falta de precisiones por parte de Nación y Provincia sobre cómo se cubrirán los mayores costos derivados del incremento del gasoil y otros insumos esenciales para sostener la operación diaria.

Menos colectivos en circulación

Un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA confirma el deterioro estructural del sistema. En noviembre de 2019 circulaban en el AMBA 19.348 colectivos; en marzo de 2026 esa cifra cayó a 16.989 unidades, lo que implica casi 2.500 micros menos y una reducción cercana al 12%.

La baja no es solo estadística: impacta de manera directa en la frecuencia, en la capacidad de respuesta y en la calidad del servicio. Desde el sector empresario aseguran que durante abril la situación se agravó aún más, cuando se aplicó un recorte del 40% en la circulación como forma de presión ante la falta de respuestas oficiales.

Muchas líneas, según el relevamiento, operan actualmente apenas al 70% de su capacidad habitual.

El boleto subió más de 1200%

Mientras la oferta se achica, el costo para los usuarios se disparó. En poco más de seis años, el boleto de colectivo acumuló un aumento superior al 1200%, incluso en un contexto donde las empresas siguieron recibiendo subsidios, aunque con fuertes recortes y demoras.

El resultado es visible en cada parada: menos frecuencia, mayores tiempos de espera y unidades sobrecargadas, especialmente en horarios pico.

La situación revela una paradoja cada vez más evidente: viajar cuesta mucho más, pero el servicio responde cada vez peor.

Subsidios desordenados y deuda creciente

El informe académico también pone el foco en la compleja estructura de subsidios, repartida entre Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esa superposición de responsabilidades genera desajustes administrativos y dificulta una planificación uniforme del sistema.

El investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA, Rafael Skiadaressis, explicó que el principal factor de deterioro fue el fuerte aumento del precio del combustible.

Según señaló, esos mayores costos no fueron compensados de manera inmediata ni vía subsidios ni mediante actualizaciones tarifarias. Además, se acumuló una deuda vinculada al subsidio social destinado a jubilados que rondaría los $80 mil millones.

Flota envejecida y menos kilómetros

Uno de los efectos más directos del desfinanciamiento es la postergación de la renovación de unidades. Cuando faltan recursos, las empresas primero retrasan el recambio de colectivos y luego reducen la cantidad de vehículos activos.

Eso deriva en una flota más vieja, con mayores fallas mecánicas, menor confiabilidad y menos kilómetros recorridos.

Desde 2024, además, el esquema de subsidios se fragmentó aún más al dividirse por jurisdicciones, profundizando las desigualdades operativas y financieras entre empresas.

Paros y conflicto salarial

La fragilidad del sistema también quedó expuesta esta semana con nuevas interrupciones del servicio. Las líneas 707, 333, 407 y 437, operadas por la empresa Micro Ómnibus General San Martín (Mogsm) S.A., dejaron de circular en la zona norte del conurbano bonaerense por un conflicto salarial.

Los trabajadores mantienen un paro por salarios adeudados que ya supera una semana, en una nueva muestra de la tensión financiera que atraviesa el sector.

El antecedente más reciente fue el 9 de abril, cuando la reducción de frecuencias coincidió con un paro de la UTA. Aunque el Gobierno giró un anticipo de subsidios que permitió recomponer parcialmente el funcionamiento, la normalización fue desigual según la situación financiera de cada empresa.

Un sistema cada vez más caro y más frágil

El diagnóstico es claro: sin medidas estructurales, el deterioro continuará.

Menos unidades en la calle, tarifas en alza, subsidios desordenados y empresas con serias dificultades para sostener la operación conforman un escenario crítico para millones de pasajeros que dependen diariamente del transporte público.

El AMBA enfrenta así una ecuación cada vez más difícil de sostener: colectivos más caros, menos frecuentes y un sistema que, lejos de mejorar, parece avanzar hacia una crisis aún más profunda.

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Reordenamiento vial en Oberá: el Concejo Deliberante inicia el análisis del proyecto

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El presidente del Concejo Deliberante de Oberá, Pablo Ullón, se refirió al proyecto de Reordenamiento Vial – Cuadrante IV, una iniciativa técnica elaborada por el Consejo de Planificación Estratégica de Oberá, y remarcó que la propuesta no está aprobada y recién comienza su etapa de estudio dentro del cuerpo legislativo.

“Es un proyecto que está ingresando al Concejo y que obviamente vamos a empezar a tratar”, explicó Ullón, al tiempo que precisó que abarca el sector céntrico comprendido por arterias clave como las avenidas Sarmiento, Libertad y Tucumán, entre otras calles de alta circulación vehicular.

El titular del Concejo destacó que la propuesta fue desarrollada por profesionales del COPEO —integrado por arquitectos, ingenieros y agrimensores— y que responde a un análisis técnico del tránsito en el microcentro. Sin embargo, insistió en que el expediente deberá atravesar el proceso habitual de evaluación: “Estos proyectos llevarán su tiempo de análisis. Tenemos que estudiarlo bien en profundidad”.

Según detalló, el objetivo general es avanzar hacia un reordenamiento vial que permita mejorar la circulación y optimizar el funcionamiento del transporte público urbano, incluyendo una mejor organización del sistema de colectivos y su transferencia en el área céntrica.

Ullón también señaló que el tratamiento del proyecto incluirá el análisis de los costos asociados, como la adecuación de semáforos, cartelería y otras intervenciones necesarias: “Todo lo que tenga que ver con el presupuesto también será explicado cuando vengan los profesionales”.

En ese sentido, no se establecieron plazos para una eventual aprobación o rechazo. “No hay un tiempo límite. Dependerá del trabajo en comisión, de las dudas que tengamos los concejales y de la necesidad de convocar a especialistas”, indicó.

El concejal reconoció además que la iniciativa generó inquietudes en la comunidad, especialmente en redes sociales, pero pidió cautela: “Son proyectos de gran magnitud que generan opiniones. Pero esto es todo embrionario, tenemos que empezar a estudiarlo”.

Finalmente, fue enfático al aclarar la situación actual del proyecto: “No está aprobado. Está en pleno estudio y recién se va a comenzar a analizar”.

El proyecto de Reordenamiento Vial – Cuadrante IV surge de un estudio integral impulsado por el COPEO, con participación de funcionarios municipales y concejales, que detectó problemas de circulación, conflictos en intersecciones y dificultades en el transporte público en el microcentro de la ciudad.

Entre sus principales ejes, propone reorganizar el sistema de colectivos en torno a la Plaza San Martín mediante una futura estación de transferencia, además de introducir cambios puntuales en los sentidos de circulación dentro del cuadrante delimitado por las avenidas Sarmiento, Libertad, Misiones y Tucumán.

La iniciativa busca lograr una circulación más ordenada, segura y eficiente, mejorar la movilidad urbana y recuperar espacios públicos. No obstante, todas estas medidas forman parte de un proyecto en análisis, que deberá ser debatido y evaluado por el Concejo Deliberante antes de cualquier definición.

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El Gobierno delega en provincias la concesión de rutas nacionales y redefine el esquema de poder vial

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El Gobierno avanzó con una reconfiguración concreta del mapa de poder sobre la infraestructura vial: a través del Decreto 253/2026, delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

La decisión, formalizada el 16 de abril, introduce un cambio operativo relevante. Las provincias podrán licitar, adjudicar y firmar contratos con privados o entes públicos para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas, aunque sin perder de vista un límite clave: el dominio y la jurisdicción siguen en manos del Estado nacional.

El movimiento se inscribe en una lógica más amplia de reorganización estatal y plantea una tensión de fondo: ¿se trata de un avance hacia un federalismo más dinámico o de una transferencia de responsabilidades sin cesión real de poder estructural?

Delegación sin pérdida de control

El decreto se apoya en la Ley 17.520 de concesiones de obra pública, el Decreto-Ley 505/58 sobre el sistema troncal y la Ley 27.742, que promueve la reorganización del Estado. Sobre ese entramado, el Ejecutivo construye una figura específica: delegación funcional, limitada, temporal y revocable.

No hay transferencia de activos ni de jurisdicción. Sí hay traslado de facultades clave: las provincias podrán diseñar pliegos, convocar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos. En términos prácticos, pasan a ser concedentes.

Pero ese poder está condicionado. Cada proceso deberá pasar por convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica, y por la aprobación de la Secretaría de Transporte. Además, el sistema mantiene auditoría y supervisión nacional.

El esquema fija plazos concretos. Las provincias tendrán un año para convocar licitaciones desde la aprobación del convenio y hasta 90 días hábiles para adjudicar y firmar contratos. Si no lo hacen, la delegación cae. Y aun cuando se concreten, los contratos no podrán superar los 30 años.

En paralelo, el decreto establece restricciones operativas: los ingresos por peaje no podrán financiar otras obras y los tramos no podrán integrarse en corredores que involucren distintas jurisdicciones. La lógica es segmentada, no sistémica.

Provincias empoderadas, Nación supervisora

La medida fortalece a los gobiernos provinciales en un terreno sensible: la infraestructura vial, clave para el desarrollo económico y la logística regional. Les otorga herramientas concretas para gestionar financiamiento, especialmente a través del sistema de peaje.

Al mismo tiempo, preserva el rol estratégico del Estado nacional. Retiene la titularidad, el control técnico y la capacidad de reasumir la gestión por razones de interés público. Es un equilibrio deliberado: descentralización operativa con centralización normativa.

En términos políticos, el decreto puede reordenar relaciones entre Nación y provincias. Aquellas que ya manifestaron interés —las nueve incluidas— pasan a tener un canal directo para intervenir en rutas nacionales. Otras jurisdicciones podrán sumarse, pero deberán solicitarlo formalmente.

También hay implicancias económicas. El esquema habilita nuevas concesiones y, con ellas, posibles inversiones privadas en infraestructura. Pero introduce una variable: cada provincia definirá condiciones económicas —como tarifas y plazos— dentro de parámetros generales. La homogeneidad del sistema podría tensionarse.

Ejecución, contratos y coordinación

El decreto abre un proceso más que cerrarlo. El primer paso será la firma de convenios con Vialidad Nacional, donde se definirán tramos específicos, condiciones y responsabilidades. Luego vendrán las licitaciones, con un plazo exigente de un año.

El foco estará en la capacidad de las provincias para estructurar proyectos viables, con financiamiento claro y equilibrio económico-financiero. También en la coordinación con el Estado nacional, que mantiene la supervisión y podrá intervenir si detecta desvíos o riesgos para el sistema vial.

En paralelo, queda latente una cuestión estructural: cómo impactará este esquema en la integración del sistema troncal nacional. La fragmentación en tramos gestionados por distintas jurisdicciones puede mejorar la respuesta local, pero exige coordinación para evitar asimetrías.

El decreto no modifica la titularidad de las rutas, pero sí altera quién toma decisiones cotidianas sobre ellas. Ese desplazamiento, aunque condicionado, reconfigura el mapa de poder en la obra pública.

Habrá que observar si la implementación consolida un modelo de gestión más ágil o si emergen tensiones entre niveles de gobierno, especialmente cuando entren en juego intereses económicos, tarifas y contratos de largo plazo.

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El Gobierno transferirá subsidios para sostener el servicio de colectivos del AMBA

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Autoridades nacionales del área económica se comprometieron con representantes de las empresas de transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional del AMBA, a transferir esta misma semana fondos para saldar deudas pendientes de subsidios y regularizar el servicio de colectivos.

Según se informó a través de un comunicado, estas remesas serán transferidas a las empresas durante la semana en curso, con el objetivo de contribuir a la regularización de sus cuentas y de las frecuencias de los colectivos.

La demora en girar las partidas hacia el transporte público de pasajeros motivó en los últimos días que muchas empresas de colectivos redujeran sus frecuencias provocando inconvenientes y demoras a miles de pasajeros de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

El encuentro fue encabezado por los titulares de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura Carlos Frugoni; el secretario de Transporte de la Nación, Fernando Herrmann; y el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés.

Desde la Secretaría de Transporte se presentó “un plan de acción orientado a establecer lineamientos concretos para avanzar, en el corto plazo, en la reorganización del sistema”.

“Durante la reunión se analizaron distintas variables técnicas y económicas, con el propósito de mejorar el funcionamiento general del sistema y garantizar un nivel de servicio acorde a la demanda de los usuarios”, se indicó en el comunicado de la Secretaría de Transporte.

Asimismo, se presentaron propuestas orientadas a “reducir costos operativos y optimizar el sistema”, y se avanzó en el desarrollo de “herramientas que transparenten y mejoren los recorridos según la demanda real de los usuarios”.

El jueves de la semana pasada se acordó entre los distintos actores del sector la conformación de mesas técnicas de trabajo, con el fin de establecer un canal permanente de diálogo entre el Estado y las cámaras empresarias.

En este marco, la reunión realizada “forma parte de ese proceso y refleja la voluntad del Estado Nacional de acompañar al sector en la implementación de soluciones que permitan consolidar un servicio más eficiente y de mayor calidad para los usuarios”.

Por último, se acordó un nuevo encuentro de trabajo que se realizará en las mismas condiciones dentro de los próximos quince días.

En representación del sector empresario asistieron Luciano Fusaro y Oscar Álvarez (AAETA), Roberto Rodríguez (CTPBA), Daniel De Ingeniis (CETUBA) y Daniel Tenisci (CEAP).

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Ucrania necesitará casi tres PBI para reconstruirse: nuevo informe del Banco Mundial y la UE

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Cuatro años después de la guerra con Rusia, la nueva Evaluación Rápida de Daños y Necesidades (RDNA5) estima que la recuperación y reconstrucción de Ucrania demandará casi USD 588.000 millones en la próxima década. La cifra —equivalente a más de EUR 500.000 millones— representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y expone la magnitud fiscal, económica e institucional del desafío.

La evaluación, publicada de manera conjunta por el Gobierno de Ucrania, el Grupo del Banco Mundial, la Comisión Europea y las Naciones Unidas, releva 46 meses de impacto —entre febrero de 2022 y diciembre de 2025— y actualiza el mapa sectorial de daños, pérdidas y necesidades. El informe no sólo cuantifica destrucción física: también delimita prioridades de política pública, reformas estructurales y condiciones para movilizar inversión privada.

Daños acumulados y sectores críticos: energía, transporte y vivienda concentran el impacto

Al 31 de diciembre de 2025, los daños directos superan los USD 195.000 millones (EUR 166.000 millones), frente a los USD 176.000 millones (EUR 150.000 millones) estimados en la RDNA4 de febrero de 2025. Es decir, en menos de un año el daño relevado aumentó en casi USD 19.000 millones.

Los sectores más afectados son:

  • Transporte: más de USD 96.000 millones (EUR 82.000 millones) en necesidades de reconstrucción.
  • Energía: casi USD 91.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Vivienda: casi USD 90.000 millones (EUR 77.000 millones).
  • Comercio e industria: más de USD 63.000 millones (EUR 54.000 millones).
  • Agricultura: más de USD 55.000 millones (EUR 47.000 millones).

Además, la gestión del riesgo de explosivos y la remoción de escombros demandan casi USD 28.000 millones (EUR 24.000 millones).

En el frente energético, el informe registra un aumento aproximado del 21% en activos dañados o destruidos desde la RDNA4, incluyendo generación, transmisión, distribución y calefacción urbana. El transporte también se deterioró: las necesidades crecieron alrededor del 24% por la intensificación de ataques a ferrocarriles y puertos durante 2025.

En vivienda, al cierre de 2025, el 14% del parque habitacional resultó dañado o destruido, afectando a más de tres millones de hogares. La concentración geográfica de daños se mantiene en provincias de primera línea y grandes áreas metropolitanas.

“Cuatro años después de la invasión a gran escala de Rusia, el costo total de la reconstrucción y recuperación de Ucrania se estima en casi 588.000 millones de dólares durante la próxima década, casi el triple del PIB nominal proyectado para 2025”, afirmó la primera ministra Yulia Svyrydenko. Y agregó: “La asistencia nos ayuda a reparar urgentemente nuestra infraestructura crítica para mantener el país en funcionamiento, así como a continuar con las actividades de recuperación sistemáticas”.

Financiamiento inmediato y rol del sector privado: reformas como condición para la inversión

Para 2026, el Gobierno de Ucrania prevé ejecutar más de USD 15.000 millones en proyectos de inversión pública y programas esenciales, incluyendo financiamiento de viviendas destruidas, desminado y apoyo económico multisectorial. Desde febrero de 2022, ya se habrían cubierto al menos USD 20.000 millones mediante reparaciones urgentes y recuperación temprana en sectores estratégicos.

Sin embargo, la magnitud del esfuerzo excede con creces la capacidad fiscal doméstica. En este punto, el informe enfatiza el papel del sector privado y la necesidad de reformas estructurales. La RDNA5 sostiene que liberar el potencial de inversión —nacional e internacional— dependerá de:

  • Mejoras en el entorno empresarial.
  • Fortalecimiento de la competencia.
  • Ampliación del acceso al financiamiento.
  • Superación de restricciones laborales.
  • Alineamiento con estándares verdes y digitales de la Unión Europea.

Anna Bjerde, Directora Gerente de Operaciones del Banco Mundial, subrayó: “El Grupo Banco Mundial mantiene su firme compromiso de apoyar la recuperación y reconstrucción de Ucrania y de ayudar a su población a progresar con empleos, oportunidades y esperanza en una economía resiliente, moderna y competitiva”.

La dimensión institucional aparece como eje transversal. La evaluación complementa la agenda de reforma e inversión del Mecanismo para Ucrania y el proceso de adhesión a la UE, integrando programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional y el Grupo del Banco Mundial. La estrategia económica posguerra —denominada Economía Ucraniana del Futuro (UEF)— se centra en estabilidad macrofiscal, gobernanza, estado de derecho, dinamismo privado e inversión en capital humano.

Reconstrucción, convergencia europea y resiliencia social

El volumen de USD 588.000 millones redefine cualquier parámetro comparativo regional. Representa casi tres veces el PIB nominal proyectado para 2025 y consolida a Ucrania como el mayor programa de reconstrucción en Europa en décadas.

Desde el punto de vista macroeconómico, el desafío es doble. Por un lado, sostener el funcionamiento del Estado y los servicios esenciales en contexto de conflicto. Por otro, diseñar una arquitectura financiera que combine ayuda multilateral, financiamiento concesional, inversión privada y reformas estructurales.

La dimensión social tampoco es marginal. Matthias Schmale, Coordinador Residente y Humanitario de las Naciones Unidas en Ucrania, afirmó: “El recurso más importante de Ucrania es su gente. El retorno de los refugiados, la reintegración de los veteranos y la participación de las mujeres en la fuerza laboral determinarán la recuperación económica tanto como los flujos de capital y la reconstrucción de la infraestructura”.

En consecuencia, la reconstrucción no se limita a infraestructura física. Implica reconstruir capital humano, fortalecer instituciones y garantizar sostenibilidad fiscal y ambiental. La convergencia con la Unión Europea aparece como ancla estratégica de mediano plazo, tanto para reformas regulatorias como para la atracción de inversión.

En síntesis, la RDNA5 no sólo actualiza cifras: redefine el mapa de prioridades económicas y políticas para la próxima década. El desafío financiero es monumental, pero el componente institucional —reformas, gobernanza y confianza— será determinante para transformar destrucción en oportunidad de convergencia y modernización.

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