trata de personas

Hoteleros de Iguazú se capacitaron en prevención de trata de personas

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La Subsecretaria de Responsabilidad Social del ministerio de Desarrollo Social de Nación capacitó al personal de hoteles de Puerto Iguazú sobre trata de personas.

Personal de hotelería fue capacitado por el gobierno nacional para detectar y prevenir posibles caso de trata y explotación de personas en Puerto Iguazú. La acción se da en el marco del programa “La Trata de Personas no se ve a simple vista”, que llevó adelante la Subsecretaría de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible, que pertenece al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

La jornada, que se realizó en el Hotel Grand Iguazú, contó con la participación de 50 personas que trabajan en 10 hoteles de la zona, en los sectores de front desk y limpieza. La capacitación estuvo a cargo del equipo técnico del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de personas, donde se abordaron situaciones puntuales con las que pueden encontrarse los empleados.

Uno de los objetivos propuestos por la Subsecretaría de Responsabilidad Social, a cargo de Victoria Morales Gorleri, es el de involucrar al sector privado en la prevención del delito de trata de personas. Para ello se diseñó una estrategia tendiente a “hacer partícipe” a las empresas de los rubros de turismo, hotelera, transporte y petróleo, principalmente para difundir la línea 145, la única línea de denuncia gratuita, nacional y anónima.

La capacitación es el resultado de una jornada de sensibilización sobre esta problemática, que realizó Responsabilidad Social el 25 de julio, en Posadas.

 

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Capacitaran a personal de hoteles de Iguazú sobre el delito de trata de personas

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La Subsecretaria de Responsabilidad Social, del ministerio de Desarrollo Social de Nación realizará una capacitación para personal de hoteles de Puerto Iguazú sobre la prevención de la trata de personas.

“La Trata de Personas no se ve a simple vista”, desde la Subsecretaría de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible en articulación con los Hoteles de Puerto Iguazú se llevará a cabo el 1 de noviembre una capacitación destinada al personal del front desk y encargados de limpieza, sobre cómo prevenir el delito de trata de personas y herramientas de identificación.

La capacitación, estará a cargo del equipo técnico del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de personas y ya cuenta con más de 30 inscriptos, representantes de 10 Hoteles de la zona. La misma se realizará en el Gran Salón del Hotel Grand Iguazú, que gentilmente cedió el espacio, como muestra del compromiso con la temática. 

Desde la Subsecretaría de Responsabilidad Social, nos hemos propuesto involucrar al sector privado en la prevención del delito de trata de personas, por ello hemos diseñado una estrategia tendiente a “hacer partícipe” a las Empresas relacionadas al sector del turismo, hotelera, transporte y petróleo, principalmente para difundir la línea 145, línea de denuncia, gratuita, nacional y anónima.

Esta capacitación específica a Hoteles, donde se abordarán situaciones puntuales con las que se encuentran los empleados de dichas empresas, es resultado de la jornada de sensibilización sobre esta problemática que se realizo el pasado 25 de julio en Posadas.

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Claudia Lascano: “A la victima de trata hay que asistirla hasta lograr su reinserción social”

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La trata de personas es una de las formas más abyectas de dominación sobre los individuos; es un delito complejo, que tiene impacto global. En el país desde el 2008 se han rescatado más de 11170 victimas. Desde la ONG Alto a la Trata advierten que el flagelo vuelve a tener presencia en la provincia y además piden que se implementen todos los programas de asistencia a las victimas hasta la completa reinserción social.

La referente de la ONG Alto a la Trata en la provincia, Claudia Lascano charló con Economis sobre la problemática y distinguió el trabajo de Desarrollo Social, y de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP); aunque cuestionó la falta de condiciones del refugio sostenido por la provincia para la asistencia inmediata de víctimas.

Lamentó que desde el Gobierno Nacional se trabaje más sobre “el control de las cosas y no de las personas” en sitios como el puente internacional San Roque González de Santa Cruz que une Posadas (Argentina) con Encarnación (Paraguay). Consideró que “el foco se pone en el narcotráfico y no en la trata de personas”.

La referente planteó que se “debe combatir el delito y darles alternativas a las victimas”. Consideró que deben intensificarse las capacitaciones al personal policial para que sean replicadores en toda la provincia, así como también abordar la problemática en el ámbito escolar a través de diferentes enfoques.

Con respecto a la asistencia que se les brindaba a las víctimas, Lascano opinó que “hoy no tenemos nada de esto, hoy los refugios tienen dificultades para estar listos al momento de recibir una víctima, es decir no hay personal estable, ni el cuidado, ni el sostenimiento de esta para que en los refugios en la emergencia se pueda recibir a alguien”.

Recordó que “la policía de la Provincia de Misiones cubrió ampliamente y bastamente el territorio de la provincia de Misiones con la Policía Comunitaria, capacitando e informando sobre todo a la gente dando alerta sobre posible existencia de redes o de captadores en la provincia, hoy esto ya no se hace. Evidentemente no estamos en la misma situación que en tiempos anteriores”.

Con respecto a la articulación con el Estado, ella señaló que su ONG trabaja de muy buena manera con la cartera de Desarrollo Social “El mismo Ministro toma conocimiento de cada caso, se interioriza de lo que sucede con cada víctima y trabajamos con la línea 102, y 137 del Ministerio de Gobierno, en casos de víctimas de violencia hemos logrado también insertarnos en las Mesas de Gestión que estaban funcionando, en Garupá, Fátima y Ñú Porá. Las mesas de trabajo de Garupá y Ñú Pora tienen un trabajo muy interesante; en Fátima la mesa se convoca desde la EBY pero llevamos más tiempo con Ñú Porá. Tienen un trabajo desde el año 2006 sobre violencia
familiar, en forma permanente, sistemática y con capacitaciones a profesionales en el campo, además tienen una voluntad de articular y trabajar en red y somos muchas instituciones que hoy estamos trabajando y colaborando con ellas. Algo importante a
destacar es que Garupá es el primer municipio del País que lleva adelante una ordenanza que lleva hasta el cierre a un negocio que se pudiera demostrar que estaba vinculado a la oferta sexual”.

También valoró el trabajo de la Unidad Ejecutora Provincial, que en las diferentes reuniones con los vecinos de toda la provincia para planificar las obras a desarrollar lleva a referentes de la ONG, para que puedan tener un dialogo directo con las familias. “Es una modalidad de trabajo muy valorable, porque buscan conocer las necesidad de cada comunidad antes de hacer las obras del Pormeba” explicó Lascano que planteo que en esas reuniones se dan intercambios muy valiosos con los vecinos.

Sobre los problemas actuales en la atención de las victimas, Lascano recurrió a un ejemplo de un caso puntual que pasó en Agosto de 2017, al cual Derechos Humanos no tuvo las herramientas para asistir “te reitero, sé que por lo menos hace un mes atrás el refugio de Derechos Humanos, no estaba en condiciones de asistir ante la emergencia. Hubo un caso, no pudieron atender, y tuvieron que salir con ciertos artilugios y salir corriendo para limpiar, acomodar, poner a alguien para que esté acompañando a la víctima. No tienen evidentemente el sistema administrativo para poder también vamos alquilemos un lugar y evidentemente no tiene la articulación tampoco Derechos Humanos con otros organismos del Estado Provincial, para poder buscar esas soluciones”.

También advirtió que esto responde a la falta de preocupación a nivel nacional del tema,  “si bien sé que el Ministerio de Desarrollo de la Nación, así como a nosotros a otras instituciones de otras provincias ayuda financieramente para que podamos atender a las víctimas, de la misma manera desde el Ministerio de Seguridad y desde el Ministerio de Justicia no se nota, no se ven directamente campañas de prevención a la población sobre la trata. Además las fuerzas de seguridad ni siquiera hablan del combate contra la trata. Todo el tiempo escuchamos hablar del narcotráfico, de la corrupción, de las redes delictivas, pero no específicamente de redes que tengan que ver con la trata”. 

“Antes casualmente en algún caso de narcotráfico detectaban una red de trata, hoy no, esto no ocurre. Te digo más en el puente lo visualizamos, nosotros hace poco estuvimos en una reunión que había convocado Desarrollo Social de la Nación, que acompaño el Instituto Nacional contra la Discriminación el INADI, estuvo una representante de Migraciones de la Provincia, porque antes era Migraciones que detectaba las posibles situaciones de trata, y tenían un espacio destinado a atender a la víctima; esto sale de migraciones incluso antes del cambio del Gobierno Nacional, y/o queda en manos de Gendarmería Nacional pero nosotros no vemos ni en los controles de San José que han sido efectivos anteriormente, ni en la terminal de ómnibus de Posadas y mucho menos en el Puente ningún tipo de preocupación sobre este tema. Están muy preocupados por el contrabando incluso la Aduana hoy está combatiendo duramente el contrabando, incluso el contrabando hormiga, de familias que no creemos que van a tirar abajo la economía del país. Lo que tiene que ver con las personas no se cuida, lo que tiene que ver con los objetos se cuida. Lastimosamente el comercio que se filtra por la trata de personas hoy no es importante al Gobierno Nacional, tampoco desde el Ministerio de Gobierno, como cuando estaba el Ministro Franco que obligó de alguna manera a la provincia para que el Gobierno Nacional diera respuestas, hoy no ocurre nada de esto”, afirmó.

Sobre las estadísticas sobre las víctimas de trata y tráfico la misma señalaba “hoy los datos que tenemos son argentinas y de otras nacionalidades, no hay ninguna estadística por lo menos pública, supongo yo que sí la ha de tener la oficina de rescate, pero no hay
ninguna estadística pública que nos pueda determinar cuántas víctimas misioneras han sido rescatadas. Sabemos que estos últimos meses han sido rescatadas misioneras en la provincia de Corrientes”. Del mismo modo aseveró “la cantidad de víctimas misioneras
sobre el territorio disminuyó fuertemente, Misiones había desaparecido de las estadísticas nacionales, habiendo sido la primera semillera de víctimas. Lamentablemente empezamos de nuevo a aparecer”.  

Claudia Lascano, daba su reflexión sobre los resultados de la asistencia de las víctimas y la reconstrucción del proyecto de vida “en algunos casos se ha podido en otros no, lamentablemente a veces las víctimas llegan a la asistencia en forma tardía. Los procesos judiciales no son rápidos, entonces la reparación de estás víctimas es más difícil. Entonces nos encontramos con muchas frustraciones, y con muchas alegrías. No te puedo decir que esto dependa únicamente de la víctima, depende mucho el momento
en el que le llega la asistencia a la víctima y en algunos casos llega lamentablemente tarde. Porque ha sido rescatada tarde o porque ha llegado después de varios circuitos a su provincia de vuelta. Hablo tanto por los casos que nos ha tocado trabajar, tanto como algunos casos que ha trabajo el Ministerio de Derechos Humanos de la provincia”.

Planteó que los centros de contención deben repensarse, para contener a la victima. Explicó que los refugios no son pensados para victimas con hijos, siendo que en esos casos los chicos son un gran motor para facilitar la reinserción de la victima, por contar con un proyecto de vida.

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Con una muestra de fotos concluyó el programa de prevención de trata del Ministerio de Derechos Humanos

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Con una jornada de entrega de premios y exposición fotográfica de bocetos y murales se dio por concluido el proyecto de prevención contra la trata y el tráfico de personas en el Centro Multicultural “La Costa” de Posadas.

El proyecto realizado por la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades, del Ministerio de Derechos Humanos de la Provincia en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación cerró el trabajo de seis meses en toda la provincia con con una muestra de los bocetos y murales en el Centro Multicultural “La Costanera” de Posadas.

Este Proyecto se llevó a cabo a través de varias jornadas realizadas en 5 municipios de la Provincia, Olegario Víctor Andrade, Garupá, Capioví, Garuhapé y Santo Pipó, donde los niños y adolescentes fueron sensibilizados en la temática de Trata y Tráfico. Estas sensibilizaciones buscan prevenir y brindar herramientas para que éstos chicos puedan replicar en sus hogares, lo aprendido, a fin de erradicar el delito de forma definitivo.

Los adolescentes realizaron bocetos que fueron plasmados en dos murales en diferentes zonas de la localidad. Estos bocetos y las fotografías de los murales fueron expuestos en fotografías varias.

En el cierre del acto, se entregaron menciones y premios para cada escuela y cada municipio en reconocimiento al compromiso y trabajo con los murales diseñados en sus localidades.

Estuvieron presentes la Senadora Sandra Gimenez, la Ministro de Derechos Humanos Lilia “Tiki” Marchesini, el Subsecretario de Educación Christian Dechat, la Subsecretaria de Igualdad de Oportunidades Norma Sawicz, la Directora de Multimedios SAPEM Lidia Batista.

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Corrientes: solicitaron juicio oral para ocho personas acusadas de explotar a cuarenta trabajadores misioneros

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El fiscal federal subrogante de la Fiscalía Federal de Paso de Los libres, Aníbal Fabián Martínez, pidió juicio oral y público para ocho personas acusadas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre en dos campos dedicados al cultivo de eucaliptos -ubicados en aquella ciudad- pertenecientes a la empresa denominada “El Batelito S.A.”, donde cuarenta trabajadores en situación de vulnerabilidad habrían sido sometidos a condiciones infrahumanas.

Según el dictamen del fiscal Martínez, los cuatro principales imputados son Rolando Abel Díaz, Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara, y están acusados de ser coautores de los delitos de trata de personas y reducción a la servidumbre, por ser los dueños de aquella sociedad. Se trata del presidente de la Cooperativa Tierra Colorada Ltda. y de tres hermanos, socios integrantes de la firma “El Batelito S.A.”

En tanto, otras cuatro personas están imputadas en grado de partícipes necesarios. Se trata de Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone, personal administrativo de la “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.”, y de José Querubín Holsbach, el encargado de la forestación, quien como empleador registrado en el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) habría contactado y captado a algunas de las víctimas.

Los cuatro principales imputados están sindicados como quienes se habrían encargado de captar a gran parte de las víctimas, en su mayoría oriundas del norte de la provincia de Misiones y en situación de vulnerabilidad, para luego trasladarlas hasta los campos en remis o en taxi. Una vez allí, las víctimas habrían sido alojadas en un colectivo viejo y un trailer adaptado con camas cuchetas para dormir.

Durante el día, las víctimas debían realizar tareas vinculadas a la poda y/o raleo de eucaliptus en jornadas de hasta diez horas y en condiciones infrahumanas: no contaban con agua potable, luz eléctrica, ni elementos para poder conservar los alimentos. Tampoco tenían baños, no contaban con la vestimenta adecuada y, en algunos casos, les retenían los documentos.  Tampoco poseían sillas ni mesas al momento de realizar su descanso; lo hacían apostados en la tierra, donde hacían un fogón para cocinar. Y no se encontraban registradas.

Uno de los agentes que participó en el allanamiento sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie.

Para el representante del MPF, a lo largo de la investigación se pudo determinar que Rolando Abel Díaz, Nilda Laura Maack, Fabián Eduardo Knebel y Mónica del Luján Nabone eran los directivos y/o administrativos de la cooperativa encargada de incorporar asociados que desarrollen las tareas específicas en el contrato de locación de servicios para la firma “El Batelito S.A.” (locatario) en la que Gustavo Javier Percara, Enrique Juan Percara y Diego José Percara formaban parte del directorio.

Al momento de su declaración, todas las víctimas fueron coincidentes en sus manifestaciones. Declararon que en su mayoría provenían de la provincia de Misiones, motivo por el cual debían quedarse en el lugar durante aproximadamente 45 días. Señalaron que dormían hacinadas en un colectivo viejo y una especie de casilla de metal, sin agua potable, ni luz ni baños, y que no contaban con los elementos necesarios para conservar los alimentos a consumir.

Uno de los agentes que participó en el allanamiento a los establecimientos sostuvo que vio carne tirada en una tabla a la intemperie llena de moscas y trozos de carne vacuna cruda adentro del colectivo expuestas a la intemperie. Los trabajadores detallaron además que no contaban con un botiquín de primeros auxilios ni con la ropa adecuada para el tipo de tareas que realizaban.

Aseguraron asimismo que no firmaron un contrato con la empresa “El Batelito S.A.” para la que prestaban sus servicios, sino que algunos de ellos firmaron una solicitud para asociarse a una cooperativa llamada “Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada”.  Finalmente, también indicaron que los imputados tenían un almacén a través del cual los trabajadores se proveían los alimentos. Sin embargo, luego eran descontados del dinero que percibían.

La causa se inició el 8 de febrero de 2011, cuando la Sección Penal Tributaria de la División Jurídica de la Dirección Regional Posadas de la DGI-AFIP advirtió que en una de esas fincas habría trabajadores no registrados, a raíz de una denuncia realizada por el secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), sección Paso de los Libres. Esta denuncia derivó en los posteriores allanamientos. Como resultado, en una de las fincas fueron encontrados 21 trabajadores realizando sus tareas en condiciones infrahumanas y en la otra un total de 19 víctimas en similares condiciones.

En su momento, el Juzgado Federal de Paso de los Libres, además de dictar los procesamientos, ordenó trabar un embargo sobre los bienes de los imputados hasta cubrir sumas de entre 100 mil y 200 mil pesos.

Larga investigación

En 2013 se allanaron nueve domicilios en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, relacionados con la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda.

“La cooperativa colocó 1.363 empleados en diferentes empresas que evadieron, a lo largo de dos años y medio, un promedio de $1,8 millones mensuales por no pagar aportes y contribuciones sociales”, indicó la AFIP en un comunicado.

Los trabajadores prestaban servicios en empresas agropecuarias, industrias, comercios, citrícolas, frutihortícolas, yerbateras y agroforestales con las que operaba la entidad.

“En la práctica, facilitó la evasión de $52,2 millones en aportes y contribuciones de la Seguridad Social a lo largo de dos años y medio”, indicó la AFIP.

La entidad llegó a registrar operaciones con más de 500 empresas usuarias, a las que les facturó desde el 1 de enero de 2011 al 31 de mayo de 2013 servicios por $115,5 millones, lo cual equivaldría a un evasión de $6,5 millones en IVA.

Las investigaciones preliminares confirman que desde sus comienzos la Cooperativa utilizó a 26.000 “asociados” a través de una megaestructura administrativa dispersa en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Corrientes y Misiones.

Por las maniobras detectadas, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) le retiró la autorización para funcionar, y los responsables podrían recibir la pena de prisión de nueve años por el delito de evasión fiscal agravada.

 
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