TURISMO MISIONES

80 años y su pasión es pintar a Misiones en minuatura

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La historia de Dory García es una muestra de cómo la pasión, la dedicación y el talento pueden transformar una idea en una verdadera expresión de identidad misionera.

Con 80 años, Dory sigue creando y encontrando en la pintura en miniatura una forma única de contar historias. En cada obra combina creatividad y sensibilidad, dando vida a pequeños lienzos que reflejan su mirada, su inspiración y el amor por lo que hace.

Oriunda de San Javier, a orillas del río Uruguay, creció vinculada al arte y con el paso de los años construyó un camino propio. A fines de 1984 se instaló en Posadas, ciudad donde continúa desarrollando su vida y su pasión por la pintura. Para ella, pintar es su cable a tierra: una actividad que la acompaña y que continúa desarrollando con la misma dedicación.

Su recorrido comenzó alrededor del 2001, cuando empezó a crear postales inspiradas en Misiones. Luego llegaron los imanes y, más adelante, sus característicos cuadritos en miniatura. A lo largo de los años recorrió gran parte de la provincia, tomando fotografías de sus paisajes y rincones, que hoy utiliza como guía para crear cada obra, siempre sumando su propia impronta.

Sus pinturas recrean escenas que forman parte de la esencia de nuestra tierra: lugares, paisajes y momentos de Misiones que cobran vida en pequeñas piezas llenas de detalles y sensibilidad.

Su trabajo representa años de aprendizaje, búsqueda y perfeccionamiento de una técnica que convirtió en su sello personal. Cada obra es también un reflejo de su historia, sus experiencias y su forma de mirar la provincia.

Su recorrido forma parte de Origen Misiones, un programa de ADEMI que acompaña y visibiliza a emprendedores y productores locales, impulsando proyectos que ponen en valor el talento, la identidad y la producción misionera.

Hoy sus obras pueden encontrarse en distintos puntos de comercialización de Origen Misiones, como los aeropuertos de Posadas e Iguazú, el Parque Temático de la Cruz de Santa Ana y el espacio de Posadas, acercando su arte a más personas que eligen llevarse una parte de la esencia misionera.

Historias como la de Dory muestran que detrás de cada emprendimiento hay una persona, un recorrido y mucho trabajo. Son proyectos que reflejan el valor de quienes transforman su talento en una propuesta que representa a Misiones.

Sus obras y parte de su recorrido pueden conocerse en Instagram: @dory.garcia.arteminiatura.

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Fondo de Asistencia Laboral: el nuevo esquema que reemplaza el riesgo indemnizatorio

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La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los capítulos más controvertidos de la Ley de Modernización Laboral, terminó de darle forma a un nuevo esquema para financiar indemnizaciones laborales en el sector privado. Aunque el Gobierno insiste en que no modifica el régimen indemnizatorio vigente, sí cambia la lógica financiera detrás de los despidos: las empresas comenzarán a constituir fondos específicos que funcionarán como una suerte de “seguro de indemnización” administrado a través del mercado de capitales.

Con el Decreto 408/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, la administración de Javier Milei reglamentó los detalles operativos del sistema, que había quedado pendiente tras la sanción de la reforma laboral. Sin embargo, la propia norma difirió la entrada en vigencia efectiva del régimen al 1 de noviembre de 2026, otorgando tiempo para que la Comisión Nacional de Valores (CNV), ARCA, Trabajo y Economía dicten las regulaciones complementarias.

El corazón de la reforma es que las empresas privadas alcanzadas deberán constituir una Cuenta Individual del Empleador dentro de un Fondo de Asistencia Laboral.

Esos recursos serán administrados por entidades autorizadas por la CNV mediante dos instrumentos posibles: Fondos Comunes de Inversión. O Fideicomisos Financieros.

La lógica es similar a la de sistemas utilizados en otros países para anticipar contingencias laborales. En lugar de afrontar una indemnización íntegra al momento de un despido, las empresas irán realizando contribuciones periódicas que se acumularán en un patrimonio separado.

El Gobierno busca así reducir uno de los factores históricamente señalados por el sector empresario como un obstáculo para la contratación formal: la incertidumbre respecto del costo futuro de una desvinculación.

No obstante, el decreto es explícito en un punto clave: el FAL no reemplaza ni reduce las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo. El empleador sigue siendo responsable por la totalidad de las obligaciones laborales y deberá cubrir cualquier diferencia que el fondo no alcance a financiar.

Una herramienta pensada para el empleo registrado

La cobertura alcanza exclusivamente a trabajadores formalmente registrados y que cuenten con al menos doce meses de registración previa a la desvinculación.

La reglamentación incorpora además una penalidad indirecta para quienes mantengan relaciones laborales deficientemente registradas. En esos casos, el fondo sólo cubrirá los montos calculados sobre la información efectivamente declarada, mientras que el empleador deberá responder por el resto.

Es una señal alineada con uno de los objetivos centrales de la reforma laboral: incentivar la formalización del empleo.

La implementación combinará organismos laborales con el sistema financiero. ARCA será la encargada de recaudar las contribuciones mensuales mediante el esquema habitual de seguridad social.

Cada empresa deberá informar un identificador denominado “ID FAL”, asociado al fondo elegido.

Si el empleador no realiza esa registración: ARCA retendrá los aportes. No derivará fondos a ninguna cuenta. Si transcurre un mes sin regularización, la CNV asignará de oficio un vehículo financiero. De esta manera, el Estado busca evitar vacíos operativos que dejen trabajadores sin cobertura.

Por su parte, la CNV adquiere un rol central como organismo supervisor, autorizando los vehículos financieros, controlando las inversiones y estableciendo las condiciones de funcionamiento.

Un nuevo actor para el mercado de capitales

Más allá de la discusión laboral, el decreto introduce un elemento económico de relevancia. Los recursos del FAL deberán invertirse exclusivamente en instrumentos financieros emitidos y negociados en Argentina.

La decisión responde a una estrategia oficial que busca canalizar ahorro institucional hacia el mercado doméstico. Si el sistema logra una adopción masiva, podría convertirse en una fuente relevante de financiamiento para activos locales, generando un flujo permanente de fondos administrados.

En la práctica, cada aporte patronal pasará a formar parte de carteras financieras reguladas por la CNV, ampliando la profundidad del mercado de capitales argentino.

Para Economía, el FAL no sólo constituye una reforma laboral sino también una herramienta de desarrollo financiero.

Beneficio para las empresas: menos carga patronal

Uno de los aspectos menos difundidos de la reglamentación es que el aporte al Fondo de Asistencia Laboral tendrá una contrapartida inmediata para los empleadores.

El decreto establece que las contribuciones destinadas al FAL podrán descontarse de las contribuciones patronales que financian distintos subsistemas de la seguridad social.

Es decir, el aporte no se suma íntegramente al costo laboral sino que reemplaza parcialmente contribuciones existentes.

Además: los rendimientos obtenidos por los fondos estarán exentos del Impuesto a las Ganancias. Las cuentas utilizadas por los FAL estarán exentas del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Las comisiones de administración tendrán un tope máximo del 1% anual sobre los activos.

El diseño apunta a reducir costos operativos y evitar que la estructura financiera absorba una parte significativa de los recursos.

Qué impacto puede tener en Misiones

Para una provincia como Misiones, donde predominan las pequeñas y medianas empresas ligadas al comercio, turismo, industria maderera, agroindustria yerbatera y servicios, la creación del FAL introduce una variable nueva en la gestión empresarial.

Sectores con alta estacionalidad laboral o con ciclos económicos sensibles podrían encontrar una herramienta para planificar mejor contingencias futuras.

Al mismo tiempo, la formalización del empleo se vuelve aún más relevante. El acceso a la cobertura dependerá de que los trabajadores estén correctamente registrados durante al menos un año antes de una eventual desvinculación.

La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral refleja una de las ideas centrales del programa económico libertario: trasladar parte de la gestión de riesgos desde el Estado hacia mecanismos de mercado.

El Gobierno intenta construir un esquema donde las indemnizaciones sigan existiendo, pero financiadas mediante fondos acumulados y administrados por instrumentos financieros supervisados.

La apuesta es doble: generar previsibilidad para las empresas y, simultáneamente, movilizar ahorro hacia el mercado de capitales argentino.

El verdadero examen llegará en noviembre, cuando el sistema entre en funcionamiento y comience a medirse si logra uno de los objetivos más ambiciosos de la reforma laboral: reducir el costo percibido de contratar sin deteriorar los derechos indemnizatorios de los trabajadores.

Decreto 408/2026 Reforma Laboral by CristianMilciades

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Transporte sin subsidio: el Gobierno elimina compensaciones por pasajes gratuitos y traslada el costo a las empresas

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La Secretaría de Transporte derogó el régimen que compensaba a las empresas de ómnibus de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer. La decisión redefine la ecuación económica del transporte interjurisdiccional en un contexto de desregulación tarifaria y podría tener efectos concretos en provincias periféricas como Misiones, donde las distancias largas, la baja densidad de rutas y las asimetrías fronterizas elevan los costos operativos del sistema.

La Resolución 28/2026 elimina las compensaciones que el Estado nacional pagaba desde 2018 a las compañías por los boletos emitidos bajo las leyes 22.431, 26.928 y 27.674. El argumento oficial es que, tras la liberalización del sector impulsada por el Decreto 883/2024, las empresas ya tienen libertad para fijar precios y absorber esos costos dentro de su estructura tarifaria.

La gratuidad para los beneficiarios seguirá vigente. Lo que desaparece es el reintegro estatal a las transportistas.

Del subsidio al “costo internalizado”

La resolución marca un cambio estructural en la política de transporte nacional. Hasta ahora, el Estado reconocía que el sistema de tarifa regulada impedía a las empresas trasladar ciertos costos a precios. Con la apertura del mercado y la libertad tarifaria, la administración nacional considera que ese argumento dejó de existir.

Traducido al negocio del transporte: las compañías podrán ajustar tarifas, frecuencias y recorridos para compensar el costo de los pasajes gratuitos.

Para Misiones, la medida tiene un impacto diferencial. No es lo mismo operar un corredor rentable como Buenos Aires–Rosario que sostener trayectos extensos hacia Posadas, Iguazú, Bernardo de Irigoyen o San Vicente, donde el costo por kilómetro es más alto y la demanda es más estacional.

En el NEA, además, el transporte de larga distancia cumple una función sanitaria y social mucho más relevante que en el AMBA. Miles de pacientes viajan regularmente hacia centros médicos de alta complejidad en Corrientes, Chaco o Buenos Aires.

El Gobierno sostiene que el nuevo esquema “no afecta el derecho a la gratuidad”. Jurídicamente es correcto: las empresas siguen obligadas a emitir pasajes gratuitos. El problema económico aparece en otro lado: quién absorbe el costo.

Hasta ahora, parte de ese gasto era cubierto por el Estado nacional mediante compensaciones financiadas por fondos fiduciarios y partidas presupuestarias. Desde ahora, el costo quedará íntegramente dentro de la estructura privada del negocio.

Impactos posibles en el mercado: Mayor presión sobre tarifas comerciales para pasajeros comunes. Reducción de frecuencias en rutas de menor rentabilidad. Concentración empresarial en corredores más rentables. Mayor selectividad operativa en destinos periféricos. Revisión de servicios nocturnos o semivacíos en el interior.

Para Misiones, donde la conectividad terrestre sigue siendo crítica pese al crecimiento aéreo, el tema excede al sector transporte: afecta turismo, comercio y acceso sanitario.

Qué impacto tiene en las empresas de transporte

Si bien la gratuidad de los pasajes seguirá vigente, serán las empresas las que deberán lidiar ahora con los costos de los pasajes gratuitos. En ese sentido, los datos más recientes referidos a dichos programas fueron elaborados por la Cámara Empresaria de Larga Distancia, donde se estimó una emisión anual de 100.000 tickets de viajes gratuitos anuales.

Según datos del 2023, el costo de los pasajes gratuitos por discapacidad ascendía a los 10.000 millones de pesos. Dicha cifra, actualizada a niveles inflacionarios actuales deriva en costos de en torno a los 40.000 millones de pesos que recaerá sobre las arcas de las empresas, que posiblemente trasladen la nueva presión financiera al resto de sus pasajes para no quedar desbalanceadas.

De cualquier manera, el sector del transporte de larga distancia ya acusa el estrés financiero que deriva de la nueva lógica de mercado, con tarifas desreguladas. Al igual que otros sectores de la economía, las empresas han advertido que la posibilidad de trasladar costos a los consumidores es cada vez menor en especial ante la competencia creciente de la oferta de vuelos de cabotaje bajo la lógica “low cost”, que el año pasado superó por primera vez la emisión de pasajes por vía terrestre.

Durante 2025, la emisión de pasajes para micros de larga distancia alcanzó los 22,7 millones de pasajeros. Mientras tanto, las aerolíneas emitieron pasajes por 26,4 millones de pasajeros, consolidando un crecimiento récord.

El punto crítico: la CNRT deberá controlar el cumplimiento

Uno de los focos más delicados será el control efectivo de la gratuidad. La resolución encomienda a la CNRT mantener los mecanismos para garantizar la entrega de pasajes gratuitos. Sin embargo, operadores del sector reconocen desde hace años tensiones recurrentes entre empresas y beneficiarios por cupos, disponibilidad y anticipación de reservas.

Sin compensación estatal, el incentivo económico para restringir o dificultar el acceso podría incrementarse. Ahí aparece un dato relevante para el interior: en provincias alejadas, donde hay menos oferta de empresas y menor competencia real, el usuario tiene menos capacidad de elección y menor poder de reclamo.

Aunque la medida no implica un recorte directo sobre beneficiarios, sí representa un retiro parcial del Estado de un esquema de financiamiento social del transporte. El ahorro fiscal nacional es claro. La incógnita es cómo se redistribuirá ese costo dentro del sistema.

En regiones centrales, el mercado puede absorber parte del impacto vía volumen y competencia. En provincias periféricas como Misiones, donde la conectividad tiene costos estructuralmente más altos, la transición puede sentirse con más intensidad en tarifas, frecuencias y calidad del servicio.

Lo que habrá que seguir de cerca es si el nuevo modelo realmente genera eficiencia o si termina profundizando desigualdades territoriales entre el centro del país y las economías alejadas de los grandes corredores comerciales.

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Crisis low cost: Flybondi abandona la ruta Lima-Iguazú

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La crisis operativa y financiera de Flybondi volvió a impactar de lleno sobre la conectividad aérea del interior argentino. La aerolínea low cost confirmó que dejará de operar la ruta internacional entre Lima y Puerto Iguazú apenas seis meses después de haberla inaugurado, en una señal que profundiza las dudas sobre la sustentabilidad de varias de las operaciones regionales.

El último vuelo será el próximo 5 de junio y, desde el 8 de junio, la conexión quedará suspendida de manera definitiva. La decisión implica un retroceso para la estrategia turística de Misiones, que venía apostando a consolidar a Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú como una puerta de entrada regional para el turismo sudamericano, sin depender exclusivamente de Buenos Aires como hub de distribución.

La ruta había comenzado a operar el 1 de diciembre de 2025 y era presentada como una de las apuestas más ambiciosas de la compañía para fortalecer su presencia internacional. Con dos frecuencias semanales, la conexión directa entre Perú y Cataratas del Iguazú permitía captar viajeros internacionales hacia uno de los principales destinos turísticos del país.

Sin embargo, el proyecto duró apenas medio año.

Desde la empresa que llegó a la Argentina durante el macrismo, señalaron que la cancelación responde a una “revisión permanente de la red internacional” ante el incremento de costos operativos, la suba del combustible y un desempeño comercial inferior al esperado para la ruta. Actualmente, el sitio oficial de la compañía ya no comercializa pasajes posteriores a los primeros días de junio para el tramo Lima–Puerto Iguazú.

La salida de la ruta ocurre además en uno de los momentos más delicados para Flybondi desde su desembarco en el mercado aerocomercial argentino.

En las últimas semanas trascendió el embargo de cuentas bancarias de la compañía por una deuda vinculada al suministro de combustible de YPF Aero, un episodio que volvió a encender alarmas dentro del sector aeronáutico sobre la estabilidad financiera de la low cost. A eso se suman reclamos internos por demoras salariales, incertidumbre sobre los pagos y un clima creciente de tensión dentro de la empresa.

El escenario se produce además luego de meses marcados por cancelaciones, reprogramaciones y cuestionamientos sobre la confiabilidad operativa de la aerolínea, especialmente durante períodos de alta demanda.

Para los pasajeros afectados, la empresa informó que quienes tengan tickets emitidos para fechas posteriores al cierre de la ruta están siendo contactados para gestionar alternativas. Flybondi ofrece devolución del dinero o vouchers por el mismo valor para utilizar en otras rutas operadas por la compañía, con posibilidad de transferir esos créditos a terceros.

Más allá del impacto puntual sobre los usuarios, la cancelación de Lima-Iguazú vuelve a poner en evidencia las dificultades estructurales que enfrentan muchas rutas internacionales operadas desde el interior del país. El desafío de sostener conexiones regionales fuera de Buenos Aires continúa condicionado por altos costos operativos, presión cambiaria, combustible caro y márgenes cada vez más estrechos para las aerolíneas low cost.

Para Misiones, la pérdida de esta conexión representa además un golpe simbólico y estratégico. La provincia venía trabajando para ampliar la llegada directa de turistas internacionales y fortalecer el posicionamiento de Cataratas del Iguazú como destino regional de alcance sudamericano.

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Defensa del Consumidor: el Gobierno habilita descuentos del 50% en multas y cambia la lógica de fiscalización comercial

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El Gobierno nacional modificó el régimen sancionatorio de la Ley de Defensa del Consumidor y estableció que las empresas que acepten una multa y la paguen dentro de los 10 días hábiles podrán acceder a una reducción del 50% del monto sancionado. La medida, oficializada mediante el Decreto 377/2026, apunta a reducir litigios administrativos y acelerar la cobranza estatal, pero también redefine el costo económico de incumplimientos para comercios, prestadores de servicios y cadenas de consumo masivo.

Para Misiones, donde el comercio opera bajo presión permanente por las asimetrías fronterizas con Paraguay y Brasil, el cambio tiene una lectura distinta a la de los grandes centros urbanos. El impacto no pasa solamente por el alivio financiero para empresas sancionadas, sino por cómo se reorganiza el equilibrio entre fiscalización, costos regulatorios y competitividad en una provincia donde cada punto de margen comercial define si una venta queda en Posadas o cruza a Encarnación.

Menos litigio, más pago rápido: qué cambia en concreto

La modificación incorpora un esquema similar al que ya existe en otros regímenes administrativos: si una empresa acepta la sanción y no apela, podrá cancelar la multa pagando la mitad del monto fijado por la autoridad de aplicación.

La lógica económica detrás de la medida es doble: Reducir costos judiciales y administrativos para el Estado. Acelerar la percepción efectiva de multas sin atravesar procesos largos de apelación.

En términos prácticos, el Gobierno reconoce que gran parte de las sanciones terminaban judicializadas o demoradas, afectando la recaudación efectiva y elevando costos legales tanto para empresas como para la administración pública.

Para el sector privado, especialmente PyMEs comerciales, hoteleras y de servicios del NEA, la novedad introduce previsibilidad financiera en un contexto donde las sanciones por incumplimientos formales pueden convertirse en contingencias relevantes de caja.

El costo oculto: el riesgo de “normalizar” multas

El nuevo esquema también abre una discusión regulatoria relevante: si el costo de una infracción se reduce automáticamente a la mitad mediante pago voluntario, algunas compañías podrían comenzar a incorporar la sanción como un costo operativo más.

Ahí aparece el principal desafío para las autoridades provinciales y municipales de control: mantener capacidad disuasiva sin aumentar burocracia.

La reglamentación establece un límite importante: la reducción nunca podrá dejar la multa por debajo del mínimo legal previsto en la Ley 24.240. Aun así, el cambio modifica la ecuación económica de cumplimiento normativo.

Para grandes operadores nacionales, la medida puede convertirse en un mecanismo de cierre rápido de expedientes. Para PyMEs regionales, puede representar alivio financiero frente a procesos administrativos largos y costosos.

Aunque la norma no modifica precios de manera directa, sí puede tener efectos indirectos sobre costos empresariales.

En economías regionales como Misiones, donde el consumo sigue condicionado por salarios retrasados y competencia fronteriza, cualquier reducción de costos regulatorios puede impactar en: capacidad de sostener promociones. Menor traslado de contingencias legales a precios. Menores costos financieros derivados de litigios. Mayor previsibilidad para pequeñas empresas.

No se trata de una reforma estructural del sistema de consumo, pero sí de un cambio microeconómico que busca descomprimir costos administrativos en plena desaceleración inflacionaria.

Un cambio alineado con la estrategia de desregulación

El decreto encaja dentro de una lógica más amplia del Gobierno nacional: reducir tiempos administrativos, bajar conflictividad y acelerar mecanismos de resolución sin expandir estructuras estatales.

La administración Milei viene impulsando medidas similares en distintos organismos regulatorios, buscando transformar sanciones extensas y litigiosas en sistemas de resolución rápida.

Para Misiones, el punto clave será observar si esta flexibilización viene acompañada de controles más eficientes o si termina debilitando la capacidad sancionatoria frente a abusos comerciales.

Porque en una provincia donde el consumo ya enfrenta fuga permanente hacia Paraguay y Brasil, la confianza del consumidor local también se volvió un activo económico.

El dato central no es únicamente el descuento del 50%. El verdadero cambio pasa por cómo se redefine la relación entre Estado, empresas y consumidores en un contexto de menor intervención y mayor autorregulación.

Para el empresariado misionero, especialmente PyMEs comerciales y turísticas, la medida puede representar alivio operativo. Pero el equilibrio será delicado: menos litigiosidad no necesariamente implica mejores prácticas comerciales.

El mercado fronterizo del NEA funciona con márgenes mínimos y competencia permanente. En ese escenario, la calidad del control estatal sigue siendo tan importante como el costo regulatorio.

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