El Parlamento Europeo decidió prorrogar la entrada en vigencia del Reglamento 1115/2023, la normativa que exige que una serie de productos de exportación ingresen al mercado europeo libres de deforestación y degradación forestal. El aplazamiento ofrece un margen temporal adicional, pero no despeja las preocupaciones del sector agropecuario argentino.
Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron que la Unión Europea debe revisar el alcance del reglamento para permitir que cada país gestione el uso de sus recursos naturales conforme a sus propias regulaciones, tal como ha ocurrido históricamente. Además, remarcaron que la categorización de riesgo asignada a la Argentina -catalogada como Riesgo Bajo– solo debería exigir como objetivo el freno a la deforestación ilegal, sin incorporar restricciones adicionales.
Cuestionamientos a la “diligencia debida”
La entidad rural también reclamó eliminar la obligación de “diligencia debida” que impone la normativa europea. Según la SRA, ese requisito trasladará sobrecostos a las cadenas de abastecimiento, que terminarán impactando en mayores precios para los consumidores europeos y podrían generar presiones inflacionarias sobre los alimentos.
“Las cargas administrativas y financieras asociadas a este esquema no solo afectan la competitividad de nuestras exportaciones, sino que distorsionan el funcionamiento del comercio internacional”, advirtieron.
La SRA sostuvo que la Argentina cuenta con herramientas y sistemas para demostrar el cumplimiento de los estándares ambientales requeridos por la Unión Europea, pero enfatizó que las exigencias deben aplicarse de forma transparente, simple y previsible. “Las dilaciones y la falta de certidumbre no favorecen el comercio ni fortalecen la relación institucional entre la Argentina y la Unión Europea”, señaló la entidad.
El sector exportador agroindustrial sigue con atención la evolución del reglamento, que impacta particularmente en cadenas como carne bovina, soja, cuero, cacao, café y madera. La prórroga abre una ventana de negociación, pero deja claro que la discusión sobre los criterios ambientales seguirá en el centro de la agenda entre Bruselas y los países productores.
El Mercosur y la Unión Europea alcanzaron hoy un acuerdo de comercio luego de 25 años de negociaciones que abre un mercado de 700 millones de personas.
“Siempre es bueno abrir lazos comerciales”, destacó el presidente Javier Milei.
El anuncio fue realizado este viernes en Montevideo en el marco de la 65° Cumbre del Mercosur de la que también participa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien viajó especialmente para cerrar las negociaciones.
En la conferencia de prensa que se realizó en la sala especialmente habilitada en la sede de deliberaciones también estuvieron presentes el presidente, Javier Milei, y sus pares de Brasil, Luis Inacio “Lula” Da Silva, y de Paraguay, Fernando Peña, además del anfitrión local, Luis Lacalle Pou.
Al comunicar el acuerdo, Lacalle Pou, destacó que “no es solo un intercambio comercial ya de manera más importante, sino que es mucho más que eso porque tenemos vínculos con Europa más allá del comercio”.
Asimismo, señaló que “no es una solución, sino que es una oportunidad y dependerá de nosotros en cada uno de nuestros países la importancia que le demos”.
Von der Leyen celebró el pacto alcanzado y lo calificó como “un hito histórico”, al tiempo que consideró que el acuerdo es “ambicioso y equilibrado”.
Añadió que “el vínculo entre país de Europa y el Mercosur es uno de los más fuertes del mundo” y enfatizó que “estamos fortaleciendo esta alianza como nunca antes”.
La funcionaria remarcó que en “tiempos “convulsionados estamos mandando un mensaje contundente al mundo” y destacó que “demostramos que las democracias pueden apoyarse mutuamente.
En ese sentido recalcó que “ambos creemos en la apertura y en la cooperación”.
“Estamos generando un mercado de 700 millones de consumidores”, destacó Von der Leyen y aseguró que la alianza “va a generar inversiones y trabajo a ambos lados del Atlántico”.
“Le estamos diciendo al mundo que tiene que estar ligado por valores”, añadió la funcionaria europea.
Asimismo, dijo que “esto es una ganancia para Europa” porque “hay 70 mil empresas exportan al Mercosur de las cuales 30 mil son pymes así se aseguran un mercado, facilidades de ingresos, menores aranceles y acceso preferencial a materias primas”.
Además afirmó que “este acuerdo incluye salvaguardas robustas” y le permitirá ahorrar a las empresas europeas 4,000 millones de euros.
Durante la reunión del Consejo Agropecuario del Sur (CAS), Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay emitieron una Declaración solicitando a la Comisión Europea postergar la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 previsto para el 30 de diciembre 2024.
En el marco de la 136° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria organizada por la Sociedad Rural Argentina, se realizó la XLVII Reunión Ordinaria del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) con la participación del Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Sergio Iraeta; el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de Uruguay, Fernando Mattos; el Ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela; el Secretario Ejecutivo Adjunto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento de Brasil, Cléber Oliveira Soares ; el Director de Ganadería de Paraguay, César Duarte; y el Director de Producción Pecuaria, Acuicultura y Pesca del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, Víctor Hilari, y el secretario Ejecutivo del Consejo Agropecuario del Sur, Gabriel Delgado.
El encuentro permitió el intercambio entre los países de la región sobre los diversos temas de interés común, destacándose en la agenda el tratamiento de la implementación del Reglamento (UE) 2023/1115 de cadenas libres de deforestación. En particular, en una declaración conjunta que será presentada formalmente mediante nota dirigida a la Comisión Europea, los representantes expresaron su preocupación en cuanto al impacto negativo que este reglamento pueda tener en el comercio internacional y manifestaron dudas en cuanto su compatibilidad con las obligaciones ante la Organización Mundial de Comercio. En este sentido, resaltaron el liderazgo de la región en la adopción de buenas prácticas de producción agrícola y tecnologías para mejorar la producción agroindustrial. Señalaron que los problemas globales requieren soluciones globales, no existiendo soluciones únicas, para lo cual es fundamental fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional, donde cualquier medida debe basarse en fundamentos científicos sólidos y adaptarse a las realidades locales en el marco de las legislaciones nacionales.
Por su parte, el secretario y presidente pro tempore del CAS, Sergio Iraeta, señaló: “la Declaración solicita a la Comisión Europea postergar la implementación de la normativa prevista para el 30 de diciembre de este año, entendiendo que constituye una barrera para el acceso al mercado europeo, agravado por la importante falta de precisiones aún existente en el proceso de implementación y que viene generando una alta incertidumbre en el comercio internacional”.
Los Ministros reiteraron la disposición de los países del CAS de trabajar en forma conjunta y entablar un diálogo real y efectivo con la UE para encontrar mecanismos que permitan cumplir con el importante objetivo de reducir la deforestación y la degradación forestal, atendiendo las realidades y capacidades locales, así como la legislación nacional.
Además, la agenda del encuentro incluyó una Declaración sobre las decisiones sobre Límites Máximos de Residuos y otra Declaración sobre Resistencia Antimicrobiana, remarcando la importancia de adoptar decisiones con base en evidencia científica sólida, incluidas evaluaciones de riesgos exhaustivas que consideran diferentes condiciones de suelo, clima y prácticas productivas, y que las mismas deben ser proporcionales al riesgo cuantificado y el objetivo perseguido, de acuerdo con los compromisos asumidos en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y las recomendaciones del Codex Alimentarius, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).
La agenda incluyó un repaso sobre los trabajos en el marco de la Declaración CAS 1/2024 para la mejor en la estimación de mediciones GEI, el trabajo en el marco del acuerdo de biotecnología entre los países del Mercosur, la presentación del Informe actualizado sobre las perspectivas climáticas para el cono sur realizado por el Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y AgroIndustrial del Cono Sur (PROCISUR), que reúne a los Institutos de Investigación Agropecuaria de la región; entre otros temas.
En el cierre de la reunión, se realizó un diálogo con la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y la Confederación de Organizaciones de Productores Familiares del Mercosur (COPROFAM), abordando los principales temas de interés de la agenda regional.
La Comisión Europea advirtió de un mayor escrutinio sobre la nueva estructura de tarifas de Apple para las tiendas de aplicaciones alternativas y las prácticas de clasificación de Amazon en su mercado
Apple, Google y Meta se enfrentan a la posibilidad de multas millonarias tras la apertura de investigaciones por parte de la Unión Europea sobre el cumplimiento de la Ley de Mercados Digitales (DMA). La Comisión Europea sospecha que las prácticas de estas empresas, como las normas de sus tiendas de aplicaciones, la priorización de sus propios servicios en los resultados de búsqueda y las restricciones a la elección de navegadores, podrían estar infringiendo la ley.
Las investigaciones se centrarán en:
Las normas de las tiendas de aplicaciones de Apple y Google: La Comisión sospecha que estas normas dan a las empresas una ventaja injusta sobre sus competidores.
Los resultados de búsqueda de Google: La Comisión sospecha que Google está priorizando sus propios servicios en los resultados de búsqueda, lo que perjudica a sus competidores.
Las restricciones de Apple a la elección de navegadores: La Comisión sospecha que Apple está dificultando a los usuarios la elección de alternativas a su navegador Safari.
Las nuevas tarifas de suscripción de Meta: La Comisión sospecha que las nuevas tarifas de suscripción de Instagram y Facebook podrían ser abusivas.
Las multas podrían ascender hasta el 10% de los ingresos globales de las empresas en caso de que se demuestre que han infringido la ley.
La Comisión también advirtió de un mayor escrutinio sobre la nueva estructura de tarifas de Apple para las tiendas de aplicaciones alternativas y las prácticas de clasificación de Amazon en su mercado. Las acciones de Apple y Alphabet bajaban un 1,3% a las 10:11 horas en Nueva York. Meta bajaba un 0,7%. Las acciones de Amazon subían un 0,9%.
Un portavoz de Apple dijo que la compañía confía en que cumple con la DMA, mientras que el director de competencia de Google, Oliver Bethell, dijo que la compañía ha hecho cambios significativos en sus servicios en Europa y que “seguirá defendiendo nuestro enfoque en los próximos meses.” Un portavoz de Meta dijo que la empresa diseñó sus ofertas para cumplir las obligaciones reglamentarias que se solapan, incluida la DMA.
Google ha declarado en un blog que la multa es desproporcionada y “no tiene suficientemente en cuenta los esfuerzos que hemos realizado para responder y resolver las preocupaciones planteadas”
Para Apple, la investigación de la UE viene a sumarse a una amplia investigación antimonopolio en EE.UU., donde el Departamento de Justicia y 16 fiscales generales demandaron a la empresa la semana pasada, acusando al fabricante del iPhone de violar las leyes antimonopolio al bloquear a sus rivales el acceso a las funciones de hardware y software de sus populares dispositivos.
La DMA entró en vigor en noviembre de 2022 y tiene como objetivo limitar el poder de las grandes tecnológicas. Apple ya ha sido multada por la UE en el pasado por prácticas anticompetitivas. Google y Meta también están siendo investigadas por la UE por posibles abusos de mercado.
Las investigaciones podrían tener un impacto significativo en el modelo de negocio de las grandes tecnológicas. Los consumidores podrían tener más opciones y mejores precios como resultado de las investigaciones.
Google y OpenAI se encuentran en una carrera por el dominio de la IA, pero ambas empresas se enfrentan a desafíos regulatorios y legales relacionados con los derechos de autor.
Google ha sido multado por la Unión Europea por no ser transparente en la forma en que utiliza el contenido de los medios de comunicación para entrenar su modelo de IA, Bard (ahora conocido como Gemini). Esta multa es la primera de su tipo y pone de relieve la creciente preocupación por el uso de datos con derechos de autor en el desarrollo de la IA.
Los medios de comunicación proporcionan el contenido que alimenta a los modelos de IA. Sin embargo, la forma en que Google y otras empresas tecnológicas utilizan este contenido es objeto de debate. Los editores de noticias exigen una compensación justa por su trabajo, mientras que las empresas tecnológicas argumentan que necesitan acceso a los datos para desarrollar la IA.
Encontrar un equilibrio entre los derechos de los propietarios de contenido y las necesidades de las empresas de IA es un desafío complejo. La Unión Europea está trabajando en una Ley de IA que abordará este tema, pero aún no está claro cómo se resolverá.
Google y OpenAI: diferentes estrategias
Google ha optado por un enfoque de “datos abiertos”, utilizando grandes cantidades de datos de diversas fuentes para entrenar sus modelos de IA.
OpenAI, por otro lado, ha adoptado un enfoque más selectivo, trabajando con un grupo más pequeño de socios para obtener acceso a datos de alta calidad.
En la columna Data Sheet (hoja de ruta), de la revista Fortune, el especialistas David Meyer habla sobre esta controversia:
“Hace casi cinco años, informé sobre cómo los editores de noticias de Francia habían entrado en guerra con Google por la cuestión de las tarifas de “derechos de autor auxiliares”: pagos por incluir fragmentos de texto de artículos en los resultados de búsqueda de Google. Escribí que era poco probable que los medios de comunicación ganaran. Bueno, simplemente lo hicieron. Y como ocurre con todo lo demás hoy en día, la IA de repente se convirtió en parte de la ecuación.
Esta mañana, la autoridad de competencia francesa multó a Google con 250 millones de euros (US$ 271 millones) por no cumplir con los compromisos que asumió hace un par de años sobre cómo negociaría las tarifas con los medios de comunicación franceses. Google ya recibió una multa de 500 millones de euros por el asunto en 2021. Esta vez no se retractará, lo que probablemente le haya ahorrado una multa aún mayor.
No voy a entrar en detalles del proceso de negociación revisado al que Google aceptó; es tan aburrido como parece y, si realmente quieres profundizar, aquí tienes la declaración de Google en francés e inglés. La parte interesante de este episodio es sobre Bard AI de Google, que actualmente se llama Gemini.
Hasta donde yo sé, esta es la primera multa que se impone a una empresa de inteligencia artificial, al menos parcialmente, debido a su incorporación libre de todo lo que puede capturar en sus datos de entrenamiento.
Según la Autoridad Francesa de Competencia (FCA), la multa tiene en cuenta el hecho de que Google “utilizó contenidos de agencias de prensa y editores para entrenar su modelo de fundación [Bard], sin notificarles ni a ellos ni a la [FCA]”.
Como dice Google, la FCA “no cuestiona la forma en que se utiliza el contenido web para mejorar productos más nuevos como la IA generativa”.
Google afirmó que esta cuestión “ya está abordada” en el artículo 4 de la Directiva de Derechos de Autor de la UE, que establece una excepción para la minería de textos y datos, y en la próxima Ley de IA de la UE, que exige a las empresas de IA que respeten la Directiva de Derechos de Autor (y que publiquen “resúmenes suficientemente detallados de sus datos de entrenamiento).
Pero según la FCA, la cuestión de si las empresas de inteligencia artificial que extraen artículos califican para esa excepción de minería de textos y datos, “aún no se ha resuelto”. Dijo que Google había “al menos” roto su compromiso de ser transparente en sus tratos comerciales con los editores de noticias franceses, lo que convertía este asunto en una multa.
Ahora, Google lanzó recientemente un nuevo control en el archivo robots.txt que los editores web utilizan para enviar señales a los rastreadores web de Google. La configuración se llama Google-Extended y se supone que permite a los editores optar por la preferencia de que sus datos no se conviertan en material de entrenamiento de Bard/Gemini sin que sus artículos desaparezcan de la Búsqueda de Google y de Google News.
Los empleos que serán sustituidos por inteligencia artificial: Atención al cliente
Pero sólo añadió ese control a finales de septiembre, más de 2 meses después del lanzamiento europeo de Bard.
Durante ese período, los editores franceses efectivamente tuvieron que permitir la aspiración irrestricta de su producción en Bard si también querían que apareciera en Search and News, que, recuerden, es la forma en que luego pueden reclamar tarifas de Derechos de Autor auxiliares a Google. Eso rompió otro de los compromisos de Google, contribuyendo nuevamente a la multa de hoy.
La FCA también le pidió a Google que explicara a los editores cómo funciona el mecanismo de exclusión voluntaria.
En resumen, el nuevo control de Google para los editores ha solucionado tardíamente uno de los problemas con la incorporación no remunerada de artículos de noticias en su material de capacitación sobre IA / AI, pero la legalidad general de esta práctica según la ley de derechos de autor de la UE sigue siendo una cuestión abierta.
No es difícil ver por qué el gran rival de Google, OpenAI, ha comenzado a cerrar acuerdos de licencia con editores de prensa europeos como Axel Springer y Le Monde.
Una nota final, ya que hablamos del tema de las grandes tecnologías y los reguladores antimonopolio europeos: Margrethe Vestager, jefa de competencia de la Comisión Europea, acaba de decir a Reuters que Apple podría enfrentar una investigación sobre la “tarifa de tecnología central” de 0,50 euro por instalación de aplicación.
“Está cobrando a los desarrolladores que se atreven a utilizar las tiendas de aplicaciones iOS de terceros que Apple debe permitir según la nueva Ley de Mercados Digitales de la UE. “Hay cosas que nos interesan mucho, por ejemplo, si la nueva estructura de tarifas de Apple de facto hará nada atractivo el uso de los beneficios de la DMA”, dijo.
Dado que Microsoft y Meta se han quejado ante Vestager de que la tarifa hace que las tiendas de aplicaciones de terceros sean inviables, se avecina una tormenta y debo decir que te lo anticipé.”
