Unión Europea

Lula advierte: “No queremos otra Gaza en Sudamérica”

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, advirtió que la política mundial atraviesa “un momento muy crítico”, marcado por el avance de la ultraderecha, el debilitamiento del multilateralismo y el creciente alineamiento de algunos países sudamericanos con la agenda de los Estados Unidos, en particular durante el nuevo gobierno de Donald Trump.

Durante un acto realizado la semana pasada en el estado de Bahía, Lula llamó a observar con atención la situación política de la región y mencionó explícitamente a países como Chile, Argentina, Venezuela, Paraguay y Ecuador. “Vivimos un momento muy crítico en la política global”, sostuvo ante el auditorio, al tiempo que alertó sobre el impacto regional del giro político en Washington.

Según consignó el medio brasileño Brasil de Fato, el mandatario remarcó que Sudamérica ha sido históricamente una zona de paz y contrastó esa condición con los actuales conflictos internacionales. “No tenemos armas nucleares ni bombas atómicas. Tenemos gente pobre que quiere trabajar, vivir, comer y estudiar. No queremos guerra”, afirmó. Y agregó: “Puede que no tengamos armas, pero tenemos carácter y dignidad, y no bajaremos la cabeza ante nadie, sea quien sea”.

En su discurso, Lula cuestionó además acciones militares impulsadas por Estados Unidos en la región, en referencia a la captura del ex presidente venezolano Nicolás Maduro, y vinculó ese tipo de intervenciones con un clima de creciente tensión geopolítica.

Enfriamiento regional y señales políticas

El presidente de la mayor economía de América Latina dejó entrever que este escenario explica el enfriamiento de las relaciones con algunos mandatarios sudamericanos. En el caso de Paraguay, Lula no asistió en enero pasado a la firma del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, realizada en Asunción, pese a haber sido Brasil uno de los principales impulsores del tratado y a la invitación formal del presidente paraguayo Santiago Peña.

Si bien al inicio de su mandato en 2023 Peña mantenía una relación cercana con Lula —incluso participando de eventos de alto perfil como la cumbre del G20—, en el último año su gobierno, al igual que el del presidente argentino Javier Milei, mostró una mayor sintonía con la agenda política y estratégica de Washington.

Gaza, multilateralismo y advertencia global

En otro tramo de su exposición, Lula cuestionó los anuncios del gobierno de Trump sobre la reconstrucción de Gaza tras el cese del fuego con Israel. “No queremos otra Guerra Fría. No queremos otra Gaza en Sudamérica”, advirtió. Y fue más allá: “¿Han visto la foto de lo que planean hacer en Gaza? Un complejo turístico. Lo destruyeron todo, mataron a más de 70.000 personas, y ahora dicen que lo convertirán en hoteles de lujo. ¿Dónde vivirán los pobres que sobrevivieron?”, se preguntó.

Finalmente, el presidente brasileño alertó que Trump pretende “crear una nueva ONU” bajo su control y sostuvo que el orden global atraviesa una mutación profunda. “El multilateralismo está siendo reemplazado por el unilateralismo y prevalece el gobierno del más fuerte”, concluyó.

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La UE investiga a X por Grok y pone bajo la lupa la IA por imágenes sexualizadas sin consentimiento

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La Comisión Europea abrió una investigación formal contra la red social X por las funcionalidades de su inteligencia artificial, Grok, tras la difusión de imágenes sexualizadas y desnudos sin consentimiento. El foco está puesto en el cumplimiento de la Ley de Servicios Digitales y en los riesgos sistémicos que la plataforma podría estar generando dentro de la Unión Europea.

Bruselas activó un nuevo frente regulatorio contra X, la red social propiedad de Elon Musk, al anunciar este lunes la apertura de una investigación por el uso de Grok, su sistema de inteligencia artificial, para la creación y difusión de imágenes sexualizadas, incluidas representaciones de desnudos sin consentimiento. La Comisión Europea evaluará si la compañía cumple con las obligaciones previstas en las leyes digitales europeas, en particular con la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), que impone deberes reforzados a las grandes plataformas digitales.

Según informó el Ejecutivo comunitario en un comunicado, la investigación analizará si X examinó y mitigó adecuadamente los riesgos asociados al lanzamiento de Grok en la Unión Europea, incluyendo la posible circulación de contenido ilegal, como imágenes manipuladas sexualmente explícitas que incluso podrían encuadrarse como material de abuso sexual infantil.

El foco en la Ley de Servicios Digitales y los riesgos sistémicos

Desde Bruselas señalaron que los riesgos derivados del uso de Grok “parecen haberse materializado”. En ese marco, la Comisión investigará si X cumplió con sus obligaciones de evaluar y mitigar riesgos sistémicos, así como de producir y remitir un informe de riesgos ad hoc sobre aquellas funcionalidades de Grok que alteran de manera significativa el perfil de riesgo de la plataforma antes de su puesta en marcha en territorio europeo.

Incluso antes de anunciar formalmente la apertura de la investigación, la Comisión Europea ya había ordenado a X conservar toda la documentación interna vinculada a Grok durante 2026, en el marco de otra causa en curso que analiza las políticas de la red social frente a los contenidos ilegales. Esa decisión se tomó en plena controversia por la difusión de imágenes de niños y mujeres desnudas generadas por la inteligencia artificial en las últimas semanas.

El caso escaló a nivel institucional luego de que el Gobierno francés denunciara a X ante los tribunales, una situación que se suma a antecedentes recientes, como la publicación por parte de la IA de la plataforma de contenidos vinculados al blanqueo del Holocausto a finales del año pasado.

Una investigación prioritaria y sin plazos definidos

Fuentes comunitarias reconocieron que X adoptó algunas medidas para frenar la circulación de este tipo de imágenes tras la polémica pública y el aumento de la presión regulatoria desde Bruselas. Sin embargo, advirtieron que la investigación abierta “va más allá” de los episodios puntuales de imágenes sexualizadas y apunta a un problema más estructural, relacionado con la arquitectura de la red social y el funcionamiento de su inteligencia artificial.

La Comisión Europea considera que, de confirmarse las alegaciones, X podría estar infringiendo varios artículos de la Ley de Servicios Digitales, especialmente aquellos vinculados a la evaluación y mitigación de riesgos sistémicos para los ciudadanos europeos. Aunque el proceso no tiene un calendario ni fechas límite establecidas, desde Bruselas adelantaron que, debido a la gravedad potencial de los riesgos asociados a Grok, la causa se tramitará “de manera prioritaria”.

Antecedentes recientes y presión regulatoria creciente

El nuevo expediente se suma a una serie de acciones regulatorias previas contra X. En diciembre de 2025, la Comisión Europea multó a la plataforma con 120 millones de euros por incumplir sus obligaciones de transparencia bajo la Ley de Servicios Digitales. En ese caso, el Ejecutivo comunitario sancionó a la empresa por el “diseño engañoso” de su sistema de verificación azul, la falta de transparencia en su repositorio publicitario y las restricciones al acceso de investigadores a datos públicos.

En paralelo, Bruselas decidió prorrogar este lunes otra investigación abierta en 2023, que examina si X cumple con sus obligaciones de gestión de riesgos en sus sistemas de recomendación de contenidos. Ese análisis ahora incorporará el impacto del reciente cambio hacia un sistema basado en la inteligencia artificial de Grok, tal como anunció la propia compañía.

El avance de estas investigaciones confirma que el uso de inteligencia artificial en plataformas digitales se ha convertido en un eje central de la política regulatoria europea, con implicancias directas para el modelo de negocios de las grandes tecnológicas y para la protección de los derechos digitales dentro del bloque.

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La yerba mate paraguaya gana terreno en Europa y busca consolidarse como marca país

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La yerba mate paraguaya avanza en su posicionamiento internacional y busca consolidarse como marca país en Europa, apalancada en el crecimiento de las exportaciones durante 2025, la ausencia de barreras arancelarias y las oportunidades que abre el acuerdo Unión Europea–Mercosur. El sector yerbatero logró reforzar su presencia en mercados clave del continente, con España como principal destino, y se proyecta como un actor con potencial de expansión en nichos vinculados a alimentos naturales, bebidas e incluso cosmética.

Desde el Centro Yerbatero Paraguayo, destacan que el proceso de inserción no fue inmediato, sino el resultado de un trabajo sostenido de promoción, adecuación productiva e inversiones industriales que permitieron posicionar a Paraguay como país productor de yerba mate en un mercado altamente competitivo y exigente como el europeo.

Europa como plataforma estratégica y oportunidad Mercosur

La gerente general del Centro Yerbatero Paraguayo, Naida Alderete, subrayó que el acceso al mercado europeo se ve favorecido por la inexistencia de barreras arancelarias, una condición que permite proyectar estabilidad y continuidad en los envíos. En ese marco, sostuvo que el acuerdo Unión Europea–Mercosur representa “una oportunidad” para potenciar aún más a Paraguay como marca país y fortalecer la visibilidad del sector yerbatero a nivel internacional.

Según explicó, la yerba mate paraguaya no siempre es reconocida de manera inmediata cuando participa en ferias internacionales, lo que obligó al gremio a desarrollar un largo trabajo de promoción. Ese esfuerzo permitió que Paraguay se instale en la vidriera global como productor de yerba mate, un paso clave para competir en mercados donde la diferenciación por origen y calidad resulta determinante.

Alderete remarcó que Europa no es un comprador de grandes volúmenes, pero que cada espacio conquistado suma para el sector. “Hoy más que nunca necesitamos crecer en los mercados”, afirmó, destacando la importancia estratégica de sostener y ampliar la presencia en destinos europeos.

Inversiones, certificaciones y adaptación industrial

El proceso de inserción internacional estuvo acompañado por una modernización del entramado industrial. Las empresas del sector realizaron adecuaciones productivas, inversiones y obtuvieron certificaciones, además de mejorar la presentación de los productos y adaptar los etiquetados a los requisitos europeos. Estas mejoras permitieron posicionar la yerba paraguaya como un producto de calidad en un mercado con altos estándares regulatorios y de consumo.

En ese sentido, Alderete señaló que el sector identifica oportunidades no solo en la venta de yerba mate tradicional, sino también en el desarrollo de productos naturales a base de hierbas, así como en la atracción de inversiones de grandes industrias de bebidas y cosméticos. Desde el gremio, indicaron que continúan trabajando para generar nuevas inversiones y ampliar la presencia de los productos paraguayos en destinos internacionales.

La diversificación de la oferta también juega un rol central en la estrategia de crecimiento. Actualmente, el sector ofrece yerba mate 100%, yerbas compuestas con hierbas, saborizadas e incluso infusiones con sabores a frutas, lo que amplía el abanico de consumidores y permite adaptarse a distintas preferencias culturales.

Exportaciones, destinos y expansión internacional

En términos de volumen, las exportaciones de yerba mate paraguaya hacia Europa ascienden a 185.000 kilogramos, con España como principal destino. Según explicó Alderete, los consumidores en ese país son “en su mayoría nostálgicos”, principalmente sudamericanos o paraguayos que buscan mantener el hábito de consumo. No obstante, también se registra una demanda creciente por parte de clientes extranjeros que eligen productos elaborados en Paraguay.

Además de España, los principales mercados europeos incluyen Polonia, República Checa, Bélgica, Francia, Italia y Alemania, consolidando una red de destinos que refuerza la presencia del producto en el continente.

El desempeño exportador de 2025 fue particularmente positivo. El sector registró un aumento del 34% en las exportaciones de yerba más elaborada, un dato relevante en un año en el que se lograron abrir tres nuevos mercados. Entre ellos se destaca la llegada al mercado árabe, considerado un nicho estratégico que abre las puertas al Medio Oriente.

Los nuevos destinos incorporados fueron Dubái, Pakistán y Eslovenia, mientras el sector continúa creciendo en mercados tradicionales como Chile, Argentina, España y Brasil. En total, la yerba paraguaya tiene presencia en 25 destinos internacionales, un indicador del grado de inserción alcanzado y del potencial de expansión futura.

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Acuerdo Mercosur-UE: la Comisión Europea evalúa aplicarlo de forma provisional pese al freno del Parlamento

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La Comisión Europea confirmó que se encuentra en condiciones de implementar de manera provisional el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, aun cuando su aplicación plena fue paralizada por el Parlamento Europeo. La definición reaviva un debate institucional de alto voltaje político y económico dentro del bloque comunitario, mientras el futuro del tratado queda ahora supeditado a la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El acuerdo, firmado el fin de semana pasado, quedó en suspenso tras una votación ajustada en el Parlamento Europeo —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones— que resolvió remitir el texto al máximo órgano judicial de la UE para evaluar su compatibilidad con los tratados comunitarios. Pese a ese freno legislativo, desde el Consejo Europeo sostienen que la Comisión conserva la autoridad legal para avanzar con una aplicación provisional del pacto.

El rol de la Comisión y la vía de implementación provisional

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, expresó que el organismo está preparado para actuar “tan pronto como al menos un país del Mercosur ratifique el acuerdo”. Sus declaraciones se produjeron al cierre de una cumbre de líderes comunitarios en Bruselas, donde el tema ocupó un lugar central en la agenda política del bloque.

Hay un claro interés en garantizar que los beneficios de este acuerdo se apliquen lo antes posible”, afirmó von der Leyen ante la prensa. Y resumió la posición institucional con una frase que marcó el tono del debate: “En resumen, estaremos listos cuando ellos estén listos”.

No obstante, la titular de la Comisión aclaró que aún no se adoptó ninguna decisión formal respecto a la puesta en marcha del tratado. En la misma conferencia de prensa, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, reforzó la postura del Ejecutivo comunitario al señalar que la Comisión sí cuenta con la facultad necesaria para avanzar en una implementación provisional del acuerdo, incluso mientras se dirime su validación jurídica definitiva.

El Tribunal de Justicia de la UE, árbitro clave del acuerdo

El futuro del acuerdo Mercosur-UE quedó condicionado a la intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), organismo al que el Parlamento decidió remitir el texto para determinar si respeta los tratados fundacionales del bloque. La decisión parlamentaria no anuló el acuerdo, pero lo dejó en vilo, abriendo un proceso de revisión jurídica que podría tener impacto directo sobre su alcance y vigencia.

El TJUE, con sede en Luxemburgo y fundado en 1952, está integrado por dos instancias: el Tribunal de Justicia, compuesto por un juez de cada uno de los 27 países miembros de la UE, y el Tribunal General, conformado por dos jueces por Estado. Según detalla el propio organismo en su sitio oficial, su misión es “garantizar que la legislación de la UE se interprete y aplique de la misma manera en cada uno de los países miembros”, además de velar por el cumplimiento de las normas comunitarias por parte de las instituciones europeas.

La remisión al TJUE introduce un factor de incertidumbre institucional, pero no bloquea por completo la posibilidad de avanzar en una aplicación parcial o provisional, una herramienta que la Comisión evalúa como vía para evitar que el acuerdo quede paralizado indefinidamente.

Impacto político y económico de una definición en suspenso

La controversia expone una tensión interna en la arquitectura institucional europea, entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo, en torno a uno de los acuerdos comerciales más amplios firmados por la UE. El tratado con el Mercosur implica beneficios potenciales en términos de acceso a mercados, comercio bilateral y reglas comunes, pero también despierta resistencias políticas que derivaron en la ajustada votación parlamentaria.

Mientras el TJUE analiza la legalidad del texto, la posibilidad de una implementación provisional abre un escenario intermedio: permitir que algunos efectos económicos del acuerdo comiencen a operar, sin una ratificación definitiva. Esta alternativa podría generar reacciones encontradas dentro del bloque, al tiempo que mantiene en expectativa a los países del Mercosur, que aguardan definiciones concretas sobre los plazos y alcances reales del pacto.

El desenlace dependerá tanto del pronunciamiento judicial como de las decisiones políticas que adopten las instituciones comunitarias en las próximas semanas, en un contexto donde la Comisión dejó claro que no descarta avanzar si las condiciones mínimas están dadas.

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El Gobierno mantiene su plan para aprobar el acuerdo Mercosur–UE en sesiones extraordinarias

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Aunque el Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea al Tribunal de Justicia de la UE, una decisión que congela de hecho el proceso de ratificación en el bloque europeo, el Gobierno argentino confirmó que mantendrá el cronograma legislativo y buscará aprobar el tratado en el Congreso durante febrero, en el marco de las sesiones extraordinarias. La estrategia apunta a que la Argentina se convierta en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo y dejar operativa su parte comercial, con impacto directo en exportaciones clave y en la inserción internacional.

Un freno en Europa, sin cambios en la hoja de ruta local

Con una votación ajustada —334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones—, el Parlamento Europeo decidió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios. La medida expuso las tensiones internas en el bloque y, en los hechos, paraliza la ratificación hasta que exista un pronunciamiento judicial. Expertos admiten que la demora podría extenderse hasta dos años.

Pese a la sorpresa inicial, el oficialismo argentino descartó modificar su agenda. “Sigue todo igual acá”, señalaron desde la Presidencia de la Cámara de Diputados, mientras que en el Senado ratificaron que el proyecto se tratará en febrero. “Hasta nuevo aviso, se sigue para adelante”, sintetizaron fuentes legislativas.

El apuro no es casual: la entrada en vigencia permitiría aprovechar cuotas de exportación —como las de carne— antes que otros socios regionales, un incentivo económico concreto en un contexto global competitivo.

Trámite legislativo y apoyos políticos: el oficialismo suma respaldos

Desde el punto de vista institucional, el tratamiento parlamentario presenta una ventaja para el Gobierno: los tratados internacionales deben aprobarse o rechazarse en su totalidad por ambas Cámaras, lo que acota el margen de negociación artículo por artículo y simplifica el debate. Además, el oficialismo subraya que las negociaciones se extendieron por 26 años y atravesaron gobiernos de distinto signo político, un argumento utilizado para justificar una aprobación expeditiva.

Varios bloques ya expresaron su respaldo. El PRO celebró que se concrete “el camino iniciado en 2019” y sostuvo que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores”. La UCR remarcó que, en un escenario global desafiante, “la competitividad y la escala son claves” y que la cooperación entre regiones resulta indispensable.

También acompañaron bloques de centro como Provincias Unidas y la Coalición Cívica. Su presidente, Maximiliano Ferraro, definió la iniciativa como una “jugada estratégica” que reafirma la integración, el Estado de derecho y la democracia constitucional, además de la apertura a un mercado de más de 700 millones de personas, bajo reglas claras y previsibilidad.

En contraste, el peronismo aún no fijó posición y reclama que la Cancillería remita el texto definitivo para analizarlo con los sectores productivos y del trabajo, antes de definir su voto.

Las objeciones europeas y el impacto político-comercial

Entre los argumentos que motivaron el freno en el Parlamento Europeo se destaca el “mecanismo de reequilibrio”, que habilita a los países del Mercosur a impugnar normativa europea considerada perjudicial para sus exportaciones. Para varios eurodiputados, este punto podría colisionar con la autonomía regulatoria de la UE y sus tratados fundacionales.

También se cuestionaron los poderes de la Comisión Europea para dividir el acuerdo en dos partes —una política y de cooperación, y otra estrictamente comercial—, una estrategia que facilitó la firma al permitir que la parte comercial entre en vigencia de forma provisional con la sola ratificación europea.

Desde la óptica argentina, estas objeciones no alteran la conveniencia de avanzar localmente. Ratificar el acuerdo en febrero permitiría enviar una señal política y económica de apertura y previsibilidad, aun cuando la implementación plena dependa de los tiempos judiciales y políticos en Europa.

Lectura económica e institucional

La decisión del Congreso de avanzar pese al freno europeo revela una estrategia de posicionamiento: asegurar ventajas comerciales tempranas, consolidar apoyos internos y mostrar compromiso con la integración internacional. Sin embargo, el envío del tratado al Tribunal de Justicia de la UE introduce un factor de incertidumbre que podría demorar su aplicación efectiva y condicionar expectativas en sectores exportadores.

En el corto plazo, el foco estará puesto en el debate legislativo de febrero y en la capacidad del oficialismo de reunir mayorías en ambas Cámaras. En paralelo, el proceso judicial en Europa marcará el ritmo real de un acuerdo que, aun aprobado localmente, seguirá atado a definiciones externas.

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