La Unión Europea suspenderá desde este jueves 3 de septiembre las importaciones de carne vacuna y aviar procedentes de Brasil, además de otros productos de origen animal, al considerar insuficientes las garantías presentadas por el país sudamericano sobre el cumplimiento de las normas sanitarias comunitarias. La decisión abre un nuevo escenario para el comercio regional y coloca a Argentina, que mantiene habilitado el acceso al mercado europeo, ante una eventual oportunidad para ampliar sus exportaciones.
La Comisión Europea comunicó la decisión el lunes 31 de agosto y explicó que Brasil no aportó garantías suficientes respecto del control del uso de antimicrobianos en la producción ganadera. Las reglas del bloque prohíben utilizar determinados medicamentos para promover el crecimiento de los animales o mejorar sus rendimientos y también restringen el empleo de antimicrobianos reservados para infecciones humanas.
El punto central del conflicto no implica que Bruselas considere que toda la carne brasileña contenga sustancias prohibidas. El cuestionamiento está relacionado con los mecanismos de control y trazabilidad que deben permitir acreditar que los productos destinados al mercado europeo cumplen con las exigencias sanitarias del bloque.
“Una vez que se demuestre dicho cumplimiento, podrán reanudarse las exportaciones a la UE”, señaló una portavoz de la Comisión Europea a la AFP. El gobierno brasileño no había formulado comentarios sobre el anuncio al momento de la publicación, aunque en mayo había anticipado que adoptaría rápidamente las medidas necesarias para revertir su exclusión de la lista de países habilitados.
La suspensión también alcanza a huevos y miel, además de otros productos de origen animal. En el caso de las carnes aviares y la miel, una auditoría europea está en curso y sus resultados deberían conocerse este viernes 4 de septiembre. Si la evaluación resulta satisfactoria, Bruselas podría autorizar nuevamente las importaciones brasileñas durante las próximas semanas.
Para la carne vacuna, en cambio, el proceso puede ser más extenso debido a la duración de los ciclos productivos. La Unión Europea necesita verificar que el cumplimiento de sus normas pueda acreditarse a lo largo de la cadena y no únicamente en el producto terminado.
El impacto comercial no es menor. Durante 2025, Brasil fue el segundo proveedor de carne vacuna de la Unión Europea, con más de 92.000 toneladas exportadas por un valor superior a los 713 millones de euros. La suspensión obliga ahora a sus frigoríficos y productores a buscar alternativas para colocar parte de ese volumen mientras intenta recuperar el acceso al mercado europeo.
Ese movimiento puede generar efectos indirectos sobre Argentina. El país mantiene habilitado el ingreso de carne al mercado comunitario, al igual que Paraguay y Uruguay, por lo que una eventual sustitución de proveedores podría traducirse en una mayor demanda para los exportadores argentinos.
La oportunidad, sin embargo, no debe confundirse con un beneficio automático. Si Brasil redireccionara parte de su oferta hacia otros destinos, podría aumentar la disponibilidad de determinados cortes en mercados internacionales y ejercer presión sobre sus precios. Si, en cambio, los compradores europeos reemplazaran carne brasileña por carne argentina, el efecto podría ser inverso para los cortes exportables, con una demanda adicional capaz de sostener o elevar sus valores.
El impacto sobre el mercado argentino también dependería de otro factor: una eventual llegada de carne brasileña a precios competitivos. Para que esa oferta tenga capacidad de moderar los precios internos debería superar los costos logísticos, cumplir con los requisitos sanitarios argentinos y alcanzar volúmenes suficientes para incidir sobre el mercado. Por ahora, ese escenario es una posibilidad y no un efecto confirmado.
El trasfondo agrega una dimensión política. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, comenzó su aplicación provisional el 1 de mayo de 2026. La suspensión brasileña se produce apenas cuatro meses después y vuelve a poner en primer plano la relación entre apertura comercial y cumplimiento de estándares sanitarios.
Bruselas sostiene que la medida responde a sus reglas contra la resistencia de los microorganismos a los medicamentos y no constituye una sanción vinculada al acuerdo con el Mercosur. Sin embargo, el episodio ocurre en un contexto de fuertes cuestionamientos al entendimiento comercial por parte de sectores agropecuarios europeos, especialmente en Francia.
Para Argentina, el dato relevante es que el acceso al mercado europeo continúa vigente. La posibilidad de transformar la suspensión brasileña en una oportunidad exportadora dependerá de la capacidad de los frigoríficos para responder con volumen, calidad y trazabilidad a una eventual demanda adicional. En otras palabras, el beneficio no estará determinado solamente por la decisión de Bruselas, sino por la capacidad argentina de ocupar el espacio comercial que eventualmente quede disponible.
El Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea comenzó a regir el 1 de mayo y, aunque todavía transita sus primeros meses de implementación, las estadísticas ya muestran una recuperación significativa de las exportaciones. Entre enero y julio, Argentina envió US$ 5.191 millones al bloque europeo, un 19% más que en igual período de 2025, según informa la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).
El salto devuelve las ventas argentinas a la Unión Europea a niveles que no se observaban desde 2022. El valor acumulado durante los primeros siete meses del año quedó 12,5% por encima del promedio de la última década y se convirtió en el tercer registro más alto de los últimos catorce años.
El dato adquiere mayor relevancia porque la Unión Europea había perdido peso relativo como destino de las exportaciones argentinas. En 2025 concentró el 9,3% de los despachos totales, pese a que las ventas hacia el bloque habían crecido 12% durante la última década. En el mismo período, las exportaciones argentinas al mundo aumentaron más de 53%, reduciendo en 6,9 puntos porcentuales la participación europea.
El nuevo acuerdo aparece así como una oportunidad para revertir una pérdida de participación que no se explica solamente por la falta de demanda, sino también por las condiciones de acceso y la competitividad relativa de la oferta argentina.
El acuerdo Mercosur – UE en marcha
Los despachos argentinos al bloque europeo consolidan su tercer mayor nivel exportador en catorce años. Gran participación argentina en los cupos de huevos, miel, arroz, etanol y carne bovina del acuerdo
Desde el 1ro de mayo de 2026 se encuentra en vigencia el Acuerdo Interino de Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El mismo se consolida como la zona de libre comercio más grande del mundo, reuniendo a 31 países (27 de la UE y 4 del Mercosur) y representando cerca del 20% del PBI global.
Este nuevo acuerdo, el de mayor envergadura de la historia del Mercosur, marca un nuevo capítulo en la relación con un socio estratégico, cómo bien destacó la Cancillería Argentina al presentarlo. Para el bloque sudamericano, el entendimiento funciona también como una señal de madurez comercial, devolviéndole protagonismo en la agenda de integración.
En términos operativos, el acuerdo libera el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la Unión Europea. Sin embargo, para cada complejo el beneficio depende particularmente de sus condiciones: diseño de cupos, ritmo de eliminación arancelario, posicionamiento de marcas de origen, etc.
La Unión Europea es el segundo destino de exportación más importante para el país, concentrando el 9,3% de los despachos totales en 2025. Sin embargo, mientras que desde la última década los envíos a esta región crecieron, medidos en dólares, un 12%, las exportaciones totales de nuestro país al mundo aumentaron más de un 53%, lo que trajo una caída en la participación del bloque de más de 6,9 p.p. Es en este escenario que el acuerdo emerge como una oportunidad para revertir esta tendencia y darle más impulso al comercio bilateral.
Mayo–julio: el mejor trimestre desde 2022 y el tercero mejor en casi una década y media
Los primeros siete meses del año dejaron un acumulado de US$ 5.191 millones exportados por Argentina a la Unión Europea, un 19% por encima de los US$ 4.365 millones registrados en igual período de 2025 y cerca de un 12,5% por encima del promedio de los últimos diez años. De esta manera, el valor exportado en 2026 se ubicó como el tercero más alto de los últimos catorce años. Asimismo, se trata del mayor registro desde 2022, consolidando una recuperación luego del piso observado en 2023, aunque todavía por debajo de los máximos alcanzados en 2021 y 2022, en un contexto de elevados precios internacionales.
En la misma dirección apuntan los datos de mayo-julio de este año, es decir, desde la vigencia del acuerdo. Se exportó a la Unión Europea en ese período US$ 2.476 millones, un 13,1% más en valor que en igual período del año pasado, representando este el mejor trimestre desde 2022.
Con el acuerdo se abren progresivamente cupos específicos para productos agroindustriales, en muchos de ellos Argentina ya viene mostrando un desempeño notable. Los exportadores argentinos se llevaron todo el cupo de huevos y casi todo el cupo de albúmina de huevo al 29 de julio de este año. Asimismo, más del 70% del cupo de miel, más de la mitad del etanol y más de un tercio del arroz se abastece con productos argentinos. En las carnes, Argentina se lleva casi un tercio del cupo de carne bovina fresca y el 7% del cupo de carne congelada.
Naturalmente, al interior del desempeño exportador de los últimos meses aparecen productos con incrementos particularmente significativos, varios de los cuales coinciden con sectores que recibieron mejoras inmediatas en sus condiciones de acceso al mercado europeo. De esta manera, las nuevas preferencias arancelarias ya refuerzan una dinámica exportadora más favorable.
El caso más destacado es el de la miel, cuyas exportaciones superaron en un 88,4% el promedio de los últimos cinco años. Aquí el incentivo introducido por el acuerdo es particularmente significativo: la Unión Europea otorgó al Mercosur un nuevo contingente que llegaría de forma progresiva a las 45.000 toneladas con arancel intra-cuota del 0%. Durante el año inicial se habilitaron 7.500 toneladas, de las cuales 5.000 toneladas corresponden al período mayo-diciembre de 2026. Se trata, por lo tanto, de una mejora de acceso que comenzó a operar inmediatamente después de la entrada en vigencia del acuerdo y, a su vez, ya el sector agotó el contingente otorgado para el primer período de 2026.
También resulta relevante el comportamiento del complejo pesquero. En el caso de la merluza, el acuerdo eliminó desde el inicio aranceles que, dependiendo de la posición, se ubicaban aproximadamente entre el 8% y el 15%, otorgándole una mejora inmediata de competitividad a los productos argentinos en el mercado europeo. Para los langostinos, en cambio, el beneficio es más gradual: varias de las principales posiciones congeladas partían de aranceles del 12% al 18% y quedaron sujetas a cronogramas de desgravación, algunos de hasta 5 años, pero lo que ya implica una reducción del 20% del arancel base durante 2026 y su proyección de eliminación en el próximo lustro.
La carne bovina es otro de los sectores donde el acuerdo produjo un cambio fuerte desde el comienzo. La carne exportada dentro de la Cuota Hilton pasó de pagar un arancel del 20% a ingresar libre de derechos, mientras que se incorporaron además nuevos contingentes para carne fresca y congelada con un arancel intra-cuota del 7,5%. Para mayo-diciembre de 2026, el acuerdo contempló 6.050 toneladas de carne fresca y 4.950 toneladas de congelada para el Mercosur.
En otros productos, la mejora inicial es más moderada. Los limones quedaron comprendidos en un esquema de desgravación gradual, por lo que durante 2026 sólo se aplica el primer escalón de reducción. Algo similar ocurre con el tabaco, donde las principales posiciones comenzaron un cronograma de eliminación arancelaria y reciben desde este año una primera preferencia, aunque todavía lejos del arancel cero. Por otro lado, la lana peinada presenta un caso diferente: algunas de sus posiciones obtuvieron desgravación inmediata, aunque desde aranceles de partida relativamente bajos. Aunque el impacto del acuerdo tiene efecto automático en los márgenes y competitividad de los sectores, la evolución de la producción, los precios, la demanda europea y la estacionalidad continúan siendo factores centrales.
Esta nueva dinámica de mercados se suma a un regreso en junio y julio de embarques de biodiesel hacia la Unión Europea, con negocios por más de US$ 110 millones. Cancelada la propuesta de clasificar a la soja como cultivo de alto riesgo de cambio de suelos (ILUC), se espera un nuevo crecimiento de la exportación de este biocombustible de darse un contexto favorable de precios y mercado en el bloque europeo.
La cancelación de la clasificación de ILUC también es favorable para las exportaciones de harina de soja, principal producto exportado por la Argentina hacia la Unión Europea. Y no debemos dejar de lado al petróleo crudo y al complejo maní, relevantes actores del comercio exterior argentino con la UE.
La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, con una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos que volvió a poner bajo máxima presión al sistema de seguridad, asistencia humanitaria y control fronterizo de España. La magnitud del fenómeno ya deja al menos 15 personas fallecidas, miles de ingresos irregulares y un operativo extraordinario que involucra a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La situación recuerda al episodio registrado en mayo de 2021, cuando unas 6.000 personas lograron ingresar a Ceuta en pocas horas. Sin embargo, la actual crisis presenta una dimensión aún mayor. Distintas estimaciones señalan que alrededor de 20.000 personas intentaron cruzar la frontera en las últimas horas, principalmente a nado a través del espigón del Tarajal, aunque también se registraron ingresos por tierra tras superar los cordones policiales.
El drama humanitario se profundizó con la confirmación de al menos 15 víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron recuperados por efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y equipos de rescate. Las primeras hipótesis indican que la mayoría murió por asfixia por inmersión mientras intentaba alcanzar la costa española. Según autoridades locales, más de 60 personas perdieron la vida en estas aguas durante los últimos doce meses, lo que evidencia que el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar continúan siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
Las imágenes difundidas por medios españoles muestran a cientos de personas llegando exhaustas a las playas de Ceuta, muchas de ellas jóvenes, aunque también se observaron mujeres con bebés y menores de edad. En la costa quedaron abandonados flotadores, aletas, trajes de neopreno y otros elementos utilizados para atravesar el mar, mientras los servicios de emergencia intentaban asistir a los recién llegados y derivarlos a centros de acogida ya colapsados.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado para albergar poco más de 500 personas, superó ampliamente su capacidad operativa. La saturación obligó a improvisar espacios de alojamiento y reforzar la asistencia sanitaria y alimentaria, mientras numerosas familias permanecen a la espera de una definición administrativa sobre su situación migratoria.
El Gobierno español atribuye buena parte de esta nueva ola migratoria a la acción de redes de tráfico de personas que aprovecharon una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo estableció que las personas interceptadas en el mar no pueden ser sometidas automáticamente al denominado “rechazo en frontera”, sino que deben atravesar el procedimiento administrativo previsto por la Ley de Extranjería. Según el Ministerio del Interior, esa interpretación judicial fue ampliamente difundida en redes sociales marroquíes y habría incentivado nuevos intentos de ingreso.
No obstante, el Ejecutivo descartó que la crisis responda a una decisión deliberada del Gobierno marroquí de flexibilizar los controles fronterizos, como ocurrió durante la crisis diplomática de 2021. Por el contrario, aseguró que Rabat y Madrid mantienen una coordinación permanente para contener los flujos migratorios y avanzar en la devolución de quienes ingresaron irregularmente.
Del lado marroquí, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para intentar frenar la concentración de miles de personas en Castillejos, la ciudad vecina a Ceuta. Según constató la agencia EFE, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y material antidisturbios para dispersar a la multitud, aunque cientos de personas continuaron lanzándose al mar o permanecieron acampadas en las inmediaciones de la frontera con la intención de volver a intentarlo.
Ante la creciente presión, España decidió reforzar significativamente el dispositivo de seguridad. A los efectivos permanentes de la Guardia Civil se sumaron nuevas unidades especializadas, patrullas marítimas, helicópteros, drones, grupos de buceadores y el buque Duque de Ahumada. Paralelamente, las Fuerzas Armadas comenzaron a brindar apoyo logístico y operativo para garantizar el control territorial, mientras la Policía Nacional incrementó la dotación destinada a tareas de identificación y seguridad ciudadana.
La tensión también alcanzó a Melilla, donde las autoridades ordenaron el cierre preventivo del paso fronterizo de Beni Enzar luego de registrarse intentos de ingreso masivo. La Guardia Civil reforzó la vigilancia terrestre y aérea, mientras la Delegación del Gobierno pidió a la población evitar acercarse a la frontera para no entorpecer el despliegue de los operativos.
El impacto económico tampoco pasó inadvertido. Comercios, restaurantes y grandes superficies comerciales cerraron preventivamente durante buena parte de la jornada, mientras la Confederación de Empresarios de Ceuta solicitó calma y coordinación institucional para minimizar las consecuencias sobre la actividad económica y preservar la seguridad de la población.
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno español la declaración de una emergencia nacional y la implementación de un mando único para coordinar la respuesta. Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó esa posibilidad al considerar que la legislación vigente sobre Protección Civil no contempla los flujos migratorios dentro de los supuestos habilitantes para esa figura jurídica.
Más allá de la emergencia inmediata, la crisis vuelve a instalar un debate de fondo sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la cooperación con los países de origen y tránsito, el combate contra las redes de tráfico de personas y la necesidad de equilibrar el control migratorio con la protección de los derechos humanos. La combinación de presión demográfica, desigualdades económicas, conflictos regionales y cambios normativos confirma que el fenómeno excede ampliamente el ámbito policial y requiere respuestas coordinadas entre los Estados europeos y el norte de África.
La entrada en vigencia del Acuerdo Interino de Comercio (AIC) entre el Mercosur y la Unión Europea inaugura una nueva etapa para el comercio exterior argentino. Con un mercado integrado por 31 países y cerca del 20% del Producto Bruto Interno mundial, el entendimiento crea una de las mayores áreas de libre comercio del planeta y redefine el escenario para las economías regionales agroindustriales, que encuentran en Europa uno de sus principales destinos de exportación.
El informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostiene que la apertura comercial llega en un momento favorable para el sector. Durante 2025, las economías regionales alcanzaron un récord histórico de exportaciones por US$ 11.313 millones, mientras que la Unión Europea concentró el 20,3% de esos envíos, consolidándose como el segundo mercado más importante para estos productos.
Con el acuerdo Mercosur-UE en vigencia, se abren oportunidades para las economías regionales en un mercado que ya hoy absorbe cerca del 20% de sus ventas externas, impulsando una oferta agroindustrial que viene de alcanzar un récord en exportaciones.
1. Presencia de las Economías Regionales Agroindustriales en la Unión Europea
Desde el 1 de mayo de 2026, se encuentra en vigencia el Acuerdo Interino de Comercio (AIC) entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien hay una solicitud del Parlamento Europeo para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine la validez de la división del acuerdo original en dos instrumentos jurídicos separados, la aplicación práctica del acuerdo comercial es legalmente válida. El mismo equivaldría a una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo al agrupar 31 países (27 de la UE y 4 del Mercosur) y representar casi el 20% del PIB global.
Al analizar las implicancias de este acuerdo, es importante destacar que libera el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la Unión Europea. Asimismo, para los bienes agrícolas que no tienen liberalización total, se establecen cuotas de acceso. Es en este marco que interesa evaluar cuál es el relacionamiento actual que tiene Argentina con la UE en materia de exportaciones de productos regionales agroindustriales y profundizar en posibles impactos sectoriales. (BCR, 2026b; BCR, 2025)
Tal como se ve en el siguiente gráfico, las economías regionales agroindustriales vienen de alcanzar un récord en sus exportaciones con USD 11.313 millones en 2025 y una tendencia creciente importante en los últimos dos años. Si se hace foco en materia de destinos, la Unión Europea es fundamental. Este bloque no solo es el segundo destino de exportación más importante para el país, concentrando el 9,3% de los despachos totales a 2025, sino que además absorbe el 20,3% del total exportado por las economías regionales. (BCR, 2026a)
Más allá de lo comentado anteriormente, entre 2015 y 2025, las exportaciones de las principales economías regionales crecieron más de un 21%, mientras que los envíos a la Unión Europea “tan solo” un 10%, lo que representa una caída en la participación del bloque de más de un 9% en una década. Este comportamiento consolida una tendencia decreciente que tocó un piso en 2025, escenario que contrasta con los niveles de principios de milenio, cuando en 2003 el mercado europeo concentraba el 31,6% de los envíos regionales argentinos.
Dada esta tendencia, el nuevo acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea emerge como una oportunidad para aumentar la presencia de productos regionales argentinos en el bloque. Al respecto, el análisis por complejo correspondiente a 2025 revela una marcada heterogeneidad en el grado de exposición al mercado europeo. Tal como se observa en el siguiente gráfico, hay complejos agroindustriales regionales que registran una alta concentración en la Unión Europea: el maní destina el 57,89% de sus exportaciones a ese bloque, seguido por el tabaco (49,85%), el limón (45,69%) y los otros cítricos (42,44%).
En una franja intermedia se ubican porotos (37,29%), arroz (34,64%), pesca (28,24%), mientras que, en el extremo opuesto, se encuentra un amplio conjunto de complejos con una presencia más acotada en el mercado europeo, todos por debajo del 13%. Entre ellos se identifican el resto frutícola, uva, té y hasta los cueros bovinos. El promedio del resto de los complejos se ubica en apenas 0,57%.
En conjunto, se evidencia que el peso del mercado europeo varía de forma significativa según el complejo considerado. De esta forma, dependiendo del programa de desgravaciones arancelarias y diferentes modificaciones en los esquemas de relacionamiento comercial a nivel de complejo y productos, existe un potencial de profundizar nuestra competitividad en algunos sectores. En otros en los cuales hoy la presencia es acotada, si las condiciones mejoran y la demanda acompaña, un potencial de incrementar las exportaciones de un mayor abanico de productos regionales agroindustriales.
2. Dimensiones del acuerdo para evaluar impactos sectoriales
Si bien el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ofrece una oportunidad para dinamizar las exportaciones agroindustriales, su impacto sectorial puede ser diferencial.
El beneficio para cada complejo agroindustrial dependerá estrictamente de sus condiciones particulares: el diseño específico de cupos y aranceles, las regulaciones técnicas, el posicionamiento de sus marcas de origen y sus ventajas competitivas iniciales.
Siguiendo en la misma línea, para evaluar el impacto del acuerdo, el primer eje de análisis debe ser necesariamente arancelario. Esto implica identificar, para cada producto y posición arancelaria, cuál era el arancel base previo al acuerdo, cuál es el cronograma de desgravación acordado y en qué plazo se alcanza la eliminación total o parcial del derecho de importación. Dos productos pueden quedar alcanzados por una reducción arancelaria, pero tener impactos muy distintos según el punto de partida y el ritmo de eliminación, ya que algunos tienen eliminación inmediata, mientras otros desgravan gradualmente en plazos de 4, 7, 8, 10 o hasta 15 años, además de contemplar excepciones o tratamientos especiales.
Por ejemplo, para el caso de la pesca el efecto es directo: productos relevantes para su canasta exportadora obtienen acceso libre de aranceles de forma inmediata desde la entrada en vigor del acuerdo, como la merluza hubbsi y las vieiras. Lo mismo ocurre para el caso del complejo limón, en donde el aceite esencial de limón, uno de los principales productos de exportación del complejo, podría ingresar al mercado europeo inmediatamente sin aranceles.
Esta ventana se extiende a otros bienes regionales clave como el aceite de maní, el vino (embotellado y a granel) y los limones. Para estos productos, el acuerdo contempla la eliminación total de aranceles en un período de transición de 4 a 7 años, facilitando un acceso libre al bloque comunitario.
Sumado al desarme arancelario, la magnitud del acceso real estará condicionada por los cupos asignados a cada producto. De este modo, la desgravación impositiva ve limitado su impacto si los volúmenes permitidos son reducidos frente a la capacidad exportadora real del complejo. A modo de ejemplo, en el caso de la leche entera en polvo, el principal producto exportador del sector lácteo, la mejora arancelaria se encuentra sujeta a un cupo máximo para todo el Mercosur de 10.000 toneladas anuales hacia el décimo año de vigencia del acuerdo. Este volumen contrasta significativamente con la escala del sector, considerando que el complejo argentino despachó más de 60.000 toneladas de este producto al mundo solo en el primer cuatrimestre de este año.
Una dimensión estratégica adicional corresponde a las indicaciones geográficas, herramientas que hacen distinguible la calidad regional de un producto, la reputación territorial y las denominaciones de origen. En algunos complejos regionales, el beneficio del acuerdo trasciende de la mejora arancelaria e impacta en una mayor protección legal y comercial del origen territorial. Esto es importante en productos donde el lugar de producción funciona como atributo de calidad, diferenciación o identidad, como vinos, yerba mate, cordero patagónico, chivito criollo, dulces regionales o salames con reconocimiento local.
Asimismo, las normas sanitarias y fitosanitarias condicionarán el impacto efectivo del acuerdo en la medida de que cada complejo pueda cumplir con las exigencias regulatorias del mercado de destino: certificaciones sanitarias, trazabilidad, normas de calidad, etiquetado, etc. El acuerdo en sí incorpora mecanismos de cooperación, transparencia y facilitación para evitar que estas exigencias se conviertan en obstáculos sin justificación al comercio.
De igual forma, la dimensión logística relacionada con los tiempos aduaneros (documentación, costos logísticos, habilitaciones) suele ser un factor relevante para los productos perecederos, como vinos, frutas, pesca o alimentos frescos. El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur señala que las mercaderías perecederas tendrían trato prioritario en la liberación aduanera.
En este punto, cabe señalar que las autoridades argentinas de distintas áreas fueron articulando acciones para facilitar las gestiones que deben enfrentar las exportaciones destinadas a la Unión Europea. De entre ellas, cabe mencionar: a) la habilitación aduanera para que la declaración de origen se haga como un sistema de autocertificación de origen, declarado en la factura comercial o en el documento de embarque; b) la interoperabilidad de los certificados sanitarios y fitosanitarios del SENASA requeridos por la UE en forma 100% digital para frutas, hortalizas y productos de pesca con cruce de datos con el sistema aduanero europeo TRACES; c) sistema de consultas mensuales del estado de posiciones arancelarias para productos bajo cuotas y en el caso de productos sensibles bajo cuotas el consumo de los contingentes preferenciales se liquida y asigna automáticamente en el Sistema Malvina al consignar el código del acuerdo; y d) perfiles de riesgo optimizados según empresas para evitar controles de carga con inspección presencial innecesarias en productos perecederos.
A su vez, un último aspecto a considerar es la competitividad en ambas direcciones: evaluar las oportunidades exportables argentinas frente a la sensibilidad de la producción local ante el ingreso de bienes europeos, especialmente en sectores donde la UE se consolida como un productor clave (como lácteos, vinos, alimentos procesados). Asimismo, la velocidad del impacto dependerá de la inserción comercial previa. Si el bloque europeo ya es un destino clave, la mejora en márgenes y competitividad será inmediata; caso contrario, representará un desafío de mediano plazo que exigirá desarrollar canales y adaptar la oferta.
3. Oportunidades y desafíos para las principales economías regionales argentinas
En relación con las dimensiones de análisis, desde un inicio pueden advertirse algunos sectores que podrían consolidarse claramente como “ganadores” con el nuevo acuerdo, mientras que se identifican algunos otros con mayores riesgos a afrontar.
En este sentido, para el caso de la pesca el impacto es directo en aquellos productos donde el sector ya tiene una fuerte presencia en el bloque europeo. En particular, el acuerdo tendría un resultado positivo en los langostinos congelados, el principal producto de exportación de la pesca argentina, que de tener un arancel base de hasta 18% para ingresar a la UE pasaría de forma progresiva al 0% en 4 años, libre de cupos, lo que representa una clara mejora para los márgenes del sector.
En la misma línea, el complejo manisero aparece como uno de los casos más representativos de un sector que ya cuenta con una inserción consolidada en el bloque y que podría profundizarla, ya que Argentina es el origen de buena parte del maní que consume Europa. Si bien el maní en grano ya ingresaba en condiciones relativamente favorables, el verdadero margen de mejora se concentra en los productos industrializados, como el aceite de maní, el maní tostado y la manteca de maní, donde la desgravación arancelaria progresiva abre la puerta a escalar en valor agregado.
Otro ejemplo ilustrativo es la miel, producto que está mostrando un gran dinamismo exportador y cuyo principal bien exportado es la miel natural con casi el 98% de los envíos del sector al exterior. Al representar el bloque europeo uno de los principales destinos del sector, con un 28% del total exportado, el acuerdo genera mejoras arancelarias claras: la miel natural pasa de enfrentar un arancel base de 17,3% a poder ingresar con arancel cero dentro de un cupo Mercosur de 45.000 toneladas. Ya para el mes de mayo, el sector argentino logró completar el cupo previsto para nuestro, aunque mientras el Mercosur siga negociando el reparto por país, el llenado de la cuota se completará bajo criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir). En este caso, se destaca que Argentina viene de exportar en total 90.000 toneladas en 2025, por lo que si se logra obtener una cuota relevante podría generarse una oportunidad concreta para el sector.
Un caso distinto, pero igualmente ilustrativo, es el del complejo foresto-industrial. A diferencia del maní, se trata de un sector que hoy muestra un bajo nivel de inserción en el mercado europeo, pero con un potencial de crecimiento significativo. Si bien los productos más exportados por el sector ya se encontraban exentos, como la pasta química de madera y la madera aserrada de pino, se abre la oportunidad para otros productos como madera contrachapada, tableros de fibra, papel y cartón, que parten de aranceles positivos y acceden a cronogramas de desgravación gradual. En este caso, el desafío no parece limitarse a la reducción arancelaria, sino a la capacidad del sector para diversificar su oferta exportable y consolidar presencia efectiva en el mercado europeo.
El caso vitivinícola, por su parte, combina oportunidades claras con desafíos competitivos. Por el lado positivo, el acuerdo mejora el acceso de los vinos argentinos a la UE mediante la reducción y eliminación gradual de aranceles, facilita prácticas enológicas y de etiquetado, y refuerza la protección de las indicaciones geográficas argentinas, un activo central para las regiones productoras. Sin embargo, la apertura opera en ambas direcciones: el acuerdo también habilita el ingreso gradual de vinos europeos al mercado del Mercosur lo que podría presionar los márgenes de la industria local justamente en su mercado de exportación más relevante. Esto, teniendo en cuenta que los vinos europeos ya vienen creciendo en términos de presencia comercial en el Mercosur.
El sector lácteo representa, en cambio, el caso de una apertura más bien defensiva, donde las oportunidades quedan acotadas. Si bien productos como la leche en polvo y distintos tipos de quesos obtienen acceso preferencial al mercado europeo, este beneficio se encuentra limitado por cupos arancelarios administrados a nivel regional, lo que reduce su impacto frente a la escala potencial del complejo argentino. A esto se suma una doble presión: por un lado, la fuerte competitividad de los lácteos europeos, que ingresarán al mercado regional con aranceles decrecientes en segmentos donde la UE es líder; por el otro, la protección de indicaciones geográficas europeas, que podría exigir adaptaciones comerciales en ciertos productos y denominaciones, aunque el acuerdo contempla excepciones y condiciones específicas para usuarios previos en algunos casos, como ocurre con términos vinculados al Parmigiano Reggiano o Gruyère.
En conjunto, estos casos sintetizan la lógica diferenciada que atraviesa al acuerdo para las economías regionales argentinas. En todos ellos, el aprovechamiento efectivo dependerá de las condiciones particulares de cada complejo y de su capacidad para adaptarse a las exigencias del nuevo escenario comercial.
Mientras el avance de la agricultura industrial y el cambio climático plantean nuevos desafíos para la producción de alimentos, un proyecto impulsado por el INTA busca fortalecer uno de los recursos estratégicos menos visibles del sistema agroalimentario: la diversidad genética de las semillas. En Misiones y Jujuy, más de 1.200 productores participan del Proyecto Raíces, una iniciativa internacional orientada al rescate, conservación y mejoramiento participativo de variedades criollas y nativas, con el objetivo de garantizar que permanezcan en manos de quienes históricamente las preservaron: los agricultores.
La propuesta es financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con recursos de la Unión Europea y Bélgica, y se desarrolla de manera conjunta en Argentina, Bolivia y Brasil. En el país, las acciones se concentran en Misiones y Jujuy, donde equipos técnicos trabajan junto a las familias productoras para conservar el patrimonio genético local y desarrollar variedades mejor adaptadas a las condiciones ambientales actuales.
La genetista del INTA Misiones, Silvina Fariza, explicó que el proyecto no se limita a preservar semillas ancestrales, sino que incorpora un componente de innovación basado en el mejoramiento genético participativo. La particularidad del modelo es que ese proceso no ocurre exclusivamente en laboratorios o estaciones experimentales, sino directamente en las chacras, con los productores como protagonistas de la selección y evaluación de los materiales.
“El principal objetivo es trabajar sobre la conservación y el rescate de semillas nativas y criollas, pero también avanzar en su mejoramiento genético de manera participativa junto con los agricultores”, señaló Fariza durante una entrevista realizada en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul.
La investigadora destacó que la mejora genética resulta indispensable para responder a escenarios de mayor variabilidad climática, aunque remarcó que ello no implica perder la identidad de las variedades locales.
“Para hablar de mejoramiento necesitamos variabilidad genética. Y si hay algo que caracteriza a Misiones es justamente esa enorme diversidad. Lo importante es trabajar sobre esa base para seleccionar materiales más adaptados a los cambios climáticos, sin perder la esencia de las variedades criollas”, explicó.
Fariza subrayó que conservar no significa inmovilizar el material genético. Por el contrario, las semillas continúan evolucionando junto con las condiciones ambientales y productivas, pero permanecen bajo el manejo de las familias agricultoras.
En ese sentido, sostuvo que uno de los principales aportes del proyecto es fortalecer la autonomía productiva. “Las semillas permanecen en manos de los agricultores, que durante generaciones fueron los verdaderos mejoradores y seleccionadores. De esta manera no dependen de materiales desarrollados para otras regiones o de tener que comprarlos cada campaña”, indicó.
Según explicó la especialista, muchas de las variedades comerciales disponibles en el mercado fueron desarrolladas para ambientes productivos diferentes y bajo paquetes tecnológicos que no siempre responden a la realidad agroecológica de Misiones. En cambio, las semillas criollas conservan una adaptación construida durante décadas en las condiciones específicas de cada territorio.
Silvina Fariza, genetista del INTA Misiones
En la provincia, el Proyecto Raíces trabaja principalmente con maíces y porotos criollos, mientras que en Jujuy las acciones abarcan cultivos tradicionales como quinua, papas andinas, habas y yuca, entre otros. La selección responde tanto a la importancia cultural de cada especie como a su valor estratégico para la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.
El programa fue presentado oficialmente en diciembre del año pasado y actualmente atraviesa una etapa de consolidación territorial. Fariza indicó que ya se completó más del 80% del relevamiento de productores y que el equipo técnico finalizó recientemente una recorrida por distintos puntos de Misiones para incorporar nuevas familias al proyecto.
Paralelamente, comenzó la instalación de más de 17 corredores agroecológicos, considerados uno de los ejes centrales de la iniciativa. Estos espacios buscan generar ambientes favorables para la conservación de la biodiversidad, favoreciendo tanto el mejoramiento genético como la resiliencia de los sistemas productivos frente a eventos climáticos extremos.
“El mejoramiento no puede pensarse aislado del ambiente donde se desarrolla. Por eso uno de los componentes más importantes del proyecto es trabajar dentro de corredores agroecológicos”, explicó la investigadora.
Durante las recorridas también surgieron nuevas demandas por parte de los productores, como la posibilidad de incorporar especies frutales nativas. Sin embargo, Fariza aclaró que ese desafío excede los plazos actuales del programa, ya que se trata de especies perennes cuyos procesos de selección requieren varios años para mostrar resultados.
El trabajo del INTA se complementa además con el fortalecimiento de las tradicionales ferias de intercambio de semillas, espacios que desde hace casi tres décadas funcionan como ámbito de conservación del patrimonio genético y de intercambio de conocimientos entre agricultores.
La investigadora confirmó que el organismo acompaña estas actividades desde mucho antes del inicio del Proyecto Raíces y que este año ya se prepara la 29ª Feria de Intercambio de Semillas, prevista para el próximo 31 de julio en Aristóbulo del Valle.
Como antesala del encuentro, el equipo técnico desarrolla una serie de seminarios virtuales sobre producción, conservación y legislación de semillas, diseñados a partir de las inquietudes planteadas por los propios productores.
Más allá del componente técnico, el Proyecto Raíces representa una estrategia de largo plazo para preservar la biodiversidad agrícola y fortalecer la soberanía genética de las comunidades rurales. En un contexto donde la adaptación al cambio climático adquiere creciente relevancia, conservar la diversidad genética deja de ser únicamente una cuestión patrimonial para transformarse en una herramienta concreta de resiliencia productiva y seguridad alimentaria.
