La ciudad autónoma de Ceuta atraviesa una de las mayores crisis migratorias de los últimos años, con una entrada masiva de personas procedentes de Marruecos que volvió a poner bajo máxima presión al sistema de seguridad, asistencia humanitaria y control fronterizo de España. La magnitud del fenómeno ya deja al menos 15 personas fallecidas, miles de ingresos irregulares y un operativo extraordinario que involucra a la Guardia Civil, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.
La situación recuerda al episodio registrado en mayo de 2021, cuando unas 6.000 personas lograron ingresar a Ceuta en pocas horas. Sin embargo, la actual crisis presenta una dimensión aún mayor. Distintas estimaciones señalan que alrededor de 20.000 personas intentaron cruzar la frontera en las últimas horas, principalmente a nado a través del espigón del Tarajal, aunque también se registraron ingresos por tierra tras superar los cordones policiales.
El drama humanitario se profundizó con la confirmación de al menos 15 víctimas fatales, cuyos cuerpos fueron recuperados por efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y equipos de rescate. Las primeras hipótesis indican que la mayoría murió por asfixia por inmersión mientras intentaba alcanzar la costa española. Según autoridades locales, más de 60 personas perdieron la vida en estas aguas durante los últimos doce meses, lo que evidencia que el Mediterráneo y el Estrecho de Gibraltar continúan siendo una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.
Las imágenes difundidas por medios españoles muestran a cientos de personas llegando exhaustas a las playas de Ceuta, muchas de ellas jóvenes, aunque también se observaron mujeres con bebés y menores de edad. En la costa quedaron abandonados flotadores, aletas, trajes de neopreno y otros elementos utilizados para atravesar el mar, mientras los servicios de emergencia intentaban asistir a los recién llegados y derivarlos a centros de acogida ya colapsados.
El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), diseñado para albergar poco más de 500 personas, superó ampliamente su capacidad operativa. La saturación obligó a improvisar espacios de alojamiento y reforzar la asistencia sanitaria y alimentaria, mientras numerosas familias permanecen a la espera de una definición administrativa sobre su situación migratoria.
El Gobierno español atribuye buena parte de esta nueva ola migratoria a la acción de redes de tráfico de personas que aprovecharon una reciente sentencia del Tribunal Supremo. El fallo estableció que las personas interceptadas en el mar no pueden ser sometidas automáticamente al denominado “rechazo en frontera”, sino que deben atravesar el procedimiento administrativo previsto por la Ley de Extranjería. Según el Ministerio del Interior, esa interpretación judicial fue ampliamente difundida en redes sociales marroquíes y habría incentivado nuevos intentos de ingreso.
No obstante, el Ejecutivo descartó que la crisis responda a una decisión deliberada del Gobierno marroquí de flexibilizar los controles fronterizos, como ocurrió durante la crisis diplomática de 2021. Por el contrario, aseguró que Rabat y Madrid mantienen una coordinación permanente para contener los flujos migratorios y avanzar en la devolución de quienes ingresaron irregularmente.
Del lado marroquí, las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para intentar frenar la concentración de miles de personas en Castillejos, la ciudad vecina a Ceuta. Según constató la agencia EFE, la policía utilizó gases lacrimógenos, cañones de agua y material antidisturbios para dispersar a la multitud, aunque cientos de personas continuaron lanzándose al mar o permanecieron acampadas en las inmediaciones de la frontera con la intención de volver a intentarlo.
Ante la creciente presión, España decidió reforzar significativamente el dispositivo de seguridad. A los efectivos permanentes de la Guardia Civil se sumaron nuevas unidades especializadas, patrullas marítimas, helicópteros, drones, grupos de buceadores y el buque Duque de Ahumada. Paralelamente, las Fuerzas Armadas comenzaron a brindar apoyo logístico y operativo para garantizar el control territorial, mientras la Policía Nacional incrementó la dotación destinada a tareas de identificación y seguridad ciudadana.
La tensión también alcanzó a Melilla, donde las autoridades ordenaron el cierre preventivo del paso fronterizo de Beni Enzar luego de registrarse intentos de ingreso masivo. La Guardia Civil reforzó la vigilancia terrestre y aérea, mientras la Delegación del Gobierno pidió a la población evitar acercarse a la frontera para no entorpecer el despliegue de los operativos.
El impacto económico tampoco pasó inadvertido. Comercios, restaurantes y grandes superficies comerciales cerraron preventivamente durante buena parte de la jornada, mientras la Confederación de Empresarios de Ceuta solicitó calma y coordinación institucional para minimizar las consecuencias sobre la actividad económica y preservar la seguridad de la población.
El presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reclamó al Gobierno español la declaración de una emergencia nacional y la implementación de un mando único para coordinar la respuesta. Sin embargo, el Ministerio del Interior rechazó esa posibilidad al considerar que la legislación vigente sobre Protección Civil no contempla los flujos migratorios dentro de los supuestos habilitantes para esa figura jurídica.
Más allá de la emergencia inmediata, la crisis vuelve a instalar un debate de fondo sobre la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea, la cooperación con los países de origen y tránsito, el combate contra las redes de tráfico de personas y la necesidad de equilibrar el control migratorio con la protección de los derechos humanos. La combinación de presión demográfica, desigualdades económicas, conflictos regionales y cambios normativos confirma que el fenómeno excede ampliamente el ámbito policial y requiere respuestas coordinadas entre los Estados europeos y el norte de África.
La entrada en vigencia del Acuerdo Interino de Comercio (AIC) entre el Mercosur y la Unión Europea inaugura una nueva etapa para el comercio exterior argentino. Con un mercado integrado por 31 países y cerca del 20% del Producto Bruto Interno mundial, el entendimiento crea una de las mayores áreas de libre comercio del planeta y redefine el escenario para las economías regionales agroindustriales, que encuentran en Europa uno de sus principales destinos de exportación.
El informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) sostiene que la apertura comercial llega en un momento favorable para el sector. Durante 2025, las economías regionales alcanzaron un récord histórico de exportaciones por US$ 11.313 millones, mientras que la Unión Europea concentró el 20,3% de esos envíos, consolidándose como el segundo mercado más importante para estos productos.
Con el acuerdo Mercosur-UE en vigencia, se abren oportunidades para las economías regionales en un mercado que ya hoy absorbe cerca del 20% de sus ventas externas, impulsando una oferta agroindustrial que viene de alcanzar un récord en exportaciones.
1. Presencia de las Economías Regionales Agroindustriales en la Unión Europea
Desde el 1 de mayo de 2026, se encuentra en vigencia el Acuerdo Interino de Comercio (AIC) entre el Mercosur y la Unión Europea. Si bien hay una solicitud del Parlamento Europeo para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictamine la validez de la división del acuerdo original en dos instrumentos jurídicos separados, la aplicación práctica del acuerdo comercial es legalmente válida. El mismo equivaldría a una de las zonas de libre comercio más importantes del mundo al agrupar 31 países (27 de la UE y 4 del Mercosur) y representar casi el 20% del PIB global.
Al analizar las implicancias de este acuerdo, es importante destacar que libera el 100% de los bienes industriales y el 82% de los bienes agrícolas para ingresar a la Unión Europea. Asimismo, para los bienes agrícolas que no tienen liberalización total, se establecen cuotas de acceso. Es en este marco que interesa evaluar cuál es el relacionamiento actual que tiene Argentina con la UE en materia de exportaciones de productos regionales agroindustriales y profundizar en posibles impactos sectoriales. (BCR, 2026b; BCR, 2025)
Tal como se ve en el siguiente gráfico, las economías regionales agroindustriales vienen de alcanzar un récord en sus exportaciones con USD 11.313 millones en 2025 y una tendencia creciente importante en los últimos dos años. Si se hace foco en materia de destinos, la Unión Europea es fundamental. Este bloque no solo es el segundo destino de exportación más importante para el país, concentrando el 9,3% de los despachos totales a 2025, sino que además absorbe el 20,3% del total exportado por las economías regionales. (BCR, 2026a)
Más allá de lo comentado anteriormente, entre 2015 y 2025, las exportaciones de las principales economías regionales crecieron más de un 21%, mientras que los envíos a la Unión Europea “tan solo” un 10%, lo que representa una caída en la participación del bloque de más de un 9% en una década. Este comportamiento consolida una tendencia decreciente que tocó un piso en 2025, escenario que contrasta con los niveles de principios de milenio, cuando en 2003 el mercado europeo concentraba el 31,6% de los envíos regionales argentinos.
Dada esta tendencia, el nuevo acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea emerge como una oportunidad para aumentar la presencia de productos regionales argentinos en el bloque. Al respecto, el análisis por complejo correspondiente a 2025 revela una marcada heterogeneidad en el grado de exposición al mercado europeo. Tal como se observa en el siguiente gráfico, hay complejos agroindustriales regionales que registran una alta concentración en la Unión Europea: el maní destina el 57,89% de sus exportaciones a ese bloque, seguido por el tabaco (49,85%), el limón (45,69%) y los otros cítricos (42,44%).
En una franja intermedia se ubican porotos (37,29%), arroz (34,64%), pesca (28,24%), mientras que, en el extremo opuesto, se encuentra un amplio conjunto de complejos con una presencia más acotada en el mercado europeo, todos por debajo del 13%. Entre ellos se identifican el resto frutícola, uva, té y hasta los cueros bovinos. El promedio del resto de los complejos se ubica en apenas 0,57%.
En conjunto, se evidencia que el peso del mercado europeo varía de forma significativa según el complejo considerado. De esta forma, dependiendo del programa de desgravaciones arancelarias y diferentes modificaciones en los esquemas de relacionamiento comercial a nivel de complejo y productos, existe un potencial de profundizar nuestra competitividad en algunos sectores. En otros en los cuales hoy la presencia es acotada, si las condiciones mejoran y la demanda acompaña, un potencial de incrementar las exportaciones de un mayor abanico de productos regionales agroindustriales.
2. Dimensiones del acuerdo para evaluar impactos sectoriales
Si bien el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea ofrece una oportunidad para dinamizar las exportaciones agroindustriales, su impacto sectorial puede ser diferencial.
El beneficio para cada complejo agroindustrial dependerá estrictamente de sus condiciones particulares: el diseño específico de cupos y aranceles, las regulaciones técnicas, el posicionamiento de sus marcas de origen y sus ventajas competitivas iniciales.
Siguiendo en la misma línea, para evaluar el impacto del acuerdo, el primer eje de análisis debe ser necesariamente arancelario. Esto implica identificar, para cada producto y posición arancelaria, cuál era el arancel base previo al acuerdo, cuál es el cronograma de desgravación acordado y en qué plazo se alcanza la eliminación total o parcial del derecho de importación. Dos productos pueden quedar alcanzados por una reducción arancelaria, pero tener impactos muy distintos según el punto de partida y el ritmo de eliminación, ya que algunos tienen eliminación inmediata, mientras otros desgravan gradualmente en plazos de 4, 7, 8, 10 o hasta 15 años, además de contemplar excepciones o tratamientos especiales.
Por ejemplo, para el caso de la pesca el efecto es directo: productos relevantes para su canasta exportadora obtienen acceso libre de aranceles de forma inmediata desde la entrada en vigor del acuerdo, como la merluza hubbsi y las vieiras. Lo mismo ocurre para el caso del complejo limón, en donde el aceite esencial de limón, uno de los principales productos de exportación del complejo, podría ingresar al mercado europeo inmediatamente sin aranceles.
Esta ventana se extiende a otros bienes regionales clave como el aceite de maní, el vino (embotellado y a granel) y los limones. Para estos productos, el acuerdo contempla la eliminación total de aranceles en un período de transición de 4 a 7 años, facilitando un acceso libre al bloque comunitario.
Sumado al desarme arancelario, la magnitud del acceso real estará condicionada por los cupos asignados a cada producto. De este modo, la desgravación impositiva ve limitado su impacto si los volúmenes permitidos son reducidos frente a la capacidad exportadora real del complejo. A modo de ejemplo, en el caso de la leche entera en polvo, el principal producto exportador del sector lácteo, la mejora arancelaria se encuentra sujeta a un cupo máximo para todo el Mercosur de 10.000 toneladas anuales hacia el décimo año de vigencia del acuerdo. Este volumen contrasta significativamente con la escala del sector, considerando que el complejo argentino despachó más de 60.000 toneladas de este producto al mundo solo en el primer cuatrimestre de este año.
Una dimensión estratégica adicional corresponde a las indicaciones geográficas, herramientas que hacen distinguible la calidad regional de un producto, la reputación territorial y las denominaciones de origen. En algunos complejos regionales, el beneficio del acuerdo trasciende de la mejora arancelaria e impacta en una mayor protección legal y comercial del origen territorial. Esto es importante en productos donde el lugar de producción funciona como atributo de calidad, diferenciación o identidad, como vinos, yerba mate, cordero patagónico, chivito criollo, dulces regionales o salames con reconocimiento local.
Asimismo, las normas sanitarias y fitosanitarias condicionarán el impacto efectivo del acuerdo en la medida de que cada complejo pueda cumplir con las exigencias regulatorias del mercado de destino: certificaciones sanitarias, trazabilidad, normas de calidad, etiquetado, etc. El acuerdo en sí incorpora mecanismos de cooperación, transparencia y facilitación para evitar que estas exigencias se conviertan en obstáculos sin justificación al comercio.
De igual forma, la dimensión logística relacionada con los tiempos aduaneros (documentación, costos logísticos, habilitaciones) suele ser un factor relevante para los productos perecederos, como vinos, frutas, pesca o alimentos frescos. El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur señala que las mercaderías perecederas tendrían trato prioritario en la liberación aduanera.
En este punto, cabe señalar que las autoridades argentinas de distintas áreas fueron articulando acciones para facilitar las gestiones que deben enfrentar las exportaciones destinadas a la Unión Europea. De entre ellas, cabe mencionar: a) la habilitación aduanera para que la declaración de origen se haga como un sistema de autocertificación de origen, declarado en la factura comercial o en el documento de embarque; b) la interoperabilidad de los certificados sanitarios y fitosanitarios del SENASA requeridos por la UE en forma 100% digital para frutas, hortalizas y productos de pesca con cruce de datos con el sistema aduanero europeo TRACES; c) sistema de consultas mensuales del estado de posiciones arancelarias para productos bajo cuotas y en el caso de productos sensibles bajo cuotas el consumo de los contingentes preferenciales se liquida y asigna automáticamente en el Sistema Malvina al consignar el código del acuerdo; y d) perfiles de riesgo optimizados según empresas para evitar controles de carga con inspección presencial innecesarias en productos perecederos.
A su vez, un último aspecto a considerar es la competitividad en ambas direcciones: evaluar las oportunidades exportables argentinas frente a la sensibilidad de la producción local ante el ingreso de bienes europeos, especialmente en sectores donde la UE se consolida como un productor clave (como lácteos, vinos, alimentos procesados). Asimismo, la velocidad del impacto dependerá de la inserción comercial previa. Si el bloque europeo ya es un destino clave, la mejora en márgenes y competitividad será inmediata; caso contrario, representará un desafío de mediano plazo que exigirá desarrollar canales y adaptar la oferta.
3. Oportunidades y desafíos para las principales economías regionales argentinas
En relación con las dimensiones de análisis, desde un inicio pueden advertirse algunos sectores que podrían consolidarse claramente como “ganadores” con el nuevo acuerdo, mientras que se identifican algunos otros con mayores riesgos a afrontar.
En este sentido, para el caso de la pesca el impacto es directo en aquellos productos donde el sector ya tiene una fuerte presencia en el bloque europeo. En particular, el acuerdo tendría un resultado positivo en los langostinos congelados, el principal producto de exportación de la pesca argentina, que de tener un arancel base de hasta 18% para ingresar a la UE pasaría de forma progresiva al 0% en 4 años, libre de cupos, lo que representa una clara mejora para los márgenes del sector.
En la misma línea, el complejo manisero aparece como uno de los casos más representativos de un sector que ya cuenta con una inserción consolidada en el bloque y que podría profundizarla, ya que Argentina es el origen de buena parte del maní que consume Europa. Si bien el maní en grano ya ingresaba en condiciones relativamente favorables, el verdadero margen de mejora se concentra en los productos industrializados, como el aceite de maní, el maní tostado y la manteca de maní, donde la desgravación arancelaria progresiva abre la puerta a escalar en valor agregado.
Otro ejemplo ilustrativo es la miel, producto que está mostrando un gran dinamismo exportador y cuyo principal bien exportado es la miel natural con casi el 98% de los envíos del sector al exterior. Al representar el bloque europeo uno de los principales destinos del sector, con un 28% del total exportado, el acuerdo genera mejoras arancelarias claras: la miel natural pasa de enfrentar un arancel base de 17,3% a poder ingresar con arancel cero dentro de un cupo Mercosur de 45.000 toneladas. Ya para el mes de mayo, el sector argentino logró completar el cupo previsto para nuestro, aunque mientras el Mercosur siga negociando el reparto por país, el llenado de la cuota se completará bajo criterio FIFO (primero en entrar, primero en salir). En este caso, se destaca que Argentina viene de exportar en total 90.000 toneladas en 2025, por lo que si se logra obtener una cuota relevante podría generarse una oportunidad concreta para el sector.
Un caso distinto, pero igualmente ilustrativo, es el del complejo foresto-industrial. A diferencia del maní, se trata de un sector que hoy muestra un bajo nivel de inserción en el mercado europeo, pero con un potencial de crecimiento significativo. Si bien los productos más exportados por el sector ya se encontraban exentos, como la pasta química de madera y la madera aserrada de pino, se abre la oportunidad para otros productos como madera contrachapada, tableros de fibra, papel y cartón, que parten de aranceles positivos y acceden a cronogramas de desgravación gradual. En este caso, el desafío no parece limitarse a la reducción arancelaria, sino a la capacidad del sector para diversificar su oferta exportable y consolidar presencia efectiva en el mercado europeo.
El caso vitivinícola, por su parte, combina oportunidades claras con desafíos competitivos. Por el lado positivo, el acuerdo mejora el acceso de los vinos argentinos a la UE mediante la reducción y eliminación gradual de aranceles, facilita prácticas enológicas y de etiquetado, y refuerza la protección de las indicaciones geográficas argentinas, un activo central para las regiones productoras. Sin embargo, la apertura opera en ambas direcciones: el acuerdo también habilita el ingreso gradual de vinos europeos al mercado del Mercosur lo que podría presionar los márgenes de la industria local justamente en su mercado de exportación más relevante. Esto, teniendo en cuenta que los vinos europeos ya vienen creciendo en términos de presencia comercial en el Mercosur.
El sector lácteo representa, en cambio, el caso de una apertura más bien defensiva, donde las oportunidades quedan acotadas. Si bien productos como la leche en polvo y distintos tipos de quesos obtienen acceso preferencial al mercado europeo, este beneficio se encuentra limitado por cupos arancelarios administrados a nivel regional, lo que reduce su impacto frente a la escala potencial del complejo argentino. A esto se suma una doble presión: por un lado, la fuerte competitividad de los lácteos europeos, que ingresarán al mercado regional con aranceles decrecientes en segmentos donde la UE es líder; por el otro, la protección de indicaciones geográficas europeas, que podría exigir adaptaciones comerciales en ciertos productos y denominaciones, aunque el acuerdo contempla excepciones y condiciones específicas para usuarios previos en algunos casos, como ocurre con términos vinculados al Parmigiano Reggiano o Gruyère.
En conjunto, estos casos sintetizan la lógica diferenciada que atraviesa al acuerdo para las economías regionales argentinas. En todos ellos, el aprovechamiento efectivo dependerá de las condiciones particulares de cada complejo y de su capacidad para adaptarse a las exigencias del nuevo escenario comercial.
Mientras el avance de la agricultura industrial y el cambio climático plantean nuevos desafíos para la producción de alimentos, un proyecto impulsado por el INTA busca fortalecer uno de los recursos estratégicos menos visibles del sistema agroalimentario: la diversidad genética de las semillas. En Misiones y Jujuy, más de 1.200 productores participan del Proyecto Raíces, una iniciativa internacional orientada al rescate, conservación y mejoramiento participativo de variedades criollas y nativas, con el objetivo de garantizar que permanezcan en manos de quienes históricamente las preservaron: los agricultores.
La propuesta es financiada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), con recursos de la Unión Europea y Bélgica, y se desarrolla de manera conjunta en Argentina, Bolivia y Brasil. En el país, las acciones se concentran en Misiones y Jujuy, donde equipos técnicos trabajan junto a las familias productoras para conservar el patrimonio genético local y desarrollar variedades mejor adaptadas a las condiciones ambientales actuales.
La genetista del INTA Misiones, Silvina Fariza, explicó que el proyecto no se limita a preservar semillas ancestrales, sino que incorpora un componente de innovación basado en el mejoramiento genético participativo. La particularidad del modelo es que ese proceso no ocurre exclusivamente en laboratorios o estaciones experimentales, sino directamente en las chacras, con los productores como protagonistas de la selección y evaluación de los materiales.
“El principal objetivo es trabajar sobre la conservación y el rescate de semillas nativas y criollas, pero también avanzar en su mejoramiento genético de manera participativa junto con los agricultores”, señaló Fariza durante una entrevista realizada en la Estación Experimental Agropecuaria Cerro Azul.
La investigadora destacó que la mejora genética resulta indispensable para responder a escenarios de mayor variabilidad climática, aunque remarcó que ello no implica perder la identidad de las variedades locales.
“Para hablar de mejoramiento necesitamos variabilidad genética. Y si hay algo que caracteriza a Misiones es justamente esa enorme diversidad. Lo importante es trabajar sobre esa base para seleccionar materiales más adaptados a los cambios climáticos, sin perder la esencia de las variedades criollas”, explicó.
Fariza subrayó que conservar no significa inmovilizar el material genético. Por el contrario, las semillas continúan evolucionando junto con las condiciones ambientales y productivas, pero permanecen bajo el manejo de las familias agricultoras.
En ese sentido, sostuvo que uno de los principales aportes del proyecto es fortalecer la autonomía productiva. “Las semillas permanecen en manos de los agricultores, que durante generaciones fueron los verdaderos mejoradores y seleccionadores. De esta manera no dependen de materiales desarrollados para otras regiones o de tener que comprarlos cada campaña”, indicó.
Según explicó la especialista, muchas de las variedades comerciales disponibles en el mercado fueron desarrolladas para ambientes productivos diferentes y bajo paquetes tecnológicos que no siempre responden a la realidad agroecológica de Misiones. En cambio, las semillas criollas conservan una adaptación construida durante décadas en las condiciones específicas de cada territorio.
Silvina Fariza, genetista del INTA Misiones
En la provincia, el Proyecto Raíces trabaja principalmente con maíces y porotos criollos, mientras que en Jujuy las acciones abarcan cultivos tradicionales como quinua, papas andinas, habas y yuca, entre otros. La selección responde tanto a la importancia cultural de cada especie como a su valor estratégico para la seguridad alimentaria de las comunidades rurales.
El programa fue presentado oficialmente en diciembre del año pasado y actualmente atraviesa una etapa de consolidación territorial. Fariza indicó que ya se completó más del 80% del relevamiento de productores y que el equipo técnico finalizó recientemente una recorrida por distintos puntos de Misiones para incorporar nuevas familias al proyecto.
Paralelamente, comenzó la instalación de más de 17 corredores agroecológicos, considerados uno de los ejes centrales de la iniciativa. Estos espacios buscan generar ambientes favorables para la conservación de la biodiversidad, favoreciendo tanto el mejoramiento genético como la resiliencia de los sistemas productivos frente a eventos climáticos extremos.
“El mejoramiento no puede pensarse aislado del ambiente donde se desarrolla. Por eso uno de los componentes más importantes del proyecto es trabajar dentro de corredores agroecológicos”, explicó la investigadora.
Durante las recorridas también surgieron nuevas demandas por parte de los productores, como la posibilidad de incorporar especies frutales nativas. Sin embargo, Fariza aclaró que ese desafío excede los plazos actuales del programa, ya que se trata de especies perennes cuyos procesos de selección requieren varios años para mostrar resultados.
El trabajo del INTA se complementa además con el fortalecimiento de las tradicionales ferias de intercambio de semillas, espacios que desde hace casi tres décadas funcionan como ámbito de conservación del patrimonio genético y de intercambio de conocimientos entre agricultores.
La investigadora confirmó que el organismo acompaña estas actividades desde mucho antes del inicio del Proyecto Raíces y que este año ya se prepara la 29ª Feria de Intercambio de Semillas, prevista para el próximo 31 de julio en Aristóbulo del Valle.
Como antesala del encuentro, el equipo técnico desarrolla una serie de seminarios virtuales sobre producción, conservación y legislación de semillas, diseñados a partir de las inquietudes planteadas por los propios productores.
Más allá del componente técnico, el Proyecto Raíces representa una estrategia de largo plazo para preservar la biodiversidad agrícola y fortalecer la soberanía genética de las comunidades rurales. En un contexto donde la adaptación al cambio climático adquiere creciente relevancia, conservar la diversidad genética deja de ser únicamente una cuestión patrimonial para transformarse en una herramienta concreta de resiliencia productiva y seguridad alimentaria.
La cumbre presidencial del Mercosur que se desarrollará este lunes y martes en Asunción llega atravesada por un escenario de creciente tensión política y comercial entre sus principales socios. El presidente Javier Milei participará del encuentro regional en un contexto marcado por diferencias cada vez más profundas con el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, mientras Argentina impulsa una estrategia de inserción internacional que comienza a desafiar algunos de los pilares históricos del bloque.
Aunque la agenda oficial contempla avances en las negociaciones comerciales con la Unión Europea y el inicio de conversaciones formales con Japón, la discusión política estará dominada por tres temas que reflejan el cambio de orientación de la política exterior argentina: el acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos, la intención de incorporarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP) y el rechazo del Gobierno nacional a cualquier intento de rehabilitar a Venezuela dentro del Mercosur.
El viaje se produce apenas días después del paso de Milei por España y en un momento en que la relación bilateral con Brasil atraviesa uno de sus momentos de mayor frialdad desde el inicio de la gestión libertaria. La principal preocupación de Itamaraty gira en torno al entendimiento arancelario alcanzado entre Buenos Aires y Washington, mediante el cual Argentina eliminó aranceles para más de 1.600 productos estadounidenses.
Desde Brasil sostienen que cualquier esquema de apertura comercial con terceros países debe respetar el Arancel Externo Común y los mecanismos de negociación conjunta previstos por el Mercosur. En otras palabras, consideran que los acuerdos bilaterales por fuera del bloque pueden generar distorsiones competitivas y debilitar la unión aduanera.
La posición argentina responde a una lógica distinta. El Gobierno considera que la flexibilización comercial constituye una condición necesaria para acelerar la inserción internacional del país y ampliar mercados, aun cuando ello implique revisar algunos de los compromisos tradicionales del bloque regional.
A esa diferencia se suma un nuevo capítulo de la estrategia internacional de la administración Milei: el pedido formal de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. La iniciativa, impulsada por la Cancillería, abre una dimensión geopolítica inédita para Argentina al proyectar su ingreso a uno de los principales acuerdos comerciales del mundo, integrado por economías de Asia-Pacífico y que incluye, entre otros miembros, al Reino Unido.
La decisión también alteró el tablero regional. Especialistas en comercio internacional interpretan que el reciente anuncio de Brasil de acelerar una negociación entre el Mercosur y Japón responde, en parte, a un intento por ofrecer nuevas alternativas comerciales dentro del propio bloque y reducir los incentivos para que Argentina y Uruguay profundicen estrategias de apertura individual mediante el CPTPP.
Más allá de la discusión económica, la cumbre también tendrá un fuerte componente político. La situación institucional de Venezuela volverá a aparecer sobre la mesa, aunque sin figurar formalmente entre los principales temas del encuentro.
Mientras Brasil, Colombia e incluso algunos sectores del gobierno paraguayo manifestaron durante los últimos meses disposición para revisar la situación de Caracas dentro del Mercosur, la administración Milei mantiene una posición inflexible y anticipa que utilizará su derecho de veto frente a cualquier intento de reincorporación.
La posición argentina se fundamenta en el incumplimiento de la cláusula democrática de Ushuaia y en las observaciones sobre el funcionamiento institucional del gobierno venezolano, criterios que, según sostienen desde la Casa Rosada, permanecen inalterados pese al reciente diálogo humanitario mantenido tras los sismos registrados en ese país.
La distancia política entre Buenos Aires y Brasilia también tendrá una expresión simbólica fuera de la mesa de negociaciones.
Antes de partir hacia Asunción, Milei recibirá en la Casa Rosada al senador brasileño Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y principal referente opositor al gobierno de Lula da Silva de cara a las elecciones presidenciales previstas para octubre. El encuentro será interpretado como una nueva señal del alineamiento político del mandatario argentino con el espacio conservador brasileño y agrega un componente adicional de tensión a una relación bilateral ya condicionada por diferencias ideológicas y comerciales.
En este contexto, la cumbre del Mercosur trasciende la habitual revisión de la agenda económica del bloque. El encuentro pondrá a prueba la capacidad de convivencia entre modelos de integración cada vez más divergentes: por un lado, la visión brasileña de fortalecer las negociaciones colectivas y preservar la institucionalidad del Mercosur; por otro, la estrategia argentina orientada a flexibilizar las reglas del bloque para acelerar acuerdos bilaterales y ampliar su inserción en nuevos mercados globales.
El resultado de las deliberaciones difícilmente produzca definiciones inmediatas, pero sí ofrecerá una señal sobre el rumbo que adoptará el Mercosur en una etapa en la que las tensiones geopolíticas, la competencia por nuevos mercados y las diferencias ideológicas entre sus principales socios comienzan a redefinir el equilibrio interno del principal bloque económico de América del Sur.
La Unión Europea reafirmó su posición como el principal inversor extranjero en la Argentina. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente del bloque europeo alcanzó en 2025 un máximo histórico superior a los US$ 73.000 millones, consolidando un liderazgo que se mantiene desde hace décadas y que cobra una nueva dimensión tras la entrada en vigencia del acuerdo Mercosur-Unión Europea el pasado 1° de mayo.
La Unión Europea es el principal inversor extranjero de la República Argentina. En 2025 el volumen de inversiones de la UE marcó récords. España, Países Bajos, Alemania y Francia como protagonistas. Oportunidades en el marco del acuerdo Mercosur – UE.
La inversión extranjera directa (IED) y el comercio internacional constituyen mecanismos complementarios de integración económica. Una mayor articulación comercial puede favorecer más inversiones de la mano de la integración a cadenas globales de valor y la incorporación de tecnología y conocimiento. Con el acuerdo Mercosur – UE vigente desde el 1ro de mayo de este año, resulta relevante analizar la evolución de la inversión proveniente de la Unión Europea en Argentina.
Tal como se ve en el gráfico anterior, la Unión Europea concentra cerca del 40% del stock de inversión extranjera directa (IED) de la Argentina. Es decir, 4 de cada 10 dólares de inversión extranjera radicada en nuestro país consiste en capitales de países de la UE. Esto lo convierte a la vez en el principal inversor extranjero de la República Argentina. No conforme con ello, en 2025 las inversiones de los países del bloque europeo superaron los US$ 73.000 millones, el valor más elevado de la serie histórica para stock de IED en el país.
A pesar de la reducción en su participación relativa respecto de los primeros años analizados (supo representar más de la mitad de la IED del país a principios de este siglo), la inversión europea continuó expandiéndose en términos absolutos. Esto permitió que la Unión Europea mantenga por décadas su posición como principal origen de la inversión extranjera en el país.
Abriendo del bloque europeo entre las 27 naciones que lo conforman, encontramos algunos países protagonistas. Al cierre de 2025, España y Países Bajos encabezaban el ranking de inversores europeos, con stocks de inversión en US$ 25.715 millones y US$ 21.580 millones, respectivamente, al cierre del 2025. Más atrás se ubican Francia, Alemania, Luxemburgo e Italia, completando el grupo de principales orígenes de capital dentro del bloque.
En conjunto, estos seis países explican cerca del 93% del stock de inversión de la Unión Europea en Argentina. La importancia de España y Países Bajos se vincula tanto a la presencia de empresas con operaciones productivas y de comercialización de bienes en el país, así como una amplia gama de servicios, desde bancos hasta empresas de seguros.
Santander, BBVA, Mapfre, Iberia, Zara, Meliá, Cabify, son empresas españolas con inversiones y presencia en el país. Por su parte, empresas provenientes de Países Bajos son Unilever, Heineken, Phillips, entre otras con filiales en Argentina. Reconocidas empresas francesas con inversiones en Argentina son Louis Dreyfus Company, TotalEnergies, Eramet, Peugeot, Citroën, Michelin, Carrefour, Air Liquide, Danone y L’Oreal. Finalmente, Mercedes-Benz, Volkswagen, Bayer, BASF, Siemens son relevantes empresas alemanas con inversiones en Argentina.
La composición por países refleja también cómo la relación de inversión entre Argentina y la Unión Europea se sustenta en diversos sectores de la actividad económica. Más allá de ello, aquí los protagonistas son la industria, la energía, la minería, el sector automotriz, los servicios financieros y las telecomunicaciones.
La inversión extranjera directa de la UE en Argentina se concentra principalmente en la industria manufacturera y la explotación de minas y canteras. Al cierre de 2025, estas actividades acumulaban stocks de inversión por US$ 26.037 millones y US$ 18.387 millones, respectivamente.
La relevancia de estos sectores refleja tanto el peso histórico de la actividad industrial dentro de la economía argentina, así como el creciente atractivo de los recursos naturales, particularmente en un contexto de expansión de proyectos vinculados a la minería. Detrás de estos rubros se ubicaron el comercio, la información y las comunicaciones y las actividades financieras, que también exhiben una importante participación dentro del stock de inversión extranjera.
La experiencia internacional muestra que los acuerdos comerciales con la Unión Europea suelen estar acompañados por una expansión de los vínculos de inversión. Según datos del BID, los países que suscribieron acuerdos con el bloque registraron importantes incrementos en el stock de inversión europea durante los años posteriores a su entrada en vigor.
Entre los casos analizados, Chile exhibió un aumento cercano al 278% en el stock de inversión europea desde la firma de su acuerdo en 2003 hasta el 2023, mientras que Costa Rica registró una expansión del orden del 368% en 10 años y Colombia del 82% en la misma década (2013-2023). Por su parte, Egipto y Sudáfrica mostraron crecimientos particularmente significativos, de aproximadamente 924% y 1.057% respectivamente desde los años que firmaron sus acuerdos (2004 y 2000). México también se destaca, con un incremento cercano al 569% entre la entrada en vigor de su acuerdo en el 2000 y el 2023.
De esta manera, el acuerdo Mercosur – UE da estabilidad regulatoria como mayor posibilidad de integración a las cadenas de valor vinculadas al bloque. La UE es el principal inversor externo del Mercosur, pero el Mercosur es el 5to destino de IED de la UE. Si bien la evolución de la inversión responde a múltiples factores económicos e institucionales, estos antecedentes nos muestran cómo una mayor integración comercial y la certidumbre de un acuerdo de asociación pueden contribuir a fortalecer los flujos de capital de la República Argentina.
