UOCRA

El INDEC registró una suba del 2,5% en el costo de la construcción y consolidó una presión del 6,9% en el trimestre

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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el costo de la construcción aumentó 2,5% en marzo respecto a febrero, lo que llevó el acumulado del primer trimestre al 6,9%. El dato, correspondiente al Gran Buenos Aires, refleja una dinámica de precios que combina actualización salarial, suba de insumos y ajustes tarifarios, con impacto directo en la estructura de costos del sector.

La variación mensual estuvo explicada por incrementos en los tres componentes que integran el índice: materiales (1,8%), mano de obra (3,4%) y gastos generales (1,8%). El dato adquiere relevancia en un contexto donde la construcción funciona como termómetro de la actividad económica y de la inversión.

Salarios, tarifas y materiales: el núcleo de la suba

El informe oficial detalla que el mayor impulso provino del componente laboral. La suba del 3,4% en mano de obra responde al acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), homologado a comienzos de abril pero con impacto desde marzo. Esa actualización también incide en los gastos generales, ya que incluye categorías vinculadas a personal como el sereno.

En paralelo, los gastos generales incorporaron ajustes en tarifas de servicios públicos. Según el INDEC, se reflejan modificaciones en electricidad —autorizadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)—, así como actualizaciones en conexiones de agua, cloacas y gas, aprobadas por organismos reguladores.

Por su parte, el componente de materiales mostró una suba más moderada, aunque sostenida, en línea con su peso estructural dentro del costo total de obra. El relevamiento contempla una cobertura superior al 95% de los insumos más relevantes.

Un esquema de costos con lógica mixta

El índice se construye bajo un modelo que combina trabajo propio de la empresa constructora con subcontratación en rubros específicos como yesería, pintura o instalaciones. Este esquema refleja la dinámica real del sector, donde la fragmentación de tareas impacta en la formación final de precios.

En términos prácticos, la suba del costo de la construcción implica mayores requerimientos de capital para iniciar o sostener proyectos, tanto en el ámbito privado como en el público.

Costos en alza en un contexto de ajuste

El incremento del índice se produce en un escenario donde el Gobierno busca consolidar un esquema de orden macroeconómico y control del gasto, mientras se reconfiguran precios relativos, particularmente en tarifas y salarios.

En ese marco, los actores del sector —empresas constructoras, desarrolladores y contratistas— enfrentan un escenario de mayor presión de costos. Al mismo tiempo, la actualización salarial formalizada fortalece el ingreso de los trabajadores del sector, aunque incrementa la carga sobre las estructuras empresariales.

El dato también se vincula con la política de tarifas, que impacta directamente en los costos indirectos de la actividad.

Inversión bajo presión

El aumento del costo de construcción puede trasladarse a precios finales de obras, afectando decisiones de inversión, especialmente en proyectos de mediano y largo plazo. También incide en la rentabilidad de desarrollos en curso, que deben recalcular presupuestos frente a variaciones mensuales.

En términos macro, la evolución del índice funciona como un indicador adelantado de tensiones en la cadena de valor de la construcción, con efectos sobre empleo y actividad.

Señales para Misiones y el NEA

Si bien el indicador corresponde al Gran Buenos Aires, su dinámica suele replicarse —con matices— en otras regiones. Para provincias como Misiones, donde la construcción tiene peso en el empleo y en el desarrollo urbano, la evolución de estos costos puede anticipar ajustes en precios de obras privadas y en la planificación de proyectos.

De manera prudente, el escenario sugiere que cualquier incremento sostenido en insumos, salarios o tarifas tiende a trasladarse, directa o indirectamente, a economías regionales con menor escala y mayores costos logísticos.

La evolución del costo de la construcción quedará atada a tres variables clave: la dinámica salarial, la política tarifaria y el comportamiento de los materiales. También será determinante el nivel de actividad económica y la capacidad de inversión del sector privado.

El comportamiento de estos factores definirá si la presión de costos se estabiliza o continúa en alza en los próximos meses.

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Construcción: el costo subió 1,9% en febrero y acumula 24,5% interanual, con presión salarial y tarifaria

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El costo de la construcción volvió a moverse por encima de la inflación núcleo en febrero y dejó una señal política y económica que el Gobierno no puede ignorar: según el INDEC, el índice subió 1,9% mensual y 24,5% interanual en el Gran Buenos Aires. El dato, difundido el 17 de marzo de 2026, combina dos vectores sensibles —salarios y tarifas— y reabre una pregunta de fondo: ¿la desaceleración inflacionaria puede sostenerse sin tensionar costos estructurales en sectores intensivos como la construcción?

La cifra no es neutra. Llega en un momento donde la obra pública, la inversión privada y la dinámica del empleo en la construcción funcionan como termómetro de gobernabilidad económica. Y donde cada variación de costos impacta directamente en contratos, presupuestos y decisiones de inversión.

Salarios, tarifas y costos: el triángulo que explica la suba

El aumento del índice no responde a un único factor. Según el informe oficial , el alza de febrero se explicó por incrementos de 1,5% en materiales, 1,6% en mano de obra y un salto más marcado de 4,4% en gastos generales.

Detrás de esos números hay decisiones concretas. Por un lado, la suba en mano de obra refleja el impacto del acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina firmado el 12 de enero y homologado días después, que comenzó a regir en febrero. No se trata solo de una recomposición salarial: el ajuste también incluye asignaciones extraordinarias que se trasladan de forma directa al costo de cada obra.

Por otro lado, los gastos generales incorporan actualizaciones tarifarias en servicios clave. El informe detalla que se trasladaron los nuevos cuadros eléctricos aprobados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad para distribuidoras como Edenor y Edesur, junto con ajustes en agua y cloacas autorizados por la Secretaría de Obras Públicas.

En paralelo, algunos insumos mostraron aumentos puntuales relevantes: maderas (4,5%), metales como cobre y plomo (4,2%) y vidrios (4,0%). La dispersión en los materiales —con bajas en rubros como ascensores (-1,6%)— muestra que el fenómeno no es homogéneo, pero sí consistente.

Un índice técnico con impacto político

El Índice del Costo de la Construcción (ICC) mide la evolución de los costos en viviendas en el Gran Buenos Aires, sin incluir el valor del terreno ni impuestos como el IVA. Sin embargo, su influencia excede lo estadístico.

El dato funciona como referencia directa para la actualización de contratos de obra pública —en el marco del Decreto 1.295/02— y como señal para desarrolladores privados. Cada variación mensual redefine presupuestos, licitaciones y márgenes.

En ese contexto, la combinación de salarios en alza y tarifas actualizadas introduce un componente de rigidez en los costos. A diferencia de los precios de algunos materiales, estos factores tienen menor elasticidad a la baja en el corto plazo.

Correlación de fuerzas: sindicatos firmes y costos que condicionan

El dato también deja una lectura política sobre la mesa. El traslado del acuerdo salarial de la UOCRA al índice confirma la capacidad del sector sindical para sostener recomposiciones en un contexto de ajuste más amplio.

Al mismo tiempo, la incidencia de tarifas reguladas muestra que las decisiones del Gobierno en materia de precios relativos —particularmente energía y servicios— tienen impacto inmediato en sectores productivos.

Para el oficialismo, el desafío es doble: contener la inflación sin desarticular la actividad en un rubro que genera empleo y dinamiza economías regionales. Para el sector privado, el escenario obliga a recalcular costos y márgenes en proyectos que ya venían ajustados.

Señales mixtas hacia adelante

El comportamiento del índice en febrero no marca un quiebre, pero sí consolida una tendencia: los costos de la construcción siguen creciendo, aunque con una dinámica más moderada que en períodos anteriores.

La clave estará en observar cómo evolucionan dos variables sensibles en los próximos meses: las paritarias del sector y el sendero de tarifas. También será relevante seguir la dispersión en materiales, que podría amortiguar o amplificar futuras subas.

En un escenario donde la política económica busca anclar expectativas, el ICC se mantiene como un indicador incómodo: no define la inflación, pero sí expone sus tensiones más estructurales.

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Firma Digital, educación y empleo, la agenda 2026 del Ministerio de Trabajo en Misiones

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El Ministerio de Trabajo y Empleo de Misiones comenzó el 2026 con una agenda estratégica orientada a la digitalización del Estado, la modernización administrativa y la articulación institucional. Bajo la conducción de la ministra Silvana Giménez, la cartera laboral impulsa herramientas tecnológicas —como la Firma Digital— y políticas de formación e inclusión que buscan optimizar procesos, fortalecer el empleo y acompañar el desarrollo económico y social en toda la provincia.

El eje central del inicio de año combina gestión pública más ágil y sustentable, capacitación laboral alineada a nuevas demandas productivas y coordinación con municipios, sectores productivos, organizaciones sindicales y organismos públicos. La estrategia apunta a mejorar la trazabilidad, reducir tiempos y costos administrativos y ampliar oportunidades de inserción laboral, con foco en empleo joven, inclusión y profesionalización de oficios.

Modernización administrativa y Firma Digital: eficiencia, trazabilidad y ahorro de recursos

En el marco del proceso de Modernización del Estado Provincial previsto para 2026, la ministra Giménez mantuvo un encuentro con el intendente de Gobernador Roca, Rosendo Lukoski, donde el Ministerio otorgó al municipio el sistema de Firma Digital. La incorporación de esta herramienta refuerza la eficiencia administrativa, mejora la trazabilidad documental y reduce el consumo de papel, con impacto directo en la gestión local.

En la misma línea, y en su rol de Autoridad de Registro de Firma Digital, el Ministerio también otorgó el sistema al intendente de Corpus, Matías Benítez, y a integrantes de su gabinete municipal. La iniciativa consolida una administración más ágil y transparente, optimiza los tiempos de gestión y promueve un uso más eficiente de los recursos públicos.

Educación digital, capacitación y empleo: formación alineada a la producción

La agenda de trabajo incluyó una reunión con el Director General de Innovación de la Municipalidad de Posadas, Carlos Vigo, para avanzar en una política de Educación Digital Integral enfocada en la actualización y formación para el ámbito laboral. En ese espacio se coordinaron capacitaciones en áreas estratégicas, como topografía para municipios y equipos técnicos y energías renovables, orientadas a la innovación y al desarrollo productivo.

En paralelo, la ministra Giménez se reunió con el Secretario General de la UOCRA Seccional Misiones, Héctor Vallejos, con el objetivo de delinear una agenda de trabajo para el año. El acuerdo prevé talleres y capacitaciones en toda la provincia destinados a trabajadores y sus familias, con foco en la profesionalización del oficio de la construcción. Se anticipa la incorporación de contenidos vinculados a la digitalización y la inteligencia artificial, acompañando la evolución del sector y ampliando las oportunidades de inserción laboral.

Inclusión laboral y articulación institucional: empleo joven y protección social

La ministra también mantuvo un encuentro con Ignacio Abrazian, Director de la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Posadas, para planificar capacitaciones, talleres y acciones de inserción laboral. La agenda prioriza la inclusión laboral de personas con discapacidad y el fortalecimiento del empleo joven, definidos como ejes centrales de la política laboral para 2026.

Asimismo, se realizó una reunión de trabajo con Yanina Boschmann, coordinadora provincial de Prevención, Protección y Asistencia a las Víctimas y Testigos de la Trata y Tráfico de Personas, para evaluar el trabajo conjunto desarrollado durante 2025 y proyectar líneas de acción para 2026. En ese marco, se reafirmó la importancia de la articulación institucional para promover el acceso al empleo formal, acompañar trayectorias laborales y utilizar herramientas como las visas temporales de trabajo, que amplían oportunidades y fortalecen la inclusión.

Un Estado moderno para impulsar el desarrollo

Con una gestión basada en la planificación, la articulación institucional y la incorporación de herramientas digitales, el Ministerio de Trabajo y Empleo, junto al Gobierno de Misiones, avanza en la consolidación de un Estado moderno, eficiente y cercano. La hoja de ruta 2026 busca impactar en la calidad de la gestión pública, potenciar políticas de empleo y acompañar el crecimiento económico y social en todo el territorio provincial.

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La UOCRA se declara en estado de alerta y asamblea permanente por la falta de acuerdo salarial

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“El sector empresario se niega a acordar una recomposición salarial justa y suficiente”, advirtió en un comunicado el gremio conducido por Gerardo Martinez.

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) se declaró en estado de alerta y asamblea permanente a nivel nacional ante la falta de acuerdo paritario.

Según dejaron trascender a través de un comunicado, el gremio que comanda Gerardo Martínez la medida obedece “a la negativa del sector empresario en acordar una recomposición salarial justa y suficiente, respetando el derecho adquirido por la negociación colectiva, consagrada en nuestra Constitución”.

“En estos momentos críticos, el acuerdo paritario es fundamental para la preservación del poder adquisitivo de los salarios, teniendo en cuenta la erosión ocasionada por el impacto de las medidas económicas traducidas en una inflación que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras, sin que tengan otras herramientas para enfrentar tan crítica coyuntura que no sea la suba de sus ingresos”, describe el comunicado.

En medio de una tensa relación del gobierno libertario con los gremios y a las puertas de un segundo paro general en menos de 5 meses, la Unión Obrera de la Construcción de la república Argentina (UOCRA) se declaró en estado de alerta y asamblea permanente y amenaza con escalar el conflicto la próxima semana con una parálisis total de las obras privadas

El conflicto se da en un sector ya en crisis desde fines del Gobierno pasado con los fuertes aumentos en costos por el impacto inflacionario y luego de la asunción de Javier Milei se incrementó aun mas con la devaluación y la paralización de la obra pública.

En último indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC), muestra una baja de 24,6% respecto de igual mes de 2023. Mientras que el acumulado del primer bimestre de 2024 del índice serie original presenta una disminución de 23,1% respecto a igual período de 2023.

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La UOCRA alertó sobre la caída de 80.000 puestos de trabajo en la construcción

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El líder del gremio, Gerardo Martínez, dijo que buscará alianzas con los gobernadores para revertir la paralización de la obra pública. Qué dice el informe sindical que revela los números de la crisis.

La industria de la construcción en la Argentina perdió más de 80.000 puestos de trabajo desde diciembre pasado: de los 440.000 trabajadores que había en julio pasado, se redujeron un 11% hasta fines de año, un 18% en enero y un 20% en febrero, y se estima que en marzo “continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída”.

Lo afirma un estudio realizado por la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que lidera Gerardo Martínez, quien anunció que debido a la crisis del sector iniciará “plan de lucha territorial” y buscará conformar “alianzas programáticas con cada gobernador”.

Según el sindicalista, que es secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, “la construcción genera que por cada 100 empleos activos hay unos 30 indirectos que se ven beneficiados por el desarrollo”. “En el mundo, la industria de la construcción es madre de la industria”, dijo.

En el informe elaborado por la UOCRA, se destaca que “los 360.000 puestos de trabajo con los que comenzamos este mes continuarán bajando dado que no se han revertido ninguna de las causas que motivan la caída, e incluso en grandes obras se mantuvo en planta un importante numero por la figura de la suspensión, situación que cesó durante marzo.”

Esos 80.000 puestos (que se perdieron) están estrechamente relacionados con ocupados en obras públicas -agregó-, dado que históricamente alrededor del 25% de los empleos están relacionados con las obras que tienen financiamiento del sector público central y de las provincias”.

El gremio que encabeza Martínez resaltó que “esta situación tan extremadamente seria se produjo ante las decisiones gubernamentales de no pagar un peso de certificados de obra nacionales, ni aun aquellas financiadas por los organismos internacionales, y dejar de transferir a las provincias los fondos por convenios de financiamiento compartido”.

Sostuvo que “en la provincias más chicas, muy dependientes de las obras de vivienda sociales y otras obras públicas, son las más afectadas Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, San Luis y Santiago del Estero, mientras aquellas jurisdicciones en las cuales las obras privadas tienen más relevancia han sufrido menos el impacto, como CABA, Mendoza, Santa Fe, Córdoba y Tucumán”.

“Estas obras privadas que amortiguaron la caída son obras en ejecución que no pueden pararse pero han disminuido su ritmo y no vemos obras de reemplazo para compensar el ritmo a su finalización”, advirtió el sindicato de la construcción en su informe sobre la crisis del sector.

La UOCRA alertó que la situación provoca un “grave impacto” en la obra social Construir Salud, ya que “pierde mas de un 20% de sus ingresos en un momento de aumentos en las prestaciones, que en algunos casos superan el 200%, con el agravante que todos estos beneficiarios que perdieron su empleo mantienen la prestación por ellos y sus familias durante 90 días”. “Desde el propio gremio se está apoyando a la obra social para poder mantener su sustentabilidad”, concluyó.

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