El Séptimo Congreso Nacional de Conservación de la Biodiversidad (CNB) se realizará del 25 al 28 de abril en la ciudad misionera de Puerto Iguazú y convocará a investigadores, estudiantes y miembros de ONGs e instituciones vinculadas a temas de conservación de todo el país y la región.
El evento estará organizado conjuntamente por el Instituto Misionero de Biodiversidad (Imibio), la Universidad Nacional de Misiones (UNaM) y la fundación de Historia Natural Félix de Azara.
Los organizadores confirmaron que entre los disertantes del congreso participarán Carlos Borgui, investigador del Conicet y profesor de la Universidad de San Juan; Micaela Camino, investigadora asistente del Conicet, en el Centro de Ecología aplicada del Litoral, directora del Proyecto Quimilero y ganadora del Oscar Verde 2022 (premio Withley) y Lucas Garibaldi del Instituto de Investigaciones en Recursos Naturales, Agroecología y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Río Negro y Conicet , representante Argentino en la Plataforma Intergubernamental científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).
También ofrecerán conferencias magistrales Liliana Giussani, del Instituto de Botánica Darwinion Conicet; Lucía Mentesana, del Instituto Max Planck de Inteligencia Biológica de Alemania e investigadora responsable del Proyecto Hornero; y Javier Nori investigador del Conicet y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba.
En representación de Misiones confirmaron su participación Carolina Isabel Miño, investigadora del Instituto de Biología Subtropical, Nodo Posadas y del Conicet, en el Laboratorio de Genética Evolutiva de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la UNaM; y Gustavo Zurita, del Instituto de Biología Subtropical y el Conicet .
El Congreso, declarado de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de Misiones; contará también con simposios, mesas redondas, conversatorios y talleres de trabajo.
Además se presentará como una nueva oportunidad en la que Misiones, declarada Capital Nacional de la Biodiversidad desde el 2019, podrá mostrar su compromiso para estudiar, proteger y conservar la biodiversidad de la Selva Paranaense, considerada como uno de los últimos refugios de bosques prístinos que quedan en el mundo, que alberga más de la mitad (52%) de la biodiversidad argentina y ha sido clasificada como un punto caliente (Hot-Spot) de la biodiversidad mundial.
Por otro lado, investigadores de todo el país tendrán ocasión de presentar logros, estrategias y desafíos hacia el futuro de la conservación de la biodiversidad en el territorio, el agua dulce y los océanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas (ODS) previstos en la Agenda 2030.
“La Argentina tiene que reconocerle a Misiones el cuidado que hace de los pulmones por los que nosotros respiramos un mejor aire”. La frase del presidente Alberto Fernández reconoce, una vez más, el enorme esfuerzo que hace Misiones para cuidar la biodiversidad y el costo que ello conlleva, no solo de mantenimiento, sino de renta perdida al frenar la expansión de las fronteras agrícolas.
Misiones desde hace tiempo que exige más que retórica. Le puso un precio a la compensación que exige de la Nación: 126 mil millones de pesos y en paralelo, busca opciones para plantarse ante el mundo y darle un valor económico al cuidado de la segunda biodiversidad más grande de América detrás del Amazonas.
Junto al Presidente estaba el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, impulsor de una estrategia para convencer al Fondo Monetario Internacional que contemple una reducción de la deuda a cambio de impulsar energías limpias.
En línea con lo que piensa la propia Kristalina Georgieva, Argentina quiere proponerle al FMI deducir del monto total de la deuda, una cuota parte que se destine a financiar medidas de implementación hacia la transición energética.
La deuda con el organismo suma más de 45 mil millones de dólares. Lo que se propone es que el Estado argentino invierta 10 mil millones en energías renovables y que ese gasto se descuente de la deuda total con el organismo.
Pero esa estrategia no es la que más le conviene a Misiones, relegada en el reparto de recursos. Cabandié apunta a “generar” energías renovables. Misiones ya tiene un bien cuyo valor radica en que no sea intervenido.
Sin embargo, el propio ministerio de Ambiente le puso precio al valor de la conservación: 34.608.451.682 dólares.
Según los datos de Ambiente, Misiones tiene 1.500.000 hectáreas de bosque subtropical, con un valor de referencia de 6.947 dólares, lo que equivale a 10.420.060.812 dólares.
También conserva 127.300 hectáreas de humedales a un valor individual de 180.927 dólares la hectárea, lo que equivale a más de 23 mil millones de dólares.
Con esos datos oficiales, Misiones requiere algo más que discursos.
Por eso Misiones piensa en la emisión propia de un Certificado Verde, que se pueda vender en mercados voluntarios u obligatorios. Los voluntarios son ofrecidos a empresas u ONGs que quieran invertir en el cuidado del ambiente. Los obligatorios, son de empresas contaminantes, obligados por el protocolo de Kyoto.
Misiones avanza a paso firme con con el “Programa Misionero de Innovación Financiera con Tecnología Blockchain y Criptomoneda”.
Se entiende por Certificado Verde al documento que “avala los beneficios tangibles e intangibles generados por los servicios ecosistémicos, producto del límite a la explotación económica del suelo misionero en términos de la preservación de la biodiversidad.”
La validación del Certificado Verde se realiza mediante tecnología blockchain garantizando la “trazabilidad, seguridad y transparencia de los procesos y controles”.
El objetivo del Certificado Verde es incentivar a las empresas a que participen a través de sus políticas de responsabilidad social y de sus compromisos ambientales a que ayuden a sostener, preservar, conservar y proteger a las reservas naturales y a la biodiversidad a través de la compra de bonos verdes que serán emitidos por bancos, gobiernos y empresas.
Estos fondos serán utilizados exclusivamente a financiar proyectos que ayuden a revertir el cambio climático y contribuyan valor a sus recursos naturales.
Agencia Tierra Viva. Argentina acaba de presentar el 31 de diciembre del 2020 su Informe sobre Cambio Climático (Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional sobre Cambio Climático) y nos parece importante el análisis de este documento tanto en término de diagnóstico como de propuestas.1
Podemos inferir que, si bien los datos sobre las emisiones son del 2016, siguen siendo los mismos, cuando menos. Considerando los aportes de los distintos subsectores que remiten directamente al impacto en las emisiones del agronegocio nos encontramos con:
Un 9,8 % proveniente de cambio de uso de suelos y silvicultura que claramente son resultado de la expansión de los monocultivos agrícolas o forestales. Sirva como ejemplo la deforestación en la región del Chaco argentino que es una de las zonas más afectadas y donde “se devastaron unas 300 mil hectáreas anuales entre 2010 y 2015. Más de 80% del Chaco argentino se convirtió en tierra para pastos y producción agrícola, entre 1999 y 2014, hubo un aumento de la superficie destinada a la producción de soja del 85%”.2
Un 21,6 % proveniente de la ganadería, en su mayor parte con sistemas de producción industriales. Sólo como ejemplo, 85 % de la carne vacuna es producida en feedlots.3
Un 5,8 % proveniente de la agricultura, que sin duda responde a los monocultivos industriales transgénicos que cubren la mayor parte de la superficie agrícola del país. Según los datos del Servicio Internacional para la Adquisición de Aplicaciones Agrobiotecnológicas (ISAAA) para 2018, el 100% de la soja y el 78% del maíz plantado en el país eran transgénicos, lo que lo convierte en la tercera mayor área con plantaciones transgénicas del mundo (unas 23 millones 900 mil hectáreas, 12% de la superficie mundial).
El mismo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) del año 2017 (4) identifica un 39 % proveniente de la agricultura, ganadería y otros usos del suelo.4 A estos claros componentes de las emisiones hay que agregarle los que aportan otras etapas de la cadena industrial de producción de commodities agrícolas, desde la etapa anterior a la actividad productiva hasta el transporte (ya que el transporte de granos y ganado hace un aporte significativo a ese rubro). También es importante incluir, aunque no esté incorporado en este informe, la contribución del transporte de granos hacia sus destinos de consumo (China y la UE principalmente) y la refrigeración de las carnes que se exportan, que hacen un aporte significativo a las emisiones de GEI. El informe especial del IPCC de 2019 sobre el Cambio Climático y la Tierra amplía el enfoque estricto en los bosques y la agricultura al medir que entre el 21% y el 37% de las emisiones globales provendrían de toda la cadena agroalimentaria mundial, incluidas las emisiones previas y posteriores a la actividad productiva, contabilizando la maquinaria, los fertilizantes, el transporte, almacenamiento, procesamiento, empacado, etcétera.5 En 2014, GRAIN calculó que entre 44% y 57% del total de GEI provienen del sistema agroindustrial de producción de commodities: la deforestación representa entre 15% y 18% de las emisiones globales; el sector de producción de commodities entre 11% y 15% (en gran parte debido al uso de combustibles fósiles con maquinaria, extracción, transporte y empacado de fertilizantes y otros plaguicidas); transporte/infraestructura de logística de alimentos en circuitos largos que representan del 5 al 6% de los GEI; el procesamiento y empacado, un 8 al 10% (incluida la producción de plástico); la refrigeración, del 2% al 4% de los GEI; y el desperdicio de alimentos del 3 al 4% de los GEI.6 El informe reciente del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) informa del 8 al 10% con pérdidas y desperdicio en la cadena agroindustrial.
De esta manera y a partir de un piso de 39 % podemos constatar que las cifras se acercan a los resultados que GRAIN ha obtenido en sus investigaciones cuando visibiliza el impacto en el clima de todas las etapas involucradas en el modelo industrial de producción de commodities e incluso su intrínseca dependencia de los combustibles fósiles. También se puede constatar el altísimo impacto de la ganadería industrial: “Las más grandes compañías de cárnicos y de lácteos del mundo podrían superar a Exxon, Shell y BP como los contaminadores climáticos más grandes del mundo en los próximos decenios. En un momento en que el planeta debe reducir drásticamente sus emisiones de gases con efecto de invernadero (GEI), estas corporaciones gigantes de las proteínas animales globales están impulsando el consumo mediante el aumento de la producción y las exportaciones”.7 Sin embargo cuando nos ponemos a analizar las propuestas gubernamentales para responder a la crisis climática nos encontramos que no hay un abordaje que permita enfrentar la problemática y que por el contrario (y como ocurre en la mayor parte de los casos a nivel global) se plantean falsas soluciones que no harán más que agravar los problemas existentes.
Analizamos a continuación algunas de estas falsas soluciones incluidas en el documento oficial.
1. El objetivo planteado en las propuestas nos habla de “El crecimiento de la producción hacia 2030 será el resultado de un cambio estructural para la producción sostenible, compuesto por políticas activas que promuevan la recuperación económica teniendo como eje la promoción de las exportaciones, el crecimiento del mercado interno y el incremento de la productividad y la eficiencia en base a medidas que fomenten la creatividad y la innovación”. La inclusión en el discurso de la producción “sostenible”, no parece estar acorde con los ejes luego desarrollados de promoción de las exportaciones, el incremento de la productividad y la innovación propuestas.
Más parece ser, como veremos más adelante, un discurso de maquillaje verde para que nada cambie sustancialmente.
2. En el área de la agricultura, ganadería, pesca y bosques se plantea que “La producción agropecuaria y agroindustrial continuará representando uno de los aportes más significativos al PIB nacional, como fuente de empleo y como generador de divisas.
En 2030, el aumento en la producción total de granos se producirá merced al incremento de los rendimientos agrícolas y sin que ello implique un aumento significativo de la superficie agrícola efectiva. Para ello, se pondrán en funcionamiento instrumentos de política pública que generen incentivos a la intensificación agrícola innovadora, promoviendo la implementación de nuevas tecnologías y prácticas”.
Nuevamente un planteo de crecimiento de la producción sin cuestionar el modelo y basado en suposiciones. Sin duda, y como ha estado ocurriendo desde la introducción de la soja transgénica en Argentina, la superficie agrícola seguirá creciendo a costa de ecosistemas frágiles y sensibles. Los datos recogidos por el Atlas del agronegocio transgénico en el Cono Sur son contundentes: se destruyeron 5,6 millones de hectáreas de bosques entre 1998 y 2017 y se pasó de usar 35 millones kg/l de glifosato en 1997 a la aplicación de 240 millones de kg/l en el año 2017 con un pico máximo de 20 millones 500 mil hectáreas de soja transgénica cultivada en 2015. 8 Y la “intensificación agrícola innovadora” y las “nuevas tecnologías” serán, como ya se está proponiendo, la imposición de paquetes tecnológicos como el Agtech propuesto por Bill Gates a nuestro país que solamente incrementarán el control corporativo sobre nuestra agricultura sin modificar un ápice su impacto en la crisis climática.
3. En el tema ganadería la propuesta es “un aumento en la producción de carne para abastecer al mercado interno y mejorar el desempeño exportador, a través de un mecanismo de doble vía: por un lado, el aumento en la productividad del rodeo y, por el otro, el incremento en el volumen de carne producido por animal faenado”. Traducido a un lenguaje comprensible lo que se propone es seguir avanzando con el modelo de ganadería industrial, feedlots y cría industrial de cerdos y aves de corral que seguirán aportando cantidades cada vez mayores de GEI. La propuesta de un acuerdo con China para crear megafactorías de cerdos es una muestra clara de lo que se intenta realizar. 4. También se prevé que “La superficie de plantaciones forestales se aumentará al 2030 a través de la ampliación de los regímenes de promoción vigentes”. Lo que en otra parte del documento llaman bosques implantados, fortaleciendo una falsedad muy grave. Ese incremento de las plantaciones forestales será sin duda otra causa más de la continuidad de las deforestaciones en nuestro territorio y un aporte más a alimentar las falsas soluciones como los mecanismos REDD+ que Argentina se plantea usar como parte de los mecanismos de mercado. 5. Finalmente en el capítulo Relaciones Exteriores se expone que “El comercio internacional contribuye al desarrollo y a la creación de empleo, por lo que deben evitarse la adopción de barreras al comercio internacional con objetivos de cambio climático”.
Esta declaración de fe hacia el Libre Comercio entra en contradicción directa con la posibilidad de frenar las emisiones de GEI como muchos estudios lo vienen demostrando. La reciente auditoría ambiental del posible Acuerdo Mercosur-UE ha dado claros datos al respecto. En la misma encontramos que para toda la región las emisiones procedentes de aumentar el comercio bilateral de ocho importantes productos agrícolas podrían incrementarse en un 34%.9 Estamos convencidos que las verdaderas soluciones llegarán de la mano de un cambio profundo en el sistema agroalimentario y que de esta manera se podrá comenzar a hacer un verdadero aporte a la reducción de los GEI a nivel nacional y en su contribución a esta problemática global; además de enfrentar los otros graves problemas que plantea el agronegocio: el crecimiento del hambre, el avance de la deforestación y la contaminación ambiental y de los pueblos por agrotóxicos entre otros.
Ya en 2019 el Primer Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular planteó los ejes de lo que debe ser un nuevo modelo agrícola: “Queremos una Argentina con soberanía alimentaria, apostamos a un modelo de producción diferente, agroecológico, no extractivo, sano; en territorios integrados social, económica y culturalmente que constituyan un hábitat sostenible para todas y todos. Creemos en el derecho a la alimentación diversa y de calidad para toda la población. Sostenemos el carácter estratégico de nuestro planteo, que constituye una columna central de un Proyecto de Liberación Nacional, para enfrentar al Proyecto Colonial que expresa el capital concentrado y la acción/omisión de quienes ejercen el poder del Estado”.10 Una deuda pendiente que espera ser escuchada y que seguirá teniendo a los pueblos movilizados para lograrlo.
5 GRAIN y Grupo carta de Belém, “Clima, tierra y soberanía: narrativas climáticas sobre los territorios del sur global”, 28 de noviembre de 2019, https://grain.org/e/6369
Desde Fundación Vida Silvestre Argentina expresaron su preocupación al conocerse El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2019 que hoy está siendo debatido en el Congreso. El mismo asigna apenas 595 millones de pesos para la protección de todos los bosques de la Argentina, apenas el 4.75% de lo estipulado por la Ley de Bosques.
El “Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del año 2019” que está siendo debatido en el Congreso de la Nación determina, en el artículo 16 del mismo, que se asignan al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, en virtud de lo establecido por el Artículo 31 de la Ley N° 26.331, un monto de pesos QUINIENTOS SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 570.500.000) y para el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de PESOS VEINTICINCO MILLONES ($ 25.000.000). Sin embargo, este monto estipulado corresponde apenas al 6.5% de lo que debiera establecerse a la protección de nuestros bosques si se cumpliera la ley.
La Ley Nº 26.331 (la comúnmente conocida como Ley de Bosques) es clara. En su artículo 31 estipula que el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos estará integrado por las partidas presupuestarias que no podrán ser inferiores al 0.3% del presupuesto nacional. Ese 0.3% para 2019 debiera ser de 12.500 millones de pesos, una cifra muy superior a los 595 millones estipulados en este proyecto. El Fondo también debiera recibir el 2% del total de las retenciones a las exportaciones de productos primarios y secundarios provenientes de la agricultura, ganadería y sector forestal, correspondientes al año anterior del ejercicio en consideración.
“Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Sin el adecuado estímulo financiero previsto por la Ley de Bosques las provincias se ven imposibilitadas de fortalecer, de manera apropiada, su capacidad de fiscalización, control y vigilancia. Por otro lado los propietarios de áreas con bosques nativos no reciben estímulos para desarrollar el uso sustentable o compensaciones por las áreas que deben destinarse exclusivamente a la conservación. Mientras el gobierno de turno desoye el pedido de la sociedad, la deforestación continúa, se pierden bosques, biodiversidad, servicios ambientales y oportunidades de un real desarrollo sustentable” explica Manuel Jaramillo, director General de Fundación Vida Silvestre Argentina.
A partir de la difusión de esta información, desde Fundación Vida Silvestre Argentina mostraron su preocupación frente a la reiteración de una situación que se genera cada año desde la sanción de la Ley de Bosques.
Los más de 50 millones de hectáreas de bosques nativos, declaradas por la sumatoria de las provincias argentinas en sus leyes de ordenamiento territorial no pueden cuidarse con un presupuesto de 595 millones de pesos al año. En definitiva estamos pensando que 12 pesos alcanzan para cuidar una hectárea de bosque un año completo (un peso por mes por hectárea).
Desde su implementación, la Ley de Bosques nunca pudo contar con su presupuesto completo, y recibió mucho menos del 10% del presupuesto que les correspondería.
“Entre 2010 y 2018 los bosques recibieron 3.063 millones de pesos en vez de los 36.537 millones que le correspondía. Apenas el 8.35% de lo estipulado por la ley. El proyecto de Presupuesto 2019 acentúa esta tendencia asignando menos del 5% de los 12.500 millones de pesos que le correspondería. Es fundamental que el reclamo por nuestros bosques sea escuchado y que éstos puedan contar por primera vez con el presupuesto que la ley estipula. En estos últimos 3 años se estima que hemos sufrido una inflación cercana al 100%, sin embargo, nuestros bosques no reflejan en su presupuesto una situación siquiera cercana a esto. Pareciera que nuestros bosques también han sido devaluados“, expresa Jaramillo.
Hay una conexión íntima entre la deforestación y el cambio climático: en la Argentina provocó el 22% de las emisiones de gases de efecto invernadero, según consta en el último inventario de emisiones. El cuidado de nuestros bosques nativos es, tal vez, la mayor herramienta que tiene nuestro país para enfrentar el cambio climático y cumplir con los compromisos asumidos frente al Acuerdo de Paris. Un reciente estudio presentado en conjunto entre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y Fundación Vida Silvestre Argentina, realizado en el marco del proyecto Collaboration for Forest and Agriculture demuestra que continuando con la tendencia actual la emisión de gases de efecto invernadero por deforestación al 2028 sería de un total aproximado de 800 millones de toneladas de CO2 (57 millones por año). Una correcta aplicación de la Ley de Bosques, permitiría que esas emisiones se redujeran a la mitad: 400 millones de toneladas de CO2 (28 millones por año).
“El compromiso argentino frente al Acuerdo de Paris habla de no exceder las 483 millones de toneladas de CO2 al 2030. Si mantenemos el escenario actual, con nuestros bosques descuidados y desfinanciados, este compromiso será imposible de cumplir. La Ley de Bosques es LA herramienta para poder comenzar a cumplir estos compromisos y, ¿por qué no? pensar en ampliarlos“, detalló Jaramillo.
Además de la necesidad presupuestaria, desde Vida Silvestre sostienen que se debe lograr que se incrementen y respeten las zonas rojas donde la tala de nuestros bosques nativos restantes está estrictamente prohibida, para cumplir la meta internacional de proteger el 17% de nuestros bosques que son fuente de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
Los bosques concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Al mismo tiempo, funcionan como reservorio de dióxido de carbono (uno de los principales gases que causan el efecto invernadero), al punto tal que, cerca de un 20% de las emisiones globales de estos gases, provienen de la deforestación y la degradación de bosques. A su vez, aportan a las poblaciones cercanas fuentes de proteínas, plantas medicinales, materiales para la construcción y combustible en forma directa. Y, en forma indirecta, contribuyen a la conservación de las fuentes de agua, la prevención de inundaciones y protección para los suelos.
“El Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de implementar la Ley de Bosques y asignar el total del fondo legalmente previsto, dando así una clara señal a la sociedad argentina de la importancia que debe tener como política de Estado la conservación y uso sustentable de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras“, concluye Jaramillo.
Barack Obama disertó ante unos 300 líderes “verdes” de la Argentina y la misionera Gladys Garrido estuvo a unos pocos metros del presidente de Estados Unidos que más invirtió en proyectos de energías renovables y la disminución de gases de efecto invernadero, en el segundo país emisor.
“En lo personal fue un aprendizaje haber participado de la Cumbre de Economía Verde y haber escuchado a Obama, quien fue generoso con su tiempo. “El momento es ahora”, dijo y es la mejor definición sobre el tiempo en el que estamos para cambiar algo en la protección del medioambiente”, relata la profesora de Ética y Educación Ambiental de la Universidad Nacional de Misiones, que tiene a su cargo la cátedra de Educación Ambiental en la facultad de Ciencias Exactas y cursa la diplomatura internacional de la Unesco sobre Educación para el Desarrollo Sostenible.
Garrido es magister en Ecología y fue una de las 300 líderes seleccionadas en la Argentina para participar en la cumbre que se hizo en Córdoba –el otro misionero fue Juan Emilio Bragado, de la Fundación Cambium, de Eldorado-.
“La economía tiene espacio relevante para fortalecer proyectos verdes”, sostiene Garrido y cita algunos casos en los que la irrupción de nuevos modelos de negocio y tecnología, logra modificar el status quo: Uber –cuyo uso reduce la emisión de gases contaminantes- o el coworking, que logra una mayor producción económica en espacios reducidos.
Son irrupciones que alientan la competencia y abren nuevos mercados, explica. También pone como ejemplos que hasta hace algunos años, los productos orgánicos tenían precios accesibles para pocos y hoy, gracias a la conciencia ambiental, aumentó la producción y las brechas de costos se achicaron. “El consumidor ahora elige lo que no contamina. ¿Qué va a hacer el empresario que no escucha eso?”, se pregunta.
Además de Obama, estuvieron otras figuras prominentes de la conciencia ambiental, como los Nobel de Economía como Edmund Phelps y Eric Maskin, Ndaba Mandela, nieto del líder sudafricano y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, entre otros.
“Obama es una figura inspiradora porque cuando estuvo en el poder, impulsó políticas de protección del medioambiente, que ahora fueron derogadas por Trump”, cuenta Garrido. El demócrata dijo en su alocución que “su postura no era únicamente por ser presidente, sino porque es padre”.
La especialista misionera advierte que el acuerdo de París es insuficiente, pero “es una herramienta” para revertir algunas tendencias de consumo energético antes de que sea demasiado tarde.
“Hay que incentivar el desarrollo de tecnologías limpias”, asegura Garrido, que, de todos modos, mantiene abierta una esperanza con algunos sutiles cambios que están en marcha. Pone como ejemplo a las nuevas generaciones, que aprenden de pequeños la importancia de proteger el medioambiente o las nuevas construcciones de viviendas, como las del Procrear, que ya vienen con paneles solares incluidos.
“Hay un potencial energético mucho mayor con las renovables”, insiste. La planta de Biomasa de Pindó, la maderera misionera que calificó para el plan Renovar es otro ejemplo de la docente. Sin embargo, señala que la iniciativa no se replica porque no es rentable para empresas más pequeñas.
“Hay una idea de hacer una planta de biomasa, que nuclee a unos 60 aserraderos de Oberá, que están a unos 30 kilómetros a la redonda. Puede llegar a avanzar”, revela.
“La economía verde va a ser más rentable por la demanda del consumidor. Obama nos alentó a hacer algo para no dejar un mundo inhabitable”, cuenta.
Sobre el rol de la universidad, Garrido es clara: “Debe estar en contacto con la comunidad y promover el intercambio de experiencias. Educar a los jóvenes con conciencia ambiental”.
Lejos de eludir el compromiso, la especialista eldoradense sostiene que la energía hidroeléctrica es una oportunidad. “La experiencia de Yacyretá no fue la mejor ni los daños subsanados de la manera que se esperaba y eso quedó marcado. Pero no debemos cerrar los ojos. El 50 por ciento de la emisión de gases contaminantes viene de la quema de combustibles fósiles. La hidroelectricidad es una oportunidad”, argumenta.
La especialista también insiste en que Misiones debe recibir recursos por la protección de su medioambiente. “El bono verde es el instrumento financiero para capitalizar el cuidado de la selva”.
