VIALIDAD NACIONAL

Corredores Viales: Economía habilitó la Etapa II del nuevo sistema de concesiones bajo la Ley 17.520

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Economía avanza con la privatización de Corredores Viales y lanza la licitación internacional de la Red Federal de Concesiones – Etapa II

El Ministerio de Economía autorizó el llamado a la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 504-0013-LPU25 para concesionar los tramos Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa de la Red Federal de Concesiones. La medida, formalizada mediante la Resolución 1843/2025, constituye un paso central en el proceso de privatización de Corredores Viales S.A., declarado por la Ley 27.742 y habilitado por el Decreto 97/2025.

Un paso clave en la privatización de Corredores Viales S.A.

La Resolución 1843/2025, firmada el 19 de noviembre de 2025, profundiza la reconfiguración del esquema vial nacional al autorizar formalmente la licitación para concesionar bajo el régimen de la Ley 17.520 los tramos definidos en la Etapa II del proyecto “Red Federal de Concesiones”.

El proceso se inscribe en la estructura de privatizaciones previstas por la Ley 27.742, que declaró “sujeta a privatización” a Corredores Viales S.A., empresa constituida por Decreto 794/2017 y actualmente operadora de corredores nacionales asignados sucesivamente mediante los Decretos 1010/2017, 659/2019, 779/2020 y 1036/2020.

El Decreto 97/2025 habilitó la privatización total de la compañía mediante concesión de obra pública por peaje, a la vez que designó al Ministerio de Economía como autoridad encargada del proceso, con asistencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”.

En ese marco, la cartera económica dictó la Resolución 1284/2025 que dio inicio al procedimiento privatizador y encargó a la Secretaría de Transporte la propuesta de tramos, el relevamiento del estado de la infraestructura y la elaboración de la documentación licitatoria.

Cómo será la Etapa II: tramos, audiencias públicas y documentación licitatoria

La Etapa II incorpora cuatro tramos estratégicos —Sur, Atlántico, Acceso Sur y Pampa— integrados por sectores de las rutas nacionales 3, 205, 226, A-005, así como de las autopistas Ezeiza–Cañuelas, Jorge Newbery y Riccheri.

Para avanzar con esta etapa, la Dirección Nacional de Vialidad convocó audiencias públicas mediante la Resolución 827/2025, en cumplimiento del Decreto 1172/2003. Las audiencias se realizaron el 11 y 12 de junio de 2025, y sus Informes de Cierre fueron aprobados por la Resolución 1136/2025.

En paralelo, Vialidad presentó la tasación previa exigida por el artículo 19 de la Ley 23.696, paso indispensable para cualquier proceso de privatización.

La resolución firmada por Economía aprueba un extenso cuerpo documental compuesto por:

  • Pliego de Bases y Condiciones Generales (IF-2025-127089568-APN-DNV#MEC)
  • Pliego de Bases y Condiciones Particulares
  • Formularios de Cotización
  • Modelo de Contrato
  • Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
  • Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares de cada tramo
  • Reglamento de Explotación
  • Reglamento de Infracciones y Sanciones

Toda la documentación estará disponible en el portal CONTRAT.AR, de acuerdo con el Decreto 416/2025.

Fechas clave del proceso licitatorio y creación de la comisión evaluadora

La Resolución 1843/2025 establece un cronograma preciso para el procedimiento: Consultas a los pliegos: hasta el 21 de enero de 2026 a las 13:00. Presentación de ofertas: hasta el 6 de febrero de 2026 a las 12:00. Apertura de ofertas: 6 de febrero de 2026 a las 13:00, mediante acto público electrónico en CONTRAT.AR

Además, el Ministerio ordena publicar el llamado: 7 días en el Boletín Oficial y la web del Ministerio, 3 días corridos en el sitio internacional DGMARKET del Banco Mundial

Para garantizar la evaluación técnica y económica, se crea una Comisión Evaluadora ad hoc, integrada por:

Titulares: Marcelo Roberto Saenz Urquiza, José Manuel Urdiroz, Luciano Lissi. Suplentes: Martha Karina Dipp, Marcelo Guillermo Bianchi, Micaela Renée Lapuente.

La Secretaría de Transporte queda facultada para emitir circulares aclaratorias durante el proceso.

Impacto institucional: un cambio estructural en la gestión vial nacional

La Etapa II de la Red Federal de Concesiones representa una transformación profunda del esquema de operación y mantenimiento de rutas nacionales. La resolución señala que el objetivo es permitir que el sector privado gestione tramos críticos para: construcción y ampliación de infraestructura, mantenimiento y conservación, prestación de servicios al usuario, y la generación de nuevas explotaciones complementarias.

El Ministerio de Economía subraya que el nuevo sistema apunta a “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado Nacional”, en línea con las metas generales de reducción del gasto y reordenamiento del sector público.

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El Gobierno autorizó obras por $85 mil millones y concesionará rutas bajo gestión privada

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Milei reactivó la obra pública, autorizó inversiones por $85 mil millones y licitó 1.800 km de rutas bajo gestión privada. El Gobierno cambia de estrategia: reaparece la inversión pública y se consolida el modelo de concesiones

El Gobierno de Javier Milei autorizó la contratación de diez obras públicas nacionales por un monto total de $85.000 millones en los próximos tres años y lanzó una licitación pública nacional e internacional para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en lo que representa un giro significativo en la política de infraestructura tras meses de parálisis casi total.

La medida marca un punto de inflexión en la administración libertaria, que había reducido al mínimo la ejecución de proyectos de inversión durante el primer semestre de gestión. Según datos oficiales del Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas, hasta mayo de 2025 solo se habían concluido 330 obras públicas nacionales, con 78 proyectos en ejecución normal y más de 1.400 sin avances.

El cambio de rumbo llega tras el resultado electoral favorable al oficialismo y la convocatoria al diálogo con provincias no peronistas, factores que influyeron en la decisión de corregir el Presupuesto nacional para reincorporar una porción acotada de inversión pública.

“Buscamos transparencia, eficiencia y estándares de calidad”, afirmó el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el nuevo esquema vial en su cuenta de X.

10 obras reactivadas: foco en infraestructura vial, ambiental y de agua potable

De las 2.692 obras nacionales que habían quedado inconclusas del gobierno anterior —sobre un total de 6.700 iniciadas entre 2019 y 2023—, el Ejecutivo decidió descongelar diez proyectos distribuidos en distintas provincias, con prioridad en infraestructura básica y de servicios esenciales.

Las obras seleccionadas implican una inversión total superior a los $85.000 millones, con ejecución escalonada entre 2024 y 2026.

Entre los proyectos destacados figuran:

  • Sistema de provisión de agua potable en Tucumán, con una inversión de $25.938 millones, el más costoso del conjunto.
  • Mantenimiento y mejora de la Ruta Nacional 11 (Rosario–Santa Fe), por $17.516 millones.
  • Conservación mejorativa de la Ruta Nacional 33 (Rosario–Sancti Spíritu), por $23.631 millones.
  • Construcción del Muelle Cabecera Norte en el Parque Nacional Lago Puelo (Chubut), por $4.716 millones.
  • Obras ambientales y de conservación forestal en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Córdoba y Santiago del Estero, bajo el Proyecto Paisajes, con montos entre $1.400 y $2.200 millones.
  • Reubicación y remodelación del BCG PPD MC en el barrio de Barracas (CABA), con $1.637 millones de inversión total.

La mayor parte de las obras se ejecutarán entre 2025 y 2026, lo que confirma una estrategia de reprogramación presupuestaria gradual, compatible con el objetivo de déficit fiscal cero.

La concentración geográfica también es significativa: Santa Fe reúne tres proyectos estratégicos, seguida por Tucumán, Córdoba y Chubut, mientras que las provincias patagónicas y del norte suman obras de menor escala pero de alto impacto local.

Red Federal de Concesiones: el Estado pasa de operador a regulador

Paralelamente, el Gobierno lanzó una nueva licitación pública para concesionar 1.800 kilómetros de rutas y autopistas, en el marco de la Red Federal de Concesiones, una de las reformas estructurales más ambiciosas de la gestión Milei.

El esquema se sustenta en la premisa de que el Estado debe “liberarse de funciones improductivas” y actuar como regulador y garante de competencia, en lugar de operador directo de servicios.

El plan se articula en dos tramos principales:

  • Tramo Sur–Atlántico–Acceso Sur, de 1.325 kilómetros, que abarca las rutas nacionales 3, 205 y 206, además de las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza–Cañuelas.
  • Tramo Pampa, de 547 kilómetros, correspondiente a la Ruta Nacional 5, entre Luján y Santa Rosa.

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) será la encargada de supervisar los contratos y garantizar los estándares de seguridad y mantenimiento.

Esta segunda etapa se suma a la primera, presentada en enero de 2025, que ya había incorporado las rutas nacionales 12 y 14, el Puente Rosario–Victoria y tres pasos fronterizos a la gestión privada.

Desde la Casa Rosada destacan que el nuevo modelo “sigue estándares internacionales” y permitirá atraer capital genuino sin aumentar el gasto público.

Impacto económico y político: señales de gobernabilidad y apertura federal

La decisión de reactivar parcialmente la obra pública y relanzar el sistema de concesiones envía una señal política de moderación fiscal con apertura federal, tras meses de tensión con gobernadores y sectores afectados por la parálisis.

Según un informe de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI), la interrupción de obras públicas había generado problemas de infraestructura crítica, como la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, deficiencias de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratamiento en Corrientes y tramos intransitables de la Ruta 40 en Chubut.

Con la nueva orientación, el Ejecutivo busca recomponer relaciones con provincias y recuperar capacidad de negociación institucional, al tiempo que traslada al sector privado la ejecución y mantenimiento de obras estratégicas.

El desafío inmediato será asegurar transparencia y competencia real en las licitaciones, en un contexto donde los mecanismos de control estatal seguirán bajo la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad y la Secretaría de Obras Públicas.

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Ruta Nacional 12: Vialidad Nacional reabre el tránsito en el kilómetro 1187 en Corrientes, luego del colapso de una alcantarilla

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Tras las reparaciones, reabren la Ruta Nacional 12 en Corrientes, habilitan el tránsito en el tramo afectado por el socavón

La circulación se restablecerá este sábado 1 de noviembre a partir del mediodía, luego de los trabajos de emergencia realizados entre Vialidad Nacional, Corredores Viales S.A. y la Dirección Provincial de Vialidad.

La Ruta Nacional 12, una de las principales vías de conexión del nordeste argentino, volverá a estar habilitada este sábado 1 de noviembre desde las 12 del mediodía, según informó Vialidad Nacional. La medida permite el restablecimiento total del tránsito vehicular en las cercanías de Itá Ibaté, provincia de Corrientes, luego de que las intensas lluvias de la última semana provocaran un socavón en dos alcantarillas ubicadas en los kilómetros 1187 y 1192.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de un parte conjunto entre Vialidad Nacional, Corredores Viales S.A. y la Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes, tras finalizar los trabajos de reparación en la primera alcantarilla. “Se habilitará la circulación para todo tipo de vehículos… luego de que las intensas lluvias de la semana pasada provocaran un socavón en dos alcantarillas”, señala el comunicado oficial.

Trabajo coordinado entre Vialidad Nacional, Corredores Viales y el gobierno provincial

Los equipos técnicos realizaron una intervención de emergencia que permitió reparar la estructura del alcantarillado en el kilómetro 1187, afectada por el colapso parcial del terreno a raíz de la acumulación de agua. Posteriormente, se avanzará con tareas de consolidación en la segunda alcantarilla (km 1192), que continúa bajo monitoreo permanente para garantizar la estabilidad del terreno y la seguridad de los vehículos.

“Vialidad Nacional y Corredores Viales S.A. continuarán con el trabajo sobre la segunda alcantarilla, controlando minuciosamente toda la zona”, precisa el informe. La intervención conjunta forma parte del esquema de mantenimiento y respuesta rápida que ambas entidades vienen aplicando sobre los principales corredores viales nacionales.

La obra demandó la utilización de maquinaria pesada, refuerzos estructurales y el reemplazo de parte del material erosionado por nuevas capas de suelo compactado y drenaje superficial, con el objetivo de asegurar la transitabilidad y prevenir futuros daños estructurales.

Seguridad vial y recomendaciones para los conductores

Si bien la circulación se reanudará de manera completa, las autoridades solicitaron extremar las medidas de precaución al transitar por el sector, debido a la presencia de maquinaria y personal que continuará trabajando en tareas complementarias.

En ese sentido, Vialidad Nacional pidió respetar las señales de tránsito, las indicaciones del personal de seguridad y mantener una velocidad moderada en los tramos intervenidos. “Se solicita a las personas usuarias extremar las medidas de seguridad, circular con precaución y disminuir la velocidad, ya que en la zona estarán trabajando máquinas y personal”, remarcaron desde el organismo.

La Ruta Nacional 12 constituye un eje clave para el transporte de cargas y el turismo regional, al conectar el norte de Corrientes con Misiones y otras provincias del NEA. Su reapertura representa un alivio logístico y económico tanto para el sector productivo como para las comunidades locales que dependen de esta vía para su movilidad cotidiana.

Relevancia económica del corredor

El restablecimiento del tránsito sobre la RN 12 tiene impacto directo en la circulación de bienes y servicios en la región, especialmente en sectores como el forestal, agrícola, turístico y comercial, que dependen del corredor para conectar Corrientes con Posadas, Ituzaingó, Gobernador Virasoro y otras ciudades clave.

El tramo donde se produjo el socavón forma parte del Corredor Vial Noreste, bajo la concesión de Corredores Viales S.A., empresa estatal controlada por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Este corredor incluye más de 1.200 kilómetros de rutas nacionales que vinculan provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y Misiones, por lo que su mantenimiento es estratégico para la economía regional.

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Modernización vial: Nación posterga un año la adopción total del sistema de peaje electrónico

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El Gobierno prorrogó hasta diciembre de 2026 la implementación obligatoria del sistema de peajes automáticos “free flow” en todas las rutas nacionales.

La medida, establecida por el Decreto 733/2025, busca dar mayor flexibilidad a Vialidad Nacional para adecuar los plazos de acuerdo con las condiciones técnicas y contractuales de cada tramo concesionado.

Nuevo cronograma para modernizar el cobro de peajes

El Gobierno nacional modificó este lunes el cronograma de implementación del sistema de peajes automáticos “free flow” en la red vial nacional, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, según el Decreto 733/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia interino Mariano Cúneo Libarona.

La disposición sustituye el artículo 20 del Decreto 196/2025, que establecía una adopción más acelerada del sistema sin barreras, otorgando ahora a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la facultad de modificar los plazos cuando las condiciones técnicas, operativas o contractuales de cada tramo así lo requieran.

De este modo, la DNV —dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— deberá fijar un nuevo cronograma de implementación que contemple la coexistencia de vías automáticas canalizadas con barreras y vías “free flow”, hasta completar la transición hacia el sistema plenamente automatizado.

De los peajes manuales al sistema inteligente

El “free flow” constituye la etapa final del proceso de modernización iniciado con el Decreto 196/2025, que había dispuesto la instalación progresiva de peajes automáticos sin barreras en todas las rutas nacionales concesionadas.

El sistema utiliza identificación electrónica de vehículos mediante el dispositivo TelePASE, cámaras y sensores que registran automáticamente el paso del vehículo, eliminando la necesidad de detenerse en cabinas. Con ello se busca reducir tiempos de tránsito, evitar congestiones y mejorar la seguridad vial.

La norma define cuatro tipos de vías:

  • Manuales: con barreras y cobro presencial;
  • Automáticas canalizadas: con identificación por TelePASE y barreras que se levantan automáticamente;
  • Mixtas: que operan de forma manual o automática;
  • Free flow: sin barreras ni detenciones, totalmente automatizadas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) participó en el proceso de revisión técnica del decreto, asegurando que la transición hacia el sistema electrónico mantenga los estándares de seguridad y control en la circulación.

Según el texto oficial, el Gobierno considera “prioritaria la construcción de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas y autopistas del país”, promoviendo la participación del sector privado en la inversión, operación y mantenimiento de los corredores viales.

Contexto normativo y objetivos de la medida

La medida se inscribe dentro del proceso de concesión y privatización de la empresa Corredores Viales S.A., autorizado mediante el Decreto 97/2025, bajo el régimen de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520.

El Decreto 28/2025 había fijado que los tramos de la Red Vial Nacional serían licitados en un plazo de 12 meses bajo dicho régimen, mientras que el Decreto 196/2025 introdujo la obligación de incorporar el sistema de cobro automático “free flow” en cada ruta concesionada.

El nuevo Decreto 733/2025 ajusta el cronograma a las “realidades operativas de cada tramo”, otorgando a Vialidad Nacional un margen de acción para administrar los tiempos de instalación e integración tecnológica.

En los fundamentos, el Ejecutivo destaca que la política pública en materia vial apunta a promover el uso obligatorio del TelePASE como herramienta base del nuevo esquema de cobro, garantizando el pago del servicio y desalentando la evasión.

Asimismo, busca asegurar la previsibilidad y sustentabilidad económica de las concesiones viales, fortaleciendo la recaudación y reduciendo costos operativos mediante la digitalización del sistema.

Impacto y proyecciones del nuevo esquema vial

La transición hacia un sistema de cobro totalmente automático representa una transformación estructural del modelo de gestión vial. Permite reducir los costos de operación y mantenimiento, mejora la fluidez del tránsito y disminuye la emisión de gases contaminantes generados por la detención de vehículos en las cabinas tradicionales.

No obstante, el proceso requiere inversiones significativas en infraestructura tecnológica, readecuación de contratos de concesión y compatibilidad con los distintos sistemas de peaje vigentes en las rutas nacionales y provinciales.

El Gobierno apuesta a que, hacia fines de 2026, toda la red nacional concesionada funcione bajo esquemas automáticos canalizados y/o “free flow”, dando un paso hacia un sistema vial inteligente y más eficiente.

De acuerdo con la nueva redacción del decreto, la DNV podrá extender los plazos más allá de 2026 si las condiciones técnicas o contractuales de ciertos tramos así lo justifican, asegurando una implementación “eficaz, previsible y adaptada a las realidades regionales”.

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El Gobierno reestableció organismos y normas derogadas por decretos de desregulación

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La Casa Rosada debió retroceder en varias reformas administrativas tras el rechazo legislativo. Con los Decretos 627/2025 y 628/2025, el Ejecutivo restituyó estructuras, facultades y organismos públicos que habían sido eliminados o fusionados. El trasfondo refleja la tensión entre la estrategia de ajuste del Gobierno y los límites políticos que impone el Congreso.

El 21 de agosto, el Senado rechazó un paquete de decretos que habían impulsado profundas desregulaciones y modificaciones institucionales en organismos estatales clave. Las medidas formaban parte del programa de racionalización y reducción del gasto público que el presidente Javier Milei intentaba consolidar vía decretos delegados, sin pasar por la sanción de leyes.

Entre las reformas caídas estaban la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de Vialidad Nacional, la eliminación de la ARICCAME (Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal) y la fusión de institutos históricos. También se había avanzado en cambios a las funciones del INTA, al Teatro Nacional Cervantes y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El rechazo parlamentario obligó al Ejecutivo a publicar en el Boletín Oficial del 2 de septiembre de 2025 los Decretos 627/2025 y 628/2025, mediante los cuales se restituye la vigencia de todas las normas derogadas. En palabras oficiales: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas (…) y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.

Los organismos restituidos y las medidas alcanzadas

Con la entrada en vigor del Decreto 627/2025, se reactivaron:

  • Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, cuya fusión había sido ordenada por el Decreto 345/25.
  • El Banco Nacional de Datos Genéticos, que había pasado a depender de la Secretaría de Innovación (Decreto 351/25).
  • La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismos disueltos por el Decreto 461/25.
  • La ARICCAME, eliminada por el Decreto 462/25.

Asimismo, el mismo decreto restituyó las funciones originales de:

  • El Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/25).
  • El INTA en su estructura organizativa previa (Decreto 571/25).
  • La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).
  • La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25).
  • Las atribuciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

El Decreto 628/2025, por su parte, revirtió el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional aprobado por el Decreto 340/25. Con ello, se dejó sin efecto la declaración de la navegación marítima y fluvial como “servicio esencial” y la obligación de garantizar el 75% de los servicios durante conflictos colectivos, además de otras flexibilizaciones laborales.

La decisión representa un golpe político para el Gobierno, que había intentado avanzar en la reducción de estructuras estatales sin necesidad de acuerdos legislativos. El Congreso —con apoyo mayoritario de la oposición— no solo rechazó las medidas, sino que obligó al Ejecutivo a reestablecer íntegramente las normas previas.

Desde el oficialismo, el senador libertario Ezequiel Atauche defendió los decretos al señalar que “la Ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”, y justificó la iniciativa en la necesidad de desplazar “a los militantes que no trabajan”. Sin embargo, la oposición subrayó la falta de justificación técnica y jurídica para eliminar organismos estratégicos, como Vialidad Nacional, cuya disolución había sido cuestionada por el impacto en la obra pública y el control de concesiones.

En lo inmediato, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía deberán cubrir de manera transitoria los servicios administrativos, financieros y jurídicos hasta que los organismos retomen plenamente sus funciones.

El retroceso del Ejecutivo abre un interrogante sobre la viabilidad política de profundizar las reformas del Estado en un año atravesado por la incertidumbre electoral. Con la vista puesta en octubre, la Casa Rosada enfrenta el dilema de negociar en el Congreso o insistir con mecanismos administrativos que pueden volver a naufragar en la arena legislativa.

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