VIALIDAD NACIONAL

Vialidad redefine su estructura: crea áreas clave para concesiones, obras y mantenimiento

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) aprobó una nueva estructura organizativa de primer nivel operativo que reorganiza funciones estratégicas vinculadas con planificación, concesiones, licitaciones, mantenimiento y ejecución de obras. Aunque el decreto no implica nuevas inversiones ni obras concretas, sí redefine el esquema de gestión del principal organismo vial del país, un movimiento que anticipa cómo el Gobierno busca administrar la red nacional en una etapa marcada por una mayor participación de concesionarios privados y una fuerte racionalización del gasto público.

El Decreto 533/2026 establece una nueva arquitectura institucional para la DNV, reemplazando la estructura vigente desde 2017 y habilitando un rediseño interno que alcanzará hasta 24 jefaturas de distrito, 18 subgerencias, 114 divisiones y áreas específicas de auditoría.

Más allá del aspecto administrativo, la reforma revela cuáles serán las prioridades operativas del organismo en los próximos años: control de concesiones, planificación estratégica, mantenimiento de rutas y gestión de contratos.

La nueva estructura incorpora cinco gerencias ejecutivas directamente vinculadas al negocio vial: Planeamiento, Control de Concesiones, Proyectos y Obras, Mantenimiento y Calidad, y Licitaciones y Contrataciones.

La señal más relevante para el mercado de infraestructura aparece en la creación de una Gerencia Ejecutiva de Control de Concesiones, con facultades para supervisar contratos, evaluar rentabilidad de concesionarios, analizar actualizaciones tarifarias y controlar planes de inversión.

La decisión coincide con la estrategia oficial de ampliar los esquemas concesionados para la operación y mantenimiento de corredores nacionales, reduciendo el peso de la obra pública financiada íntegramente por el Estado.

Para constructoras, operadores viales y proveedores de servicios, la creación de un área específica de control implica reglas más centralizadas para el seguimiento contractual y la fiscalización de inversiones comprometidas.

Anexo 1 Decreto 533/2026 by CristianMilciades

Qué cambia para el sector productivo

La infraestructura vial es uno de los costos invisibles que más impactan sobre la competitividad de las economías regionales. En provincias exportadoras y productoras del NEA, la calidad de la red vial determina tiempos logísticos, costos de transporte y acceso a mercados.

La nueva Gerencia de Planeamiento tendrá entre sus responsabilidades elaborar estudios técnicos y económicos sobre la Red Vial Nacional, diseñar modelos de gestión, evaluar nuevas concesiones y planificar la incorporación de tecnologías inteligentes para la operación de rutas.

Para sectores como la forestoindustria, la yerba mate, el té, la producción citrícola o la industria alimentaria, una mayor profesionalización en la planificación vial podría traducirse en una mejor identificación de corredores estratégicos para el transporte de cargas.

Otro de los cambios relevantes es la creación de una Gerencia Ejecutiva de Licitaciones y Contrataciones con responsabilidad sobre todos los procesos de compras, obras y servicios del organismo.

La nueva dependencia concentrará la planificación de licitaciones y contrataciones. La elaboración del Plan Anual de Compras. La supervisión de ofertas técnicas y económicas. El seguimiento de concesiones y renegociaciones contractuales. La implementación de mecanismos de control y transparencia.

Para empresas constructoras y proveedoras del Estado, la medida apunta a homogeneizar criterios y reducir dispersión administrativa en los procesos de contratación.

Mantenimiento: la prioridad operativa

La estructura también fortalece el área de Mantenimiento y Calidad, que tendrá a su cargo la conservación integral de la Red Vial Nacional, la coordinación ante emergencias, el control de señalización y la supervisión técnica de contratos de mantenimiento.

La decisión resulta significativa porque, en un escenario de restricciones presupuestarias, la conservación de rutas existentes suele adquirir mayor relevancia que la construcción de nuevas trazas.

El nuevo esquema contempla además monitoreo permanente del estado de la red, asistencia técnica a distritos y desarrollo de tecnologías viales sustentables.

Para las provincias del nordeste argentino, donde la logística terrestre continúa siendo el principal medio de salida de producción hacia puertos y centros de consumo, la reorganización de Vialidad tiene una lectura práctica.

La permanencia de las 24 jefaturas distritales garantiza continuidad territorial en la gestión operativa. Al mismo tiempo, la centralización de planificación, concesiones y contrataciones busca acelerar decisiones y mejorar la coordinación entre las áreas técnicas y los distritos.

La clave para las economías regionales no estará en el nuevo organigrama en sí mismo, sino en su capacidad para traducirse en mayor mantenimiento de corredores productivos, ejecución más eficiente de obras estratégicas y mecanismos ágiles de contratación.

La nueva estructura de Vialidad muestra una orientación clara hacia la gestión por resultados, el control de concesiones y la planificación estratégica de la red nacional. El desafío comienza ahora: convertir una reorganización administrativa en mejoras concretas sobre la infraestructura.

Para el sector privado, el indicador relevante no será la cantidad de gerencias creadas, sino la velocidad con que el organismo pueda licitar obras, fiscalizar concesiones y sostener niveles adecuados de mantenimiento en los corredores que conectan la producción regional con los mercados nacionales e internacionales.

Anexo 2 Decreto 533/2026 by CristianMilciades

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Vialidad habilita suba de peajes en Zárate tras validar obras privadas sobre las rutas 12 y 14

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La Dirección Nacional de Vialidad autorizó la aplicación de nuevas tarifas en la estación de peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 12, luego de aprobar la finalización de las obras iniciales de rehabilitación ejecutadas por la concesionaria Autovía del Mercosur S.A.U. en el denominado Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones. La medida formaliza uno de los primeros casos concretos del nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional para trasladar al sector privado la operación, mantenimiento y recuperación de corredores estratégicos de la red vial federal.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 717/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde Vialidad certificó que las obras comprometidas en la sección Zárate fueron ejecutadas sin atrasos respecto del cronograma previsto y habilitó así la entrada en vigencia de la “tarifa de oferta”, contemplada en el contrato de concesión.

La actualización tarifaria comenzará a regir una vez que los nuevos cuadros sean difundidos durante dos días consecutivos en medios periodísticos de la zona de influencia y publicados en el sitio oficial del organismo nacional.

Un corredor clave para el comercio regional

Las obras alcanzaron 203 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 14, en el tramo comprendido entre Zárate y Gualeguaychú, uno de los corredores logísticos más sensibles del Mercosur por donde circula gran parte del transporte de cargas entre Argentina, Brasil y Uruguay.

El corredor tiene además un impacto indirecto sobre las economías regionales del NEA, especialmente Misiones, cuya matriz exportadora depende de la conectividad terrestre para el traslado de madera, pasta celulosa, té, yerba mate y productos industriales hacia los puertos y centros de consumo del país.

En términos políticos y económicos, el Gobierno busca mostrar este avance como una validación temprana del modelo de concesión privada aplicado a la infraestructura vial. De hecho, desde Vialidad remarcaron que las obras previstas originalmente para ejecutarse durante el primer año de contrato fueron completadas “en pocos meses” mediante financiamiento privado.

La estrategia oficial apunta a acelerar la modernización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales sin recurrir a financiamiento directo del Tesoro, en línea con la política de ajuste fiscal y reducción del gasto público impulsada por la administración nacional.

Según el detalle técnico presentado por la concesionaria y auditado por Vialidad Nacional, las tareas incluyeron: Bacheo profundo y superficial, Recambio de losas de hormigón, Recalce de banquinas, Señalización horizontal y vertical, Reparación de luminarias, e Intervenciones de seguridad vial.

El esquema contractual contempla tres grandes tipos de intervenciones: obras iniciales de puesta en valor, obras obligatorias previstas en los contratos y futuras obras de rehabilitación integral mediante repavimentación.

La lógica oficial es clara: primero recuperar condiciones mínimas de transitabilidad y luego habilitar el esquema tarifario pleno para garantizar el recupero privado de la inversión.

Nuevas tarifas en Zárate

Con la aprobación oficial, la estación de peaje Zárate aplicará nuevos valores tarifarios. Para los vehículos de categoría 0, la tarifa con modalidad automática quedó fijada en $2.353,67, mientras que el pago manual electrónico ascenderá a $4.707,32.

En tanto, para la categoría 1, los valores pasarán a $4.707,32 y $9.414,65, respectivamente.

La actualización anticipa el sendero de aumentos que probablemente comenzará a replicarse en otros corredores concesionados a medida que las empresas completen las obras iniciales exigidas en los contratos.

La experiencia sobre las rutas 12 y 14 funciona como caso testigo de la nueva Red Federal de Concesiones. El Gobierno apuesta a exhibir velocidad de ejecución y mejora visible en corredores estratégicos para consolidar un esquema donde el usuario financia directamente la infraestructura mediante peajes crecientes.

Sin embargo, el avance del modelo también abre interrogantes sobre el impacto logístico y económico en regiones periféricas como Misiones, donde el costo del transporte ya representa uno de los principales factores de pérdida de competitividad.

Para sectores exportadores del NEA, una mejora en la transitabilidad puede traducirse en menores tiempos logísticos, reducción de siniestros y menor desgaste operativo. Pero al mismo tiempo, el incremento sostenido de peajes agrega presión sobre una estructura de costos ya afectada por combustibles, tipo de cambio y caída del consumo interno.

La discusión de fondo empieza a correrse así desde la obra pública tradicional hacia un nuevo equilibrio entre inversión privada, tarifas y competitividad regional, en una red vial donde el Mercosur sigue siendo el corazón del flujo comercial argentino.

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Aceleran las obras de la Travesía Urbana en Posadas y habrá cortes en la circulación sobre la Quaranta

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Se intensifican las obras sobre la avenida Quaranta para mejorar la Travesía Urbana de Posadas. Recomiendan circular con precaución y respetar la señalización entre el lunes 27 y miércoles 29 de abril.

La última semana de abril tendrá tres días de intensa actividad en lo que refiere a las obras de Travesía Urbana de Posadas. Según lo previsto, se realizarán trabajos de fresado, bacheo y repavimentación sobre la Av. Quaranta, entre Av. 147 y Av. Jauretche, desde el lunes 27 de abril hasta el miércoles 29.

Durante esos días, la Av. Quaranta permanecerá cortada en el tramo indicado, y el tránsito deberá circular por colectoras, utilizando los desvíos correspondientes. En este sentido, es importante que los usuarios de dicha arteria presten atención a las señalizaciones y circulen con extrema precaución. 

El avance de los trabajos estarán sujetos a las condiciones meteorológicas, y cualquier modificación en el itinerario será comunicada.

Finalmente, cabe remarcar que hasta mediados del mes de mayo sucederán cortes momentáneos sobre la Quaranta, en el tramo comprendido entre la Av. 147 y el Parque de la Ciudad, tal como se dio a conocer la semana pasada.

La Travesía Urbana de Posadas es una obra supervisada por la Dirección Nacional de Vialidad y ejecutada por Enriquez Construye.

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Travesía urbana de Posadas: cortes sobre la avenida Quaranta

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La Travesía Urbana de Posadas, proyecto vial que transformará el acceso a la ciudad, continúa con importantes avances que tendrán semanas de intensa actividad a partir de este sábado 18 de abril. Desde ese día y hasta mediados de mayo, se llevarán a cabo distintos trabajos sobre Av. Quaranta, entre la Av. 147 y el Parque de la Ciudad.

Desde Enriquez Construye, empresa a cargo de la ejecución de la obra, advierten sobre cortes momentáneos en este tramo y solicitan a todos los usuarios circular con precaución, respetando las señalizaciones e indicaciones de banderilleros.

La Travesía Urbana de Posadas es una obra supervisada por la Dirección Nacional de Vialidad, y su objetivo principal es brindar una solución a la conexión urbana y al tránsito de la zona metropolitana de la ciudad.

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El Gobierno delega en provincias la concesión de rutas nacionales y redefine el esquema de poder vial

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El Gobierno avanzó con una reconfiguración concreta del mapa de poder sobre la infraestructura vial: a través del Decreto 253/2026, delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

La decisión, formalizada el 16 de abril, introduce un cambio operativo relevante. Las provincias podrán licitar, adjudicar y firmar contratos con privados o entes públicos para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas, aunque sin perder de vista un límite clave: el dominio y la jurisdicción siguen en manos del Estado nacional.

El movimiento se inscribe en una lógica más amplia de reorganización estatal y plantea una tensión de fondo: ¿se trata de un avance hacia un federalismo más dinámico o de una transferencia de responsabilidades sin cesión real de poder estructural?

Delegación sin pérdida de control

El decreto se apoya en la Ley 17.520 de concesiones de obra pública, el Decreto-Ley 505/58 sobre el sistema troncal y la Ley 27.742, que promueve la reorganización del Estado. Sobre ese entramado, el Ejecutivo construye una figura específica: delegación funcional, limitada, temporal y revocable.

No hay transferencia de activos ni de jurisdicción. Sí hay traslado de facultades clave: las provincias podrán diseñar pliegos, convocar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos. En términos prácticos, pasan a ser concedentes.

Pero ese poder está condicionado. Cada proceso deberá pasar por convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica, y por la aprobación de la Secretaría de Transporte. Además, el sistema mantiene auditoría y supervisión nacional.

El esquema fija plazos concretos. Las provincias tendrán un año para convocar licitaciones desde la aprobación del convenio y hasta 90 días hábiles para adjudicar y firmar contratos. Si no lo hacen, la delegación cae. Y aun cuando se concreten, los contratos no podrán superar los 30 años.

En paralelo, el decreto establece restricciones operativas: los ingresos por peaje no podrán financiar otras obras y los tramos no podrán integrarse en corredores que involucren distintas jurisdicciones. La lógica es segmentada, no sistémica.

Provincias empoderadas, Nación supervisora

La medida fortalece a los gobiernos provinciales en un terreno sensible: la infraestructura vial, clave para el desarrollo económico y la logística regional. Les otorga herramientas concretas para gestionar financiamiento, especialmente a través del sistema de peaje.

Al mismo tiempo, preserva el rol estratégico del Estado nacional. Retiene la titularidad, el control técnico y la capacidad de reasumir la gestión por razones de interés público. Es un equilibrio deliberado: descentralización operativa con centralización normativa.

En términos políticos, el decreto puede reordenar relaciones entre Nación y provincias. Aquellas que ya manifestaron interés —las nueve incluidas— pasan a tener un canal directo para intervenir en rutas nacionales. Otras jurisdicciones podrán sumarse, pero deberán solicitarlo formalmente.

También hay implicancias económicas. El esquema habilita nuevas concesiones y, con ellas, posibles inversiones privadas en infraestructura. Pero introduce una variable: cada provincia definirá condiciones económicas —como tarifas y plazos— dentro de parámetros generales. La homogeneidad del sistema podría tensionarse.

Ejecución, contratos y coordinación

El decreto abre un proceso más que cerrarlo. El primer paso será la firma de convenios con Vialidad Nacional, donde se definirán tramos específicos, condiciones y responsabilidades. Luego vendrán las licitaciones, con un plazo exigente de un año.

El foco estará en la capacidad de las provincias para estructurar proyectos viables, con financiamiento claro y equilibrio económico-financiero. También en la coordinación con el Estado nacional, que mantiene la supervisión y podrá intervenir si detecta desvíos o riesgos para el sistema vial.

En paralelo, queda latente una cuestión estructural: cómo impactará este esquema en la integración del sistema troncal nacional. La fragmentación en tramos gestionados por distintas jurisdicciones puede mejorar la respuesta local, pero exige coordinación para evitar asimetrías.

El decreto no modifica la titularidad de las rutas, pero sí altera quién toma decisiones cotidianas sobre ellas. Ese desplazamiento, aunque condicionado, reconfigura el mapa de poder en la obra pública.

Habrá que observar si la implementación consolida un modelo de gestión más ágil o si emergen tensiones entre niveles de gobierno, especialmente cuando entren en juego intereses económicos, tarifas y contratos de largo plazo.

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