VIALIDAD NACIONAL

Vialidad habilita suba de peajes en Zárate tras validar obras privadas sobre las rutas 12 y 14

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La Dirección Nacional de Vialidad autorizó la aplicación de nuevas tarifas en la estación de peaje Zárate, sobre la Ruta Nacional 12, luego de aprobar la finalización de las obras iniciales de rehabilitación ejecutadas por la concesionaria Autovía del Mercosur S.A.U. en el denominado Tramo Oriental de la Red Federal de Concesiones. La medida formaliza uno de los primeros casos concretos del nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional para trasladar al sector privado la operación, mantenimiento y recuperación de corredores estratégicos de la red vial federal.

La decisión quedó plasmada en la Resolución 717/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, donde Vialidad certificó que las obras comprometidas en la sección Zárate fueron ejecutadas sin atrasos respecto del cronograma previsto y habilitó así la entrada en vigencia de la “tarifa de oferta”, contemplada en el contrato de concesión.

La actualización tarifaria comenzará a regir una vez que los nuevos cuadros sean difundidos durante dos días consecutivos en medios periodísticos de la zona de influencia y publicados en el sitio oficial del organismo nacional.

Un corredor clave para el comercio regional

Las obras alcanzaron 203 kilómetros sobre las rutas nacionales 12 y 14, en el tramo comprendido entre Zárate y Gualeguaychú, uno de los corredores logísticos más sensibles del Mercosur por donde circula gran parte del transporte de cargas entre Argentina, Brasil y Uruguay.

El corredor tiene además un impacto indirecto sobre las economías regionales del NEA, especialmente Misiones, cuya matriz exportadora depende de la conectividad terrestre para el traslado de madera, pasta celulosa, té, yerba mate y productos industriales hacia los puertos y centros de consumo del país.

En términos políticos y económicos, el Gobierno busca mostrar este avance como una validación temprana del modelo de concesión privada aplicado a la infraestructura vial. De hecho, desde Vialidad remarcaron que las obras previstas originalmente para ejecutarse durante el primer año de contrato fueron completadas “en pocos meses” mediante financiamiento privado.

La estrategia oficial apunta a acelerar la modernización de más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales sin recurrir a financiamiento directo del Tesoro, en línea con la política de ajuste fiscal y reducción del gasto público impulsada por la administración nacional.

Según el detalle técnico presentado por la concesionaria y auditado por Vialidad Nacional, las tareas incluyeron: Bacheo profundo y superficial, Recambio de losas de hormigón, Recalce de banquinas, Señalización horizontal y vertical, Reparación de luminarias, e Intervenciones de seguridad vial.

El esquema contractual contempla tres grandes tipos de intervenciones: obras iniciales de puesta en valor, obras obligatorias previstas en los contratos y futuras obras de rehabilitación integral mediante repavimentación.

La lógica oficial es clara: primero recuperar condiciones mínimas de transitabilidad y luego habilitar el esquema tarifario pleno para garantizar el recupero privado de la inversión.

Nuevas tarifas en Zárate

Con la aprobación oficial, la estación de peaje Zárate aplicará nuevos valores tarifarios. Para los vehículos de categoría 0, la tarifa con modalidad automática quedó fijada en $2.353,67, mientras que el pago manual electrónico ascenderá a $4.707,32.

En tanto, para la categoría 1, los valores pasarán a $4.707,32 y $9.414,65, respectivamente.

La actualización anticipa el sendero de aumentos que probablemente comenzará a replicarse en otros corredores concesionados a medida que las empresas completen las obras iniciales exigidas en los contratos.

La experiencia sobre las rutas 12 y 14 funciona como caso testigo de la nueva Red Federal de Concesiones. El Gobierno apuesta a exhibir velocidad de ejecución y mejora visible en corredores estratégicos para consolidar un esquema donde el usuario financia directamente la infraestructura mediante peajes crecientes.

Sin embargo, el avance del modelo también abre interrogantes sobre el impacto logístico y económico en regiones periféricas como Misiones, donde el costo del transporte ya representa uno de los principales factores de pérdida de competitividad.

Para sectores exportadores del NEA, una mejora en la transitabilidad puede traducirse en menores tiempos logísticos, reducción de siniestros y menor desgaste operativo. Pero al mismo tiempo, el incremento sostenido de peajes agrega presión sobre una estructura de costos ya afectada por combustibles, tipo de cambio y caída del consumo interno.

La discusión de fondo empieza a correrse así desde la obra pública tradicional hacia un nuevo equilibrio entre inversión privada, tarifas y competitividad regional, en una red vial donde el Mercosur sigue siendo el corazón del flujo comercial argentino.

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Aceleran las obras de la Travesía Urbana en Posadas y habrá cortes en la circulación sobre la Quaranta

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Se intensifican las obras sobre la avenida Quaranta para mejorar la Travesía Urbana de Posadas. Recomiendan circular con precaución y respetar la señalización entre el lunes 27 y miércoles 29 de abril.

La última semana de abril tendrá tres días de intensa actividad en lo que refiere a las obras de Travesía Urbana de Posadas. Según lo previsto, se realizarán trabajos de fresado, bacheo y repavimentación sobre la Av. Quaranta, entre Av. 147 y Av. Jauretche, desde el lunes 27 de abril hasta el miércoles 29.

Durante esos días, la Av. Quaranta permanecerá cortada en el tramo indicado, y el tránsito deberá circular por colectoras, utilizando los desvíos correspondientes. En este sentido, es importante que los usuarios de dicha arteria presten atención a las señalizaciones y circulen con extrema precaución. 

El avance de los trabajos estarán sujetos a las condiciones meteorológicas, y cualquier modificación en el itinerario será comunicada.

Finalmente, cabe remarcar que hasta mediados del mes de mayo sucederán cortes momentáneos sobre la Quaranta, en el tramo comprendido entre la Av. 147 y el Parque de la Ciudad, tal como se dio a conocer la semana pasada.

La Travesía Urbana de Posadas es una obra supervisada por la Dirección Nacional de Vialidad y ejecutada por Enriquez Construye.

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Travesía urbana de Posadas: cortes sobre la avenida Quaranta

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La Travesía Urbana de Posadas, proyecto vial que transformará el acceso a la ciudad, continúa con importantes avances que tendrán semanas de intensa actividad a partir de este sábado 18 de abril. Desde ese día y hasta mediados de mayo, se llevarán a cabo distintos trabajos sobre Av. Quaranta, entre la Av. 147 y el Parque de la Ciudad.

Desde Enriquez Construye, empresa a cargo de la ejecución de la obra, advierten sobre cortes momentáneos en este tramo y solicitan a todos los usuarios circular con precaución, respetando las señalizaciones e indicaciones de banderilleros.

La Travesía Urbana de Posadas es una obra supervisada por la Dirección Nacional de Vialidad, y su objetivo principal es brindar una solución a la conexión urbana y al tránsito de la zona metropolitana de la ciudad.

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El Gobierno delega en provincias la concesión de rutas nacionales y redefine el esquema de poder vial

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El Gobierno avanzó con una reconfiguración concreta del mapa de poder sobre la infraestructura vial: a través del Decreto 253/2026, delegó en las provincias de Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz la facultad de otorgar concesiones de obra pública por peaje sobre tramos de rutas nacionales.

La decisión, formalizada el 16 de abril, introduce un cambio operativo relevante. Las provincias podrán licitar, adjudicar y firmar contratos con privados o entes públicos para la administración, reparación, ampliación y mantenimiento de rutas, aunque sin perder de vista un límite clave: el dominio y la jurisdicción siguen en manos del Estado nacional.

El movimiento se inscribe en una lógica más amplia de reorganización estatal y plantea una tensión de fondo: ¿se trata de un avance hacia un federalismo más dinámico o de una transferencia de responsabilidades sin cesión real de poder estructural?

Delegación sin pérdida de control

El decreto se apoya en la Ley 17.520 de concesiones de obra pública, el Decreto-Ley 505/58 sobre el sistema troncal y la Ley 27.742, que promueve la reorganización del Estado. Sobre ese entramado, el Ejecutivo construye una figura específica: delegación funcional, limitada, temporal y revocable.

No hay transferencia de activos ni de jurisdicción. Sí hay traslado de facultades clave: las provincias podrán diseñar pliegos, convocar licitaciones, seleccionar concesionarios y firmar contratos. En términos prácticos, pasan a ser concedentes.

Pero ese poder está condicionado. Cada proceso deberá pasar por convenios con la Dirección Nacional de Vialidad, que evaluará la viabilidad técnica y económica, y por la aprobación de la Secretaría de Transporte. Además, el sistema mantiene auditoría y supervisión nacional.

El esquema fija plazos concretos. Las provincias tendrán un año para convocar licitaciones desde la aprobación del convenio y hasta 90 días hábiles para adjudicar y firmar contratos. Si no lo hacen, la delegación cae. Y aun cuando se concreten, los contratos no podrán superar los 30 años.

En paralelo, el decreto establece restricciones operativas: los ingresos por peaje no podrán financiar otras obras y los tramos no podrán integrarse en corredores que involucren distintas jurisdicciones. La lógica es segmentada, no sistémica.

Provincias empoderadas, Nación supervisora

La medida fortalece a los gobiernos provinciales en un terreno sensible: la infraestructura vial, clave para el desarrollo económico y la logística regional. Les otorga herramientas concretas para gestionar financiamiento, especialmente a través del sistema de peaje.

Al mismo tiempo, preserva el rol estratégico del Estado nacional. Retiene la titularidad, el control técnico y la capacidad de reasumir la gestión por razones de interés público. Es un equilibrio deliberado: descentralización operativa con centralización normativa.

En términos políticos, el decreto puede reordenar relaciones entre Nación y provincias. Aquellas que ya manifestaron interés —las nueve incluidas— pasan a tener un canal directo para intervenir en rutas nacionales. Otras jurisdicciones podrán sumarse, pero deberán solicitarlo formalmente.

También hay implicancias económicas. El esquema habilita nuevas concesiones y, con ellas, posibles inversiones privadas en infraestructura. Pero introduce una variable: cada provincia definirá condiciones económicas —como tarifas y plazos— dentro de parámetros generales. La homogeneidad del sistema podría tensionarse.

Ejecución, contratos y coordinación

El decreto abre un proceso más que cerrarlo. El primer paso será la firma de convenios con Vialidad Nacional, donde se definirán tramos específicos, condiciones y responsabilidades. Luego vendrán las licitaciones, con un plazo exigente de un año.

El foco estará en la capacidad de las provincias para estructurar proyectos viables, con financiamiento claro y equilibrio económico-financiero. También en la coordinación con el Estado nacional, que mantiene la supervisión y podrá intervenir si detecta desvíos o riesgos para el sistema vial.

En paralelo, queda latente una cuestión estructural: cómo impactará este esquema en la integración del sistema troncal nacional. La fragmentación en tramos gestionados por distintas jurisdicciones puede mejorar la respuesta local, pero exige coordinación para evitar asimetrías.

El decreto no modifica la titularidad de las rutas, pero sí altera quién toma decisiones cotidianas sobre ellas. Ese desplazamiento, aunque condicionado, reconfigura el mapa de poder en la obra pública.

Habrá que observar si la implementación consolida un modelo de gestión más ágil o si emergen tensiones entre niveles de gobierno, especialmente cuando entren en juego intereses económicos, tarifas y contratos de largo plazo.

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Vialidad abre una consulta pública para actualizar las tarifas de peaje en los corredores viales

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La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuso la apertura del Procedimiento de Elaboración Participativa de Normas para avanzar con la aprobación de un nuevo esquema tarifario en los peajes concesionados a Corredores Viales S.A. La medida, formalizada mediante la Resolución 42/2026, habilita un período de consulta ciudadana de 15 días hábiles administrativos y constituye un paso previo obligatorio antes de la eventual actualización de tarifas, en línea con los criterios constitucionales de razonabilidad, gradualidad y transparencia en servicios públicos esenciales.

La decisión fue adoptada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial los días 14 y 15 de enero de 2026, bajo el número 1808/26, en el marco del expediente EX-2025-138657392-APN-DNV#MEC.

Consulta ciudadana y actualización tarifaria: el procedimiento que activa Vialidad Nacional

La Resolución RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC declara formalmente la apertura del procedimiento previsto en el Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas, aprobado por el Artículo 3° del Decreto N.° 1.172/2003, para el Proyecto de Aprobación de los Cuadros Tarifarios aplicables a los Contratos de Concesión de los Corredores Viales Tramos I al X.

El proceso se inicia a partir de una solicitud presentada por Corredores Viales S.A., que requirió la aplicación del apartado 8.2 de la Cláusula Octava de los Contratos de Concesión, junto con el Artículo 49° para los Tramos I a V y el Artículo 50° para los Tramos VI a X de los Pliegos de Especificaciones Técnicas Generales. En ese marco, la concesionaria sometió a consideración un cuadro tarifario para su análisis y eventual aprobación.

La Dirección Nacional de Vialidad, organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía conforme al Decreto N.° 644/2024, y bajo el control tutelar de la Secretaría de Obras Públicas según el Decreto N.° 866/2025, elaboró los informes técnicos correspondientes, los cuales fueron remitidos a dicha Secretaría. A partir de ese análisis, se consideró “apropiada la implementación de la tarifa propuesta por la empresa concesionaria”.

Posteriormente, la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones confeccionó los nuevos cuadros tarifarios, respetando la escala entre categorías de vehículos prevista en los contratos de concesión vigentes, y promovió la actualización para los Tramos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y X.

Fundamentos constitucionales, participación y resguardo de los usuarios

La resolución pone el acento en el Artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza los derechos de los usuarios a la protección de sus intereses económicos, a una información adecuada y veraz, y a condiciones de trato equitativo y digno, así como el deber del Estado de controlar la calidad y eficiencia de los servicios públicos.

En ese sentido, la Subgerencia de Atención al Usuario destacó que la implementación de un procedimiento participativo previo al dictado de actos de alcance general “es altamente beneficiosa”, ya que permite una mayor eficacia administrativa y un mayor grado de acierto en decisiones que impactan directamente sobre los usuarios del sistema vial.

La medida también se apoya en la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citando el fallo CSJN 339:1077, donde el máximo tribunal fijó criterios rectores sobre la razonabilidad de la política tarifaria en servicios públicos esenciales. Según ese precedente, el Estado debe actuar con “especial prudencia y rigor” al fijar tarifas, asegurando certeza, previsibilidad, gradualidad y razonabilidad, y evitando restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios.

Bajo ese marco, Vialidad Nacional resolvió aplicar el mecanismo previsto en el Anexo V del Decreto N.° 1.172/03, que regula la participación ciudadana en la elaboración de normas, designando como autoridades responsables del procedimiento a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones y a la Subgerencia de Atención al Usuario.

Plazos, acceso a la información y canales habilitados

A partir del día siguiente a la última publicación en el Boletín Oficial, los interesados cuentan con un plazo de QUINCE (15) días hábiles administrativos para acceder a los proyectos de norma y a los cuadros tarifarios propuestos.

La documentación estará disponible en el sitio web oficial de la Dirección Nacional de Vialidad, dentro de la sección “Espacios Participativos”, y también podrá ser consultada a través del sistema Trámite a Distancia (TAD), seleccionando la opción “Presentación ciudadana ante el poder ejecutivo”, en el marco del Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).

Asimismo, se aprobó el “Formulario para la Presentación de Opiniones y Propuestas” (Anexo II – IF-2026-02978183-APN-RRIICP#DNV), conforme a lo dispuesto en el Artículo 15 del Reglamento y el Anexo VI del Decreto N.° 1.172/03. Dicho formulario podrá descargarse, completarse y enviarse en formato PDF a la dirección atencionalusuario@vialidad.gob.ar dentro del plazo establecido.

Las opiniones y propuestas recibidas serán incorporadas en un Registro que funcionará en la Subgerencia de Atención al Usuario, consolidando así el proceso de consulta pública previo a la definición final del nuevo esquema tarifario.

Impacto institucional y proyección del proceso

La apertura de este procedimiento constituye un paso institucional clave en la redefinición de las tarifas de peaje de los corredores viales concesionados, al articular los derechos de los usuarios, las obligaciones contractuales de la concesionaria y las facultades regulatorias del Estado.

El proceso participativo no implica aún la aprobación definitiva de los nuevos valores, pero habilita el marco formal para que la ciudadanía y los actores interesados expresen sus opiniones antes del dictado del acto administrativo final, que quedará en cabeza de la Dirección Nacional de Vialidad, conforme al Artículo 20° del Reglamento General para la Elaboración Participativa de Normas.

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