VIALIDAD NACIONAL

Modernización vial: Nación posterga un año la adopción total del sistema de peaje electrónico

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El Gobierno prorrogó hasta diciembre de 2026 la implementación obligatoria del sistema de peajes automáticos “free flow” en todas las rutas nacionales.

La medida, establecida por el Decreto 733/2025, busca dar mayor flexibilidad a Vialidad Nacional para adecuar los plazos de acuerdo con las condiciones técnicas y contractuales de cada tramo concesionado.

Nuevo cronograma para modernizar el cobro de peajes

El Gobierno nacional modificó este lunes el cronograma de implementación del sistema de peajes automáticos “free flow” en la red vial nacional, extendiendo el plazo hasta el 31 de diciembre de 2026, según el Decreto 733/2025, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia interino Mariano Cúneo Libarona.

La disposición sustituye el artículo 20 del Decreto 196/2025, que establecía una adopción más acelerada del sistema sin barreras, otorgando ahora a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) la facultad de modificar los plazos cuando las condiciones técnicas, operativas o contractuales de cada tramo así lo requieran.

De este modo, la DNV —dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— deberá fijar un nuevo cronograma de implementación que contemple la coexistencia de vías automáticas canalizadas con barreras y vías “free flow”, hasta completar la transición hacia el sistema plenamente automatizado.

De los peajes manuales al sistema inteligente

El “free flow” constituye la etapa final del proceso de modernización iniciado con el Decreto 196/2025, que había dispuesto la instalación progresiva de peajes automáticos sin barreras en todas las rutas nacionales concesionadas.

El sistema utiliza identificación electrónica de vehículos mediante el dispositivo TelePASE, cámaras y sensores que registran automáticamente el paso del vehículo, eliminando la necesidad de detenerse en cabinas. Con ello se busca reducir tiempos de tránsito, evitar congestiones y mejorar la seguridad vial.

La norma define cuatro tipos de vías:

  • Manuales: con barreras y cobro presencial;
  • Automáticas canalizadas: con identificación por TelePASE y barreras que se levantan automáticamente;
  • Mixtas: que operan de forma manual o automática;
  • Free flow: sin barreras ni detenciones, totalmente automatizadas.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) participó en el proceso de revisión técnica del decreto, asegurando que la transición hacia el sistema electrónico mantenga los estándares de seguridad y control en la circulación.

Según el texto oficial, el Gobierno considera “prioritaria la construcción de infraestructura vial y la consolidación de la red de caminos, rutas y autopistas del país”, promoviendo la participación del sector privado en la inversión, operación y mantenimiento de los corredores viales.

Contexto normativo y objetivos de la medida

La medida se inscribe dentro del proceso de concesión y privatización de la empresa Corredores Viales S.A., autorizado mediante el Decreto 97/2025, bajo el régimen de obra pública por peaje previsto en la Ley 17.520.

El Decreto 28/2025 había fijado que los tramos de la Red Vial Nacional serían licitados en un plazo de 12 meses bajo dicho régimen, mientras que el Decreto 196/2025 introdujo la obligación de incorporar el sistema de cobro automático “free flow” en cada ruta concesionada.

El nuevo Decreto 733/2025 ajusta el cronograma a las “realidades operativas de cada tramo”, otorgando a Vialidad Nacional un margen de acción para administrar los tiempos de instalación e integración tecnológica.

En los fundamentos, el Ejecutivo destaca que la política pública en materia vial apunta a promover el uso obligatorio del TelePASE como herramienta base del nuevo esquema de cobro, garantizando el pago del servicio y desalentando la evasión.

Asimismo, busca asegurar la previsibilidad y sustentabilidad económica de las concesiones viales, fortaleciendo la recaudación y reduciendo costos operativos mediante la digitalización del sistema.

Impacto y proyecciones del nuevo esquema vial

La transición hacia un sistema de cobro totalmente automático representa una transformación estructural del modelo de gestión vial. Permite reducir los costos de operación y mantenimiento, mejora la fluidez del tránsito y disminuye la emisión de gases contaminantes generados por la detención de vehículos en las cabinas tradicionales.

No obstante, el proceso requiere inversiones significativas en infraestructura tecnológica, readecuación de contratos de concesión y compatibilidad con los distintos sistemas de peaje vigentes en las rutas nacionales y provinciales.

El Gobierno apuesta a que, hacia fines de 2026, toda la red nacional concesionada funcione bajo esquemas automáticos canalizados y/o “free flow”, dando un paso hacia un sistema vial inteligente y más eficiente.

De acuerdo con la nueva redacción del decreto, la DNV podrá extender los plazos más allá de 2026 si las condiciones técnicas o contractuales de ciertos tramos así lo justifican, asegurando una implementación “eficaz, previsible y adaptada a las realidades regionales”.

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El Gobierno reestableció organismos y normas derogadas por decretos de desregulación

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La Casa Rosada debió retroceder en varias reformas administrativas tras el rechazo legislativo. Con los Decretos 627/2025 y 628/2025, el Ejecutivo restituyó estructuras, facultades y organismos públicos que habían sido eliminados o fusionados. El trasfondo refleja la tensión entre la estrategia de ajuste del Gobierno y los límites políticos que impone el Congreso.

El 21 de agosto, el Senado rechazó un paquete de decretos que habían impulsado profundas desregulaciones y modificaciones institucionales en organismos estatales clave. Las medidas formaban parte del programa de racionalización y reducción del gasto público que el presidente Javier Milei intentaba consolidar vía decretos delegados, sin pasar por la sanción de leyes.

Entre las reformas caídas estaban la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y de Vialidad Nacional, la eliminación de la ARICCAME (Agencia Regulatoria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal) y la fusión de institutos históricos. También se había avanzado en cambios a las funciones del INTA, al Teatro Nacional Cervantes y a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El rechazo parlamentario obligó al Ejecutivo a publicar en el Boletín Oficial del 2 de septiembre de 2025 los Decretos 627/2025 y 628/2025, mediante los cuales se restituye la vigencia de todas las normas derogadas. En palabras oficiales: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas (…) y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.

Los organismos restituidos y las medidas alcanzadas

Con la entrada en vigor del Decreto 627/2025, se reactivaron:

  • Instituto Nacional Yrigoyeano y el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, cuya fusión había sido ordenada por el Decreto 345/25.
  • El Banco Nacional de Datos Genéticos, que había pasado a depender de la Secretaría de Innovación (Decreto 351/25).
  • La Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), organismos disueltos por el Decreto 461/25.
  • La ARICCAME, eliminada por el Decreto 462/25.

Asimismo, el mismo decreto restituyó las funciones originales de:

  • El Teatro Nacional Cervantes (Decreto 531/25).
  • El INTA en su estructura organizativa previa (Decreto 571/25).
  • La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (Decreto 583/25).
  • La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte (Decreto 584/25).
  • Las atribuciones de la Secretaría de Hacienda (Decreto 585/25).

El Decreto 628/2025, por su parte, revirtió el nuevo Régimen de Excepción de la Marina Mercante Nacional aprobado por el Decreto 340/25. Con ello, se dejó sin efecto la declaración de la navegación marítima y fluvial como “servicio esencial” y la obligación de garantizar el 75% de los servicios durante conflictos colectivos, además de otras flexibilizaciones laborales.

La decisión representa un golpe político para el Gobierno, que había intentado avanzar en la reducción de estructuras estatales sin necesidad de acuerdos legislativos. El Congreso —con apoyo mayoritario de la oposición— no solo rechazó las medidas, sino que obligó al Ejecutivo a reestablecer íntegramente las normas previas.

Desde el oficialismo, el senador libertario Ezequiel Atauche defendió los decretos al señalar que “la Ley Bases no habla de cierres, sino de reorganizaciones”, y justificó la iniciativa en la necesidad de desplazar “a los militantes que no trabajan”. Sin embargo, la oposición subrayó la falta de justificación técnica y jurídica para eliminar organismos estratégicos, como Vialidad Nacional, cuya disolución había sido cuestionada por el impacto en la obra pública y el control de concesiones.

En lo inmediato, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía deberán cubrir de manera transitoria los servicios administrativos, financieros y jurídicos hasta que los organismos retomen plenamente sus funciones.

El retroceso del Ejecutivo abre un interrogante sobre la viabilidad política de profundizar las reformas del Estado en un año atravesado por la incertidumbre electoral. Con la vista puesta en octubre, la Casa Rosada enfrenta el dilema de negociar en el Congreso o insistir con mecanismos administrativos que pueden volver a naufragar en la arena legislativa.

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Restricción de tránsito en el Puente Internacional San Roque González por recambio de luminarias

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El miércoles 13 de agosto de 2025, entre las 7:30 y las 13:30, se restringirá la circulación vehicular a una sola calzada sobre el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación. La medida responde a trabajos de reparación y recambio de luminarias del sistema de alumbrado público, esenciales para garantizar la seguridad vial y operativa del viaducto.

Vialidad Nacional informó que la intervención se centrará en la superestructura del puente, donde se realizará el recambio y la reparación de equipos lumínicos. El objetivo es restablecer el funcionamiento integral del sistema de iluminación, clave para prevenir incidentes y facilitar el tránsito seguro, especialmente durante la noche y en condiciones de baja visibilidad.

El Puente San Roque González de Santa Cruz es uno de los cruces internacionales más transitados del país, articulando el comercio, el turismo y la integración entre Argentina y Paraguay. La obra, aunque de corta duración, implica una reorganización del tránsito que afectará tanto a vehículos particulares como al transporte de cargas y de pasajeros.

Durante las tareas, se implementará un operativo de ordenamiento vial coordinado con Gendarmería Nacional, que incluirá señalización preventiva y asistencia al tránsito.

Se solicita a los usuarios respetar las indicaciones del personal presente, mantener la velocidad reducida y planificar los viajes para evitar demoras.

La reparación abarcará el recambio de luminarias y equipos del sistema de alumbrado público de la superestructura, incluyendo tareas de revisión eléctrica y optimización del cableado.

Estas mejoras no solo apuntan a recuperar los niveles óptimos de iluminación, sino también a extender la vida útil de los equipos y reducir el consumo energético, en línea con los estándares de eficiencia que promueve Vialidad Nacional.

Canales de información y asistencia

Vialidad Nacional recordó que los usuarios pueden verificar el estado de las rutas antes de iniciar su viaje en el portal oficial argentina.gob.ar/rutasnacionales. En caso de emergencias, se encuentran habilitadas las líneas gratuitas 0800-222-6272 y 0800-333-0073, así como un canal de WhatsApp de atención las 24 horas.

Para consultas, gestiones o reclamos, también se dispone del correo electrónico atencionalusuario@vialidad.gob.ar y de un formulario web.

La restricción temporal podría generar demoras en el tránsito fronterizo y afectar la logística del transporte internacional de cargas, así como el flujo de turistas que utilizan este paso. No obstante, autoridades provinciales y nacionales destacan que la intervención es preventiva y programada, con el fin de evitar fallas mayores que podrían derivar en cortes más prolongados en el futuro.

Este operativo se enmarca en el plan de mantenimiento integral de la infraestructura vial de Vialidad Nacional, que incluye intervenciones periódicas en puentes, rutas y pasos fronterizos estratégicos.

Se prevé que, tras la finalización de las tareas, el sistema lumínico del puente alcance condiciones óptimas de funcionamiento y refuerce la seguridad del corredor bioceánico que une el sur de Brasil, Paraguay y el litoral argentino.

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El Gobierno disuelve Vialidad y ANSV: crean nueva Agencia de Control del Transporte

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El Gobierno Nacional oficializó una profunda reestructuración del sistema de transporte y seguridad vial mediante el Decreto 461/2025, que dispone la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial. Las funciones críticas de estos organismos serán absorbidas por el Ministerio de Economía y una nueva entidad reguladora: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. El Ejecutivo argumenta que la medida apunta a mejorar la eficiencia, reducir el gasto público y simplificar estructuras.

Disuelven Vialidad, ANSV y organismos de tránsito

El Gobierno nacional avanza en un plan de racionalización del gasto público y modernización del Estado. En ese marco, el Decreto 461/2025 establece la disolución de tres organismos claves en materia de infraestructura vial y seguridad en rutas:

  • Dirección Nacional de Vialidad (DNV)
  • Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV)
  • Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial

Según se desprende del texto oficial, el Ejecutivo considera que estas entidades presentaban una estructura sobredimensionada, con una dotación de 88.095 agentes en 2024 frente a los 35.481 registrados en 2010, además de 477 autoridades superiores distribuidas en 111 entes descentralizados o desconcentrados.

La medida dispone la reorganización de la actual CNRT, que pasará a denominarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, con competencias ampliadas en materia ferroviaria, vial y de transporte urbano y suburbano. Entre sus nuevas atribuciones se encuentra:

  • Fiscalización de contratos de concesión viales, ferroviarios y de transporte automotor.
  • Sanción ante incumplimientos contractuales.
  • Investigación de accidentes ferroviarios.
  • Defensa de los derechos de los usuarios.

Además, esta agencia asumirá tareas previamente delegadas a Vialidad, lo que implica la aplicación de la Ley N.º 27.445 sobre concesiones viales.

En línea con el plan de reducción del aparato estatal, la Gendarmería Nacional Argentina tomará a su cargo el control y la fiscalización del tránsito en rutas nacionales, funciones que hasta ahora realizaba la ANSV. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía absorberá las restantes tareas normativas, estadísticas y administrativas vinculadas a seguridad vial.

Por otra parte, se eliminará el 1% del seguro automotor que se destinaba a la ANSV, y esos fondos quedarán bajo control del Ministerio de Economía.

La Junta de Seguridad en el Transporte también será reorganizada y reemplazada por la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación, que mantendrá su rol técnico con independencia operativa para cumplir estándares internacionales. Esta nueva agencia se enfocará exclusivamente en sucesos aeronáuticos, mientras que la fiscalización de accidentes ferroviarios pasará a la nueva entidad de control de concesiones.

Declaraciones y fundamentos técnicos

El Gobierno justificó estas decisiones en función de la “emergencia pública” dispuesta por la Ley N.º 27.742 y del objetivo de reducir estructuras redundantes. El Ministerio de Economía y la Secretaría de Transporte elaboraron informes que sostienen que los modelos concesionados y tercerizados muestran mejores indicadores de eficiencia frente al esquema estatal tradicional.

En los fundamentos se destaca, por ejemplo, que en 17 distritos el desmalezado de rutas está tercerizado en un 37% (9.560 km), lo cual evidencia —según el Ejecutivo— una estructura sobredimensionada e ineficiente de la DNV para operar con recursos propios.

Con este decreto, el Gobierno redefine el rol del Estado en la planificación, regulación y control del transporte y la seguridad vial. La medida centraliza competencias en el Ministerio de Economía, transfiere tareas operativas a las fuerzas de seguridad y busca eficientizar el uso de los recursos públicos a través de organismos con menor estructura y mayor tecnificación.

Las implicancias son múltiples: desde el impacto en la gestión de obras viales hasta un cambio de paradigma en la seguridad del tránsito y la fiscalización de concesiones. Resta ver cómo se articularán estas nuevas funciones en un sistema más concentrado y con menos actores institucionales.

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Autorizan nuevo aumento de peajes en rutas nacionales

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Los peajes de los corredores viales nacionales, que incluyen algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, volverán a aumentar esta semana, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 332/2024 publicada este martes en el Boletín Oficial.

Tras haber cumplimentado el proceso de participación ciudadana, Vialidad Nacional aprobó la puesta en marcha de los nuevos cuadros tarifarios para los tramos I a X de rutas nacionales, concesionados por la empresa Corredores Viales S.A

La actualización tarifaria elevará el costo del peaje para autos de $900 a $1.000 en hora pico para accesos a CABA (Autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas) y en cualquier franja horaria para el resto de los tramos ubicados en La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

El texto oficial determinó que los cuadros tarifarios aprobados “tendrán vigencia a partir de darse a conocer a los usuarios a través de su publicación durante dos días corridos, en por lo menos dos de los principales medios periodísticos de la zona de influencia, de manera previa a su aplicación”, por lo que empezarán a regir desde este jueves 27 de junio.

El nuevo ajuste tarifario es el segundo del año, ya que se suma a la suba del 200% que entró en vigencia a finales de abril. Al comunicar ese primer incremento, desde Vialidad habían anticipado el actual aumento al asegurar que “según un nuevo lineamiento del Gobierno nacional, a partir del mes de junio se efectuará un procedimiento de revisión mensual tarifaria a fin de evitar atrasos que puedan afectar la prestación de servicios en los corredores viales en cuestión”.

La resolución argumentó la suba esgrimiendo que “debido al contexto inflacionario se ha producido una variación significativa de los precios de los componentes principales de los rubros de explotación, conservación y mantenimiento y servicios de apoyo, que inciden en la prestación de los servicios y en el mantenimiento de las Concesiones, que, en caso de no equilibrarse con ajustes de la tarifa, éstos podrían tener impacto en la calidad de las prestaciones que realiza la empresa Concesionaria”.

Los nuevos valores en rutas nacionales

  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.000 (antes $900)
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1.900 (antes $1.800)
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $2.800 (antes $1.800)
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $3.800 (antes $2.700)
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $4.700 (antes $3.600)

Los corredores que aumentan sus peajes

  • Corredor I (Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy): – Fernández, – La Florida, – Molle Yaco – Cabeza de Buey
  • Corredor II (Provincia de Buenos Aires); – Junín
  • Corredor III (Chaco, Corrientes, Misiones): Colonia Victoria – Santa Ana – Ituzaingó – Riachuelo – Gral. Belgrano – Makallé
  • Corredor IV (San Luis, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires) – Larena – Solís – Venado Tuerto – Sampacho
  • Corredor V (Santa Fe, Córdoba y Santiago del Estero) – San Vicente – Ceres – Franck – Devoto
  • Corredor VI (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) – Zárate – Gral. Lagos – Carcarañá – James Craik
  • Corredor VII (Buenos Aires) – Vasconia – Uribelarrea – Hinojo – El Dorado – Cañuelas
  • Corredor VIII (Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires) – Villa Espil – Vicuña Mackenna – La paz – Junín
  • Corredor IX (Buenos Aires) – Boulogne Sur Mer – Mercado Central – Monte Grande – Ezeiza – Tristán Suárez – Riccheri – Donovan
  • Corredor X (La Pampa y Buenos Aires) – Trenque Lauquen – Olivera – 9 de Julio

Las nuevas tarifas en Autopista Ricchieri 

  • Motocicletas: $400 ($500 hora pico)
  • Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $800 ($1.000 en hora pico)
  • Vehículos de hasta 2 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $1.500 ($1.900 en hora pico)
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1.500 ($1.900 en hora pico)
  • Vehículos de 3 o 4 ejes y más de 2,10 metros de altura o rueda doble: $2.300 ($2.800 en hora pico)
  • Vehículos de 5 o 6 ejes: $3.000 ($3.800 en hora pico)
  • Vehículos de más de 6 ejes: $3.800 ($4.700 en hora pico)
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