Tarifas, tipo de cambio e inflación en un año electoral

Andrés Malamud: politólogo, integrante de Consejo Externo Consultivo de ABECEB

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#Por Andrés Malamud – 2021 será un año donde las elecciones condicionarán la agenda de política económica del gobierno. En ese contexto, la receta oficial repetirá las principales características de las anteriores gestiones kirchneristas: atraso en las tarifas de servicios públicos para incentivar la demanda y frenar una mayor aceleración inflacionaria Este camino jugará en detrimento de las inversiones de los sectores afectados y, por consiguiente, en la calidad de los servicios.

Con menos margen de acción que en otros ciclos económicos (poca credibilidad, falta de financiamiento, mayores desbalances macro, altísima brecha cambiaria y recesión prolongada), el impacto en los servicios que se vio en la gestión anterior como en la electricidad, gas, y petróleo, ahora suma un componente de riesgo neurálgico para la actividad: las telecomunicaciones.

Un atraso significativo en las tarifas de este sector que requiere de permanentemente actualización impactará en la calidad de la prestación de un servicio que es transversal a toda la economía, sobre todo con la pandemia. En este marco de crisis por el COVID, el alerta por el cepo tarifario también alcanza al sistema de salud que hoy tiene incertidumbre no sólo sobre cómo continuará su esquema de ingresos, sino también su marco regulatorio.

En esta línea, el gobierno extremó un poco más el cepo, limitando o negando el acceso al tipo de cambio oficial e incluso paralelo a los bienes suntuarios. Este mecanismo, además de dudosa legalidad, genera un antecedente negativo ya que dificulta el comercio bajo una clasificación arbitraria y selectiva al determinar subjetivamente esos bienes (agua mineral, microondas, sembradoras y cosechadoras, entre otros figuran entre los alcanzados por la medida).

La expectativa de que luego de octubre las variables comiencen a reacomodarse es dudosa. Como analiza Andres Malamud*: “la consolidación fiscal que Martín Guzmán reclama, requiere voluntad y poder, pero si el Gobierno gana no tendrá voluntad, y si pierde no tendrá poder”.

La receta elegida para las elecciones

Cuando el Estado desordena, el mercado finalmente ajusta.

Algunos lineamientos de la hoja de ruta que las autoridades seguirán en los próximos meses fueron esbozados por la vicepresidenta antes de que termine 2020, sumando incertidumbre en el sector privado: “Una tarea fundamental durante el año que viene será comenzar a “alinear salarios y jubilaciones, precios, sobre todo los de los alimentos, y tarifas. “A la demanda no hay otra manera de hacerla que a través de salarios y jubilaciones y con precios de alimentos accesibles. “No estoy diciendo nada que no se pueda hacer. Doce años y medio en la República Argentina lo hicimos, y por eso, además de la unidad, volvimos”.

Incentivar el consumo vía suba de salarios y jubilaciones sumado a la intención de contener la inflación con controles de precios fue una metodología repetida durante toda la administración K.

A – En términos macro, en buena parte del período K (sobre todo en la segunda presidencia de CFK) el tipo de cambio, se mantuvo controlado mediante cepos o venta de divisas. Estas medidas redujeron la volatilidad en el corto plazo, pero la historia enseña que luego las depreciaciones resultaron inexorables.

B – En términos micro, se intentó regular precios de productos clave como alimentos, energía o medicamentes, o bien restringir la oferta de los mismos para forzar a la baja de las cotizaciones. Los efectos fueron siempre los que marca la teoría económica: un éxito inicial de mayor o menor duración dependiendo del “colchón” acumulado y la velocidad de respuesta de la oferta, seguido por una fuerte baja en la inversión que a la larga fuerza una corrección o deriva en una fuerte merma en la calidad del servicio. Lo más grave es que la historia muestra que cuando esta corrección llega, los precios ajustan velozmente pero los niveles de producción e inversión pueden tardar mucho en recuperarse, o generar efectos colaterales indeseados cuando impactan en sectores clave en términos de costos o generación de divisas como el agro y la energía.

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Señales que generan alerta en el sector privado

La gestión de Macri comenzó a corregir la distorsión en las tarifas para favorecer la inversión. La kirchnerista apuntó a la redistribución. Tendrá éxito la receta que impulsa ahora el gobierno?: posiblemente sí a corto plazo, hasta las elecciones de octubre; pero no a mediano plazo porque es insustentable. Esto permite inferir que después de las elecciones vendría una recomposición tarifaria, pero, paradójicamente, la victoria actuaría como validador del rumbo distribucionista y como desincentivador del ajuste. Irónicamente, una derrota electoral tampoco facilitaría el ajuste porque dejaría al gobierno en situación de debilidad.

En 2020, el problema de precios relativos se focalizó en la brecha entre el oficial y los dólares alternativos (incluso cuando el oficial no está en un bajo nivel en términos históricos), en el atraso tarifario profundizado por los congelamientos (con impacto potencial en la inversión) y otros precios de bienes básicos para los que se fijaron precios máximos, aun a costa de sumar presión a la inflación y la puja distributiva con su descongelamiento futuro.

Este año, la diferencia en la dinámica de los precios clave y otras variables nominales de la economía ha profundizado distorsiones preexistentes elevando las presiones por reacomodamientos. Acomodar los precios atrasados pondrá presión adicional sobre una tasa de inflación que ya es elevada. Por otro lado, la Argentina no tiene el margen de otras épocas para seguir atrasando precios (principalmente tarifas) sin atentar contra la recuperación de la inversión en sectores clave. Adicionalmente, los reacomodamientos de precios atrasados que empujan la inflación al alza tienen fuertes impactos distributivos negativos, al inhibir la recuperación del poder adquisitivo de las familias que se ha derrumbado tras dos años de recesión y uno de pandemia.

¿Qué magnitud de distorsiones de precios relativos tenemos? ¿Cómo harán las autoridades para conciliar los objetivos en tensión? ¿Cómo puede cerrar la ecuación en 2021?

Los márgenes de maniobra que tienen las autoridades para corregir las distorsiones son acotados, enfrentando fuertes condicionantes entre los objetivos de ganar las elecciones, estabilizar la macro y volver a crecer. En este escenario, todo indica que las autoridades priorizarán facilitar una cierta mejora del nivel de actividad y el consumo. Por eso, las autoridades evitarán ajustes bruscos de precios relativos (tanto en tipo de cambio como en tarifas).

TIPO DE CAMBIO
Si bien en año electoral siempre es una tentación planchar el tipo de cambio, la elevada brecha y las bajas reservas acotan los márgenes para aplicar esta estrategia. Por lo que esperamos el mismo no se atrase sino que las autoridades devalúen en línea con la inflación (como lo vienen haciendo en 2020), de forma de sostener la competitividad cambiaria. Aun así la estrategia requerirá de seguir manteniendo el cepo y los mecanismos de administración selectivo de comercio.

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TARIFAS
Los ajustes de tarifas de servicios públicos resultarían en promedio inferiores a la inflación y al aumento de los costos de provisión del servicio. Esto puede contener algo los guarismos de inflación de 2021 pero aumentará la magnitud del atraso, el peso de los subsidios, el desaliento a la oferta y complicando la tarea de desinflación a futuro.

INFLACIÓN
El gobierno considera que reprimiendo la suba de precios (alimentos y tarifas) logrará contener la inflación, sin tomar en cuenta la incidencia del desequilibrio fiscal y monetario. En esta línea, apunta a las empresas “formadoras de precios” y restringe el descongelamiento parcial de algunos precios fijados o limitados durante la pandemia, pero que siguen exhibiendo atrasos significativos (algunos alimentos, alquileres, y en menor medida combustibles), intensificando los mecanismos de monitoreo de costos o de intervención en mercados considerados clave.

Caso testigo de ello es la reciente decisión de suspender las exportaciones de maíz (ahora en revisión) con el fin contener los precios internos de un insumo que para el gobierno es clave en otras cadenas como la producción de cerdos, pollos, etc. “El mundo demanda carne, producen en pesos, pero ¿por qué los argentinos pagan el kilo de asado como lo paga un chino, un francés o un alemán?“, se preguntó el presidente Fernández, abriendo la puerta a una posible medida similar a la del maíz.

Otro antecedente es la suspensión del aumento de las cuotas de las prepagas previsto para febrero. O el caso de las telecomunicaciones, donde si bien se autorizaron ya algunos aumentos, al mismo tiempo se lanzó la Prestación Básica Universal, obligando a las empresas a ofrecer paquetes de servicios a un precio menor a la población de menores ingresos.

Los efectos colaterales y el desaliento a la inversión que ello implica no parece estar en el centro de las preocupaciones oficiales, aunque no se descarta alguna medida de incentivos para algún sector clave donde haya interés estratégico como sucedió con el Plan Gas.

Entre 2003 y 2007 las generadoras fueron forzadas a absorber el costo del congelamiento, lo que resultó en una desinversión que provocó un corte masivo de energía en el verano de 2008. Luego, CAMMESA comenzó a realizar contratos en dólares con nuevas generadoras y la inversión se recuperó. Sin embargo, hubo dos efectos colateralesimportantes.

• Subsidios a CAMMESA pasaron de 0,5% a 1,5% del PIB entre 2007 y 2015.
• Proliferaron fuentes de inversión poco intensivas en capital y más caras, que a su vez dependían de un combustible (gas) que cada vez era más escaso. Esto llevó a un fuerte aumento del costo de generación.

A su vez, la calidad del servicio siguió siendo deficiente, esta vez por la falta de actualización de la retribución a distribuidoras que impactó en una fuerte falta de inversión en las líneas de distribución:

El atraso de tarifas acumulado fue tan importante que a pesar de los aumentos dispuestos entre 2016 y 2019 apenas se corrigió poco más de la mitad del mismo. Algunas medidas puntuales (i.e. Renovar) alcanzaron a
recuperar la inversión, pero no se resolvieron las cuestionesregulatorias de fondo.

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