A casi un año del DNU del presidente Javier Milei que volvió a desregular el mercado yerbatero, el impacto se siente de lleno en toda la cadena. La producción primaria se encuentra inmersa en una incertidumbre ya conocida, pero que avanza en forma mucho más rápida que en los 90. En la industria, liberada de los precios mínimos, la preocupación pasa por la caída de la demanda en el mercado interno, la peor desde 2015, según los registros oficiales. 

Sin embargo, en la escala, la producción primaria es la más afectada por la pérdida de rentabilidad, que, sobre todo entre los productores más chicos, resulta dramática. Un kilo de hoja verde que se estaba pagando en diciembre 2023 alrededor de los 370 pesos al contado, terminó en septiembre 2024 en 180 pesos, pagaderos en $100 al contado (para cubrir gastos inmediatos de cosecha y flete) y 80 con cheques posdatados hasta en 180 días.

Aunque hubo una leve recuperación en las últimas semanas -la zafra en la zona sur terminó en 270 pesos-, se puede hacer un cálculo de la transferencia de ingresos que esa baja de precios en la materia prima significa. Un estudio realizado por los economistas Javier Gortari y Leonardo Batista, marca que para una cosecha anual del orden de los 900 millones de kilos de hoja verde -este año la cosecha está al borde de los mil millones de kilos si se realiza la zafriña que por ahora está en dudas-, cada 100 pesos menos que se le paga al productor por kilo, implica una caída de ingresos totales para el sector primario del orden de los U$S 90 millones (calculando con un dólar de $1.000). Como la baja en los precios rondó los $200 por kilo de hoja verde, la pérdida se duplica. Considerando que son 13.000 los productores registrados por el INYM, el impacto de la aplicación del DNU 70/23 implicó una pérdida anual promedio del orden de los 14.000 dólares por productor. 

¿Cómo resolver ese dilema sin la herramienta INYM? En eso trabaja la Provincia y hay varios proyectos en danza, pero todos, indefectiblemente, implican una presencia o regulación estatal, contrarias a la política nacional, que paradójicamente, se impuso en cada uno de los municipios yerbateros. 

En el Gobierno provincial descartan la utilidad del INYM en estas condiciones. Algunos productores creen que todavía sirve y hay que preservarlo. Pero lo cierto es que el organismo que depende de la Nación se ha desentendido de todo, hasta de acompañar a la Fiesta Nacional de la Yerba Mate, que finaliza este domingo en Apóstoles. La “austeridad” del INYM generó fuertes reacciones. El presidente de la Legislatura, Oscar Herrera Ahuad, quien encabezó la apertura de la fiesta, cuestionó el desdén: “Ojalá que esa austeridad, esos miles de millones de pesos que están guardados en una cuenta bancaria, sea en beneficio de nuestros productores. Que lo que ahorraron acá vaya a un productor, a una cooperativa, que vaya al sector primario”, cuestionó. 

En contraste, marcó que la Provincia está desplegando diversas acciones en defensa del sector. “Hay una política pública que intenta acompañar en este momento más difícil del sector yerbatero. Pero hay que entender que el Instituto es de los misioneros. No existiría sin los 12.500 colonos, sin las cooperativas, sin la industria y acá están todos”, apuntó.  

El gobernador Hugo Passalacqua, quien estuvo este sábado en Apóstoles, coincidió. 

“El marco de la Fiesta Nacional de la Yerba Mate, en la querida Apóstoles, es exacto para elevar la voz y manifestar una vez más la preocupación por la concentración del mercado en manos de un pequeño grupo de grandes empresas yerbateras, cuyos intereses sabemos muy bien cuáles son. Este grupo acapara el grueso de la renta del sector en perjuicio de los miles de esforzados pequeños y medianos productores, que son el gran motor de nuestra provincia y a quienes defenderemos con firmeza como siempre lo hemos hecho. A pesar de la actual situación de libre mercado, que estas grandes empresas tienden a aprovechar a su favor, seguiremos trabajando incansablemente por la defensa de un precio justo para todos los eslabones de la cadena productiva. El equilibrio en el sector yerbatero es una meta que vamos a seguir persiguiendo con todo nuestro esfuerzo y energía. La yerba mate no solo es una producción primaria, es la historia misma de Misiones. Nuestro compromiso es honrarla”, argumentó.

Los funcionarios provinciales que trabajan en la búsqueda de una solución, mantienen reuniones constantes con productores de toda la provincia. No hay un consenso definitivo, porque en el sector hay posiciones encontradas. Por lo pronto, toma fuerza la idea de crear un mecanismo que garantice la trazabilidad del producto y permita marcar un precio promedio o de referencia para saber los valores de la cadena. No implica fijación de precios. 

Según el equipo económico que trabaja en las nuevas medidas, se buscará darle fortaleza a las pequeñas cooperativas y potenciar el desarrollo de nuevos productos. Una de las estrategias centrales pasa por la digitalización y tarjeta con chip para 13 mil productores. Eso va a permitir la trazabilidad de los kilos y los pagos. También se pretende generar un mercado de molienda y exportación en el Norte misionero, con el molino de Andresito como eje, para atraer la producción de pequeños agricultores y lograr mejores precios colocando el producto en el exterior.

La trazabilidad permitirá reorganizar el sector, trabajar en calidad y promoción y mejorar los precios. En la industria coinciden en la necesidad de mejorar la calidad, invertir en tecnología y generar nuevos productos para aumentar la demanda, como única salida para elevar el precio, sobre todo en un escenario en el que -al menos por ahora- sobra yerba mate. Nadie pagará más por un producto que abunda mientras el consumo se mantiene constante. 

La demanda crece al ritmo del crecimiento vegetativo de la población, con un nivel aproximado de 6 kg/habitante/año relativamente estable. En los últimos 50 años se duplicó la población argentina (de 23 a 46 millones), y el mismo comportamiento tuvo la producción yerbatera (de 150 a 300 millones de kilos de yerba elaborada) y la correspondiente demanda (exportaciones más mercado interno). 

El libre mercado que impuso la Nación también conspira contra la rentabilidad de la industria. En las góndolas se encuentran precios de “promoción” que afectan a toda la cadena. Una de las yerbateras correntinas ofrece su marca a 2.849 pesos. Sacando IVA y la ganancia del supermercado, quedaría en un paquete a 1.600 pesos, lo que se traduce en una canchada a 800 pesos. Para que haya rentabilidad, la industria debería aplastar incluso más el precio de la materia prima. Por esa “libre competencia”, pierden todos. El productor, el secadero, la industria y Misiones, principal productora de yerba mate. Gana mercado, sin embargo, la industria correntina. 

En el sector productivo no hay una cabeza visible, aunque las reuniones se multiplican en las zonas productoras. En San Pedro, el viernes, hubo consenso en no iniciar la zafriña de diciembre. 

En la producción sugieren la creación de una “Mesa de Transacciones”. Sergio Delapierre, productor yerbatero y vocero de una “mesa asesora”, explicó el mecanismo: “Un gerente negocia la yerba de todos los socios. Incluso ayudaría a que nos autocupifiquemos. Cada productor generaría una orden de venta a la mesa, la mesa negocia el precio y el productor entrega a su secadero de siempre. La mesa define cuánta yerba se entrega. Se interviene así en la oferta para generar demanda”, remarcó.

Un proyecto alternativo fue presentado por el diputado Cristian Castro –los otros espacios políticos no han aportado ideas-. Propone la creación de una Mesa Provincial de Regulación Yerbatera, como un espacio de diálogo y concertación, que establezca un precio mínimo para la hoja de yerba mate y canchada en Misiones. También impulsó la creación del Centro Misionero de Acopio, Comercialización y Promoción de la Yerba Mate (CEMACoP), una Sociedad de Estado que compre la canchada a secaderos, pague el precio mínimo fijado a productores y le venda a la industria u oferentes al precio que garantice la sustentabilidad de toda la cadena. Sería revivir la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, suprimida en 1991 por Domingo Cavallo.

Durante la década desregulada que terminó con los tractorazos de 2001 y 2002, en números gruesos, el kilo de yerba mate al consumidor se mantuvo entre los $2 pesos -regía la Convertibilidad y la inflación desapareció-. En tanto el kilo de la hoja verde puesta en secadero pagado al productor pasó de $0,20 al inicio del período, a $0,06 al cabo de los diez años. Lo que implicó pasar de una participación del sector primario del 30% en el valor final (3 kilos de hoja verde para producir un kilo de producto final), a una participación del 10%. En un negocio que mueve cifras próximas a los  U$S 1.000 millones anuales, esto significó una transferencia de ingresos del sector primario a los otros sectores del orden de U$S 200 millones anuales. 

Con esa experiencia fresca en la memoria, ese es el escenario que se quiere evitar ahora.

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