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Otra semana ha transcurrido en nuestro país, en donde la agenda sigue cruzada por una prematura interna en las dos coaliciones, no siempre ausente de interesantes debates y a veces con decepcionantes propuestas, como la de Boleta Única, que no tienen nada que ver, en absoluto, con la principal preocupación de la población que es la economía.

En ese sentido la economía es como la belleza… está en el ojo del que la mira, por eso para algunos su principal preocupación estará en el debate sobre la reforma de la novel ley de alquileres. Como es de esperar no llegaron a un consenso para reformarla, así el Gobierno insistirá con contratos de tres años con actualizaciones anuales utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tanto la oposición propone volver a alquileres de dos años con una especie de renovación automática de un año si no mediare voluntad de discontinuar la relación contractual por las partes y como mecanismo de actualización propone que la actualización de los precios de los alquileres sea “por intervalos no menores a seis meses”, en base a un mecanismo que se acordará entre las partes al momento de firmar, “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales o lo que las partes acuerden”. En definitiva una ley más protectiva con el inquilino y otra más protectiva de los locatarios.

En tanto para las sectores más vulnerables se concretó por parte del Gobierno el adelantamiento de los aumentos del salario mínimo vital y móvil pasando de los vergonzantes $39.000 a los menos vergonzantes $45.540 a partir de junio para trabajadores mensualizados y $227,70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados, y el segundo desde el primero de agosto cuando alcanzará los $47.850 y $239,30 el valor de la hora para trabajadores, según quedó dispuesto por la Resolución Nº 2022-6. Todo esto como resultado de la presentación de un proyecto de ley en el mismo sentido por parte de legisladores del propio oficialismo impacientes ante la desesperante parsimonia que distingue cada vez más a los miembros del Ejecutivo. Esta modificación impacta en los salarios de los trabajadores incluidos en los planes sociales que perciben el 50% del SMVM.

Mientras tanto el gobernador de la gigantesca provincia de Buenos Aires cerró un acuerdo paritario para los trabajadores estatales de su provincia del 60%  de incremento, que incluye a los docentes, estatales, médicos y judiciales. En clara señal del nuevo piso salarial debido a la descontrolada escalada de remarcaciones de precios que marcó el hito del 6,7% en marzo, la más alta en términos mensuales de los últimos  20 años y que en abril aflojó muy poco y se ubicó en el 6%. 

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Como síntesis de las contradicciones en un Gobierno que no logra dominar la inflación que volvió a los niveles en los que se consolidó en el periodo 2018-2019 que solo bajó a fuerza de la recesión provocada por el Covid en 2020 y que retomó su inercia en la post pandemia, se facilitan paritarias que buscan empatar esos niveles en una muestra de impotencia para moderar a los formadores de precios. No es que considere que no sea necesario esa convalidación de aumentos, pero es una tragedia en sí misma, dado que en paralelo los salarios no se recuperan  como analizamos en la entrega anterior, el capital concentrado de los grupos económicos recuperó márgenes de rentabilidad, de forma que podríamos calificar sin miedo de ser injustos, de forma predatoria.

Un ejemplo vale más de mil palabras, el grupo Clarín distribuyó entre sus accionistas $41.000 millones. O sea que recompuso ganancias y en gran parte gracias a un fallo judicial que le permitió aumentar tarifas y apropiarse por esta vía de los ingresos de sus consumidores.  Internet y telefonía, a esta altura del siglo 21 son una necesidad básica y deberían ser regulados como tal. 

Pero este nueva forma de ganar dinero desposeyendo a los demás es una característica de nuestros tiempos y si usted piensa que el caso del  gigante de las telecomunicaciones con sede en el paraíso fiscal estadounidense del estado de Delaware es un escándalo, comparado con el sector de intermediación financiera, cuesta hasta escribir las cifras dada su extensión pero lo intentaremos: a diciembre de 2019 las famosas letras y pases del BCRA (Leliq) eran $790.000 millones lo que suponía el equivalente a un 64% de la base monetaria, a mayo de este año estos instrumentos alcanzaron los $ 5.000.000.000.000, si lo es un número increíble 5.000 billones de pesos, el incremento fue de 523% y alcanza la friolera del 150% de la base monetaria.

Y como todo tiene que ver con todo en economía, esta semana se adelantaron medidas que ponen un poquito más de dinero en el bolsillo de los trabajadores argentinos, sean estos pymes, trabajadores en blanco o en negro, todos aquellos que viven de su esfuerzo, pero el día viernes salió el dato de inflación y la misma fue nuevamente de 6%.  El ministro Martín Guzman repite como un mantra  al que lo quiera escuchar que la inflación es multicuasal, por ende puede venir por costos, básicamente por salarios, energía o costo empresario. Pero se viene un aumento de tarifas que en el caso de usuarios grandes comercios e industrias en especial será bastante más que la domiciliaria. Otra causa puede ser monetaria, cuando se emite para financiar la inversión del Estado, esta emisión viene bajando y según los mandatos del FMI no podrá superar el 1% del PBI, pero lo paradigmático es que la forma de conjurar la inflación vía emisión es restringir la misma, cosa que se hace, como estamos viendo y otra es recomponiendo reservas, cosa que no se verifica. De hecho la actual gestión dejó salir el aproximado de 35.000 millones de dólares del superávit comercial sin acumular un solo dólar.  Para cubrir esa inoperancia emitió el equivalente a esa cantidad de dólares pero no logró acumular en sus reservas, pero hay otra emisión que está disfrazada y se la denomina déficit financiero o cuasi fiscal, mientras que el déficit primario baja, el déficit financiero sube, el mismo esquema que se evidenció durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos y con especial énfasis en los últimos dos. 

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Si se hacen las mismas cosas, no es de extrañar que se obtengan los mismos resultados, es así que lo que parece inconexo aparezca bien conectado, los ganadores del modelo que se instauró a partir de diciembre del 2015 son los ganadores ahora y por ende los perdedores de aquel entonces son los mismos perdedores ahora, lo que hace crujir a la coalición de gobierno que ganó en 2019 y que ve que los sectores sociales y productivo que la llevaron al triunfo no ven el fruto de ese acompañamiento, mientras los asalariados y las pymes apenas empatan con la inflación, las telecomunicaciones, los complejos agroexportadores cerealeros, las empresas de alimentos de consumo masivo y los bancos llevan sus ganancias a limites predatorios.Como perlita dejo un dato, la ganancia diaria de las Leliqs y Lebacs es de $2.000 millones al sector financiero, en tanto que el ministerio de desarrollo social destina al plan Potenciar Trabajo donde se emplea a 1.100.000, $300 millones diarios. Como diría Cicerón, cualquiera puede errar, pero sólo los necios perseveran en su falta.

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