Adiós Leliqs; ¿bienvenido el crédito?

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Uno de los objetivos explícitos de la nueva gestión es que los activos del sistema financiero, hoy aplicados en elevada proporción a instrumentos del Tesoro y del BCRA (antes las “Leliqs”), sean derivados a incrementar la oferta de crédito al sector privado.

¿En qué contexto se plantea este giro? Cuando se observa la evolución del crédito en términos del PIB, se tiene para los últimos datos un mínimo histórico de 4,3 % del PIB y, en lo que respecta a los depósitos en pesos, los últimos datos los muestran en 9,9 % del PIB, partiendo de un pico de 16,4 % del PIB registrado durante la pandemia.
La convergencia de esos indicadores reconstruye la historia reciente de la economía del país, en la que el crédito al sector privado pasó a ser la “variable de ajuste” del desborde del gasto público. Se sabe que los “cepos”, entre otros objetivos, permiten al estado financiarse cazando pesos en el “zoológico”, dadas las trabas existentes para disponer libremente de esos fondos. Pero hubo una diferencia cualitativa entre el “cepo original”, aplicado desde fin de 2011 hasta fin de 2015, versus la segunda versión, corregida y aumentada, que se reinstaló a fin de 2019.
El cepo aplicado entre 2011 y 2015 hizo que se frenara el aumento del ratio créditos/depósitos, que se había expandido en forma sostenida entre 2004 y 2011, pasando de 37,2 % a 93,1 %. En cambio, el efecto del cepo reinstalado a fin de 2019 fue mucho más explícito en cuanto a mostrar al crédito al sector privado como la variable de ajuste de la voracidad del sector público. Así, el ratio crédito/depósitos, que
había alcanzado un pico del 100,3 % en junio de 2018 descendió en un tobogán, hasta el 44,0 % estimado para abril de 2024. Vale decir, de cada 100 pesos de depósitos bancarios, en el presente sólo 44 pesos se aplican como crédito al sector privado.

Aun cuando la masa de depósitos es limitada, hay mucho terreno por recuperar en crédito al sector privado. Obviamente, se requiere que el sector público pase a ser superavitario de modo sistemático, de modo de acotar esa “aspiradora de fondos”.

Pero, cumplir con esa “condición necesaria”, de ningún modo sería suficiente. Hay que tener en cuenta la barrera a la demanda de crédito que significa la altísima y distorsiva presión tributaria aplicada por provincias y municipios.

El impuesto a los Ingresos Brutos sobre el costo financiero de los préstamos va desde 7% en Mendoza y Santa Fe, hasta 9% en Buenos Aires y Córdoba, siendo de 8% en CABA, de acuerdo a un reciente relevamiento de IERAL, que aporta datos también sobre municipios, dónde las tasas alcanzan 7,75% en la ciudad de Córdoba, 7,5% en La Plata y 4,5% en Rosario. Son cargas que se superponen, encareciendo en cerca del 15% el costo del crédito bancario.

Otros factores que penalizan y/o traban la posibilidad de lograr un círculo virtuoso de crédito y crecimiento tienen que ver con regulaciones del Banco Central, ya que subsisten topes arbitrarios para el financiamiento del comercio exterior y de la actividad agroindustrial. Otras normas impiden el uso eficiente de los excesos de capital de las entidades (por encima del mínimo), caso de las cláusulas de “Actividades Complementarias”. En otro plano, deben anotarse también los pasillos kafkianos de la
justicia a la hora de ejecutar las garantías.
Pensando en el crédito de mediano y largo plazo, mientras subsistan los cepos no habrá de ser sencillo establecer cuál es el verdadero set de precios relativos en un escenario sustentable de la economía, y esto incluye variables como el tipo de cambio y la tasa de interés. Esto complica la evaluación de los proyectos.
En forma análoga aparece el problema del descalce de monedas. Si la transición actual converge a un régimen de “competencia de monedas”, seguramente cambie el mix de depósitos bancarios. Actualmente, los depósitos en moneda extranjera representan el 25,3 % del total (los depósitos en pesos se valúan al tipo de cambio oficial), pero esa proporción podría aumentar. La eventual dolarización no debería darse en el grado extremo de Perú en los años 90, pero, ¿cómo anticipar el nuevo mix?. Hasta que las políticas se definan, habrá de predominar el corto plazo.
Así, la recuperación del crédito al sector privado es una tarea ardua, que tiene como “condición necesaria”, pero no suficiente, lograr que el estado deje de ser la aspiradora de fondos de los últimos años.

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La “bomba” de Leliqs desapareció: solo quedan $4,8 billones

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Milei asumirá el domingo luego de un campaña con la promesa de dolarizar la economía y eliminar al BCRA, con la instrumentación inmediata de un plan de “shock” y la liquidación de las “Leliq” por considerarlas inflacionarias.

El stock de Letras de Liquidez (Leliqs) registró una fuerte caída en las últimas semanas y cerró en apenas $4,8 billones, según los datos del Banco Central.

De esta forma, la cantidad de Leliqs cayó de alrededor de 23 billones hace un par de meses, a menos de 5 billones.

Esos pasivos remunerados del Banco Central son considerados uno de los principales desafíos por parte del nuevo gobierno de Javier Milei, quien asumirá este domingo.

El BCRA tomó el martes $28.648 millones de pesos (unos u$s78,9 millones) en Letras de Liquidez (Leliq) con una tasa sin variantes del 133% anual. 

Con estos valores, solo renovaron 1,5%. El nuevo stock de Leliqs es de $4,8 billones. Esta fue la última licitación del Gobierno de Alberto Fernández.

Las anotaciones se realizaron a 28 días, frente a vencimientos por $1,575 billones, lo que representó una reducción de negocios con la liberación de $1,549 billones.

Milei asumirá el domingo luego de un campaña con la promesa de dolarizar la economía y eliminar al BCRA, con la instrumentación inmediata de un plan de “shock” y la liquidación de las “Leliq” por considerarlas inflacionarias.

La consultora Romano Group explicó que “ante un vencimiento de $1,15 billones de Leliqs, hoy se adjudicaron por $ 0,016 billones. Es decir, se renovó por un 1,5% del vencimiento. Un nuevo mínimo. Bancos que desarman Leliqs a 28 días y se vuelcan principalmente a Pases a 1 día”.

Las entidades financieras aceleraron la reducción a la fuerte exposición que mantenían en Leliqs (estarían rondando los $6 billones) y sumaron Pases (en el mismo plazo, y hasta la última cifra disponible) por más de $7 billones.

“El impacto, básicamente y de forma simple, radica en la duration y tasa”, informaron desde PPI. Este movimiento generó un desfasaje. Mientras que las Letras de Liquidez son a 28 días, los Pases con el BCRA son a tan solo un día; en tanto, que en término de tasa hay una diferencia del orden de los 7 puntos porcentuales (133% vs 126%).

Fuente NA

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Misiones grava con 8% de Ingresos Brutos a las operaciones con bonos del Banco Central

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La Cámara de Diputados ratificó un decreto del gobernador Oscar Herrera Ahuad que establece el cobro de Ingresos Brutos a todas las operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos, emitidos y que se emitan en el futuro por el Banco Central de la República Argentina. 

La alícuota establecida es del 8%, a tono con los impuestos que se cobran a los casinos, telefónicas y las empresas que tienen alto grado de contaminación ambiental. 

El impuesto apunta especialmente a las Leliqs -letras de liquidez (LELIQ) que instrumentos a descuento en pesos emitidos por el BCRA diariamente a través de subastas-, que generan enormes intereses a favor de los bancos. 

El Banco Central tiene emitidos $10,96 billones de Leliqs y $2,77 billones de pases activos. Todos pesos de los bancos inmovilizados pero remunerados. Por tomar esos depósitos, el Banco Central deberá desembolsar dentro de un mes 1,11 billones de pesos.

Misiones se suma a Capital Federal en el cobro de impuestos a las operaciones con bonos emitidos por Nación. 

La medida comenzó a regir el 1 de junio y este jueves fue ratificada por la Cámara de Diputados. “Busca fortalecer el régimen tributario de la Provincia y garantizar una función económico-social equitativa y progresiva en términos impositivos”, explicó el presidente de la comisión de Presupuesto, Lucas Spinelli.

En este sentido, es importante resaltar el artículo 71 de la Constitución Provincial sienta las bases para el sistema tributario en Misiones. Dicho artículo establece que la función económico-social de los impuestos y contribuciones es fundamental, y destaca la importancia de la igualdad, proporcionalidad y progresividad como principios rectores. 

En coherencia con estos principios, el Poder Ejecutivo Provincial emitió el Decreto Nº 628 el 22 de mayo de 2023, instruyendo al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos para ajustar la redacción del inciso d) del artículo 157 de la Ley XXII – Nº 35 (Antes Ley 4366). Esta medida se basa en las competencias y normativas vigentes, y tiene efecto a partir del 1 de junio de 2023, particularmente en relación a las operaciones sobre títulos y otros instrumentos emitidos por el Banco Central de la República Argentina.

Como resultado de esta instrucción, el ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, emitió la Resolución 693/23, el 23 de mayo, que modifica el inciso d) del Artículo 157 de la Ley XXII – Nº 35. 

La nueva redacción establece de manera precisa las operaciones que estarán exentas de impuestos, incluyendo los instrumentos emitidos por la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las municipalidades, mientras se excluyen aquellos emitidos por el Banco Central de la República Argentina. Además, se determinó una alícuota del 8% para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en relación a los instrumentos emitidos por el Banco Central, incorporando un código de actividad específico para su adecuada identificación y control.

Estas medidas, adoptadas por el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y la Dirección General de Rentas, tienen como objetivo principal asegurar la implementación de instrumentos que promuevan la redistribución de la carga impositiva y la sustentabilidad de las cuentas públicas. 

“Estas medidas no afectan de manera negativa al sistema productivo, comercial e industrial de Misiones, sino que se busca generar un equilibrio financiero que contribuya a la estabilidad macroeconómica provincial. En el ámbito local, es relevante mencionar que cada provincia tiene su propio Código Fiscal Tributario, y en el caso de Misiones, la Dirección General de Rentas (DGR) juega un papel fundamental como organismo recaudador. La DGR fue creada con el propósito de administrar todas las funciones asignadas en el Código Fiscal, incluyendo la aplicación, percepción y fiscalización de los tributos. El impuesto a los ingresos brutos es uno de los tributos más significativos en la mayoría de las provincias, y Misiones no es una excepción. La administración tributaria desempeña un papel crucial en la política fiscal al garantizar que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales y así generar recursos genuinos para la provincia”, señaló Spinelli.

“La optimización de los sistemas de gestión recaudatoria y la mejora en los servicios ofrecidos a los contribuyentes son objetivos prioritarios de la Dirección General de Rentas de Misiones (DGR). Su labor se enfoca en asegurar el cumplimiento oportuno de los gravámenes y promover un mayor grado de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Esto permite obtener los fondos necesarios para el funcionamiento de las acciones estatales provinciales y garantizar la prestación de los servicios básicos a la comunidad”.

Una política fiscal sólida es de suma importancia para el desarrollo continuo de una provincia. Al implementar una política fiscal efectiva, se asegura la generación de los ingresos necesarios a través de los impuestos, los cuales deben ser administrados de manera eficiente y transparente. La inversión de estos recursos fiscales en obras y servicios que beneficien directamente a las personas es fundamental, ya que contribuye a mejorar su calidad de vida y promover un entorno propicio para su crecimiento. La construcción y el mantenimiento de infraestructuras, como carreteras, puentes, hospitales, escuelas y espacios públicos, permiten un acceso equitativo a servicios esenciales y fomentan la inclusión social”, indicó el vicegobernador electo.

La Provincia determinó una actividad específica en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos para las operaciones sobre los títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitirán en el futuro por el Banco Central de la República Argentina. Es decir, la Provincia está aplicando un impuesto a los ingresos que perciben los bancos radicados en Misiones a través de los bonos Leliq y los plazos fijos emitidos por el Banco Central de la República Argentina.

Las Leliq son bonos que el Banco Central subasta en el mercado con el objetivo de absorber pesos para reducir la cantidad de dinero circulante y, de esta manera, combatir la inflación. Los bancos que poseen estos bonos cobran intereses muy altos al participar en esta maniobra financiera del Banco Central. La Provincia intervendrá gravando estos intereses, lo cual no será inflacionario, ya que no afecta a la economía real ni genera aumentos en los intereses o costos de los créditos bancarios.

Por otro lado, el Gobierno entiende que “esta medida fomentará la concesión de créditos, ya que los bancos estarán más interesados en prestar dinero a particulares debido a que las inversiones en bonos Leliq estarán gravadas, lo que hará menos atractivo para ellos invertir en esos bonos y más atractivo invertir en préstamos a empresas y personas”.

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Tropezar con la misma piedra

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Otra semana ha transcurrido en nuestro país, en donde la agenda sigue cruzada por una prematura interna en las dos coaliciones, no siempre ausente de interesantes debates y a veces con decepcionantes propuestas, como la de Boleta Única, que no tienen nada que ver, en absoluto, con la principal preocupación de la población que es la economía.

En ese sentido la economía es como la belleza… está en el ojo del que la mira, por eso para algunos su principal preocupación estará en el debate sobre la reforma de la novel ley de alquileres. Como es de esperar no llegaron a un consenso para reformarla, así el Gobierno insistirá con contratos de tres años con actualizaciones anuales utilizando un índice conformado por partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). En tanto la oposición propone volver a alquileres de dos años con una especie de renovación automática de un año si no mediare voluntad de discontinuar la relación contractual por las partes y como mecanismo de actualización propone que la actualización de los precios de los alquileres sea “por intervalos no menores a seis meses”, en base a un mecanismo que se acordará entre las partes al momento de firmar, “pudiendo utilizar índices oficiales elaborados o publicados por organismos nacionales, provinciales o municipales o lo que las partes acuerden”. En definitiva una ley más protectiva con el inquilino y otra más protectiva de los locatarios.

En tanto para las sectores más vulnerables se concretó por parte del Gobierno el adelantamiento de los aumentos del salario mínimo vital y móvil pasando de los vergonzantes $39.000 a los menos vergonzantes $45.540 a partir de junio para trabajadores mensualizados y $227,70 el valor de la hora para trabajadores jornalizados, y el segundo desde el primero de agosto cuando alcanzará los $47.850 y $239,30 el valor de la hora para trabajadores, según quedó dispuesto por la Resolución Nº 2022-6. Todo esto como resultado de la presentación de un proyecto de ley en el mismo sentido por parte de legisladores del propio oficialismo impacientes ante la desesperante parsimonia que distingue cada vez más a los miembros del Ejecutivo. Esta modificación impacta en los salarios de los trabajadores incluidos en los planes sociales que perciben el 50% del SMVM.

Mientras tanto el gobernador de la gigantesca provincia de Buenos Aires cerró un acuerdo paritario para los trabajadores estatales de su provincia del 60%  de incremento, que incluye a los docentes, estatales, médicos y judiciales. En clara señal del nuevo piso salarial debido a la descontrolada escalada de remarcaciones de precios que marcó el hito del 6,7% en marzo, la más alta en términos mensuales de los últimos  20 años y que en abril aflojó muy poco y se ubicó en el 6%. 

Como síntesis de las contradicciones en un Gobierno que no logra dominar la inflación que volvió a los niveles en los que se consolidó en el periodo 2018-2019 que solo bajó a fuerza de la recesión provocada por el Covid en 2020 y que retomó su inercia en la post pandemia, se facilitan paritarias que buscan empatar esos niveles en una muestra de impotencia para moderar a los formadores de precios. No es que considere que no sea necesario esa convalidación de aumentos, pero es una tragedia en sí misma, dado que en paralelo los salarios no se recuperan  como analizamos en la entrega anterior, el capital concentrado de los grupos económicos recuperó márgenes de rentabilidad, de forma que podríamos calificar sin miedo de ser injustos, de forma predatoria.

Un ejemplo vale más de mil palabras, el grupo Clarín distribuyó entre sus accionistas $41.000 millones. O sea que recompuso ganancias y en gran parte gracias a un fallo judicial que le permitió aumentar tarifas y apropiarse por esta vía de los ingresos de sus consumidores.  Internet y telefonía, a esta altura del siglo 21 son una necesidad básica y deberían ser regulados como tal. 

Pero este nueva forma de ganar dinero desposeyendo a los demás es una característica de nuestros tiempos y si usted piensa que el caso del  gigante de las telecomunicaciones con sede en el paraíso fiscal estadounidense del estado de Delaware es un escándalo, comparado con el sector de intermediación financiera, cuesta hasta escribir las cifras dada su extensión pero lo intentaremos: a diciembre de 2019 las famosas letras y pases del BCRA (Leliq) eran $790.000 millones lo que suponía el equivalente a un 64% de la base monetaria, a mayo de este año estos instrumentos alcanzaron los $ 5.000.000.000.000, si lo es un número increíble 5.000 billones de pesos, el incremento fue de 523% y alcanza la friolera del 150% de la base monetaria.

Y como todo tiene que ver con todo en economía, esta semana se adelantaron medidas que ponen un poquito más de dinero en el bolsillo de los trabajadores argentinos, sean estos pymes, trabajadores en blanco o en negro, todos aquellos que viven de su esfuerzo, pero el día viernes salió el dato de inflación y la misma fue nuevamente de 6%.  El ministro Martín Guzman repite como un mantra  al que lo quiera escuchar que la inflación es multicuasal, por ende puede venir por costos, básicamente por salarios, energía o costo empresario. Pero se viene un aumento de tarifas que en el caso de usuarios grandes comercios e industrias en especial será bastante más que la domiciliaria. Otra causa puede ser monetaria, cuando se emite para financiar la inversión del Estado, esta emisión viene bajando y según los mandatos del FMI no podrá superar el 1% del PBI, pero lo paradigmático es que la forma de conjurar la inflación vía emisión es restringir la misma, cosa que se hace, como estamos viendo y otra es recomponiendo reservas, cosa que no se verifica. De hecho la actual gestión dejó salir el aproximado de 35.000 millones de dólares del superávit comercial sin acumular un solo dólar.  Para cubrir esa inoperancia emitió el equivalente a esa cantidad de dólares pero no logró acumular en sus reservas, pero hay otra emisión que está disfrazada y se la denomina déficit financiero o cuasi fiscal, mientras que el déficit primario baja, el déficit financiero sube, el mismo esquema que se evidenció durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos y con especial énfasis en los últimos dos. 

Si se hacen las mismas cosas, no es de extrañar que se obtengan los mismos resultados, es así que lo que parece inconexo aparezca bien conectado, los ganadores del modelo que se instauró a partir de diciembre del 2015 son los ganadores ahora y por ende los perdedores de aquel entonces son los mismos perdedores ahora, lo que hace crujir a la coalición de gobierno que ganó en 2019 y que ve que los sectores sociales y productivo que la llevaron al triunfo no ven el fruto de ese acompañamiento, mientras los asalariados y las pymes apenas empatan con la inflación, las telecomunicaciones, los complejos agroexportadores cerealeros, las empresas de alimentos de consumo masivo y los bancos llevan sus ganancias a limites predatorios.Como perlita dejo un dato, la ganancia diaria de las Leliqs y Lebacs es de $2.000 millones al sector financiero, en tanto que el ministerio de desarrollo social destina al plan Potenciar Trabajo donde se emplea a 1.100.000, $300 millones diarios. Como diría Cicerón, cualquiera puede errar, pero sólo los necios perseveran en su falta.

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El Banco Central subió 200 puntos la tasa de política monetaria, hasta el 49% anual

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy elevar en 200 puntos básicos la tasa de política monetaria que instrumenta a través de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días, que de esta forma pasará del 47 al 49% de Tasa Nominal Anual (TNA), lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 61,8%.

Del mismo modo, la tasa de interés para los plazos fijos de personas humanas subió de 46 a 48% anual para las imposiciones a 30 días, hasta 10 millones de pesos, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 60,1%.

El BCRA elevó el rendimiento de los plazos fijos

El Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso hoy elevar en 200 puntos básicos la tasa de interés de los plazos fijos. Para personas humanas, el nuevo piso se fija en 48% anual para las imposiciones a 30 días, hasta 10 millones de pesos, lo que representa una Tasa Efectiva Anual (TEA) de 60,1%.

Para el resto de los depósitos a plazo fijo del sector privado la tasa mínima garantizada se establece en 46%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 57,1%.

El Directorio del BCRA elevó el rendimiento de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días en 200 puntos básicos, pasando de 47% a 49%, lo que representa una Tasa Efectiva Anual de 61,8%.

Las tasas de interés activas se mantienen en niveles favorables, en especial para la inversión y la producción, y el sector MiPyME. La Línea de Inversión Productiva tiene una tasa nominal anual de 37% y la Línea de Capital de Trabajo de 47,5%.

Adicionalmente, el BCRA seguirá regulando ciertas tasas claves para el consumo de las familias.

Tal y como sugerían los indicadores de alta frecuencia que monitorea el BCRA, en abril se verificó una desaceleración del nivel general de precios respecto a la suba registrada en marzo. El BCRA espera que la inflación de los próximos meses continúe descendiendo gradualmente.

Las actuales condiciones financieras internacionales y el comportamiento reciente de los mercados de commodities sugieren que puede haberse alcanzado una cierta estabilidad en los precios de las materias primas.

El BCRA continuará monitoreando la evolución de los precios y evaluará revertir el sesgo de la política monetaria en cuanto se consolide un sendero decreciente de la tasa de inflación.

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