Corrección de precios relativos y aceleración inflacionaria: ¿hasta cuándo?
La consultora Ecolatina realizó un informe sobre la aceleración inflacionaria y advierte que hay que avanzar hacia la unificación cambiaria, dependiente en buena medida del camino que recorra la acumulación de reservas, la resolución del desequilibrio monetario y la construcción de confianza y credibilidad para encarar definitivamente la estabilización
La necesaria corrección de precios relativos acentuará la aceleración de la dinámica inflacionaria que se observa desde la segunda quincena de octubre, derivada de las expectativas de una pronta devaluación y el desanclaje de los acuerdos de precios vigentes impuestos por un gobierno en salida que perdía poder de control y una futura administración que promueve “precios libres”.
Dado el esquema planteado por el Gobierno, cabe preguntarse qué factores contribuirían a que se logren anclar expectativas y que la economía pierda “memoria inflacionaria” en la búsqueda por estabilizar la nominalidad una vez atravesada la aceleración inflacionaria inicial.
Además de atacar los factores de inflación subyacente a nivel macroeconómico, la velocidad a la que se reduzca la inflación dependerá asimismo de si la recesión económica y la amenaza de un aumento en el desempleo logran contener los incrementos de precios y las demandas de recomposición de ingresos, algo que podría estar influido adicionalmente por las reformas/desregulaciones anunciadas y/o cierta apertura comercial que busque generar mayor competencia en el mercado local.
El IPC INDEC a nivel Nacional se aceleró al 12,8% mensual en noviembre (desde 8,3% en octubre), resultado que estuvo en línea con lo anticipado por nuestro IPC Ecolatina (12,7%) y que marcó el mayor registro desde febrero de 1991 (27%). De este modo, el IPC trepó 160,9% i.a. y 148,2% en los primeros once meses del año.
El IPC Núcleo –proxy de la tendencia e inercia inflacionaria, al excluir precios regulados y estacionales- saltó al 13,4%, nivel similar al de agosto y septiembre tras la devaluación post-PASO, mientras que los Regulados (10,1%) volvieron a subir por debajo del promedio por cuarto mes consecutivo, siendo aún menor el incremento en los servicios públicos (8,6%).
Tras la moderación registrada hasta la primera quincena de octubre, a partir de ahí la dinámica inflacionaria volvió rápidamente a superar los dos dígitos mensuales en la segunda mitad de octubre. Esta aceleración se acentuó tras el ballotage del 19 de noviembre, ante las expectativas de una pronta devaluación y el desanclaje de los acuerdos de precios vigentes impuestos por un gobierno en salida que perdía poder de control y una futura administración que promueve “precios libres”, afectando a rubros como consumo masivo, combustibles y medicamentos, entre otros.
Sin embargo, frente a la fase de corrección de precios relativos que ya se inició, el dato de noviembre “queda viejo”, previéndose una inflación mucho mayor para los próximos meses.
De hecho, ya en la primera quincena de diciembre, previo al impacto pleno de la devaluación, nuestro IPC GBA Ecolatina registró un alza en los precios del 18,1% respecto al mismo lapso de noviembre, impulsada principalmente por los Bienes (+19,5%), que se ven más contagiados por el evento cambiario. Asimismo, estimamos una aceleración adicional para la segunda mitad del mes, llevando la inflación mensual a la zona del 25% y dejando un arrastre negativo de cara a enero.
Antes de desacelerar, la inflación tiene que trepar
De cara a los próximos meses, la búsqueda por corregir precios relativos sostendrá la aceleración de la dinámica inflacionaria.
La aceleración de la inflación y la implementación de distintos acuerdos y congelamientos de precios durante los últimos cuatro años trajeron aparejado una marcada distorsión de precios relativos: mientras que algunos rubros subieron bien por encima del Nivel General, otros lo hicieron forzadamente por debajo, incluyendo al precio más importante: el tipo de cambio oficial.
Hablando siempre en términos relativos, lo que se observa actualmente es la conjunción de servicios públicos baratos, esencialmente aquellos regulados; importante disparidad de los precios de consumo masivo entre el canal tradicional y las grandes superficies; y bienes durables caros (indumentaria, electrodomésticos, vehículos).
La relevancia del realineamiento de los precios relativos reside en que (1) Son una pieza de información básica que le indica a los agentes económicos hacia dónde dirigir sus decisiones de consumo y producción; y (2) Constituye necesariamente un paso previo a la instrumentación de un programa de estabilización a fin de evitar presiones de precios por parte de sectores que busquen recomponer márgenes de rentabilidad.
Correcciones en marcha
En consecuencia, la corrección de precios relativos implicará que los precios rezagados deban subir por encima del promedio en los próximos meses. Tal es el caso de combustibles, que en lo que va de diciembre ya subieron cerca del 80%; las tarifas de servicios públicos, componente crucial de la reducción del déficit fiscal vía la disminución de los subsidios económicos (0,7% del PIB) propuesta por el Gobierno; la medicina prepaga, que en enero eliminará el congelamiento de cuotas que regía para algunos afiliados, subiendo cerca del 40%; y servicios de telecomunicaciones que, aún sin precisiones, seguramente sufran una desregulación.
La nueva administración inició el proceso de ajuste de precios relativos, comenzando por un salto discreto del tipo de cambio oficial de casi 120% (de $367 a $800), sumado al incremento en el Impuesto País a las importaciones, generando un traslado a los precios (más visible en los bienes). Además, ese movimiento fuerza a que ciertos precios regulados (como las tarifas de energía) tengan que aumentar aún más que antes.
Además, al momento se han discontinuado los acuerdos de precios, lo cual tendería a generar un mayor incremento de precios en los supermercados (donde regía mayormente el programa Precios Justos) que en los pequeños autoservicios.
Como si esto fuese poco, en las últimas dos semanas se disparó el precio del ganado de pie en el Mercado Agroganadero de Cañuelas, trepando en promedio más del 50% con relación a finales de noviembre. Resta estimar el impacto que tendrá esta suba en los mercados minoristas, donde cabe esperar que el traslado no sea total teniendo en cuenta la incidencia de la aceleración inflacionaria sobre los ingresos.
Por estos motivos, esperamos que para el trimestre diciembre-febrero, la inflación mensual promedio se encuentre en la zona del 20-25%, acumulando en sólo tres meses cerca del 80%, incremento similar al que hubo en el semestre junio-noviembre; con riesgos al alza sujetos al pasaje de precios de la devaluación del tipo de cambio, la magnitud de los distintos ajustes en servicios regulados y la dinámica que pueda llegar a cobrar la inercia inflacionaria.
¿Cuán transitoria será la aceleración inflacionaria?
Dado el esquema planteado por el Gobierno, cabe preguntarse qué factores contribuirían a que se logren anclar expectativas y que la economía pierda “memoria inflacionaria” en la búsqueda por estabilizar la nominalidad una vez atravesada la aceleración inflacionaria derivada de la fase de mayores correcciones de precios relativos.
Primeramente, vale destacar cuál es el diagnóstico oficial sobre las principales causas del proceso inflacionario actual: el desequilibrio monetario acumulado, generado por un aumento constante en la oferta de dinero por encima de la demanda, que buscó ser contenido con regulaciones de precios y atraso cambiario, causando crecientes distorsiones, expectativas de devaluación e inflación reprimida frente a un nivel de reservas internacionales en mínimos históricos.
En consecuencia, el mecanismo para desandar la dinámica inflacionaria a nivel macroeconómico sería apagar sus motores: corregir precios relativos (eliminando la inflación reprimida) para evitar presiones de estos sectores a futuro; comunicar un equilibrio fiscal financiero para 2024, frenando la emisión para asistir al fisco (dominancia fiscal) y resolviendo el excedente de pesos en la economía; y reducir las expectativas de devaluación mediante la utilización del dólar oficial como ancla y la recomposición del stock de reservas vía incentivos a la liquidación de exportaciones e importaciones más caras. Al mismo tiempo, logrando reducir sustancialmente la brecha cambiaria, la incertidumbre sobre los costos de reposición tiende a reducirse (el “dólar importador” es casi idéntico al paralelo).
Una de las principales condiciones para un relativo éxito de esta estrategia es un manejo eficaz de las expectativas: lograr transmitir un cambio profundo en el régimen económico, regenerando la credibilidad y la confianza en los hacedores de política económica y en el BCRA. Asimismo, dado que el Gobierno deja librado el mercado el ajuste de precios relativos, el riesgo asociado es que este ordenamiento no sea eficaz para evitar presiones de reacomodamientos a futuro.
En este marco, medidas complementarias que apunten a frenar la inercia/indexación inflacionaria mediante elementos más heterodoxos (como la coordinación de acuerdos de precios y salarios) o el establecimiento de un sendero/referencia nominal que coordine expectativas no parecieran formar parte de la estrategia de estabilización. Esto podría deberse a que (1) Implica un involucramiento activo del Estado en las relaciones económicas; (2) Se precisaría de una credibilidad que está en construcción; (3) La fuerza política gobernante (La Libertad Avanza) no dispone de relaciones aceitadas con actores como el peronismo y los sindicatos.
En su lugar, el Gobierno ha manifestado su vocación por que haya “paritarias libres”, factor que conlleva un riesgo para el esquema propuesto: si la reapertura de paritarias se generalizara rápidamente buscando “indexarse” a la inflación, podría complicar la rápida desaceleración inflacionaria y, en un extremo, favorecer una espiralización de los precios.
Ahora bien, no vemos que esto sea lo más probable en el corto plazo. En su lugar, la caída esperada en la demanda producto de la erosión del salario real y el menor ingreso disponible de las familias para el consumo, sumado al aumento del desempleo en el marco de una recesión económica, acotarían los márgenes para los aumentos de precios (un consumidor que no convalida los incrementos) y contendrían las demandas salariales.
En otras palabras, además de atacar los factores de inflación subyacente a nivel macroeconómico, la velocidad a la que se reduzca la inflación dependerá asimismo de si la recesión económica y la amenaza de un aumento en el desempleo logran contener los incrementos de precios y las demandas de recomposición de ingresos, algo que podría estar influido adicionalmente por las reformas/desregulaciones anunciadas y/o cierta apertura comercial que busque generar mayor competencia en el mercado local.
Finalmente, cabe destacar que todo este proceso no terminará por resolverse por completo sino hasta la unificación cambiaria, dependiente en buena medida del camino que recorra la acumulación de reservas, la resolución del desequilibrio monetario y la construcción de confianza y credibilidad para encarar definitivamente la estabilización.
