Año: 2023

Federación de Empresas de Viaje y Turismo se manifestó en contra del DNU

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La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) se manifestó hoy en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado por el Gobierno nacional, específicamente en el capítulo donde le atribuye a la actividad “el carácter de monopolio”.

“Lamentamos profundamente el desconocimiento al referirse a nuestra actividad como monopólica cuando se trata, muy por el contrario, de uno de los sectores más diversos y descentralizados del turismo”, sostuvo la entidad en un comunicado.

El DNU, en dos de sus artículos, dispuso derogar las leyes 18.828 y 18.829, ambas de 1970, que reglamentan el funcionamiento de las agencias de viajes.

En tanto, en un tercer artículo, puso el foco de manera específica en el sistema de tiempos compartidos.

El secretario de la entidad, Walter Rodríguez, en dialogo con Télam Radio, dijo que “no somos un monopolio. No lo somos, hay más de cinco mil agencias en todo el país. Ser una agencia de viajes es muy fácil para cualquiera que lo quiera hacer, por lo que estamos muy lejos de ser un monopolio”.

Desde la Federación enfatizaron que más del 80% de las agencias de viajes son pymes que trabajan con un registro abierto a la incorporación de cualquier empresa que cumpla con los requisitos para ejercer una tarea profesional y responsable, velando también por los derechos de los pasajeros.

A su vez, añadieron que el sector también “compite abiertamente” con prestadores directos como hoteles y compañías aéreas.

No obstante, desde la Federación manifestaron su disposición para dialogar con el Gobierno, aportando toda la información necesaria para el crecimiento del sector.

“Estamos dispuestos y estamos a disposición del Gobierno para poder negociar todo lo que haga falta, trabajar en desburocratizar nuestra actividad, la relación con el Gobierno, todo lo que se pueda hacer es bienvenido y trabajar en conjunto, que es lo que siempre hicimos con todos los gobiernos”, concluyó Rodríguez.

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Argentina concretó el pago de US$921 millones al FMI

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El Gobierno argentino concretó hoy el pago de alrededor de US$921 millones por vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), instancia que canceló a partir de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina-CAF de US$960 millones.

La suma abonada hoy fue de 687.500.000 de derechos especiales de giro (DEGs), el activo de reserva internacional del FMI cuyo valor se basa en una cesta de cinco monedas: el dólar, el euro, el renminbi chino, el yen japonés y la libra esterlina.

El pago realizado fue el último previsto para este año, de acuerdo al cronograma vigente con el organismo multilateral de crédito.

De cara al nuevo año, entre el 9 de enero y el 1 de febrero Argentina deberá afrontar vencimientos con el FMI por más de US$2.800 millones.

Luego el cronograma se liberará hasta el 9 de abril.

La idea del Gobierno es renegociar el acuerdo vigente con el FMI.

Al respecto, la semana pasada, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que están “reformulando el acuerdo que estaba caído”.

Fuentes del BCRA, por su parte, señalaron que “actualmente hay un acuerdo que se firmó en agosto después de la última revisión y, después de eso, automáticamente se incumplieron las metas. Estamos trabajando para corregir esa situación y que en lo inmediato el FMI provea los fondos para cubrir los vencimientos entre enero y marzo/abril”.

Y agregaron que el objetivo final es rediscutir el acuerdo para que quede alineado con el nuevo programa económico.

Las conversaciones entre el equipo económico del presidente Javier Milei y el FMI comenzaron en buenos términos, con encuentros en Washington antes de que asumierá la jefatura del Estado el 10 de diciembre pasado.

Tras el primer paquete de medidas que Caputo anunció el martes de la semana pasada, el FMI emitió un comunicado en el que avaló las iniciativas que incluyeron un salto cambiario de 118%, equivalente a devaluación del 54%.

“Las medidas permitirán avanzar con las negociaciones”, sostuvo el organismo multilateral en esa oportunidad.

La erogación realizada hoy al FMI se vio reflejada en las reservas internacionales del BCRA, que hoy cerraron en torno a los US$22.208 millones, según la información oficial de la autoridad monetaria.

A pesar del pago al organismo multilateral, la autoridad monetaria finalizó hoy con compras en el mercado único y libre de cambios (MULC) y acumuló la séptima jornada seguida con saldo positivo.

“Desde el 13 de diciembre, acumula compras por US$ 1.562 millones”, destacó el analista Gustavo Quintana.

De esta forma, las arcas del BCRA culminaron la jornada con una reducción de US$549 millones en relación con la cantidad de divisas que atesoraba ayer.

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Agrupación de inquilinos rechaza derogación de Ley de Alquileres y convoca a una movilización

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El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, advirtió hoy sobre las consecuencias de la derogación de la Ley de Alquileres incluida en el DNU publicado hoy en el Boletín Oficial y anunció que habrá una movilización en todo el país.

“El decreto del presidente (Javier) Milei establece que nos pueden cobrar alquileres en cualquier moneda, en dólares, en euros, en lo que se les antoje, que ya no hay plazo mínimo legal para los contratos de alquiler de vivienda o sea, nos van a poder hacer firmar contratos por 15 días, por un mes, por dos meses”, señaló el dirigente.

En declaraciones a Télam, Muñoz dijo que a partir de la derogación de la Ley de Alquileres “las actualizaciones pueden estar atadas a cualquier índice, público o privado, el IPC, la inflación, por supuesto que es lo que se le antoje a la inmobiliaria, 30% mensual, o atar el precio del alquiler al dólar blue, a la nafta o a lo que quieran”.

Aseguró que “no hay país del mundo donde hoy se lleven adelante políticas de este tipo para proteger la vivienda”.

“Creo que claramente es un Gobierno que ha escrito este decreto en función de los poderes económicos más importantes de la Argentina e internacionales, nos parece muy importante esto”, remarcó.

En este contexto, dijo que se convocó para esta noche -a las 20- a concretar movilizaciones de organizaciones de inquilinos en todas las ciudades del país.

“Hay algo fundamental y es que ninguna sociedad se desarrolla si no tiene la gente, los que no tenemos vivienda, un lugar donde dormir, donde vivir, por lo tanto a las 20 horas hoy todas las organizaciones inquilinas salimos a las calles”, agregó.

La normativa publicada hoy sostiene que “los inconvenientes y penurias que el exceso de regulación normativa han aparejado en las convenciones privadas, especialmente en los contratos de locación de viviendas, es un hecho público y notorio, con graves consecuencias tanto para locadores como para locatarios y la virtual destrucción del mercado inmobiliario”.

“En forma concordante, deviene imprescindible la derogación de la nefasta Ley de Alquileres N° 27.551”, agregó el DNU.

La nueva norma establece que “los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato”.

“Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres”, detalló.

Además, estableció que “si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada”.

Desde el sector inmobiliario, por su parte, salieron a respaldar la derogación de la Ley de Alquileres, al considerar que el mercado debe funcionar con “acuerdos libres entre privados”.

“Desde el sector inmobiliario estamos satisfechos respecto de la derogación de la Ley de Alquileres; desde siempre sostuvimos que el Estado no debía inmiscuirse en un mercado que se maneja por acuerdos libres entre privados, por lo que apoyamos esta medida”, dijo a Télam Marta Liotto, expresidenta del Colegio Profesional Inmobiliario.

Sostuvo que “este decreto va a servir para reparar tanto daño que hizo esta nefasta Ley de Alquileres que tuvimos en vigencia entre una y otra, fueron tres años y medio de pesadilla para nosotros, para los propietarios y para los inquilinos”.

En el mismo sentido, Marta Libera, vicepresidenta de la Cámara Inmobiliaria Argentina, sostuvo que “esto es algo positivo para que haya una flexibilidad y las partes acuerden y puedan ir adaptándose a la inflación”.

“Van a ser acuerdos, se puede hace cada 6 meses, 4 meses, esto va a permitir que haya más unidades en alquiler”, mientras que “en este momento los inquilinos no tienen elección porque no hay oferta y tienen que caer en contratos informales que también son de riesgo”, agregó.

En declaraciones a TN, Libera dijo que “alguien que no recibe dólares difícilmente pueda pactar en dólares”, y que “en la medida que los propietarios no puedan alquilar o no encuentren inquilinos que califiquen para alquilar en dólares van a ir adaptándose a la realidad, esto lleva un tiempo de transición”.

En declaraciones radiales esta mañana, el presidente Javier Milei argumentó sobre los cambios que introduce el DNU y sobre esta derogación dijo que “aparecen los efectos no deseados” cuando se generan “normativas que van a reparar o intentan reparar sobre el efecto y no sobre la causa, por ejemplo: la Ley de Alquileres”.

“El punto dos es la Ley de Abastecimiento, que es algo verdaderamente criminal donde frente al control de precios como vos no querés producir a pérdida, el Estado te obliga a punta de pistola que produzcas porque si no te saca el negocio y la Ley de Alquileres es lo mismo”, comparó.

El DNU -en uno de su artículos- deroga la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020 y la reforma implementada en 2023, que establece una duración de tres años para los contratos de locación, fija condiciones de actualización, cada seis meses en la actualidad, y la obligatoriedad de registrar en pesos los contratos en la AFIP.

Esa primera ley establecía que los contratos podían aplicar aumentos anuales con actualización por el índice de contratos de locación, que el Banco Central publicaba mensualmente y estaba conformado en partes iguales por las variaciones mensuales del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (Ripte).

En octubre de este año, la Ley se modificó y se redujo a 6 meses el plazo de actualización de los valores, al tiempo que se cambió el ICL por la fórmula Casa Propia, que se utiliza para los créditos Procrear, y que se calcula con el Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

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Tarjetas: suprimen comisiones fijas para comercios y limitan capitalización de intereses

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El Gobierno nacional decidió simplificar la operatoria con tarjetas de créditos, incorporando nuevas modalidades de uso con tecnología digital, y suprimió las comisiones fijas que se cobra a los comercios.

En los considerandos del DNU, dado a conocer anoche por el presidente Javier Milei, el Gobierno explica que “debe derogarse la Ley N° 14.499, que en algunos casos operaba como un freno al otorgamiento de créditos, y que es necesario realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándolo a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”.

En el capítulo VI de la ley que regulaba la operatoria de tarjetas, se establecía que las emisoras no podían cobrarles a los comercios tasas superiores al 3% como comisión por las transacciones con crédito y de 1,5% por las que se realicen con débito.

A partir de la vigencia del DNU, el artículo 15 establece que “la entidad emisora deberá obligatoriamente dar a conocer el público la tasa de financiación aplicada al sistema de Tarjeta de Crédito.”

Al mismo tiempo, el artículo 18 del DNU estipula que “independientemente de lo dispuesto por las leyes de fondo, los intereses punitorios no serán capitalizables”.

Esto significa que aún cuando el tarjeta habiente no hubiera abonado el mínimo de sus consumos, el emisor no podrá capitalizar los intereses devengados por su falta de pago.

En su artículo 22, el DNU obliga a el emisor a confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado, preferentemente en forma electrónica, de las operaciones realizadas por el titular o sus autorizados.”

En cuanto a la comunicación entre el emisor y el deudor, el artículo 25 dispone que “el resumen deberá ser recibido por el titular con una anticipación mínima de cinco (5) días anteriores al vencimiento de su obligación de pago, independientemente de lo pactado en el respectivo contrato de Tarjeta de Crédito. En el supuesto de la no recepción del resumen, el titular dispondrá de un canal de comunicación telefónico proporcionado por el emisor durante las veinticuatro (24) horas del día que le permitirá obtener el saldo de la cuenta y el pago mínimo que podrá realizar.

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Terminó una etapa institucional y continúa la militancia permanente, la tarea más importante

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Termina el año y el Partido Tierra, Techo y Trabajo cerró una etapa institucional con respecto al término del mandato, como representante legislativo del dirigente político, Martín Sereno, secretario general del Movimiento Evita Misiones, quien continuará con la tarea que considera “la más importante”: la militancia permanente.

“Por ahora cerramos un ciclo en lo legislativo, en el que como colectivo estamos satisfechos, aunque falta un montón porque las condiciones en las que vive nuestro pueblo están lejos de ser dignas. Pero también nos consta que hicimos bastante -junto a un fuerte equipo de trabajo- por tratarse de un bloque minoritario”, expresó.
En ocho años de legislar, su bloque presentó más de 800 proyectos, incluyendo 120 leyes, 32 que están vigentes y abarcan temas diversos y necesidades profundas -definió-, como la de Soberanía Alimentaria, Ley de Protección de Semillas Nativas y Criollas; Regulación de Tenencia de Tierras y Prohibición del glifosato, entre tantos otros, que son el resultado de la labor colectiva, reiteró.
Explicó que sus proyectos se originaron a partir de la militancia territorial, que permite la identificación de necesidades concretas. Además de proyectos de Ley, hubo “comunicaciones” que surgen cuando las gestiones locales no resuelven problemas puntuales; mientras que las “declaraciones” fueron para fijar posturas políticas sobre diversos asuntos.
Enumeró que entre 120 leyes presentadas, y más de 30 sancionadas, están las de Fomento de la Fruticultura; Suspensión de Desalojos hasta fin del 2024; Emergencia Alimentaria hasta el 2025; Verificación Técnica Escolar; Huertas Escolares; Paridad de Género y Cupo Laboral; Promoción de Trabajo y Arraigo Rural; Parques Productivos Sustentables para Producción Agroecológica; Desarrollo Comunitario y Fortalecimiento Productivo de Comunidades Guaraníes y Sistema de Gestión Integrada de Cuencas Hidrográficas, entre otras normativas sancionadas. 

También mencionó algunas que quedaron pendientes, como los proyectos de Derechos de la Naturaleza y creación del Banco Provincia. “Nuestras leyes son un entramado que apunta a un paradigma de modelo productivo y el buen vivir”, indicó.
Sereno considera que entre los logros obtenidos está la firma de convenios con 7 cooperativas agrícolas para construir un secadero en San Antonio y un molino de yerba mate en Bonpland, para apoyar a pequeños productores de yerba orgánica. “Este proyecto busca transformar la historia de explotación en los yerbales y promover un modelo de producción más sostenible y justo”, enfatizó.
Absoluto rechazo al “decretazo” inconstitucional
El diputado mandato cumplido, enfatizó que la lucha moviliza a la militancia a enfrentar la coyuntura nacional en este tiempo, y en ese sentido, manifestó la indignación del sector que representa, como la de la mayoría de la población, por la decisión del presidente Javier Milei, que mediante un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) “pretende reformar ó mejor dicho deformar el Estado, la economía, la industria, el comercio y el trabajo, sin que haya una sola medida beneficiosa para el pueblo. Es más, todas las medidas anunciadas agravan la crisis que estamos viviendo, empobrece más a nuestro pueblo y le quita derechos”.

Sereno -que en estos días está en Buenos Aires- acompañó como muchos militantes el cacerolazo espontáneo surgido de la bronca y la indignación de la ciudadanía, que al finalizar el anuncio, se auto convocó de forma espontánea y salió a las calles a expresar frente al Congreso su rechazo a esas medidas “criminales y destructivas”, que atentan contra la mayoría del pueblo argentino.

Anunció que frente a la ausencia en el DNU de medidas para proteger al sector con menos recursos materiales, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (Utep) se encuentra en estado de alerta y movilización. 

“Esperamos que institucionalmente, desde la política y en el Congreso -sin complicidad de las diferentes bancadas y los gobiernos provinciales- se conforme de manera urgente la comisión bicameral, que tiene la potestad de rechazar este decretazo tendencioso, criminal e inconstitucional que sólo pretende rifar y repartir las riquezas de nuestra Patria por sobre los derechos de nuestro pueblo trabajador”.

Como autocrítica, Sereno dijo que el gobierno de Alberto Fernández, no supo o no pudo dar respuestas concretas a situaciones estructurales. “Duele más cuando es un gobierno popular del que esperábamos que revierta situaciones de desigualdad y no lo hizo”, lamentó.

En consecuencia, la gente, cansada de que el dinero no le alcance y sin respuestas concretas, eligió algo distinto que encarnaba la bronca y el hastío. “No miró si era mejor o peor y lamentablemente votó a este personaje descabellado, y ahora asociado con la casta política macrista. Volvimos a tener el peor ministro de Economía, el que nos endeudó por 100 años; así como la peor ministra de Seguridad. Es decir, esos lugares claves del gobierno estarán a cargo de gente que ya fracasó y empobreció al país”, afirmó.

El gobierno desconoce cómo funcionan los programas sociales”
Sereno hizo hincapié que con sus compañeros y compañeras profundizará la militancia, resistiendo los embates en las chacras, en los barrios y en el territorio con el Movimiento Evita y Tierra Techo y Trabajo. “Fundamos TTT hace un año, precisamente porque no vemos una representación del pueblo en la política. TTT Misiones busca garantizar tres derechos fundamentales: Tierra, Techo y Trabajo, como base para la dignidad de todas y todos los ciudadanos, y porque pensamos que la mayoría de las y los trabajadores necesitan una expresión genuina”.
Con respecto a los programas sociales, el dirigente destacó que existe un gran desconocimiento del gobierno de Milei sobre la situación real. “Así como habló de dolarizar o destruir el Banco Central, amenaza terminar con los intermediarios del Potenciar Trabajo, y desde hace muchos años no existe intermediación en los programas sociales, ya que el trabajador o la trabajadora retiran su tarjeta del Banco y cobran desde ahí.
“Además, eso demuestra la estigmatización hacia líderes que dedicaron parte de su vida a organizar a los sectores populares y de trabajadores; no al desamparado individual, sino que avanza en una construcción para enfrentar desigualdades, conquistar derechos, y frenar los abusos. El poder preferiría que quienes están empobrecidos por las malas políticas, reclamen individualmente en vez de organizarse en comunidad y en un movimiento con el que tenga más fuerza. Lo mismo hicieron con el sindicalismo”.

Puntualizó que en los últimos 30, 40 años se denostó a gremios y movimientos populares, dos instituciones que organizan, nuclean a trabajadores. Y también cuestionan a la economía popular donde la persona que genera su propio trabajo y espacios de contención, no puede discutir sola con nadie, no tiene poder”, resaltó.

Reconocer a la Utep como sindicato “es un gran logro”
Sereno explicó que como consecuencia de esa necesidad, construyeron comunidad y organización, métodos de lucha, y de reclamos incluso institucionales, y así nació la Utep, un sindicato al que el Ministerio de Trabajo de Nación, después de 13 años reconoció que en la economía popular hay trabajadores y trabajadoras. “Es un gran logro histórico”.
Reiteró que el próximo año será duro por la enorme desocupación que se avecina. Por ejemplo con la suspensión de la obra pública en todo el país. “Sin ir más lejos, en Misiones se perderían entre 30 y 40 puestos de empleo directo, y otro tanto o más de empleo indirecto; además de todos los comercios que no podrán proveer más a los empleados”.
Es decir -lamentó- sería un desastre frenar la obra pública, mientras que el discurso de Milei se apoya en que el ajuste lo pagará la política y la casta; pero ya lo está pagando el pueblo, y para las familias de menos recursos, el costo es más alto. “Tenemos un 40% de  pobreza, eso significa 20 millones de argentinos y argentinas que no saben si pueden comer al otro día. El que no se conmueve con eso está mirando otra cosa”, el secretario provincial del Movimiento Evita.

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