El anuncio oficializado este miércoles por el Gobierno de que la Argentina se retirará como miembro pleno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tuvo repercusión inmediata no solo interna, sino también en el exterior. Pero, ¿Qué implica para el país esa decisión política?.
Pasado el mediodía, en las sedes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) –oficina regional de la OMS– en el país y en Washington derivaban cualquier definición sobre la decisión argentina al organismo ubicado en Ginebra. Los ministros de Salud de las provincias se expresaban en desacuerdo con la decisión, que para el titular de la cartera sanitaria bonaerense, Nicolás Kreplak, “al menos debería haber sido discutida en Consejo Federal de Salud (Cofesa) con todos los ministros y ministras”. Para Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación, “salir de la OMS no significa salir de la OPS, que es preexistente y depende de la Organización de Estados Americanos (OEA)”.
Lo cierto es que el país adhirió a la constitución de la OMS en 1948 y, mediante ese acuerdo, contrajo obligaciones en cuestiones de salud pública, por lo que quienes analizan la medida consideran que el proceso no sería inmediato y demandaría por lo menos un año. Además, en concepto de cuota y contribuciones, el país le abona a la OMS $ 1.248.740.889 y a la OPS $406.489.472, si se tiene en cuenta la previsión presupuestaria declarada en 2024. Al 30 de enero de este año, la Argentina adeudaba a la OPS un total de US $10.176.812 por tres cuotas acumuladas desde 2023, de acuerdo con información de la oficina de ese organismo en la Argentina.
¿Qué recibe el país a cambio? De la relación con la OMS, según coinciden ex funcionarios nacionales consultados, está la posibilidad de coordinar acciones con otras regiones, no sólo con América Latina, Estados Unidos y Canadá, que integran la OPS. También recibe asistencia técnica mediante la oficina regional que en muchos casos es con el financiamiento de la OMS a partir de las cuotas que abonan los estados miembro. En el presupuesto oficial, por ejemplo, también se puede ver que existe financiamiento para el trabajo de la Red de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos, además de entrega de algunos insumos a la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (Anlis Malbrán).
“El calendario de vacunación está asegurado y la cooperación internacional no se corta. La realidad es que Argentina no recibe financiamiento directo de la OMS. Los proyectos específicos de cooperación técnica que sí reciben fondos se gestionan a través de la OPS y seguirán vigentes, como el funcionamiento y la provisión de reactivos y controles de calidad para los laboratorios y centros de referencia nacionales y regionales”, expresó Cecilia Loccisano, secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud de la Nación.
El país no se retiraría de la OPS, organismo con el que mantiene una relación activa en asesoramiento técnico y formación de recursos humanos, como en el caso del dengue o la compra de alrededor de un 80% del calendario nacional de vacunación y de medicamentos de alto costo. Eso, los países de la región lo hacen a través de un Fondo Rotatorio y un Fondo Estratégico: a partir de lo que cada país miembro solicita, la OPS negocia con la industria farmacéutica por volumen y a precios mucho más bajos que los que un solo país o un grupo de países podrían conseguir.
Conflictos jurídicos:
Para dejar de ser parte de la OMS, de acuerdo con los compromisos adquiridos, el proceso no sería tan simple ni rápido como se transmitió en la conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Es probable que esta medida oficial tenga que ser analizada también por abogados constitucionalistas y hasta el Congreso.
“La Argentina no podría salir de la OMS unilateralmente por decreto sin incurrir en conflictos jurídicos internos e internacionales. La única vía constitucionalmente válida sería a través del Congreso Nacional, lo que complica significativamente la posibilidad de una salida exprés de la organización”, explicó un abogado constitucionalista que, luego del anuncio, revisó los acuerdos celebrados entre el estado argentino, la OMS y la OPS.
Dijo que “desde una perspectiva constitucional y de derecho internacional, el acuerdo mediante el cual la Argentina se adhirió a la OMS cumple con los requisitos para ser considerado un tratado internacional. Y agregó “sin la intervención del Congreso, si el Ejecutivo intentara denunciar el tratado unilateralmente, se abriría una controversia constitucional y podría ser declarado inconstitucional por la Corte Suprema. Es decir, cualquier intento de retiro por decreto podría ser jurídicamente inválido y sujeto a impugnación en sede judicial y legislativa”.
