El Gobierno nacional está ultimando los detalles de un decreto que modificará de manera integral la estructura y el funcionamiento de la Dirección Nacional de Migraciones, en una reorganización que toma como referencia el modelo de seguridad fronteriza aplicado en Estados Unidos. La iniciativa impulsada por la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva,, una admiradora del modelo Bukele, apunta a dotar al organismo de mayor capacidad operativa en los puntos de ingreso al país, un tema especialmente sensible para provincias fronterizas como Misiones.
Según trascendió en ámbitos oficiales, la reforma prevé que Migraciones deje de ser un organismo de perfil estrictamente administrativo para incorporar un área operativa propia. Aunque desde la Casa Rosada rechazan que se trate de la creación de una nueva fuerza federal, sí confirmaron que la nueva estructura tendrá facultades para intervenir en casos de extranjeros con alertas, antecedentes o irregularidades documentarias, incluyendo la posibilidad de ejecutar expulsiones.
La medida busca ordenar su funcionamiento en articulación con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y evitar superposiciones, especialmente en los pasos fronterizos terrestres y aéreos.
Inspiración en el modelo estadounidense
El rediseño se inscribe en el acuerdo firmado por el presidente Javier Milei en julio para avanzar en la incorporación de la Argentina al Programa Visa Waiver de Estados Unidos. El esquema norteamericano, que sirve de referencia, está conformado por agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), responsable de detenciones e investigaciones, y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), que administra el control fronterizo.
No es la primera vez que el Gobierno toma elementos del sistema estadounidense: ya lo hizo en la reciente reestructuración de las cuatro fuerzas federales.
La reconfiguración de Migraciones se suma a otras medidas recientes del Gobierno en materia de seguridad: la puesta en marcha del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la creación de la carrera de detective para profesionales y la ampliación de facultades de la PSA para intervenir en delitos en entornos digitales.
En paralelo, en mayo pasado ya se había impulsado un primer decreto migratorio que endureció los requisitos de ingreso al país, redujo el alcance de la “residencia precaria” e incorporó un sistema de declaraciones juradas obligatorias para extranjeros.
Con el traspaso formal de Migraciones al Ministerio de Seguridad concretado esta semana, el Gobierno avanza hacia un esquema migratorio más restrictivo y alineado con estándares internacionales de control al estilo Bukele, una definición que tendrá impacto directo en territorios de frontera como Misiones.
El Pre Festival del Litoral tuvo su final durante la tarde del sábado en el escenario Oscar Mandagarán del Parque de las Fiestas. Allí se definió quiénes representarán a Misiones en el 56° Festival Nacional de la Música del Litoral y 18° del Mercosur, que se realizará el primer fin de semana de diciembre, esta vez en el sector de la Cascada de la Costanera, en reemplazo del tradicional anfiteatro Manuel Antonio Ramírez. La jornada estuvo organizada por la Secretaría de Cultura de Posadas junto al Ministerio de Cultura de Misiones.
El público acompañó desde temprano. Hubo familias, jóvenes y artistas de distintas localidades que se acercaron para alentar a los participantes. El ambiente festivo marcó toda la tarde, entre aplausos, baile y muestras de apoyo para cada presentación.
El jurado se dividió en dos áreas: Danza, integrado por Mariel Mandagarán, Marcelo Caballero y Luis Stivala; y Música, a cargo de Ruperto “Rulo” Rivero, Osvaldo De la Fuente y Juan “Pico” Núñez. Ellos evaluaron presencia escénica, propuesta artística, técnica y proyección.
La secretaria de Cultura de Posadas, Mariela Dachary, celebró el cierre del certamen. “Este día es importantísimo para un momento aún más importante: el Festival del Litoral”, afirmó. También destacó el trabajo conjunto con la Provincia.
Además, Dachary remarcó el valor del Pre Festival como espacio de impulso para nuevos talentos. “El escenario del Litoral es un trampolín. Pero también hay un compromiso grande con estas instancias previas. Por eso decidimos hacer la final como un festival popular, donde la comunidad pueda conocer y acompañar a esos artistas que todavía no tienen tanta visibilidad”, sostuvo.
Los ganadores
Los artistas elegidos por el jurado para la edición 2025 del Festival del Litoral son: Pareja de Danzas: Gross Olgon
Conjunto de Danza: Na Frontera (Folklore Vivo)
Conjunto Vocal/Instrumental: Mixtura
Solista Vocal: Facundo Fariña
Cada uno celebró su triunfo rodeado del público, que siguió con entusiasmo cada instancia del certamen. Ahora, los ganadores se preparan para subir al gran escenario de la Cascada de la Costanera en diciembre.
¿Se viene el fin del monotributo? El tema se instaló en la agenda pese a que el gobierno lo desmiente, aunque de manera algo leve. Pareciera que se trata de una especie de tubo de ensayo, considerando el hecho de que el propio FMI hizo la recomendación de avanzar hacia un esquema de armonización del sistema tributario yrecomendó, sin decirlo, que el monotributo tenga una fecha de vencimiento no muy alejada.
El monotributo nació como una herramienta de simplificación fiscal y para incorporar a pequeños comercios y prestadores de servicios a la formalidad; pero, con el paso del tiempo se transformó en un componente estructural del mercado laboral argentino y también del esquema impositivo, aunque en menor medida. Esta herramienta impactó de manera muy profunda no sólo en cómo se tributa, sino también en cómo se trabaja. En medio del debate por el sí o no de este componente, es prudente analizar sus virtudes y defectos para entender qué hizo posible, qué distorsionó y qué tensiones reprodujo dentro de un país marcado por la informalidad, la volatilidad macroeconómica y los reiterados fracasos en la creación de empleo privado formal.
En primer lugar, el monotributo logró algo que pocas herramientas fiscales argentinas consiguieron: masividad. Su diseño accesible permitió que cientos de miles de trabajadores con baja escala de ingresos entraran al sistema tributario sin las barreras administrativas, regulatorias y de costos que implica la relación de dependencia o el régimen general. En un país con una informalidad estructural arraigada, este esquema actuó como un puente entre la invisibilidad laboral y algún grado de formalización.
Para una enorme cantidad de oficios independientes, profesiones jóvenes, actividades emergentes y emprendimientos comerciales, representó la posibilidad concreta de facturar, construir un historial económico y acceder a ciertos derechos, aunque parciales.
Esa inclusión fiscal tuvo efectos especialmente evidentes en los sectores donde la actividad se caracteriza por su atomización. Desde servicios personales hasta pequeños comercios digitales, la figura del monotributista permitió encuadrar situaciones laborales que, de otro modo, hubieran permanecido totalmente al margen del sistema. En momentos de crisis, cuando las empresas recortan personal y surgen alternativas precarizadas o autónomas, el monotributo funcionó como un refugio administrativo donde miles encontraron una vía para sostener ingresos de manera mínimamente ordenada. Su flexibilidad, en un país de shocks recurrentes, se convirtió en una ventaja difícil de subestimar.
Sin embargo, esa virtud se transformó también en la puerta de entrada a un problema profundo: el monotributo dejó de ser una herramienta diseñada para pequeños contribuyentes y pasó a ser utilizado de manera sistemática por empleadores como mecanismo de sustitución de la relación laboral formal.
La figura del falso monotributista se volvió parte del paisaje laboral argentino. Empresas pero también el propio Estado, en todos sus niveles, comenzaron a reemplazar puestos asalariados por contratos de prestación de obra o de servicios donde la vulnerabilidad del trabajador se multiplicó. Esta dinámica no solo precariza, sino que desfinancia al sistema previsional y erosiona derechos laborales básicos.
Esa flexibilización encubierta no fue un efecto no deseado, sino la consecuencia lógica de un mercado laboral incapaz de generar empleo registrado de manera sostenida durante décadas.
El monotributo, en lugar de complementar al sistema, se convirtió en su válvula de escape. Para muchos empleadores, significó un ahorro enorme en contribuciones y una reducción de riesgos legales. Para los trabajadores, implicó aceptar condiciones más inestables a cambio de seguir insertos en un mercado laboral con pocas alternativas. En la práctica, la masificación del monotributo terminó legitimando una forma de contratación que profundiza las desigualdades y consolida un modelo donde la incertidumbre queda del lado del trabajador.
El punto más tenso que se plantea en la actualidad es su baja cobertura previsional: si bien el esquema formalmente incluye un componente jubilatorio, los montos efectivamente abonados no alcanzan para garantizar un retiro digno. La enorme diferencia entre los aportes del monotributo y los del régimen general genera una brecha previsional que se proyecta hacia el futuro con consecuencias difíciles de revertir.
El resultado es un sistema jubilatorio más frágil, con aportantes que contribuyen menos y que, llegado el momento, requerirán algún tipo de compensación estatal, elevando la carga pública. Para esto, es bueno ver un análisis que hizo el economista Fernando Marull: para poder financiar una 1 jubilación mínima, se requieren casi 20 monotributistas.
El problema entonces es doble: el desfinanciamiento para el sistema actual, primero; luego, el propio plan de retiro del trabajador que es monotributista, que ya sabe (o debería saber) hoy que le espera una remuneración baja para cuando termine su condición de activo.
Acá hay, otra vez, un doble dilema: como aportante, el monotributista paga “poco” (o por lo menos, paga menos que el responsable inscripto), pero al mismo tiempo tiene menor cobertura. El desfasaje que hay entre un sistema y otro generó un sistema donde mantenerse pequeño es funcional al presente, sobre todo bajo la consideración de que el monotributista tiene un margen de ganancia que también es menor.
A final de cuenta, el monotributo pone sobre la mesa un problema estructural del país: la incapacidad del mercado laboral para absorber trabajadores en condiciones formales plenas. Si el régimen creció tanto no fue solo porque es simple o barato, sino porque la economía argentina perdió la capacidad de generar empleo de calidad, ya sea por condiciones macro o, también, por la propia legislación laboral (principalmente vinculada a costos) que limita la contratación. Así, mientras el empleo privado registrado se estancó, el monotributo avanzó como respuesta adaptativa de trabajadores y empresas ante la rigidez, los costos y la incertidumbre.
Naturalmente, la presencia de mayor o menor volumen de monotributistas es también una respuesta a las propias características económicas de un territorio en particular. Veamos el caso de Misiones: una provincia con un perfil marcadamente turístico, el empleo estacional requiere un sistema que acompañe esa estacionalidad, no solo en servicios turísticos per se, sino incluso en toda la cadena comercial. Similar situación se puede ver en industrias ligadas al suelo, como la yerbatera o tealera, por la alta necesidad de mano de obra en períodos puntuales del año.
Los últimos datos muestran que en Misiones hay poco más de 104 mil monotributistas: es decir, hay 1,03 inscriptos en ese régimen por cada asalariado registrado. Una relación casi 1 a 1, inferior a otras provincias del NEA: en Chaco hay 1,14 por cada asalariado privado formal; en Corrientes 1,10 y en Formosa 1,75.
Ante esto, la discusión de terminar o no con este régimen requiere de un diálogo previo: ¿Qué hacer con el sistema tributario? Eliminar directamente el monotributo para converger en un sistema único sería un golpe directo a trabajadores que ya de por sí, aun con bajas valores de impuestos, sufren para poder pagarlo.
Sostenerlo así como está, altera la sustentabilidad del régimen previsional y del futuro del propio trabajador. Bienvenido el debate, pero en una cancha equilibrada y con seriedad.
El síndrome de burnout, o de “estar quemado”, se ha convertido en una epidemia silenciosa que afecta a millones de personas en todo el mundo. Lejos de ser un simple cansancio, es un estado de agotamiento físico, emocional y mental profundo, directamente relacionado con el ámbito laboral. En Argentina, las cifras son alarmantes y posicionan al país a la cabeza del ranking regional de desgaste profesional.
Para Daniel Coronel, diplomado en Cabalá y biodescodificador, el burnout puede entenderse desde una perspectiva metafísica como un profundo desequilibrio energético. Según Coronel, el ser humano opera en un sistema de tres columnas: dar (polo positivo), recibir (polo negativo) y una columna central que representa el equilibrio. Cuando damos más de lo que recibimos, o ignoramos las señales de nuestro cuerpo y mente que nos piden parar, generamos un “fogonazo” energético que nos deja “quemados”.
“Si buscando la luz, te encuentras con la oscuridad es que tu proceso no ha sido efectuado respetando y entendiendo la verdadera capacidad de tu recipiente”, explica Coronel.
Esta metáfora del “recipiente” es clave en su enfoque: cada persona tiene una capacidad limitada para albergar estrés y demandas. Cuando la presión excede esa capacidad, el recipiente estalla. Reconocer nuestros límites, aprender a decir “no” y equilibrar el dar y el recibir son las herramientas fundamentales para no caer en el abismo del burnout.
Las estadísticas más recientes pintan un panorama preocupante para Argentina. Según el estudio “Burnout 2025” de Bumeran, el país lidera por cuarto año consecutivo el ranking de burnout en la región.
País
Porcentaje de Burnout (2025)
Argentina
92%
Chile
89%
Panamá
79%
Perú
78%
Ecuador
75%
El informe, que encuestó a 2.750 trabajadores, revela que el 92% de los argentinos se siente “quemado” por su trabajo, un punto porcentual más que en 2024. Los síntomas más comunes son la falta de energía (53%), el negativismo hacia el trabajo (41%) y una disminución en la eficacia laboral (22%).
Las causas son multifactoriales, pero el estudio destaca el trato de los superiores (24%), la falta de claridad en las funciones (21%) y la sobrecarga laboral (18%) como los principales detonantes. A esto se suma una cultura de hiperconexión, donde al 37% de los trabajadores le resulta imposible desconectarse al finalizar la jornada.
Daniel Coronel sostiene que la prevención es la herramienta más eficaz y que esta pasa por escuchar las señales de nuestro cuerpo y respetar nuestros límites. “El ser humano aprende por amor o por dolor”, afirma, y en la mayoría de los casos, es el dolor de un colapso el que nos obliga a cambiar.
Para quienes ya han experimentado el “fogonazo”, Coronel enfatiza que la clave está en aprender la lección. “El dolor despierta”, señala. Desde su perspectiva, es fundamental reconocer los propios límites y entender que para recibir más es necesario “hacer crecer el recipiente” de forma consciente y paulatina. Este proceso de autoconocimiento es esencial para no repetir el ciclo de agotamiento.
El burnout no es un fracaso individual, sino un síntoma de una cultura laboral que exige más de lo que podemos dar. Es imperativo que tanto las empresas como los individuos tomen conciencia de esta problemática y trabajen en conjunto para crear entornos laborales más saludables, equilibrados y, en definitiva, más humanos.
El artículo 17 del decreto reglamentario del Instituto Nacional de la Yerba Mate fue redactado a propósito para no repetir precios de miseria pagados en los 90: “El precio de las materias primas no podrá ser inferior al importe que resulte necesario para desarrollar la actividad productiva, incluyendo las cargas impositivas, laborales y provisionales, incluyendo una rentabilidad razonable”. Con un nuevo decreto, Javier Milei acaba de borrar de un plumazo ese artículo, entre otros, que todavía incluían algún mecanismo de regulación del mercado yerbatero. El Presidente legalizó que se le pague al productor por debajo del costo de producción, como está sucediendo actualmente.
Según el último estudio difundido por el INYM, el costo de producción del kilogramo de hoja verde puesta en secadero, asciende a $423,99, según la matriz de costos aprobada por el Directorio del organismo. Si a ese valor se le suma un 30 por ciento de rentabilidad razonable, el precio de referencia ascendería a $551,19 por kilo de hoja verde.
Los precios reales que se pagan en el mercado están muy por debajo de estos parámetros. En la zona Centro-Sur de Misiones, la hoja verde se paga alrededor de $180 por kilo; en el Norte, cerca de $280; y en el caso de las cooperativas, los valores rondan los $305. Ahora esos valores son legales. El valor cayó 77 por ciento, según los cálculos de la Provincia.
El nuevo decreto presidencial sorprendió en Misiones. Llegó sin aviso y casi sin necesidad. El DNU de diciembre de 2023 ya había sido demoledor. Pero ahora el desguace es total. El INYM quedó apenas con un rol de promoción. Los productores que votaron -nuevamente- a Milei no encuentran explicación ni respuestas cuando reciben las críticas de otros yerbateros.
Incluso en la industria sienten que se está llevando al extremo una situación que no beneficia a nadie en Misiones. El precio bajo sólo conviene a Buenos Aires. La rentabilidad industrial también se resiente con precios planchados, mientras que los costos operativos no paran de subir.
El siempre sonriente Federico Sturzenegger, sin embargo, salió a celebrar el nuevo decreto. Destacó que la producción total de yerba mate creció 29% en 2024, alcanzando un récord histórico, lo que obedece más al fin de la sequía y la mayor producción que a la desregulación -se tarda cuatro años en cosechar una planta-. También apuntó que las exportaciones aumentaron casi 17%, también en niveles récord, pero eso nada tiene que ver con la desregulación, ya que el INYM no regulaba nada en esa área y, de hecho, impulsaba la venta en mercados externos con participación en ferias y promociones.
El ministro desregulador insiste en el precio real de la yerba cayó 44%, lo que -según su lectura- implicó un alivio directo para millones de familias consumidoras. Pero el único precio que “cayó” fue el de la materia prima. En góndolas subió 126,4 por ciento desde diciembre de 2023. En todo caso, aumentó menos que la inflación acumulada desde entonces -241,03%-, según los últimos datos-.
Para Sturzenegger, “el caso yerba mate” se convirtió en uno de los principales ejemplos de la política de desregulación aplicada durante la gestión. “La desregulación del sector ha dado sus frutos. Lo que estaba trabado creció, lo que era caro se abarató y lo que era rígido ahora es dinámico”, dijo. Dinámico, como el futuro de la chacra.
La producción amenaza con no iniciar la zafra de verano y escalar la batalla contra la industria, aunque ésta no sea el principal enemigo, sino que está aprovechando un entorno más favorable.
La supervivencia de la economía regional está en riesgo: en las chacras ya se observa la caída de rentabilidad. En la industria sufren por la competencia de nuevas marcas baratas que van ganando terreno ante los bolsillos flacos.
El gobernador Hugo Passalacqua alertó sobre el riesgo de la concentración en la yerba mate y la supervivencia de cerca de 13 mil productores. En la oposición algunos aprovecharon para intentar llevar agua para su molino, como el diputado provincial electo Ramón Amarilla. Diego Hartfield, ajeno al tiempo y a la realidad territorial, se dedicó a explicar el rendimiento de los bonos en la Bolsa.
No hay salida de corto plazo para la crisis de la producción yerbatera. La Provincia busca ampliar mercados para que haya más demanda de materia prima -culminó con éxito una misión comercial a la India, encabezada por el ministro del Agro, Facundo Sartori, junto a varios empresarios-. Mientras tanto, se seguirá gestionando ante la Nación para recuperar el INYM -la esperanza es lo último que se pierde, dicen en el Gobierno.- y fortalecer otras producciones que puedan compensar la caída de rentabilidad. Con el té, el gobernador Hugo Passalacqua inició gestiones para que sea incorporado al acuerdo comercial de la Argentina con Estados Unidos y lograr que se elimine el arancel del 10 por ciento que cobra actualmente el país de Donald Trump. Sin esa traba, la rentabilidad de la industria tealera podría dar un salto competitivo que permita mejorar el precio de la materia prima.
Esos temas serán analizados con el ministro del Interior, Diego Santilli, quien vendrá a Misiones este martes -será la primera provincia que visite-. Santilli viene en busca de respaldos al Presupuesto y otras leyes que quiere imponer Milei. Pero viene con mochilas flacas, con poco para ofrecer en relación con los reclamos de la Provincia.
En la última asamblea de gobernadores del Norte Grande, Passalacqua trazó una línea clara: pidió medidas coordinadas para enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a Misiones. El mandatario advirtió que la ausencia de inversión en infraestructura, energía y conectividad limita las posibilidades de crecimiento regional. Además, el bloque respaldó reclamos vinculados a previsión social, fondos nacionales y regalías energéticas.
En el Centro Cultural del Bicentenario, los mandatarios del Norte Grande mantuvieron la 22.ª Asamblea de Gobernadores, un espacio de coordinación política y económica para definir líneas de acción de cara a 2026. Allí, Passalacqua planteó la necesidad de encarar estrategias conjuntas que atiendan las brechas persistentes entre regiones y los condicionantes estructurales que afectan a Misiones.
El gobernador señaló que avanzar en soledad dificulta cualquier política pública: “Hacerlo en soledad es un incordio y hacerlo en conjunto me parece excelente”.
Para graficar las desigualdades, expuso datos que reflejan brechas sociales profundas: “Un misionero por haber nacido en Misiones vive tres años menos que uno que nació en Buenos Aires.”
Passalacqua retomó además el concepto de “injusticia geográfica”, al advertir que los condicionantes históricos que pesaron sobre el norte argentino aún dificultan su competitividad. La carencia de infraestructura es un factor decisivo: “Si no hay inversión ahí, nuestra posibilidad de crecimiento, desarrollo, generar trabajo, empleo, bienestar, felicidad para nuestra gente va a ser muy difícil”.
Entre las brechas que afectan directamente a la economía provincial, el gobernador reiteró dos puntos sensibles: la exclusión de Misiones de la Hidrovía, un corredor crucial para la logística del comercio exterior; la ausencia de gas natural, siendo la única provincia del país sin conexión a redes.
El mandatario también expresó la voluntad de acompañar acuerdos legislativos vinculados al Presupuesto Nacional 2026, siempre que se incorporen necesidades centrales del bloque.
No quiere decir eso que se bloquee el tratamiento legislativo de los proyectos del Gobierno nacional. Pero se exige alguna reciprocidad que por ahora no aparece. Santilli deberá hacer algún esfuerzo para convencer. No hay visión federal ni un intento de acercamiento real del Presidente con los gobernadores. De hecho, parece haber una desconexión entre la agenda presidencial y las demandas reales de la Argentina, que exhibe una pérdida inédita de empleo y empresas aún más grande que durante la pandemia. La comparación entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 493.193. Esto implica una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 (28,25) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.
En el mismo período, la cantidad de trabajadores/as registrados/as en unidades productivas se redujo un 2,81%, lo que representa una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025, representando más de 432 (432,23) trabajadores/as registrados/as menos por día desde la asunción del gobierno de Javier Milei.
No parece haber modelo económico pensado para la recuperación de esos empleos ni del poder adquisitivo. Con un valor equivalente a 225 dólares, el Salario Mínimo, Vital y Móvil de Argentina se hundió por debajo de países vecinos con economías mucho más pequeñas, como Paraguay (411 dólares) y Bolivia (395 dólares), y quedó lejos de los niveles que exhiben Costa Rica (729 dólares), Uruguay (593 dólares), Chile (567 dólares) o Ecuador (470 dólares).
El retroceso del salario mínimo argentino se profundizó durante los últimos dos años en un contexto de inflación persistente, caída del consumo y pérdida acelerada del poder adquisitivo. El SMVM no solo es el más bajo de Latinoamérica, sino que además ya se ubica por debajo del nivel registrado en 2001, previo a la salida de la Convertibilidad.
Apenas hay un plan financiero, atado a los humores de Donald Trump y el FMI. Ni siquiera los bancos de Estados Unidos parecen estar dispuestos a confiar en el plan: se bajaron del salvataje de 20 mil millones de dólares porque no encontraron “garantías” de poder cobrar la deuda. Se trata de uno de los acuerdos de salvataje que habían festejado desde el Ejecutivo y formaba parte de las medidas anunciadas por el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent. El ministro de Economía, Luis Caputo, solo atinó a relativizar la necesidad de auxilio, contradiciendo lo que celebraba hasta hace unas pocas semanas, cuando se evitó el colapso económico, justo antes de las elecciones.
La frustrada ayuda no parece poner en riesgo la continuidad del ministro, uno de los sobrevivientes en el Gabinete que ya tiene a dos nuevos nombres: Alberto Presti, ex jefe del Ejército, será el primer militar en ocupar el ministerio de Defensa desde la recuperación de la democracia. La designación es toda una declaración política del presidente Javier Milei, que quiere poner fin a la “demonización” de las fuerzas armadas. La alusión no es inocente. El flamante ministro es hijo del genocida Carlos Roque Presti, muerto impune pero imputado por estar a cargo del Regimiento 7 de La Plata (centros clandestinos La Cacha, Arana y Comisaría 5ta). El coronel estaba acusado por 44 crímenes de lesa humanidad.
La otra designación es la de Alejandra Monteoliva, la segunda de Patricia Bullrich en Seguridad -la ex ministra irá al Senado-. La flamante titular de la cartera de seguridad está dedicada al rubro desde 1995. Fue consultora en seguridad en Honduras y El Salvador, donde trabajó en el “exitoso Modelo Bukele”. Es discípula del general Oscar Naranjo, quien incorporó en Colombia técnicas antiterroristas y antinarcóticos de la DEA y el FBI y fue uno de los que logró cazar a Pablo Escobar. Toda una declaración.
