El ataque de Donald Trump a Venezuela y la detención de su presidente, Nicolás Maduro marcaron el fin del orden mundial tal como se conocía. Emerge ahora uno nuevo, ni global ni multipolar. Ni dividido en dos como durante la Guerra Fría. En el nuevo orden impera la ley del más fuerte por sobre el derecho internacional. Y eso no es un buen augurio para Ucrania o para Taiwan, ni para ningún país del mundo.
El estado de derecho se ha transformado en “el Estado soy yo”. Donald Trump es al mismo tiempo presidente, policía, militar y juez de sentencias.
En una entrevista extraordinariamente franca con The New York Times, Donald Trump esboza una concepción del poder presidencial que roza el absolutismo. Como comandante en jefe, sostiene que su autoridad está limitada únicamente por “su propia moral” y “su propia mente”, desestimando al derecho internacional, los tratados y las normas multilaterales como restricciones reales. En su visión, la fuerza nacional -y no el andamiaje jurídico construido tras la Segunda Guerra Mundial- es lo que verdaderamente ordena el sistema internacional. Las reglas, alianzas y convenciones que durante décadas estructuraron la estabilidad global aparecen, en su cosmovisión, como cargas innecesarias para una superpotencia que debería actuar sin ataduras.
Ese mismo enfoque se proyecta sobre la geopolítica concreta. Trump reduce a la OTAN a una herramienta vacía sin Estados Unidos y admite que podría verse obligado a elegir entre preservar la alianza o apropiarse de Groenlandia, a la que considera estratégicamente indispensable, justo cuando sus pobladores están buscando la autodeterminación. Defiende la “propiedad” territorial como una condición psicológica y material del poder -superior a cualquier tratado o arriendo- y deja en claro que, para él, la soberanía de otros Estados es secundaria frente al papel de Estados Unidos como “protector de Occidente”. En contraste con presidentes anteriores, a quienes acusa de haber sido demasiado cautelosos, Trump reivindica el uso directo del poder estadounidense con fines políticos y económicos, incluso cuando eso implique redefinir -o ignorar- los límites del orden internacional vigente.
Cualquier parecido con la imagen de un dictador, es pura coincidencia. Obviamente Trump no se presenta como un dictador -Maduro tampoco-, sino como alguien que desprecia la idea misma de los límites. Niega que la ley, el derecho internacional o las alianzas sean fuentes externas de autoridad a las que deba someterse. Eso es en la práctica, un pensamiento tiránico, aunque todavía no sea una tiranía institucionalizada.
En términos de ciencia política, la visión que Trump expresa encaja con precisión en el concepto de cesarismo: una forma de liderazgo en la que el poder no se legitima por la ley ni por las instituciones, sino por la fuerza, el éxito y la capacidad de imponerse. El líder cesarista se sitúa por encima de los contrapesos formales, convierte al Estado en una herramienta personal y concibe la política -tanto interna como externa- no como un sistema de derechos y normas compartidas, sino como un campo de dominio, donde manda quien puede y no quien debe.
Julio César no abolió la República el primer día. Primero la vació de sentido.
Para desazón de los entusiastas del derrocamiento de Maduro y la acción de Estados Unidos, Trump ya no habla ni de democracia ni de salvar al país de una dictadura. Ni siquiera de narcotráfico. Estados Unidos admitió que el Cártel de los Soles, señalado por Trump como el enemigo que lideraba Maduro, no es una “organización criminal real”. Expertos en delincuencia y narcóticos en Latinoamérica afirmaron que, esa denominación, se trata de “un término coloquial, inventado por los medios venezolanos en la década de 1990, para referirse a funcionarios corruptos por el dinero del narcotráfico“.
El eje es el petróleo. Negocios. Negocios para empresas de Estados Unidos.
“Lo que hemos hecho es que hemos tomado el control de todo un país. Vamos a hacer que el país sea fuerte y bueno y, en última instancia, van a poder votar y poner a alguien que les guste. Hemos tomado petróleo por un valor de 4.000 millones de dólares en un solo día, y eso va a aumentar. Vamos a reconstruirlo. Todas las grandes compañías petroleras están entrando. Van a ganar mucho dinero y Venezuela va a recibir parte de ese dinero y nosotros vamos a recibir parte de ese dinero. Trajimos estabilidad a la región, con estabilidad y precios del petróleo mucho más bajos”, explicó Trump en otra entrevista.
A diferencia de otros años -en noviembre se cumplieron 25 años del No al Alca-, el poder imperial no encuentra oposición. Javier Milei aplaudió el avance de Trump, Lula Da Silva ensayó una crítica de compromiso y el resto del continente miró para otro lado. El colombiano Gustavo Petro llamó dócilmente a Trump para calmar las amenazas del norte. En Europa y los organismos internacionales, las críticas no hirieron susceptibilidades.
La crítica más mordaz provino de la ultraderechista francesa Marion Anne Perrine Le Pen, a quien nadie puede achacarle alguna simpatía por el chavismo residual: “Existían mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario, hacía pesar sobre su pueblo, desde hace demasiado tiempo, una losa que hundió a millones de venezolanos en la miseria -cuando no los obligó al exilio-. Pero existe una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de provocar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, cualquiera sea su tamaño, cualquiera sea su poder, cualquiera sea su continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a ese principio para Venezuela, para cualquier Estado, equivaldría a aceptar mañana nuestra propia servidumbre. Sería, por lo tanto, un peligro mortal, en un siglo XXI que ya es escenario de grandes sacudidas geopolíticas y que hace pender sobre la humanidad el riesgo permanente de la guerra y del caos”, detalló. Servidumbre del siglo XXI. El nuevo des-orden mundial.
Ese nuevo des-orden no necesita de alineamientos, sino sometimiento. Países como Argentina, urgidos de respaldos para sostener su economía, quedarán cada vez más expuestos. Los grandes jugarán su juego. El acuerdo Mercosur-UE, largamente buscado y a punto de ser firmado, ya no es garantía de crecimiento para los países de este continente, porque las condiciones las pone Europa y, en el caso de la Argentina, los costos de producción se han disparado en los últimos años, lo que hace difícil estimar potenciales beneficios. La yerba es uno de los productos que entrará sin arancel y se buscará potenciar la demanda de otros productos para sostener el ritmo exportador que cerró el 2025 en uno de sus mejores momentos.
Pero aún con exportaciones en alza, la economía no encuentra sosiego. En la industria, once de los 16 principales sectores están en rojo contra noviembre de 2023. La industria textil es la más golpeada, con una caída del 38 por ciento, seguida por metales, caucho y la industria automotriz.
De pasar a cobrar en dólares, a contar los pesos para llegar a fin de mes. El derrumbe económico coincide con una suba de precios que tuvo poco de moderación. La inflación seguirá en enero por encima del 2 por ciento y la de diciembre, que se conocerá en los próximos días, marca un porcentaje similar. Enero también marcará el debut del nuevo índice de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Censos. El nuevo formato no llega para mejorar la comprensión de la inflación, sino para desnudarla. Al actualizar la canasta con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18, la inflación de la era Milei salta a 269%, frente al 259% que arroja el viejo patrón de consumo de 2004/2005. La diferencia no es técnica: es política. Durante más de veinte años se midió el costo de vida con una canasta que ya no existe, subestimando el peso real de los alquileres, los servicios y los bienes básicos en los hogares. El resultado es incómodo para el relato oficial: cuando la inflación se mide con los hábitos reales de la gente, el ajuste aparece todavía más brutal de lo que ya muestran las estadísticas.
Uno de los cambios clave será la ponderación que tienen viviendas y servicios en el IPC, que -hasta el momento- es de 9,44% a nivel nacional, y a partir de enero escalará a 14,5%. Este fue un gran debate durante 2024, cuando se redujeron fuertemente los subsidios económicos para los servicios públicos y el IPC no reflejaba lo que ocurría hacia dentro de los presupuestos familiares.
En ese escenario de contracción, las provincias se ven obligadas a redoblar esfuerzos para sostener las economías regionales, con suerte dispar. La vecina Corrientes, señalada siempre como el “ejemplo” por las oposiciones en Misiones, tiene a decenas de municipios en virtual cesación de pagos, mientras que la provincia atraviesa una crisis financiera y administrativa de magnitud estructural que ya no puede ser disimulada por discursos de equilibrio fiscal ni por la aprobación exprés de presupuestos inflados.
El gobernador Juan Pablo Valdés asumió con una herencia fiscal crítica, producto de la gestión de su hermano Gustavo, padrino político del radicalismo misionero: el gasto provincial creció un 39% por encima de los ingresos, el déficit supera los 160.000 millones y la deuda proyectada para 2025 ronda los 184.905 millones, ubicando a Corrientes entre las provincias más comprometidas del país.
En contraste, Misiones cierra el año con nota alta. Moody’s Argentina ratificó la calificación crediticia de Misiones y confirmó su perfil como uno de los distritos subnacionales más sólidos del país en un contexto macroeconómico todavía frágil para la Argentina. La agencia afirmó tanto las calificaciones de emisor en moneda local como en moneda extranjera de largo plazo en BB+.ar, con perspectiva estable, lo que implica que no se esperan cambios significativos en los fundamentos financieros de la provincia en el corto y mediano plazo.
El informe de Moody’s destaca que el perfil crediticio de Misiones se construye sobre una combinación clave: márgenes operativos sólidos, bajo nivel de endeudamiento y una muy reducida exposición al riesgo cambiario. Misiones presenta una de las estructuras de deuda más prudentes del mapa subnacional argentino, con un peso acotado de pasivos en moneda extranjera, lo que la protege frente a saltos en el tipo de cambio, una de las principales fuentes de estrés fiscal en el país.
Este punto es central en momentos en que la Argentina atraviesa un proceso de reordenamiento macroeconómico con fuerte ajuste fiscal, inestabilidad monetaria y aún alta sensibilidad cambiaria, Moody’s subraya que Misiones no está expuesta a shocks cambiarios por su estructura de deuda, algo que pocas provincias pueden exhibir.
Ese orden económico se sustenta en el desendeudamiento de los últimos años y en una política fiscal que fortalece la autonomía y le permite a Misiones cumplir con sueldos y sostener lo que puede: programas productivos y de respaldo a la economía.
De todos modos, la oposición, carente de creatividad, repite las críticas hacia los pilares de esa fortaleza. Desde siempre el radicalismo, después el PRO y ahora Diego Hartfield, el ex tenista libertario, que repite los mismos conceptos sin decir cómo sostener servicios básicos sin recursos propios en momentos en los que la Nación se desentiende de todas sus responsabilidades. Salud, educación, seguridad y transporte, dependen exclusivamente de los recursos provinciales, mientras que el Gobierno de Milei sigue recaudando impuestos únicamente para cumplir con los vencimientos de una deuda que se hace cada vez más insostenible. Para Hartfield, Misiones sufre una fragilidad financiera, está “en default” y al mismo tiempo, debe suprimir sus herramientas fiscales. Contradicciones a la vista.
El ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, quien ya había salido al cruce de las posiciones exhibidas por la Confederación Económica de Misiones, en contra de las políticas fiscales, no eludió contestar la diatriba del ex tenista que comenta la realidad en las redes y desde la playa: el funcionario planteó que no existe ningún escenario de fragilidad financiera cuando una calificadora como Moody’s acaba de volver a certificar la solvencia de la provincia, con bajo riesgo fiscal y una trayectoria de más de dos décadas de manejo responsable de las cuentas públicas.
En ese mismo sentido, explicó que Misiones consiguió financiamiento de la Corporación Andina de Fomento no para cubrir déficits corrientes -como sucedió en otras épocas y como hace la Nación para dibujar equilibrios contables-, sino para destrabar una obra eléctrica de alta tensión que la Nación dejó sin ejecutar y que es clave para sostener el crecimiento productivo de Misiones. Desde su óptica, el verdadero problema no está en la salud financiera provincial, sino en los recursos que el Estado nacional sigue adeudando a los misioneros -desde regalías energéticas hasta fondos previsionales y programas sectoriales-, y que requieren una defensa activa en el Congreso. Por eso, Safrán dejó en claro que, mientras los indicadores macro puedan mostrar cierta mejora, la prioridad es atender la realidad concreta de la economía local, el empleo y la actividad, una tarea que demanda menos ruido político y más trabajo coordinado en favor de la provincia. “Lo invito a trabajar en esa agenda compartida por el bien de la provincia”, señaló Safrán, aunque Hartfield ya dejó claro que es “diputado de Milei” y no necesariamente de la provincia de Misiones.
