Día: 10 marzo, 2026

Las Cataratas del Iguazú se posicionan como uno de los destinos naturales más deseados del mundo

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Las Cataratas del Iguazú, uno de los principales atractivos turísticos de Argentina y Brasil, fueron identificadas como una de las experiencias naturales más buscadas del mundo, según un nuevo estudio internacional sobre tendencias de viajes.

La investigación, realizada por la firma especializada en seguros de viaje InsureandGo, analizó más de 1.500 comentarios en redes sociales de viajeros que comparten sus destinos soñados o bucket list (lugares que desean visitar al menos una vez en la vida).

Luego, el estudio comparó esos resultados con datos de búsquedas globales en Google para identificar qué experiencias naturales registraron el mayor crecimiento de interés en el último año.

El resultado ubica a las Cataratas del Iguazú en el tercer lugar mundial, con un aumento del 543% en las búsquedas globales vinculadas a tours y viajes al destino.

Solo dos experiencias superan a Iguazú

En el ranking global, Iguazú solo es superado por dos experiencias:

  1. Buceo en jaula con tiburones (+1.464%)
  2. Auroras boreales (+573%)
  3. Cataratas del Iguazú (+543%)

Detrás aparecen otras experiencias naturales de gran impacto, como el trekking para ver gorilas en Uganda (+441%) y los recorridos por el Parque Nacional Banff en Canadá (+373%).

El ranking completo incluye destinos emblemáticos del turismo mundial como:

  • Islas Galápagos
  • Gran Cañón
  • Cataratas Victoria
  • Selva Amazónica
  • Patagonia
  • Gran Barrera de Coral
  • Antártida

Naturaleza y vida silvestre dominan el turismo global

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que nueve de las quince experiencias más buscadas del mundo están vinculadas directamente con la vida silvestre o ecosistemas naturales.

El análisis sugiere que los viajeros están priorizando experiencias inmersivas en la naturaleza, desde observar gorilas de montaña en África hasta explorar la selva amazónica o visitar grandes cataratas.

Según Letitia Smith, directora de comunicaciones de InsureandGo, la tendencia refleja un cambio en las motivaciones del turismo internacional.

“Los viajeros están buscando momentos extraordinarios que los acerquen a la naturaleza. Ya sea ver las auroras boreales, observar gorilas en África o explorar grandes cascadas como Iguazú, cada vez más personas quieren experiencias únicas rodeadas de paisajes naturales”, explicó.

América gana protagonismo en las listas de viajes

El estudio también destaca el creciente peso de América como destino turístico natural.

En total, seis de las quince experiencias más buscadas del planeta se encuentran en el continente, incluyendo:

  • Cataratas del Iguazú
  • Parque Nacional Banff (Canadá)
  • Islas Galápagos
  • Gran Cañón (Estados Unidos)
  • Selva Amazónica
  • Patagonia

La presencia de Iguazú dentro de los tres primeros lugares refuerza el posicionamiento internacional del destino, considerado una de las siete maravillas naturales del mundo.

Un impulso para el turismo en la región

El crecimiento del interés global por las Cataratas del Iguazú puede traducirse en un mayor flujo de turistas internacionales hacia la región en los próximos años, especialmente de cara a la temporada 2026.

Ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, dentro del Parque Nacional Iguazú, las cataratas forman uno de los sistemas de cascadas más imponentes del planeta, con 275 saltos de agua distribuidos en casi tres kilómetros de extensión.

Su combinación de biodiversidad, paisajes y accesibilidad las convierte en uno de los destinos más atractivos del turismo de naturaleza a nivel mundial.

El aumento de las búsquedas online sugiere que el interés por conocer este ícono natural no solo se mantiene, sino que continúa creciendo en el mercado turístico global.

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Inversores chinos proyectan una planta de resina de pino por US$30 millones en Santo Tomé

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La empresa Resina Rubbers S.A.S., de capitales chinos, anunció una inversión cercana a 30 millones de dólares para desarrollar un complejo industrial dedicado al procesamiento de resina de pino en la provincia de Corrientes.

El proyecto se instalará en el Parque Industrial de Santo Tomé y contempla la construcción progresiva de tres plantas industriales que procesarán derivados de la resina, principalmente colofonia, trementina y otros insumos químicos, utilizados en industrias como la farmacéutica, química, de adhesivos, pinturas y cauchos sintéticos.

Según el plan de inversión difundido por el portal especializado Pinos, la iniciativa se ejecutará en tres etapas hasta el año 2028. La primera fase prevé el inicio de operaciones en agosto de 2026, mientras que la expansión total del complejo permitirá alcanzar su capacidad industrial plena hacia el final del período.

Industrialización de la resina en origen

La iniciativa busca modificar la lógica productiva de la cadena resinera regional. Actualmente, una parte significativa de la resina de pino extraída en el noreste argentino se comercializa como materia prima o se procesa fuera de la región.

Con la nueva planta, el objetivo es integrar más etapas de la transformación industrial dentro del propio territorio forestal, generando mayor valor agregado en origen y fortaleciendo la estructura productiva local.

La resina de pino es una sustancia natural que se obtiene mediante incisiones en los troncos de los árboles. A partir de su procesamiento se obtienen colofonia y trementina, compuestos clave para múltiples aplicaciones industriales.

La empresa ya cuenta con presencia operativa en Santo Tomé, donde mantiene un depósito logístico de acopio de colofonia y trementina, que concentra producción regional y emplea a cerca de 50 trabajadores. Ese centro funciona como base para la expansión industrial prevista.

Corrientes, eje de la foresto-industria argentina

La elección de Santo Tomé responde al peso que tiene Corrientes dentro del mapa forestal argentino. La provincia forma parte del núcleo que concentra más del 85% de las plantaciones forestales del país, junto con Misiones, Entre Ríos y Buenos Aires.

Esta disponibilidad de recursos forestales posiciona al noreste argentino como uno de los principales polos de desarrollo de la foresto-industria nacional.

Diversos estudios sectoriales ya habían señalado el potencial de la región para la radicación de proyectos industriales vinculados a la madera y sus derivados. Un informe del Ministerio de Economía de la Nación elaborado en 2023 identificó a Santo Tomé como un punto estratégico para inversiones de escala dentro de la cadena forestal, debido a la combinación de materia prima disponible, infraestructura productiva y conexión con mercados regionales.

Impacto en la economía regional

Proyectos industriales de este tipo suelen generar efectos económicos que trascienden la propia planta. La instalación de un complejo de procesamiento forestal implica demanda de transporte, servicios técnicos, mantenimiento industrial, logística y proveedores de insumos, lo que multiplica el impacto sobre la economía regional.

Además, contribuye a diversificar la matriz industrial del sector forestal, que ya produce una amplia gama de bienes derivados de la madera, como tableros, celulosa, papel, insumos para la construcción y energía.

La incorporación del procesamiento de resina amplía ese esquema productivo y refuerza la estrategia de industrialización de los recursos naturales en origen, una de las principales apuestas de desarrollo de la región.

Una apuesta de largo plazo

Para la provincia de Corrientes, el fortalecimiento de industrias vinculadas a la madera forma parte de una estrategia orientada a consolidar su perfil dentro de la foresto-industria argentina.

El objetivo es avanzar desde un modelo basado en la producción primaria hacia otro con mayor densidad industrial, empleo calificado y valor agregado.

En ese marco, la llegada de una planta dedicada al procesamiento de resina representa un paso más en la construcción de un ecosistema industrial forestal, con potencial para atraer nuevas inversiones y ampliar la red de proveedores vinculados a la actividad.

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Arnold Schwarzenegger se prepara para volver con ‘Predator’, Comando y ‘Conan’

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Arnold Schwarzenegger podría volver a las pantallas con algunos de los personajes que marcaron la historia del cine de acción. Durante su participación en el Arnold Sports Festival, el actor reveló que Hollywood volvió a interesarse en sus franquicias más emblemáticas y que ya existen conversaciones para su participación en nuevas películas.

Según explicó el propio Schwarzenegger, el director Dan Trachtenberg, responsable de revitalizar la saga Predator, le propuso sumarse a la próxima entrega.

“Hicieron otra película de Depredador y el director ha hecho un trabajo excelente. Ahora quiere que participe en la próxima película. Ya lo hemos hablado”, señaló el actor.

La posibilidad marca un giro importante para la franquicia, ya que Schwarzenegger nunca volvió oficialmente a la saga tras protagonizar la película original de 1987, considerada uno de los clásicos del cine de acción y ciencia ficción.

Nostalgia y franquicias: la fórmula de Hollywood

El contexto también explica el interés de los estudios en recuperar a la estrella austriaca. La más reciente entrega de la saga, Predator: Badlands, dirigida por Trachtenberg, logró un sólido desempeño en taquilla con 80 millones de dólares en su estreno global y más de 184 millones recaudados en todo el mundo.

Ese impulso reactivó el valor nostálgico de los personajes originales y abrió la puerta para que Schwarzenegger vuelva a aparecer en el universo de la saga, aunque probablemente en un rol adaptado a su edad, más cercano a una figura veterana dentro de la historia.

Commando 2: una secuela inesperada

Otra sorpresa revelada por el actor es que los estudios ya le enviaron un guion para Commando 2, la continuación de la película de 1985 que consolidó a Schwarzenegger como uno de los grandes íconos del cine de acción de los años ochenta.

Aunque todavía no existe confirmación oficial sobre la producción, el hecho de que el proyecto vuelva a circular en Hollywood refleja el renovado interés por reactivar clásicos del género.

King Conan, el proyecto que nunca murió

El tercer proyecto en carpeta es King Conan, una idea que Hollywood intenta concretar desde hace más de una década.

De acuerdo con lo mencionado por el actor, el estudio habría contratado al director Christopher McQuarrie, conocido por las últimas películas de Misión: Imposible con Tom Cruise, para escribir y dirigir el proyecto.

La historia retomaría al personaje décadas después, con un Conan que ha gobernado durante cuarenta años y se ve obligado a abandonar su reino antes de regresar al combate.

“No lo escriben como si tuviera cuarenta años, lo escriben para que sea apropiado para mi edad. Seguiré entrando y dando guerra, pero será diferente”, explicó Schwarzenegger.

Hollywood redescubre a Arnold

A sus 78 años, Schwarzenegger parece dispuesto a volver a las sagas que lo convirtieron en una leyenda del cine. Para los estudios, su regreso no solo representa nostalgia: también funciona como un puente entre los clásicos del cine de acción de los años ochenta y las nuevas generaciones de espectadores.

Aunque todavía no hay anuncios oficiales ni contratos firmados, lo cierto es que tres proyectos que parecían olvidados —Predator, Commando y Conan— vuelven a moverse en Hollywood con Arnold en el centro de la escena.

Y si finalmente se concretan, el actor podría protagonizar uno de los regresos más inesperados del cine de acción.

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Aumentan casi un 300% las desinstalaciones de ChatGPT tras el acuerdo con Donald Trump

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La polémica estalló después de que se conociera un acuerdo tecnológico entre OpenAI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, tan sólo días después del acuerdo entre Grok y el Pentágono. Lo que parecía un paso más en la expansión de la inteligencia artificial terminó provocando una ola de desinstalaciones de ChatGPT y un intenso debate sobre el uso militar de estas herramientas. En pocos días, reportes citados por medios tecnológicos indicaron que las desinstalaciones de la aplicación aumentaron hasta un 295%, reflejando el rechazo de parte de la comunidad digital ante la creciente relación entre plataformas de IA, gobiernos y sistemas de defensa.

Este sólo hecho avivó los discursos críticos sobre la IA, donde se destacan tres preocupaciones clave: el control de datos personales y sensibles, la falta de regulación clara sobre su uso y la explotación de recursos energéticos asociados a los centros de datos que soportan estas tecnologías.

Boicot masivo de usuarios tras el acuerdo

El aumento de desinstalaciones comenzó poco después de que trascendiera la colaboración entre OpenAI, liderada por Sam Altman, y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, un acuerdo que ha generado inquietud sobre la seguridad de los datos personales y el posible acceso militar a información sensible de los usuarios.

Muchos usuarios expresaron su rechazo por dos motivos principales. Por un lado, surgieron dudas sobre la seguridad de los datos privados, ya que muchos se preguntan qué tan seguro es que una herramienta de inteligencia artificial tenga acceso a información personal mientras colabora con la fuerzas militares. Por otro, apareció una preocupación a escala nacional relacionada con la seguridad de datos sensibles del Estado y qué tan seguro resulta que estas tecnologías privadas puedan interactuar con información estratégica de un país, un debate que se intensificó por los antecedentes de iniciativas militares impulsadas durante la administración de Donald Trump.

Las reacciones que se vieron en los días siguientes reflejan la magnitud de la polémica:

  • Las desinstalaciones de ChatGPT crecieron hasta un 295% respecto a semanas anteriores, marcando un salto abrupto en el comportamiento de los usuarios.
  • Las redes sociales se llenaron de campañas de protesta bajo etiquetas como “QuitGPT”, animando a otros usuarios a abandonar la plataforma.
  • Comunidades tecnológicas y activistas digitales difundieron el boicot, denunciando que herramientas diseñadas para uso civil podrían terminar integradas en proyectos militares.

Aunque la base global de usuarios sigue siendo enorme, la reacción evidencia una creciente desconfianza hacia el papel de las grandes tecnológicas en el desarrollo de inteligencia artificial vinculada a estructuras de poder, poniendo en evidencia la fragilidad del discurso idealista de la IA.

Coste energético y presión ambiental de la inteligencia artificial

La polémica sobre ChatGPT y los acuerdos con el Departamento de Defensa también reavivó un debate que suele quedar fuera del entusiasmo tecnológico: el enorme impacto energético de estas tecnologías. Los sistemas de IA generativa funcionan sobre gigantescos centros de datos que operan 24/7, con un consumo eléctrico tan elevado que se equipara al gasto de millones de hogares iluminados. Esta demanda creciente no solo tensiona la infraestructura, sino que también genera una huella de carbono que no para de aumentar.

Algunos especialistas alertan que el debate público sobre la IA debería considerar también su costo ambiental y energético, no sólo sus aplicaciones militares o comerciales, dado que pareciera que esta tecnología llegó para quedarse. La discusión se enfoca en el papel de las energías renovables en abastecer estos centros de datos, y a los riesgos de saturar los mercados de energía, donde la presión creciente podría generar problemas de suministro y afectar a millones de ciudadanos.

El “dilema IA”: Entre innovación, poder y control

Más allá de la polémica puntual, el episodio refleja una tensión estructural en el desarrollo de la inteligencia artificial. Crear modelos cada vez más potentes requiere inversiones masivas en infraestructura, chips especializados y energía, lo que empuja a las empresas tecnológicas a colaborar con gobiernos y grandes instituciones.

Sin embargo, estas alianzas también plantean preguntas sobre quién controla realmente la evolución de la IA y con qué fines se utilizará en el futuro. A medida que estas herramientas se integran en sectores estratégicos, desde la economía digital hasta la defensa, el debate sobre su impacto social, político y energético se vuelve inevitable.

Diversos estudios sobre la relación entre inteligencia artificial y consumo de energía sugieren que el verdadero coste de la revolución tecnológica va más allá de la innovación. Incluye también decisiones sobre poder, recursos y el tipo de sociedad digital que se está construyendo.

Fuente: papernest.es

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Transporte: el Gobierno actualiza la tasa que financia el control estatal sobre colectivos

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El Gobierno nacional avanzó con un nuevo paso en la arquitectura regulatoria del transporte automotor de pasajeros. Mediante la Resolución 252/2026, firmada el 5 de marzo por el ministro de Economía Luis Andrés Caputo y publicada el 10 de marzo en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció los montos de la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte que deberán pagar durante 2026 las empresas de colectivos bajo jurisdicción nacional.

La decisión fija un rango anual por vehículo que va de $311.742,90 a $663.072,20, dependiendo de la categoría técnica de la unidad. Además, determina que el pago se realizará en cinco cuotas durante el año, con vencimientos entre marzo y septiembre.

El movimiento no introduce un cambio estructural en el esquema legal del sector, pero sí define el costo regulatorio concreto que enfrentará el sistema de autotransporte de pasajeros durante 2026. En un escenario de reorganización institucional del transporte —marcado por la transferencia de líneas a la Ciudad de Buenos Aires y por ajustes tarifarios recientes— la resolución ordena un elemento clave: cómo se financia el aparato estatal de control sobre el sector.

Un tributo histórico que financia el control estatal del transporte

La tasa que el Gobierno actualizó tiene origen en la Ley 17.233, que creó el Fondo Nacional del Transporte para financiar las tareas de fiscalización del sistema.

Ese fondo se nutre principalmente de tres fuentes: la Tasa Nacional de Fiscalización del Transporte que pagan las empresas, las multas aplicadas por infracciones, y otros aportes o contribuciones vinculados al sector.

La lógica institucional es sencilla: las empresas reguladas financian parte del sistema que las controla. El organismo que ejecuta buena parte de esa tarea es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, encargada de supervisar los servicios de transporte automotor bajo jurisdicción nacional.

Cada año el Poder Ejecutivo debe actualizar el valor de la tasa tomando como referencia el boleto mínimo del transporte de pasajeros vigente al 1° de enero. Para 2026, el parámetro elegido fue el valor aprobado por la Secretaría de Transporte en 2025: $494,83.

Sobre esa base se aplican coeficientes establecidos por la ley para determinar el monto final que paga cada vehículo según su tipo.

Cuánto deberán pagar las empresas según el tipo de vehículo

La resolución define tres escalas principales para el autotransporte de pasajeros: $311.742,90 para vehículos de hasta 8 pasajeros y peso máximo de 3.500 kg. $486.912,72 para unidades con más de 8 pasajeros y peso máximo de 5.000 kg. $663.072,20 para vehículos de más de 8 pasajeros que superen los 5.000 kg.

El pago anual se dividirá en cinco cuotas iguales con vencimientos en:

  • 18 de marzo de 2026
  • 20 de abril de 2026
  • 20 de mayo de 2026
  • 20 de julio de 2026
  • 21 de septiembre de 2026

La liquidación de la tasa se calculará según el parque móvil declarado por las empresas al inicio del mes en que vence cada cuota. Cualquier incorporación o retiro de unidades durante el año se considerará alta o baja del parque móvil para ajustar el cálculo correspondiente.

Reglas especiales para transporte internacional

La resolución también introduce un criterio diferenciado para el transporte internacional terrestre.

Las empresas extranjeras autorizadas en el marco del Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre no deberán pagar la tasa en las mismas condiciones que las empresas locales cuando operan bajo ese régimen. La norma responde al principio de reciprocidad entre países firmantes, que busca garantizar condiciones equivalentes para los operadores.

En cambio, los vehículos que realicen viajes ocasionales internacionales o en tránsito por el territorio argentino sí deberán abonar la tasa completa como requisito para prestar el servicio, ya que no forman parte permanente del registro del sistema nacional.

Reconfiguración del transporte metropolitano

La resolución se dicta en un momento de reorganización del sistema de transporte.

En septiembre de 2024 el Estado nacional y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron un acuerdo que transfirió a la administración porteña la regulación de las líneas de colectivos del llamado grupo tarifario “Distrito Federal”, en aplicación de la Ley 26.740.

Esa decisión modificó el mapa institucional del transporte urbano. Como consecuencia, la tarifa de esas líneas dejó de ser referencia para ciertos cálculos regulatorios nacionales, lo que obligó al Gobierno a redefinir el parámetro utilizado para calcular la tasa de fiscalización.

Por eso la resolución toma como base el boleto mínimo de los servicios que siguen bajo jurisdicción nacional, evitando superposiciones regulatorias con la Ciudad.

Impacto operativo para las empresas

Para las empresas de transporte, la resolución tiene efectos concretos en la estructura de costos.

El monto de la tasa se calcula por unidad, lo que significa que las compañías con mayor parque móvil enfrentarán una carga regulatoria más elevada. En ese sentido, el sistema actúa como un costo fijo asociado a la habilitación y fiscalización del servicio.

El esquema de cinco cuotas busca facilitar el cumplimiento y distribuir el impacto financiero a lo largo del año. Al mismo tiempo, el mecanismo de cálculo según el parque móvil vigente en cada vencimiento permite ajustar la obligación fiscal si las empresas incorporan o retiran unidades.

Otro detalle operativo relevante: la baja de un vehículo no genera devoluciones ni liquidaciones retroactivas, lo que simplifica la administración del sistema.

Regulación, control y financiamiento estatal

Aunque se trata de una resolución administrativa anual, la medida refleja una cuestión estructural del transporte público: cómo se financia la capacidad regulatoria del Estado.

El sistema argentino combina subsidios, tarifas y tasas regulatorias. Esta última herramienta —la Tasa Nacional de Fiscalización— cumple la función específica de sostener el aparato de control sobre un sector que involucra seguridad vial, servicios públicos y actividad económica intensiva.

En términos políticos, el movimiento del Ministerio de Economía no abre una reforma del modelo, pero ordena una variable clave para el funcionamiento del sistema durante el año.

La resolución ya está vigente desde su publicación. El próximo indicador a seguir no será tanto normativo como operativo: cómo evolucionará el parque de vehículos de las empresas de transporte y qué impacto tendrá en la recaudación del fondo que financia la fiscalización del sector.

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