Día: 21 abril, 2026

Grieta en el reclamo yerbatero: Skripczuk se despegó de los cortes y va por la vía judicial

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La protesta yerbatera volvió a exponer las grietas internas del sector en Misiones. Mientras un grupo de productores y tareferos mantiene cortes de ruta en distintos puntos de la provincia, otro sector, encabezado por Jorge Skripczuk, tomó distancia de esa modalidad de reclamo y confirmó que su apuesta pasa exclusivamente por la vía judicial para intentar revertir la desregulación del mercado.

Skripczuk, referente de la Asociación Civil Impulso Yerbatero, fue tajante al marcar su postura frente a los bloqueos: sostuvo que las medidas de fuerza terminan afectando a vecinos y consumidores que no tienen responsabilidad en el conflicto y que, lejos de sumar apoyo, pueden volverse en contra de los propios productores. El dirigente planteó que la protesta debe visibilizarse sin entorpecer la libre circulación en las rutas y pidió el acompañamiento de la ciudadanía por otros canales.

El foco, en el DNU y el Decreto 812

Para el referente, el origen del problema está identificado con claridad y se encuentra en el plano nacional. Apuntó contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei, y contra el Decreto 812/2025 que lo reglamentó, normas que recortaron las facultades del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y le quitaron la capacidad de fijar precios de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

Skripczuk sostuvo que esa desregulación dejó al pequeño productor sin herramientas de negociación frente a secaderos y molinos, y abrió la puerta a un esquema en el que los precios pagados están muy por debajo de los costos de producción.

Presentación judicial y adhesiones

La estrategia del espacio que encabeza Skripczuk se formalizó ante la Justicia Federal de Posadas. Allí presentaron una acción de inconstitucionalidad contra los artículos 164 al 168 del DNU 70/2023 y solicitaron una medida cautelar para dejar sin efecto el Decreto 812 y su reglamentación, con el objetivo de devolverle al INYM las facultades que tenía antes de la desregulación.

Hasta el momento, la presentación cuenta con el respaldo de cinco asociaciones de productores y de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Limitada. Además, el dirigente confirmó que se están sumando adhesiones individuales: ya hay 75 firmas confirmadas sobre un universo aproximado de 13.000 productores en la provincia, y también buscan el acompañamiento de intendentes y de ciudadanos dispuestos a respaldar el reclamo.

Una crisis que trasciende a Misiones

En su análisis, Skripczuk remarcó que la situación no se limita a la yerba mate ni a la provincia, sino que golpea al conjunto de las economías regionales del país. En ese escenario, muchos productores pequeños y medianos venden a pérdida o directamente dejan de cosechar porque los valores ofrecidos no cubren los costos básicos.

El referente también hizo referencia a su experiencia personal como productor. Contó que lleva tres años sin levantar la cosecha en su chacra de Aristóbulo del Valle, a pesar de tener un rinde estimado de entre 12.000 y 13.000 kilos por hectárea, y que mantiene las seis o siete hectáreas por su cuenta, ya que sus hijos optaron por otros caminos laborales ante la falta de rentabilidad.

Un reclamo con mirada electoral

De cara a los próximos meses, Skripczuk consideró que la única salida de fondo es política y que pasa por el rumbo que defina la ciudadanía en las urnas. Reclamó un modelo de gestión que vuelva a proteger a las economías regionales y advirtió que, sin un Estado que regule, los pequeños productores quedan condenados a desaparecer frente a un proceso de concentración que beneficia a los actores más grandes de la cadena.

Mientras tanto, la disputa sigue abierta: en las rutas, con cortes y asambleas; y en los tribunales, con una demanda que busca devolverle al INYM el rol de árbitro del mercado yerbatero.

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Misiones y el sur de Brasil buscan afianzar vínculos para el desarrollo conjunto

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Macías estuvo acompañado por el diputado Rudi Bundziak y la secretaria legislativa del Centro del Conocimiento Parlamentario, Patricia López. Durante la visita, la comitiva conoció el funcionamiento del Poder Legislativo misionero y recorrió el recinto de sesiones, el Embajador Legislativo y el Salón de las Dos Constituciones.

La delegación estuvo integrada por los prefeitos de las ciudades de Horizontina, Porto Mauá y Tucunduva, junto a otros representantes institucionales y de los sectores productivo y económico del sur de Brasil.

En este contexto, Macías destacó la importancia del trabajo articulado en la región y expresó: “Para nosotros es un orgullo poder mostrar lo que hacemos, trabajar en conjunto y proyectar muchas cosas con el vecino país. Tenemos mucho por hacer, muchas alianzas por construir y mucho trabajo por delante”.

Asimismo, remarcó el valor del intercambio y la cooperación en un escenario económico desafiante: “Es una situación económica difícil en nuestro país, pero como provincia preservamos cuestiones que permiten seguir fomentando el comercio y la producción regional. Entendemos que, estando tan cerca de Brasil, no podemos salir adelante solos; por eso buscamos fortalecer estos vínculos, haciendo que todo progrese, pero también preservando lo nuestro”.

Finalmente, el presidente de la Legislatura puso en relieve la mirada regional señalando que, “dependemos mucho de Brasil y también de Paraguay para seguir creciendo. Más del 90 por ciento de nuestro territorio está hermanado con dos países; por eso creemos profundamente en los lazos internacionales y culturales. Tenemos mucho por crecer y este es el comienzo de un trabajo conjunto que estamos dispuestos a seguir fortaleciendo”.

Por su parte, desde la comitiva brasileña valoraron la visita como una oportunidad para conocer experiencias locales y consolidar un canal de diálogo más cercano. En ese sentido, destacaron la importancia de intercambiar buenas prácticas y avanzar en instancias de cooperación técnica y política, con el objetivo de impulsar el desarrollo de ambas regiones a partir de características y desafíos compartidos.

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El Banco Central acelera compras de dólares y supera el 63% de la meta anual

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a intervenir con fuerza en el mercado y compró más de 235 millones de dólares en una sola jornada, en el Mercado Libre de Cambios (MLC), consolidando una secuencia de 71 ruedas consecutivas con saldo positivo. Con este movimiento, la autoridad monetaria ya superó el 63% de la meta de acumulación de reservas prevista para 2026, fijada en US$ 10.000 millones.

El dato no es menor: se inscribe en la “fase 4” del programa monetario impulsado por el Gobierno y expone una prioridad clara en la hoja de ruta oficial. La pregunta que se abre es si este ritmo de compras consolida un nuevo equilibrio cambiario o si depende de condiciones que podrían modificarse en el corto plazo.

El marco del programa y la lógica de acumulación

La estrategia de acumulación de reservas se convirtió en uno de los pilares del esquema económico vigente desde comienzos de año. Desde enero, el BCRA ya compró US$ 6.386 millones en el mercado mayorista, una cifra que lo posiciona por encima del umbral intermedio del objetivo anual.

El programa contempla, además, una meta flexible: los US$ 10.000 millones podrían ampliarse hasta US$ 17.000 millones si la demanda de dinero crece. Esa cláusula introduce una variable política y económica relevante, ya que vincula la acumulación de reservas con la evolución del consumo, la confianza y la actividad.

En paralelo, las reservas internacionales alcanzaron los US$ 45.779 millones tras subir US$ 32 millones en la jornada. Aunque por debajo del pico de US$ 46.905 millones registrado en febrero, el nivel actual mantiene una tendencia de fortalecimiento gradual.

El respaldo externo también juega su parte. En su última revisión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) valoró la “acumulación incipiente de reservas” y destacó la mejora en la capacidad de respuesta ante crisis, en un contexto donde Argentina aparece como exportador neto de energía.

Impacto político y económico: entre respaldo técnico y presión real

La dinámica de compras posiciona al Gobierno en una zona de mayor previsibilidad financiera, al menos en términos formales. La acumulación de reservas funciona como señal hacia los organismos internacionales y como herramienta de estabilización frente a eventuales tensiones cambiarias.

Sin embargo, el dato también expone una tensión estructural: el ritmo de acumulación convive con una economía real que todavía enfrenta desafíos en términos de actividad y demanda. La propia arquitectura del programa —que condiciona la meta máxima al aumento de la demanda de dinero— refleja esa dependencia.

En el plano político, el respaldo del FMI fortalece la narrativa oficial sobre la consistencia del programa, mientras que la continuidad de las compras refuerza la idea de disciplina monetaria. Pero ese equilibrio requiere sostener condiciones de mercado favorables, algo que no depende exclusivamente de decisiones locales.

Un proceso en construcción

El sendero de acumulación de reservas muestra consistencia en los números, pero abre interrogantes sobre su sostenibilidad. La continuidad de las compras, el comportamiento del mercado cambiario y la evolución de la demanda de dinero serán variables clave en las próximas semanas.

Por ahora, el BCRA consolida un objetivo central del programa económico. Lo que todavía no está del todo definido es si este proceso marca un cambio estructural o si responde a una ventana de oportunidad que deberá ser validada en un escenario más exigente.

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Gas de Vaca Muerta prueba salida directa a Brasil: el Gobierno habilita un test clave

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La primera exportación de prueba de gas natural desde Argentina hacia Brasil por el Gasoducto del Mercosur, concretada tras años de inactividad, reabre un capítulo estratégico en la política energética regional. El envío, impulsado por TotalEnergies junto al grupo brasileño J&F hacia la central de Uruguaiana, no solo busca validar la infraestructura técnica, sino medir si el país puede consolidar una salida directa para el shale gas de Vaca Muerta sin depender de terceros. La tensión es clara: ¿se trata del inicio de un corredor energético estable o de un ensayo condicionado por limitaciones estructurales y regulatorias?

Un ducto inactivo que vuelve al centro de la agenda energética

La operación marca el primer flujo por el Gasoducto del Mercosur desde 2021. El test permitió verificar condiciones técnicas clave: integridad de la tubería, funcionamiento de válvulas y estaciones, y protocolos de operación tras años sin actividad.

El sistema conecta Aldea Brasileña, en Entre Ríos, con Uruguaiana, en Río Grande do Sul, a lo largo de 421 kilómetros, con capacidad de transporte de 15 millones de metros cúbicos diarios. La infraestructura, inaugurada en 2000, tiene licencia vigente hasta diciembre de 2027, con posibilidad de extensión por 20 años bajo el nuevo marco normativo.

La validación técnica no es un trámite menor. Es el paso previo para habilitar contratos de exportación en firme, en un contexto donde la confiabilidad del suministro se vuelve un factor político y económico.

De la prueba técnica a la geopolítica del gas

El ensayo se inscribe en un cambio más amplio del mapa energético regional. La caída de las exportaciones de gas desde Bolivia obliga a Brasil a redefinir su matriz de abastecimiento. En ese escenario, Vaca Muerta aparece como alternativa.

La prueba actual replica, en otro formato, los testeos realizados un año atrás vía Bolivia. Pero introduce una diferencia clave: la posibilidad de un corredor directo entre Argentina y Brasil.

Ese cambio altera la lógica de interconexión regional. Deja de depender de terceros países y abre la discusión sobre infraestructura propia. El proyecto en análisis contempla una extensión de más de 550 kilómetros del lado brasileño para conectar con Porto Alegre y, potencialmente, con el cinturón industrial de San Pablo.

Actores en juego y control del sistema

El movimiento involucra a múltiples actores con intereses convergentes pero no necesariamente alineados. Del lado argentino, la operación del ducto está en manos de Transportadora Gas del Mercosur, con participación de Total Gas, Tecpetrol, Central Puerto y CGC. En Brasil, la operación corresponde a Transportadora Sulbrasileira de Gás, con presencia de Petrobras, Total Gas, Repsol e Ipiranga.

Las tareas técnicas del test están a cargo de Petrobras y Ámbar Energía, del grupo J&F. El objetivo es determinar si el sistema puede operar de forma continua y estable.

La central termoeléctrica de Uruguaiana, con 640 MW de capacidad instalada, funciona como punto de anclaje de esta estrategia. Diseñada para operar con gas importado, requiere hasta 2,8 millones de m³ diarios para plena carga. Su historial de funcionamiento irregular —alternando entre GNL y combustibles líquidos— expone la fragilidad del suministro en ausencia de un esquema estable.

Integración energética y disputa por el mercado brasileño

El test refuerza una tendencia: la integración energética bilateral empieza a pasar de la planificación a la ejecución. Para el sistema eléctrico brasileño, el gas argentino aparece como una alternativa competitiva y cercana, especialmente en contextos de baja hidraulicidad.

Pero el impacto trasciende lo técnico. La posibilidad de exportaciones firmes redefine la posición de Argentina como proveedor regional. También reconfigura la competencia por el mercado brasileño, donde conviven distintas rutas de abastecimiento.

El Plan Nacional Integrado de Infraestructura de Gas Natural y Biometano de Brasil, que prevé inversiones por US$7.500 millones en 14 obras, incluye la conexión con Argentina como una de las prioridades. El proyecto contempla un gasoducto de 593 kilómetros con capacidad de 15 millones de m³ diarios.

En paralelo, el Grupo de Trabajo Bilateral Argentina-Brasil avanzó en un informe técnico que evalúa múltiples alternativas: rutas vía Bolivia, Paraguay, Uruguay y una conexión directa. Esa diversidad de opciones refleja que la decisión final aún no está cerrada.

Entre la validación técnica y la decisión política

El test en curso no define por sí solo el futuro del corredor energético. Es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo que sigue es una fase donde lo técnico se cruza con lo político y lo económico.

Habrá que observar si los resultados habilitan contratos en firme y si avanzan las inversiones en infraestructura complementaria. También, cómo se ordena la competencia entre rutas alternativas y qué rol asumen los Estados en ese proceso.

La exportación de prueba reactivó un ducto. Pero, sobre todo, volvió a poner en discusión quién controla el flujo de gas en el Cono Sur y bajo qué condiciones. Ese debate, más que técnico, es estratégico.

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El oficialismo avanzó con la firma del dictamen de la ley Hojarasca en Diputados

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Con polémica por la falta de debate, el oficialismo logró hoy de manera exprés la firma del dictamen de mayoría del proyecto de ley “Hojarasca”, una iniciativa concebida por el ministro de Modernización y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que apunta a barrer con decenas de normas y regulaciones burocráticas que considera vetustas y obsoletas.

Detrás del pintoresco nombre del proyecto con que el proyecto fue bautizado existe el interés concreto de limpiar el digesto legislativo argentino de todas sus impurezas o excesos normativos.

Durante meses, la cartera liderada por Sturzenegger se dedicó a peinar exhaustivamente todo el digesto normativo vigente en nuestro país desde 1864 a la fecha, y presentó una iniciativa en 2024, que por no haberse tratado perdió estado parlamentario: en este segundo intento va por la revancha.

Con el dictamen de mayoría ya validado, la intención del oficialismo es tratarla durante una sesión a principios de mayo, luego de la esperada presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para el informe de gestión del 29 de abril. 

En el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General el secretario de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, explicó que las normas que se buscan derogar se clasifican en seis grupos.

Se encuentran aquellas que se pretenden suprimir por haberse cumplido su objeto, aquellas que limitan la libertad individual y restringen el derecho de propiedad, aquellas que suponen trámites inútiles, otras regulaciones que quedaron obsoletas por nuevas tecnologías, o por haber cambiado las circunstancias geográficas, sociales, económicas o por la sanción de leyes posteriores, normas que definen obligaciones para instituciones que ya no existen, y aquellas que crean organismos con financiamiento público.

A su turno, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, explicó que el objetivo de la iniciativa para barrer “legislación obsoleta” es “el ordenamiento normativo”. 

“Así como es conocido que hemos tenido en la historia de nuestro país un problema de inflación monetaria también en el ámbito legislativo tenemos un severo problema de inflación normativa”, indicó.

Y agregó que sumando leyes, decretos y resoluciones ministeriales “se contabilizan más de un millón de normas”. 

Desde luego uno de los objetivos de la desregulación es ordenar eso porque tiene un gran costo. El primer costo es para el ciudadano”, señaló.

También enfatizó que existe un “costo fuerte” para la administración pública porque “hay un problema de aplicación” de leyes que perdieron sentido práctico y que ya no son ejecutables.

Además apuntó que “hay organismos y estructuras que se crearon a partir de esas leyes que ya no cumplen ninguna función”.

A su entender, “este ordenamiento normativo es tan necesario para la certeza de los argentinos en qué normas les rige y para la certezas de los órganos de la administración para saber qué normas aplicar”.

Cacace aclaró que el de La Libertad Avanza no es el primer gobierno que se dedica a depurar el digesto jurídico, ya que es una tarea que encaró la gestión de Carlos Menem, que continuó Fernando de la Rúa y que retomaron años después los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Disconforme con la celeridad con la que el oficialismo cerró el debate, el diputado nacional de Unión por la Patria Diego Giuliano, planteó además que es “extraño que en este momento del país estemos discutiendo la hojarasca”.

Si bien reconoció que dentro del paquete de normas que el Poder Ejecutivo pretende derogar decenas de normas que quedaron obsoletas, como la ley de azotes, o el pago del impuesto a los sellos por la conscripción, advirtió que hay otras derogaciones que tocan temas “sensibles” y requieren de un abordaje más profundo, consultando a los sectores involucrados.

Lo presentan como una tarea de limpieza normativa, de una depuración de normas obsoletas, pero estamos frente a una intervención de mayor alcance del Poder ejecutivo que incide sobre el modelo del Estado y las prácticas y orientación del Estado”, subrayó el legislador massista.

“Por otro lado, han dejado pasar leyes que sí deberían haber sido analizadas para su derogación. Dejaron vigente la ley de telégrafos de la presidencia de Avellaneda, en tiempos de la Inteligencia Artificial”, criticó, y lamentó que desde el Gobierno hayan hecho “un dispendio de la administración”.

Según denunció Giuliano, “quieren tocar temas sensibles que tienen que ver con la educación, la salud y la cultura”, y además “han incorporado otras normas que merecen ser analizados con mayor seriedad, como la cuestión cartográfica”.

También reprochó que se busque derogar la ley de producción pública de medicamentos, que reduce costos del sistema sanitario y garantiza el acceso a los medicamentos”, y también se pretenda eliminar la norma sobre control sanitario de la lepra, cuando existen “300 a 400 casos” de esa enfermedad en la última década.

Otros temas que despertaron la advertencia del legislador de Unión por la Patria son la derogación de la ley de apicultura y del Consejo Federal de Juventud.

Sin dudas, uno de los puntos que más controversia durante el debate fue la intención del Gobierno de derogar la ley 11.380 que autoriza al Banco Nación a otorgar prestamos especiales a cooperativas y establece beneficios tributarios a ese tipo de entidades.

Al tomar la palabra, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman consideró que “solamente con un termo en la cabeza se puede levantar la mano para aprobar una ley de este tipo”. 

“Ante todo es una muestra de autoritarismo total hacer estas modificaciones sin consultas mediante”, siguió, y agregó que “esta ley lejos está de tener una implicancia menor” ya que “ataca la salud, las cooperativas y la cultura”, entre otros sectores.__IP__

La diputada de La Libertad Avanza Patricia Vásquez confirmó que “la decisión es ésta” y lamentó que no se puedan “poner de acuerdo porque el más mínimo sentido común nos tendría que ayudar a no tener leyes en desuso”.

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