Misiones consolida un modelo de seguridad preventiva en el ámbito educativo, impulsado por la División de Escuelas Seguras de la Policía y sostenido durante todo el ciclo lectivo, con un enfoque integral que articula acciones policiales, pedagógicas y digitales en los 79 municipios, orientado al cuidado de estudiantes, docentes y familias.
En línea con dinámicas que se observan a nivel nacional e internacional, especialmente vinculadas al uso de entornos digitales, la provincia fortalece este abordaje preventivo con acciones sostenidas que priorizan la detección temprana y la intervención coordinada entre los organismos del Estado.
En este marco, la fuerza de seguridad provincial mantiene un despliegue permanente en inmediaciones de los establecimientos escolares, con patrullajes activos y refuerzo de efectivos en horarios de ingreso y egreso. A su vez, las comisarías jurisdiccionales y divisiones operativas trabajan en coordinación con el sistema de emergencias 911, garantizando una respuesta inmediata ante cualquier requerimiento.
En paralelo, la Dirección de Policía Comunitaria lleva adelante charlas y talleres en instituciones de todos los niveles, brindando herramientas concretas a estudiantes, docentes y familias sobre convivencia, resolución de conflictos y uso responsable de redes sociales.
Por su parte, la Dirección de Cibercrimen complementa este abordaje mediante tareas de ciberpatrullaje y análisis preventivo de entornos digitales, lo que permite detectar de manera temprana posibles situaciones de riesgo y canalizarlas de forma adecuada.
Desde el sistema educativo, el Ministerio de Educación acompaña estas acciones con la implementación de protocolos de actuación y la difusión de materiales destinados a fortalecer la convivencia escolar, promoviendo además el rol activo de las familias en la detección temprana y el acompañamiento de niños, niñas y adolescentes.
En este esquema, se recuerda que toda conducta que pueda constituir un delito, tanto en el ámbito físico como digital, es intervenida de manera inmediata y puesta a disposición de la Justicia.
De esta manera, con un modelo de prevención activa, la seguridad y la prevención se articulan en red con la escuela, los padres, los alumnos y la Policía, priorizando el cuidado y el acompañamiento permanente en cada establecimiento educativo de la provincia.
El esquema de abastecimiento de gas para el invierno 2026 dio un giro en las últimas horas: el Gobierno nacional resolvió que el Estado, a través de Enarsa, vuelva a asumir la importación de Gas Natural Licuado (GNL), luego de que la licitación privada quedara en un virtual empate técnico. La decisión —aún sin confirmación formal pero validada por fuentes del sector— reconfigura una política que el propio oficialismo buscaba desarmar. En un contexto de precios internacionales en alza y tensión geopolítica, la pregunta es inevitable: ¿se trata de una marcha atrás táctica o de un límite estructural a la desregulación energética?
Una licitación sin definición y un regreso forzado del Estado
El proceso había comenzado en febrero con un objetivo explícito: transferir al sector privado toda la operación, desde la compra del GNL hasta la logística y la asunción del riesgo comercial. Dos empresas llegaron a la instancia final. La diferencia entre ambas ofertas fue mínima, inferior al 1%: USD 4,50 por millón de BTU frente a USD 4,57.
Ese margen activó mecanismos de desempate y dilató una definición que, en términos operativos, tenía plazos críticos. Históricamente, la contratación de buques se resuelve en los primeros meses del año. Sin embargo, la licitación se extendió hasta la semana pasada, en paralelo a un cambio abrupto en el escenario internacional.
El precio spot del GNL trepó hasta USD 22 por millón de BTU, más del doble del nivel observado en febrero, en un contexto atravesado por el conflicto en Medio Oriente. Esa volatilidad alteró los supuestos iniciales del proceso y dejó a la Secretaría de Energía frente a una decisión incómoda: adjudicar en condiciones inciertas o retomar el control.
La segunda opción fue la que terminó prevaleciendo. Enarsa, con casi dos décadas de experiencia en estas operaciones, ya inició gestiones para asegurar la llegada de los primeros buques en mayo.
Restricciones estructurales y dependencia estacional
Más allá del cambio de esquema, el dato de fondo no se modifica: Argentina seguirá necesitando importar entre 20 y 24 cargamentos de GNL durante el invierno. El problema no es la disponibilidad de recursos, sino la infraestructura.
La demanda residencial se dispara con las bajas temperaturas y el sistema de transporte no logra trasladar todo el gas desde las cuencas productoras hacia los centros de consumo. En ese vacío operativo, el GNL funciona como un mecanismo de respaldo para garantizar el abastecimiento, con un peso relevante también en la provisión a la industria.
Hasta el año pasado, el Estado compraba GNL a valores internacionales de entre USD 15 y USD 17 por millón de BTU y lo revendía en el mercado interno con subsidios que llevaban el precio a cerca de USD 2,7. El objetivo oficial era desarmar ese esquema. La coyuntura, sin embargo, forzó una reversión parcial.
Costos en alza y margen reducido
El nuevo escenario tiene una consecuencia directa: el costo de abastecimiento podría duplicarse. Estimaciones del sector ubican la factura del invierno 2026 en torno a USD 1.400 millones, frente a niveles significativamente menores el año anterior.
El aumento no responde a decisiones locales, sino a un contexto internacional más restrictivo. La suba de precios energéticos y la menor disponibilidad de buques encarecen la operación y reducen el margen de maniobra, tanto para el Estado como para eventuales operadores privados.
La propia licitación reflejó esa tensión. Las ofertas ajustadas, con diferencias marginales, expusieron un mercado que opera con alta incertidumbre y escaso espacio para absorber riesgos.
Un giro con implicancias políticas y regulatorias
La decisión de mantener la importación en manos del Estado introduce una señal ambigua en la estrategia energética del Gobierno. Por un lado, confirma la intención de avanzar hacia un esquema con mayor protagonismo privado. Por otro, evidencia que esa transición enfrenta límites cuando el contexto internacional se vuelve inestable.
El cambio también impacta en la relación con el sector energético. Las empresas que participaron del proceso quedaron frente a un escenario donde la definición no dependió exclusivamente de la competitividad de sus ofertas, sino de variables externas que reconfiguraron la ecuación.
Tiempos ajustados y un esquema en revisión
Con el invierno en puerta, la prioridad pasa por garantizar el abastecimiento. Enarsa ya se mueve para asegurar los primeros cargamentos, mientras la Secretaría de Energía revisa costos y condiciones del proceso.
El esquema que el Gobierno buscaba implementar —con contratos anuales y riesgo transferido al sector privado— queda, por ahora, postergado hacia 2027. La experiencia de este año funcionará como testeo de los límites reales de esa estrategia.
La política energética entra así en una zona de transición. Entre la necesidad de asegurar suministro y la intención de redefinir el rol del Estado, el equilibrio todavía no está cerrado.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) celebró hoy su Asamblea General Ordinaria anual, en la que renovó parcialmente su Consejo Directivo. En esta oportunidad, asumieron nuevos integrantes en representación de las distintas entidades y empresas que integran la CAC en todo el país, reflejando el amplio alcance sectorial y territorial de la Entidad presidida por Natalio Mario Grinman.
“Venimos de años muy desafiantes para la economía argentina, pero también de un período en el que se han empezado a encarar transformaciones profundas. Desde la CAC hemos acompañado con responsabilidad este proceso, convencidos de que la estabilidad macroeconómica es una condición indispensable para el desarrollo”, sostuvo el titular de la institución centenaria.
Asimismo, señaló que “los avances en materia de ordenamiento fiscal, desburocratización y simplificación son pasos en la dirección correcta, aunque todavía queda mucho por hacer para generar un entorno verdaderamente competitivo que incentive la inversión y el empleo formal”.
En esa línea, agregó: “El sector privado sigue demostrando su capacidad de adaptación y resiliencia. Ahora necesitamos consolidar reglas de juego claras y previsibles en el tiempo. Solo así podremos pasar de la estabilización a una etapa sostenida de crecimiento”.
Grinman también hizo hincapié en la importancia del sector representado por la CAC en la recuperación económica: “El comercio y los servicios son motores fundamentales de la actividad y el empleo en la Argentina. Su fortalecimiento es clave para dinamizar el mercado interno y mejorar la calidad de vida de la población”.
Finalmente, reafirmó el compromiso institucional de la entidad que preside: “Desde la CAC vamos a seguir trabajando para hacer oír la voz de las empresas y contribuir al diseño de políticas públicas que promuevan la inversión, la formalidad y la integración al mundo. El desafío ahora es consolidar este camino y transformar las expectativas en resultados concretos”.
Autoridades CAC 2026
La Mesa Ejecutiva de la CAC quedó constituida de la siguiente manera: Presidente: Natalio Mario Grinman (Natalio Mario Grinman); Vicepresidente I: Eduardo Eurnekian (Corporación América); Vicepresidente II: Guillermo Dietrich (Dietrich SA); Vicepresidente III: Alberto Grimoldi (Grimoldi SA); Secretario: Ángel Machado (Canon Medical Systems Argentina); Tesorero: Edgardo Phielipp (ACIPAN); Prosecretaria: Bettina Bulgheroni (Samconsult SA); Protesorera: María LuisaMacchiavello (Droguería del Sud SA); Prosecretario II: Rodrigo Perez Graziano (Peugeot Citröen Argentina SA); Protesorero II: Martin Cabrales (Cabrales SA); Vocales: Federico Braun (Asociación de Supermercados Unidos); Jorge Luis Di Fiori (Di Fiori y Cía. SA) y Artin Kalpakian (Kalpakian Hnos. SA).
Además de los integrantes de la Mesa Ejecutiva recién mencionados, el Consejo Directivo de la CAC está constituido de la siguiente forma:
Por socios activos: Jorge Aufiero (Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento); Diego Bleger (KPMG); Roberto Cetrolo (Cetrogar SA); Jacobo Cohen Imach (Mercadolibre SRL); Ignacio dos Reis (Química Oeste SA); Pedro Etcheberry (Estudio Etcheberry López French – Ulrich); Marcelo Elizondo (Marcelo Elizondo); Natalia Olmos (Grupo Olmos); Sofía Vago (Accenture SRL); Mariana Camino (ABECEB); Cristina Bomchil (Valuar Organización de Recursos Humanos); María Virginia Marinsalta (Alba Compañía Argentina de Seguros SA); Manuel Sánchez Gómez (Frávega SA); Ana Sumcheski (Globoaves Argentina SA) y Sol Vivanco (Nutriveg).
Por entidades sectoriales: Carlos Antonucci (Unión Argentina de Proveedores del Estado); Julita Maristany (Asociación Iberoamericana de Mujeres Empresarias); Fabián Ricardo Tutundjián (Cámara Argentina de Shopping Centers); Nancy Vieitez (Cámara Inmobiliaria Argentina); Guillermo Werner (Federación Argentina de Entidades Empresarias de Autotransporte de Cargas); Ricardo Zorzón (Cámara Argentina de Supermercados); Daniel Amato (Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado de la Provincia de Buenos Aires); José Víctor Clavería (Asociación Amigos Av. Santa Fe); Gabriela Ferrucci (Asociación de Hoteles de Turismo de la Rep. Argentina); Jorge Gómez Cao (Federación Argentina de Empleo); Susana Perrotta (Asociación Argentina de Marcas y Franquicias) y Gustavo Sambucetti (Cámara Argentina de Comercio Electrónico).
Por entidades territoriales: Daniel Ariosto (Unión Comercial e Industrial de Mendoza); Carlos Arecco (Bolsa de Comercio de Bahía Blanca); Tomás Grunhaut (Cámara de Comercio de Córdoba); Juan Gutiérrez (Cámara de la Costa Atlántica para Actividades Comerciales y Desarrollo); Roberto Nevares (Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa); Jorge Sobrero (Federación de Cámaras Empresarias de Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe); Daniel Betzel (Cámara de Comercio e Industria de la Provincia de Salta); Silvia Blugerman (Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes); Martín Giménez (Cámara de Comercio e Industria de Resistencia), Alejandro Haene (Confederación Económica de Misiones); Alejandra Rafael (Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero) y Héctor Viñuales (Federación Económica de Tucumán).
Comisión Revisora de Cuentas: Daniel Calzetta (Daniel Calzetta); Carlos Restaino (Asociación Argentina de Empresas de Juguetes y Afines); Edgardo Moschitta (Cámara de Comercio Exterior de Rosario); Santiago Cambra (Santiago Cambra); José Iglesias (Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande) y Luis Valinoti (Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense).La CAC representa desde 1924 al sector Comercio y Servicios de la Argentina, conforme a los principios de libertad económica e iniciativa privada. Actualmente nuclea a numerosas entidades sectoriales y territoriales, como así también a pequeñas, medianas y grandes empresas de todo el país. Integra el denominado Grupo de los Seis –conjunto de instituciones gremiales empresarias de cúpula– y cuenta con una sólida proyección internacional y una vasta labor en materia educativa con un Instituto Privado y la Universidad CAECE.
El pastor evangélico Dante Gebel retomó en los últimos días sus contactos con dirigentes políticos y sindicalistas y alentó las versiones de que podría formalizar su candidatura presidencial para 2027 luego del Mundial de Fútbol.
Con un perfil outsider y su intención de sumar voluntades transversalmente desde variados espacios políticos, sindicales y sociales, Gebel sigue adelante trabajando en la conformación de sus equipos para elaborar un plan de gobierno.
En los últimos días, mantuvo un encuentro con referentes de la CGT como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Juan Pablo Brey, entre otros.
También tuvo una reunión con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien el mes pasado había enviado a un funcionario suyo al encuentro federal que Consolidación Argentina que se realizó en Lanús para alentar la posible candidatura del pastor.
Además, Gebel grabó una entrevista con el periodista Luis Novaresio que se emitirá en las próximas horas en el canal de noticias A24.
“Dante está a full, con muchas ganas, va a seguir con su perfil outsider y sin criticar abiertamente al presidente Javier Milei”, le dijeron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes de su entorno.
Su candidatura coquetea con el peronismo, espacio con el que buscará converger en una “gran coalición” cuando llegue el momento, indicaron las misma fuentes.
El Gobierno de Javier Milei formalizó este miércoles el ingreso al Senado del proyecto de reforma electoral, una iniciativa de 79 artículos que propone eliminar las PASO, modificar el financiamiento de los partidos y establecer el criterio de Ficha Limpia. El texto ingresó a las 18 en la Cámara Alta y se posiciona como una de las apuestas centrales del oficialismo para reconfigurar el sistema político. No es un movimiento neutro: instala una discusión estructural en pleno calendario preelectoral y abre una pregunta de fondo sobre el alcance real de la reforma. ¿Se trata de una simplificación del sistema o de un rediseño de las reglas de competencia?
Un rediseño integral del sistema electoral
El proyecto no se limita a un cambio puntual. Modifica simultáneamente la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la normativa de democratización de la representación, el Código Electoral Nacional y el esquema de financiamiento partidario. En términos institucionales, busca intervenir en los tres pilares del sistema: selección de candidatos, funcionamiento de los partidos y financiamiento de la política.
La eliminación de las PASO aparece como el eje más visible. El Gobierno plantea que las internas deben quedar bajo responsabilidad de los partidos, sin financiamiento estatal. En términos prácticos, esto traslada el costo y la organización de la competencia interna a las estructuras partidarias, lo que puede alterar la dinámica de construcción de candidaturas.
El texto también endurece las condiciones para la existencia de los partidos. Exige un piso de afiliados equivalente al 0,5% del padrón por distrito —con un tope de 2.000.000— y obliga a acreditar presencia en al menos diez distritos para el reconocimiento nacional. Además, fija causales estrictas de pérdida de personería, como no alcanzar el 3% del padrón en elecciones sucesivas o no participar en comicios.
En paralelo, introduce la Ficha Limpia, que inhabilita candidaturas y cargos públicos para quienes tengan condena en segunda instancia por delitos dolosos. La medida se extiende a toda la estructura estatal, lo que amplía su impacto más allá del terreno electoral.
El capítulo de financiamiento redefine incentivos: prohíbe aportes anónimos y de ciertos actores, fija límites a las contribuciones y establece un esquema mixto donde el 20% de los fondos se distribuye de forma igualitaria y el 80% según resultados electorales. También habilita la posibilidad de que los partidos renuncien al financiamiento estatal.
Senado, provincias y el mapa del poder
La decisión de iniciar el debate en el Senado no es técnica. Es política. La Cámara Alta es el ámbito donde el oficialismo necesita construir acuerdos con los gobernadores, actores clave para cualquier modificación de reglas electorales.
La reforma impacta directamente en el poder territorial. La eliminación de las PASO y el endurecimiento de requisitos partidarios pueden fortalecer estructuras consolidadas y dificultar la irrupción de nuevos espacios o alianzas tácticas. A la vez, el rediseño del financiamiento altera la lógica de campaña y la distribución de recursos.
En ese contexto, los gobernadores aparecen como árbitros de la viabilidad del proyecto. El texto admite, implícitamente, que la aprobación dependerá de negociaciones abiertas, en un escenario donde las provincias buscan garantías sobre sus propios esquemas de poder.
El oficialismo, por su parte, intenta capitalizar el argumento del costo fiscal —las PASO demandaron $45.000 millones en 2023— y el discurso de transparencia para consolidar respaldo político. Sin embargo, el alcance de los cambios obliga a una discusión más profunda que excede el ahorro presupuestario.
Entre la depuración del sistema y la concentración de poder
La iniciativa combina elementos de ordenamiento institucional con decisiones que reconfiguran la competencia política. La eliminación de instancias abiertas de selección, el aumento de barreras de entrada y la centralidad del financiamiento privado pueden modificar el equilibrio entre oficialismo y oposición.
Al mismo tiempo, la incorporación de Ficha Limpia introduce un filtro ético con impacto directo en la oferta electoral, mientras que la regulación de campañas —con plazos estrictos y sanciones económicas— redefine el margen de acción de los partidos.
En términos económicos, el cambio en el financiamiento apunta a transparentar flujos y reducir la dependencia del Estado, pero también abre interrogantes sobre el peso relativo de aportes privados y su incidencia en la política.
Un debate que recién empieza
El proyecto fija plazos de adecuación hasta el 30 de junio de 2027 para los partidos ya existentes, lo que sugiere una transición prolongada. Sin embargo, la discusión política es inmediata. El oficialismo busca instalar el tema y condicionar la agenda legislativa en un año donde las reglas de juego adquieren centralidad.
En las próximas semanas, el foco estará en la capacidad del Gobierno para construir mayorías en el Senado y en la reacción de las provincias frente a un esquema que redefine incentivos y equilibrios.
La reforma electoral ya dejó de ser una propuesta técnica. Es, en esencia, una disputa por cómo se organiza el poder político en la Argentina. Y ese debate, lejos de cerrarse, recién empieza a desplegar sus tensiones.
