La ley de etiquetado frontal en Argentina atraviesa un momento de fuerte tensión política y regulatoria. A más de dos años de su implementación, la normativa que transformó las góndolas con advertencias visibles sobre excesos de azúcares, grasas, sodio y calorías enfrenta ahora modificaciones clave impulsadas desde el propio Estado nacional y presiones del sector empresarial.
Desde su reglamentación en 2022, la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable introdujo los octógonos negros como herramienta central de información al consumidor. Sin embargo, recientes disposiciones administrativas de la ANMAT modificaron aspectos sustanciales del sistema, generando preocupación en sectores vinculados a la salud pública.
Cambios técnicos con impacto estructural
El punto más controvertido radica en la modificación del criterio de evaluación nutricional. Hasta ahora, el sistema consideraba la composición total de los alimentos, en línea con los estándares de la Organización Panamericana de la Salud. Con los nuevos cambios, el análisis se limita únicamente a los nutrientes críticos agregados durante el proceso industrial.
Este giro metodológico tiene consecuencias directas: productos que no modificaron su composición pueden presentar menos sellos o incluso perderlos, generando una percepción más favorable en góndola sin mejoras reales en su calidad nutricional.
A su vez, se flexibilizaron aspectos vinculados a la publicidad, promoción y rotulado. Se habilita nuevamente el uso de mensajes positivos —como “rico en fibras” o “con vitamina C”— incluso en productos con advertencias, lo que podría inducir a confusión en el consumidor. También se relajan restricciones en estrategias de marketing dirigidas a niños, uno de los ejes más sensibles de la normativa original.
Estrategia regional: la discusión se traslada al Mercosur
En paralelo, el debate escala al plano internacional. El Gobierno nacional impulsa una “armonización” del etiquetado dentro del Mercosur, con el argumento de facilitar el comercio regional y reducir costos para la industria.
Sin embargo, especialistas advierten que este proceso podría implicar un retroceso para Argentina. El sistema local es considerado uno de los más exigentes de la región, mientras que países como Brasil utilizan modelos más flexibles, basados en símbolos menos visibles y umbrales más elevados para activar advertencias.
La eventual convergencia hacia ese esquema implicaría eliminar componentes clave del modelo argentino, como las advertencias sobre edulcorantes y cafeína, además de reducir la cantidad de productos alcanzados por los sellos.
Impacto en consumo e industria
Más allá de la disputa regulatoria, el etiquetado frontal ya mostró efectos concretos en el comportamiento del consumidor. Estudios del sector indican que uno de cada tres hogares modificó sus hábitos de compra a partir de la implementación del sistema, priorizando productos con menor cantidad de sellos o reduciendo su consumo.
Este cambio también generó una reacción en la industria alimenticia, que avanzó en la reformulación de productos para mejorar su perfil nutricional y reducir advertencias. Sin embargo, los recientes cambios regulatorios podrían alterar estos incentivos.
Un debate que excede lo técnico
La discusión sobre el etiquetado frontal refleja una tensión más amplia entre dos enfoques: uno centrado en la salud pública y otro en la competitividad y reducción de costos para el sector productivo.
En ese equilibrio, Argentina enfrenta una decisión estratégica: sostener un estándar alto de información al consumidor o avanzar hacia una flexibilización en pos de la integración regional.
