Mes: julio 2026

La startup argentina que reduce 40% los costos de investigación de mercado con IA

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Hace cuatro años, cuando Guillermo Langot, Nicolás Hoffmann y Fabricio Di Fiorio comenzaron a analizar el sector de la investigación de mercado y la atención al cliente en América Latina, descubrieron algo que parecía paradójico: en plena era digital, la industria seguía operando como si estuviéramos en los años 90.

Las encuestadoras y consultoras tradicionales funcionaban bajo un modelo que no había evolucionado sustancialmente en décadas. Mantenían costosos centros de llamadas físicos, invertían entre 60 y 70% de su presupuesto en operaciones (reclutamiento, capacitación, infraestructura), y tardaban entre una y dos semanas en lanzar una campaña de investigación. El resultado era predecible: solo el 20% de las empresas podía permitirse realizar estudios de opinión pública o investigaciones de mercado de manera sistemática. El 80% restante quedaba excluido simplemente porque no podía costear la inversión.

“Vimos una ineficiencia gigante”, recuerda Langot. “Las encuestadoras gastaban más dinero en operaciones que en lo que realmente generaba valor: el análisis de datos. Y las empresas pequeñas y medianas no tenían acceso a herramientas que les permitieran entender a sus clientes o medir la opinión pública. Eso nos pareció un problema de mercado, no una limitación tecnológica.”

Lo que los tres emprendedores identificaron fue más que una oportunidad de negocio: era una ineficiencia estructural que podía ser resuelta mediante arquitectura digital moderna.

En 2022, con una inversión inicial de apenas USD 30.000 aportados por los propios fundadores, comenzaron a construir lo que sería Oppers: una plataforma tecnológica nativa en la nube que combinaba inteligencia artificial con una red descentralizada de operadores remotos. La apuesta era audaz: construir la infraestructura moderna que el sector necesitaba.  La arquitectura técnica fue concebida desde cero con Modelos de Lenguaje Grande (LLM) en el núcleo y donde la automatización inteligente fuera parte integral de su ADN. El modelo operativo también fue revolucionario: en lugar de empleados en call centers, la plataforma conecta a profesionales independientes que trabajan desde sus hogares, con flexibilidad horaria y la posibilidad de elegir en qué proyectos participar según su disponibilidad. Un ecosistema de trabajo descentralizado que anticipaba las tendencias de economía colaborativa.

Después de dos años de desarrollo y refinamiento, la plataforma comenzó a demostrar su potencial. Los números fueron contundentes: reduce hasta un 40% el costo por contacto, es 3 veces más rápida (de semanas a horas), más del 60% de consultas resueltas por IA son sin intervención humana.

Pero el verdadero test de fuego llegó en 2024, cuando Oppers fue elegida para ejecutar un muestreo telefónico rápido con el objetivo de anticipar los resultados de las elecciones legislativas en Argentina. La plataforma coordinó encuestas en 4 jurisdicciones clave (CABA, Santa Fe, Córdoba y Provincia de Buenos Aires) con un tamaño de muestra de 380 casos por jurisdicción, totalizando 1.520 encuestas. El resultado: Oppers anticipó correctamente los resultados en las 4 jurisdicciones evaluadas.

Con la validación del mercado, el equipo hoy cuenta con 12 colaboradores directos y una red de 50 operadores remotos entrenados por la plataforma.

La plataforma se divide en dos soluciones principales que operan sobre la misma infraestructura:

Oppers Research: Diseñada para consultoras, encuestadoras y entidades gubernamentales, permite ejecutar trabajo de campo mediante tres modalidades integradas CATI (Encuestas telefónicas asistidas); IVR (Encuestas automáticas por voz), y Digital (Encuestas online). Un caso reciente es el Colegio de Arquitectos de Córdoba que utilizó la plataforma para un relevamiento dirigido a profesionales del rubro. En apenas 6 días, Oppers ejecutó más de 500 encuestas finalizadas con una tasa de respuesta del 48% y una penetración del 40% de la base total contactada. Con métodos tradicionales, ese proyecto habría tomado entre 3 y 4 semanas.

Oppers CX: Para empresas que necesitan gestionar conversaciones a escala, la plataforma unifica Voz, WhatsApp Business y Chat web en una sola interfaz, manteniendo el contexto del cliente independientemente del canal utilizado. Empresas que ya implementaron Oppers CX reportaron un incremento del 33% en satisfacción del usuario final y lograron que sus operadores manejaran 3.1 veces más conversaciones sin comprometer la calidad. Con esta tecnología se busca agilizar y asistir al operador. Además, permite que los equipos dediquen más tiempo a tareas de análisis y toma de decisiones, mientras que la tecnología resuelve gran parte de las tareas operativas y repetitivas.

“Oppers ofrece dos vías de consumo donde consultoras y empresas utilizan la plataforma con sus propios equipos; o servicios gestionados (“Llave en Mano”) que provee tanto la tecnología como el recurso humano certificado”, explica Langot. “Queremos que pequeñas consultoras puedan competir con grandes. Si una consultora de 5 personas puede acceder a la misma tecnología que una multinacional, el juego cambia. Y eso es exactamente lo que estamos logrando”. El impacto potencial es masivo: si actualmente solo el 20% de las empresas realiza investigación de mercado sistemática, el modelo de Oppers abre la puerta al 80% restante. Eso significa multiplicar por cuatro el tamaño del mercado direccionable.

El objetivo inmediato es expandir la red de operadores. La empresa busca alcanzar los 500 operadores activos. “Queremos que Oppers sea la infraestructura moderna que las consultoras latinoamericanas necesitaban”, agrega Hoffmann“Queremos ser el cambio de paradigma que hace obsoleta la infraestructura tradicional.”

En un mercado donde el 80% de las empresas aún no tiene acceso a herramientas de investigación de mercado de calidad, donde los tiempos de despliegue se miden en semanas y donde los costos fijos siguen siendo prohibitivos, la propuesta de tres emprendedores rioplatenses suena menos como un caso de éxito y más como una necesidad del mercado que finalmente encontró su solución. La pregunta ya no es si el modelo de Oppers funcionará. La pregunta es cuán rápido el sector tradicional tendrá que adaptarse para no quedar obsoleto.

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Misiones amplía el alivio financiero: prorroga la refinanciación de deudas e incorpora a jubilados nacionales

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En medio de la creciente presión sobre las finanzas de los hogares argentinos, el Gobierno de Misiones decidió extender durante todo julio el programa de refinanciación de deudas acordado con Banco Macro, incorporando además nuevos beneficiarios y flexibilizando las condiciones de acceso.

El anuncio fue realizado por el gobernador Hugo Passalacqua, quien confirmó la continuidad de la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, jubilados, pensionados y retirados provinciales. La principal novedad es que, por primera vez, también podrán acceder al beneficio los jubilados y pensionados de ANSES.

Asimismo, el esquema amplía el universo de personas alcanzadas al incluir a quienes registran deudas en mora con más de seis días de atraso, un requisito que hasta ahora limitaba el acceso a la refinanciación.

La operatoria se encuentra vigente desde el 1 de julio y permanecerá disponible hasta el 31 de julio de 2026.

“Junto al Banco Macro hemos dispuesto continuar la operatoria especial destinada a trabajadores públicos provinciales y municipales, así como también a jubilados, pensionados y retirados provinciales. Ampliamos también el beneficio en esta oportunidad a aquellos cuya deuda en mora vencida sea mayor a seis días e incluimos a jubilados y pensionados de ANSES”, expresó Passalacqua al comunicar la medida.

Refinanciar para aliviar el presupuesto familiar

El programa permite refinanciar préstamos personales y deudas de tarjetas de crédito bajo condiciones más favorables, con el objetivo de reducir la carga financiera que enfrentan miles de familias misioneras.

La decisión llega en un escenario nacional marcado por el deterioro de la capacidad de pago de los hogares. El aumento del costo de vida, la desaceleración del consumo y la utilización creciente del crédito para cubrir gastos corrientes llevaron a un incremento sostenido de la morosidad bancaria.

En ese contexto, la continuidad del programa apunta a brindar una herramienta concreta para reordenar las finanzas personales, evitando que los atrasos deriven en mayores costos financieros o en situaciones de sobreendeudamiento.

Los datos del sistema financiero muestran que el endeudamiento de las familias continúa en ascenso. En mayo, la morosidad bancaria alcanzó el 12,1%, el nivel más elevado de las últimas dos décadas, reflejando las dificultades de numerosos hogares para cumplir con los pagos de préstamos y tarjetas.

Al mismo tiempo, el crédito dejó de utilizarse exclusivamente para financiar bienes durables y pasó a convertirse, en muchos casos, en un mecanismo para afrontar gastos cotidianos como alimentos, medicamentos, servicios y otros consumos esenciales.

Frente a ese escenario, la prórroga del programa de refinanciación representa una política de alivio financiero que busca ofrecer mejores condiciones para quienes necesitan reorganizar sus obligaciones sin quedar excluidos del sistema formal de crédito.

Con la incorporación de jubilados y pensionados de ANSES y la flexibilización de los criterios de elegibilidad, el Gobierno provincial amplía el alcance de una herramienta que apunta a sostener el consumo y reducir el impacto del sobreendeudamiento sobre la economía de las familias misioneras.

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Caputo propone cancelar deudas de obra pública con bonos

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El Ministerio de Economía creó un Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones para saldar deudas con contratistas mediante títulos públicos. El esquema alcanza obligaciones acumuladas entre 2022 y 2025 y establece un cupo máximo de $221.119,5 millones, priorizando la regularización de pasivos sin ampliar el gasto presupuestario.

La medida, oficializada mediante la Resolución 1/2026 de la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, introduce un mecanismo voluntario para que empresas contratistas acepten bonos del Tesoro como forma de cancelación de certificados de obra, redeterminaciones de precios, acopio de materiales y obligaciones derivadas de contratos rescindidos. El objetivo oficial es ordenar los pasivos heredados de la obra pública preservando la estrategia de equilibrio fiscal.

Para el sector constructor, la resolución representa un cambio relevante: el Estado reconoce la existencia de obligaciones pendientes, pero reemplaza el pago en efectivo por instrumentos financieros que podrán mantenerse hasta su vencimiento o negociarse en el mercado secundario. La decisión traslada parte del costo financiero a las empresas, aunque también abre una vía para destrabar créditos cuya percepción permanecía incierta.

Un mecanismo para normalizar pasivos sin afectar el presupuesto

El régimen estará disponible para contratos ejecutados bajo la Ley 13.064 y también para obras financiadas por organismos multilaterales, siempre que dependan de las Secretarías de Obras Públicas o Transporte.

Las empresas tendrán 10 días hábiles desde la entrada en vigencia de la resolución para solicitar su adhesión mediante la plataforma Trámites a Distancia (TAD). Posteriormente deberán presentar la liquidación de sus acreencias, acompañada por la documentación respaldatoria y el cálculo de intereses por mora cuando correspondan. El procedimiento y el modelo de adhesión fueron aprobados en un anexo específico de la resolución.

Una vez validados los montos, ambas partes suscribirán un acta acuerdo que formalizará la cancelación de las obligaciones mediante títulos públicos.

Tres bonos para cancelar la deuda

El esquema combina tres instrumentos del Tesoro Nacional, distribuidos prácticamente en partes iguales:

  • 33% en una Lecap con vencimiento el 30 de octubre de 2026.
  • 33% en un Boncap con vencimiento el 15 de enero de 2027.
  • 34% en un Boncap con vencimiento el 30 de abril de 2027.

Los títulos serán entregados a su valor técnico al día hábil anterior a la transferencia y el programa tendrá un límite global de $221.119.509.519, que funcionará como cupo máximo de adhesión.

La adhesión implica renunciar a reclamos futuros

Uno de los aspectos más relevantes para las empresas es que el ingreso al régimen no sólo supone aceptar bonos como medio de pago.

La resolución establece que cada contratista deberá desistir expresamente de los reclamos administrativos o judiciales vinculados al contrato alcanzado y renunciar a futuras acciones relacionadas con la ecuación económica o financiera derivada de la modalidad de cancelación elegida.

Desde la óptica jurídica, el mecanismo busca otorgar certeza al Estado respecto del cierre definitivo de cada obligación una vez entregados los títulos.

Para muchas firmas, la posibilidad de convertir créditos demorados en activos financieros puede mejorar la previsibilidad patrimonial, aunque no necesariamente la liquidez inmediata.

La decisión también introduce un nuevo criterio para evaluar el riesgo contractual con el Estado nacional: los pagos pendientes podrán transformarse en instrumentos financieros cuya rentabilidad dependerá tanto de su vencimiento como de las condiciones del mercado secundario.

La eficacia del régimen dependerá del nivel de adhesión de las constructoras y del comportamiento de los títulos públicos utilizados para cancelar las acreencias. Si los bonos conservan liquidez y valor de mercado, el mecanismo podría acelerar el saneamiento de pasivos de la obra pública. Si, por el contrario, las empresas enfrentan dificultades para convertir esos activos en financiamiento operativo, persistirá el desafío de recomponer el capital de trabajo en un sector que continúa condicionado por la escasa ejecución de nuevas obras nacionales.

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Mercosur actualiza el régimen de zonas francas: un nuevo protocolo que impacta sobre el comercio regional

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Desde este 2 de julio comenzó a regir el 222° Protocolo Adicional del Acuerdo de Complementación Económica N°18, que incorpora al ordenamiento jurídico del Mercosur una nueva regulación sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. Para las economías regionales, la medida redefine el marco normativo bajo el cual operan estos instrumentos de promoción comercial.

La Cancillería argentina oficializó la entrada en vigor para el país del Ducentésimo Vigésimo Segundo Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica (ACE) N°18, celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El instrumento incorpora al tratado la Decisión Mercosur N° 02/25, referida al régimen de zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales, actualizando las reglas comunes del bloque.

El protocolo fue suscripto en Montevideo el 26 de junio de 2025 y comenzó a regir para la Argentina el 2 de julio de 2026, tras completarse el procedimiento previsto entre la Secretaría del Mercosur y la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

El texto del protocolo tiene un alcance puntual pero relevante: incorpora formalmente al ACE 18 la Decisión 02/25 del Mercosur, que regula el funcionamiento de los regímenes especiales vinculados al comercio exterior. Además, modifica el artículo 3 del anexo correspondiente al 113° Protocolo Adicional del mismo acuerdo.

Aunque la publicación en el Boletín Oficial no desarrolla el contenido técnico de la decisión incorporada, su entrada en vigencia implica que las nuevas disposiciones pasan a integrar el marco jurídico que regula las relaciones comerciales entre los cuatro socios del Mercosur.

Desde la perspectiva empresarial, esto significa que las operaciones desarrolladas bajo regímenes especiales deberán adecuarse a las reglas armonizadas acordadas por los Estados Parte.

¿Por qué es relevante para el NEA?

Las provincias del noreste argentino mantienen una fuerte vinculación logística y comercial con Paraguay y Brasil, dos de los principales destinos y orígenes del intercambio regional.

La actualización normativa adquiere especial importancia porque las zonas francas y las áreas aduaneras especiales constituyen herramientas destinadas a mejorar la competitividad mediante beneficios aduaneros y operativos para determinadas actividades industriales y comerciales.

Para sectores exportadores del NEA —como la forestoindustria, la producción yerbatera, el té, el arroz o la industria alimentaria— la previsibilidad regulatoria dentro del Mercosur resulta un componente clave para planificar inversiones, logística y estrategias comerciales de mediano plazo.

Qué cambia para las empresas

Más que introducir beneficios inmediatos, el protocolo consolida un nuevo marco normativo regional sobre instrumentos de promoción comercial.

Entre los aspectos relevantes para el sector privado se destacan entra en vigor para Argentina el 222° Protocolo Adicional del ACE 18. Se incorpora la Decisión Mercosur 02/25 sobre zonas francas, zonas de procesamiento de exportaciones y áreas aduaneras especiales. Se actualiza el régimen jurídico común aplicable entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Las nuevas disposiciones pasan a formar parte del marco legal del Mercosur para este tipo de operaciones comerciales.

La entrada en vigor del protocolo constituye un paso jurídico más dentro del proceso de actualización normativa del Mercosur. El verdadero impacto para el sector productivo dependerá de cómo cada Estado Parte implemente la Decisión 02/25 y de si las nuevas reglas contribuyen a facilitar el comercio intrabloque, reducir costos logísticos y otorgar mayor previsibilidad a los proyectos vinculados con zonas francas y regímenes aduaneros especiales. Para las economías del NEA, estrechamente integradas con los mercados vecinos, ese desarrollo tendrá incidencia directa sobre la competitividad regional.

Mercosur actualiza el régimen de zonas francas by CristianMilciades

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Los vídeos hechos con IA ya preocupan por su impacto en el desarrollo infantil y el consumo energético​

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La proliferación de vídeos generados con inteligencia artificial en redes sociales está cambiando la forma en que niños y adolescentes consumen contenido. Escenas hiperrealistas de animales imposibles o personajes ficticios con apariencia creíble ocupan cada vez más espacio en plataformas como TikTok, donde los algoritmos priorizan el tiempo de visualización. Más allá de las dudas sobre su impacto educativo, este fenómeno también implica un aumento del uso de infraestructuras digitales de alto consumo energético, una realidad estrechamente vinculada al crecimiento de la inteligencia artificial y el consumo de energía y con consecuencias indirectas para los hogares y el sistema eléctrico.

Riesgos para el desarrollo cognitivo

La expansión de contenidos creados íntegramente mediante inteligencia artificial preocupa a especialistas en desarrollo infantil por la dificultad que tienen los menores para distinguir entre realidad y ficción. La combinación de imágenes hiperrealistas, movimientos naturales y narrativas breves favorece una estimulación constante que puede afectar a la atención, la comprensión del entorno y el pensamiento crítico, especialmente durante las primeras etapas del aprendizaje.

  • Los algoritmos de recomendación multiplican la exposición a este tipo de vídeos al priorizar aquellos con mayor capacidad para captar la atención.
  • El consumo prolongado de contenidos sintéticos desplaza otras actividades esenciales, como la lectura, el juego libre o la interacción social presencial.
  • La exposición continuada dificulta la adquisición de criterios para identificar información fiable, al presentar contenidos artificiales con apariencia cada vez más realista.

Impacto energético del entretenimiento digital

Cada vídeo generado mediante inteligencia artificial requiere una elevada capacidad de procesamiento en centros de datos, cuyo funcionamiento depende de grandes cantidades de electricidad. Aunque el consumo individual de un usuario es reducido, la producción y reproducción masiva de estos contenidos incrementa la demanda energética de la infraestructura digital que sostiene las plataformas. Este fenómeno ya forma parte del debate sobre el crecimiento del consumo eléctrico asociado a la tecnología.

Para los consumidores, esta transformación también tiene una dimensión doméstica. Un mayor tiempo de uso de dispositivos, conexiones permanentes y servicios digitales supone un incremento del consumo energético en el hogar, lo que refuerza la importancia de aplicar medidas para reducir el consumo energético en un contexto de creciente digitalización.

Consumo responsable en el entorno familiar

Ante este escenario, los especialistas recomiendan reforzar la supervisión adulta y fomentar conversaciones sobre el funcionamiento de la inteligencia artificial, además de establecer límites de exposición a las pantallas. El objetivo no es evitar la tecnología, sino ayudar a los menores a desarrollar herramientas para interpretar de forma crítica unos contenidos cada vez más difíciles de diferenciar de los reales.

El crecimiento de la inteligencia artificial también invita a reflexionar sobre el uso responsable de la energía en los hogares. Reducir el tiempo de conexión innecesario y mejorar la eficiencia de los dispositivos puede contribuir a contener el consumo eléctrico, un aspecto que también termina reflejándose en la factura de la luz de muchas familias conforme aumentan los hábitos digitales.

Fuente: papernest.es

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