El caudal de las Cataratas del Iguazú continúa recuperándose y este miércoles mostró un nuevo incremento, acercándose a los 6.000 metros cúbicos por segundo, casi cuatro veces el caudal medio habitual.
De acuerdo con las últimas mediciones, a las 7 de la mañana el río registraba 5.660 metros cúbicos por segundo, mientras que la actualización de las 9 horas elevó ese volumen a 5.990 metros cúbicos por segundo, confirmando una tendencia ascendente.
El aumento responde a las precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú, especialmente en territorio brasileño, que comenzaron a reflejarse en el principal atractivo turístico de Misiones.
Aunque el volumen todavía se encuentra lejos de los niveles extraordinarios registrados durante grandes crecidas, el incremento devuelve una imagen imponente a los saltos y potencia el espectáculo para los visitantes que recorren el Parque Nacional Iguazú.
El caudal medio histórico de las Cataratas ronda los 1.500 metros cúbicos por segundo, por lo que el registro actual representa casi cuatro veces ese volumen y anticipa una jornada de gran intensidad para uno de los paisajes naturales más emblemáticos de la Argentina.
El Gobierno nacional prorrogó por otros diez años el permiso de explotación de Crucero del Norte para operar servicios públicos de transporte automotor internacional de pasajeros entre Argentina y Paraguay. La medida, oficializada mediante la Resolución 879/2026 del Ministerio de Economía, garantiza la continuidad de una de las principales conexiones terrestres del Mercosur y aporta previsibilidad a una empresa con fuerte presencia en Misiones, provincia estratégica para la integración regional.
La decisión extiende, desde el 28 de junio de 2026, la autorización originalmente otorgada en 2006 y renovada en 2015, consolidando la permanencia de la compañía en corredores internacionales de alta demanda. La prórroga se enmarca en el régimen establecido por el Acuerdo de Transporte Internacional Terrestre (ATIT), que regula los servicios de pasajeros entre los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).
La resolución destaca que la empresa acreditó el cumplimiento de los requisitos técnicos y regulatorios exigidos por la normativa vigente. La Dirección Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros verificó que Crucero del Norte mantiene su inscripción en el Registro Nacional de Transporte Automotor de Pasajeros, mientras que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) certificó las condiciones del parque móvil habilitado para prestar estos servicios.
El acto administrativo también refleja la continuidad del esquema regulatorio impulsado tras la reforma del sistema de transporte interjurisdiccional instrumentada mediante el Decreto 883/2024, que unificó los registros nacionales del sector y reorganizó las competencias de control sin modificar el marco internacional previsto por el ATIT.
La autorización renovada comprende tres servicios regulares entre Buenos Aires y Asunción, todos atravesando el Paso Internacional San Ignacio de Loyola, con distintas modalidades operativas y frecuencias semanales. Según el anexo de la resolución, Crucero del Norte continuará explotando una línea de servicio convencional económico con tres frecuencias semanales, una línea ejecutiva con cuatro frecuencias y otra diferencial también con tres servicios por semana.
Para Misiones, donde Crucero del Norte tiene su base operativa y una fuerte inserción en el transporte regional, la renovación representa un respaldo institucional para una empresa que históricamente desempeñó un rol clave en la conectividad del Nordeste argentino con Paraguay y el resto del Mercosur. La continuidad de estas rutas resulta relevante tanto para el movimiento de pasajeros como para la actividad turística, comercial y laboral entre ambos países.
La resolución mantiene, además, las obligaciones ya previstas para la empresa en materia de seguros internacionales y presentación de declaraciones juradas de horarios, conforme a las normas que regulan el transporte internacional por carretera.
Desde el punto de vista regulatorio, la medida no implica una nueva adjudicación sino la extensión de un permiso previamente otorgado, luego de que los organismos técnicos verificaran la capacidad operativa de la firma y el cumplimiento de las exigencias establecidas para este tipo de servicios.
Con esta decisión, el Ministerio de Economía busca asegurar la continuidad de corredores internacionales considerados estratégicos para la integración regional, al tiempo que brinda previsibilidad a las empresas que operan bajo el régimen del transporte terrestre internacional.
La política de actualización gradual de los impuestos sobre los combustibles suma un nuevo capítulo. Mediante el Decreto 562/2026, el Gobierno nacional modificó el cronograma previsto para la actualización de los tributos que gravan la nafta y el gasoil, manteniendo la estrategia de diferir parte de la carga fiscal para reducir el impacto inmediato sobre los precios en surtidor.
La medida posterga nuevamente una parte de los incrementos acumulados correspondientes a las actualizaciones previstas por la Ley 23.966, que se calculan trimestralmente según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En lugar de trasladar la totalidad del ajuste desde julio, el Ejecutivo resolvió aplicar únicamente una fracción y dejar el resto para el 1 de agosto de 2026.
Para el entramado productivo, la decisión tiene una lectura que va más allá del surtidor. El combustible representa uno de los principales costos transversales de la economía argentina: impacta sobre el transporte de cargas, la logística de exportación, la producción agropecuaria, la industria y el comercio.
En provincias como Misiones, donde buena parte de la actividad económica depende del transporte terrestre de largas distancias, cualquier variación en el precio del gasoil repercute sobre toda la cadena de costos, desde la producción primaria hasta la distribución comercial.
Un incremento parcial para contener el traslado a precios
El decreto establece que durante todo julio regirá únicamente una actualización parcial de los impuestos.
Los incrementos fiscales fijados son:
Naftas: aumento de $21,192 por litro en el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y $1,298 en el impuesto al dióxido de carbono.
Gasoil: incremento de $18,959 por litro en el impuesto específico, $10,266 correspondientes al tratamiento diferencial y $2,161 por dióxido de carbono.
La actualización completa de los remanentes acumulados durante 2024, los primeros dos trimestres de 2025 y parte de 2026 quedó reprogramada para los hechos imponibles que se produzcan desde el 1 de agosto, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma, una práctica que se repitió durante los últimos meses.
Una herramienta para administrar el impacto inflacionario
Aunque los impuestos a los combustibles tienen una actualización prevista por ley, el Poder Ejecutivo viene utilizando decretos para escalonar su aplicación.
La lógica económica detrás de esta decisión responde a dos objetivos simultáneos: Por un lado, evitar que un incremento tributario significativo acelere la inflación mensual mediante un aumento inmediato de los combustibles. Por otro, mantener cierta previsibilidad sobre los costos de transporte para los sectores productivos mientras continúa el proceso de desaceleración inflacionaria.
El propio decreto fundamenta la decisión en la necesidad de “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, combinando el objetivo de equilibrio de las cuentas públicas con una implementación gradual de la carga impositiva.
La postergación parcial del impuesto no elimina futuros aumentos, pero sí distribuye su impacto en el tiempo, permitiendo una planificación más gradual de costos operativos.
Para el sector privado, los principales efectos son menor presión inmediata sobre los costos logísticos durante julio. Reducción del impacto inflacionario derivado del precio de los combustibles. Persistencia de incertidumbre respecto del ajuste previsto para agosto. Mayor previsibilidad de corto plazo para industrias, transportistas y cadenas comerciales.
Un alivio transitorio que mantiene pendiente el ajuste fiscal
La estrategia oficial no implica una reducción de impuestos, sino un diferimiento de su aplicación.
Eso significa que la presión tributaria prevista por la legislación permanece vigente, aunque distribuida en distintos momentos para amortiguar sus efectos sobre la inflación y el consumo.
Desde la óptica fiscal, el Estado posterga parte de la recaudación potencial; desde la mirada empresarial, se evita un incremento más pronunciado del costo operativo en un solo mes.
El principal interrogante pasa por agosto. Si el cronograma establecido en el decreto se cumple sin nuevas modificaciones, el mercado enfrentará la aplicación del remanente acumulado de las actualizaciones impositivas. La decisión que adopte el Gobierno dependerá del comportamiento de la inflación, la evolución del precio internacional del petróleo y la estrategia oficial para sostener la desaceleración de los precios sin resignar recursos fiscales.
Casi 100 familias rurales del municipio de San Pedro, Misiones, mejoraron en más de 5 veces el volumen de agua disponible en sus hogares, pasando de 300 a más de 1500 litros diarios. Las familias, participantes del proyecto “Restaurando la Selva Misionera para las Personas y la Naturaleza” que impulsa la Fundación Vida Silvestre Argentina, hoy cuentan con acceso estable a agua para consumo –previa ebullición o cloración-, higiene y producción. Este logro fue posible mediante un trabajo conjunto que combina restauración ambiental, fortalecimiento comunitario e infraestructura adaptada a las necesidades locales.
“Para muchas familias de la zona, acceder al agua implicaba, hasta hace poco, recorrer más de 500 metros con baldes y bidones, depender de vecinos o utilizar vertientes con escasa disponibilidad”, señaló Lucía Lazzari, coordinadora de biodiversidad de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Hoy, esa realidad cambió absolutamente. Las soluciones fueron pensadas caso por caso, realizando un relevamiento previo y en contante diálogo entre las familias y el equipo técnico, buscando garantizar agua de mejor calidad y en cantidad suficiente“, agregó.
La Fundación Vida Silvestre Argentina, en conjunto con el INTA y la Municipalidad de San Pedro impulsan acciones buscando la recuperación de la selva misionera y la conservación de la biodiversidad. Para ello se desarrollan diferentes estrategias como el fortalecimiento de actividades productivas amigables con el ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. En este marco, se realizaron mejoras en sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua provenientes de vertientes naturales.
Los trabajos incluyeron la protección de nacientes de agua, la construcción y mejora de reservorios, la instalación de sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento, y la adecuación de infraestructuras que permiten llevar agua directamente hasta las viviendas. Cada intervención fue diseñada junto a las familias, considerando las características particulares de cada chacra, la ubicación de las vertientes y las necesidades de quienes viven y producen en el territorio.
Los resultados son visibles
Las familias disponían, en promedio, de alrededor de 300 litros diarios. Actualmente cuentan con reservorios con poco más de 1.700 litros de agua para consumo –luego de hervirla o clorarla- y producción. Algunas familias contaban con menos de 50 litros diarios para consumo –según la Organización Mundial de la Salud se necesitan entre 50 y 100 litros por persona por día para cubrir necesidades básicas– y/o la necesidad de transportar agua en baldes y bidones desde más de 500 metros de sus casas. Hoy además cuentan con sistemas que permiten disponer de agua directamente en sus hogares.
Este cambio representa mejores condiciones de higiene, menos esfuerzo destinado al acarreo de agua y mayores oportunidades para fortalecer pequeñas producciones rurales.
“Estas acciones forman parte de una visión integral del desarrollo sostenible que buscamos junto a las familias, donde promueve la conservación y restauración de la selva de la mano de mejorar la calidad de vida de las comunidades locales”, concluyó Lazzari.
El Gobierno nacional oficializó la homologación del acuerdo alcanzado en la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), mediante el cual se extiende hasta el 31 de agosto de 2026 la suspensión de la implementación del nuevo Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional.
La decisión, formalizada a través del Decreto 565/2026, no modifica salarios ni incorpora nuevos beneficios para el personal estatal. Su principal efecto consiste en mantener vigentes las reglas de funcionamiento anteriores para los cargos directivos del Estado mientras el Ejecutivo y los gremios continúan evaluando una revisión integral del sistema.
La prórroga alcanza a las modificaciones introducidas en el convenio colectivo durante 2022, cuya aplicación ya había sido diferida en oportunidades anteriores. Según el acuerdo homologado, continuará vigente el régimen previo a las reformas impulsadas por el Decreto 788/2019, con las actualizaciones que posteriormente hubieran sido incorporadas.
Desde la perspectiva de la administración pública, la medida busca evitar la entrada en vigor de un esquema cuya implementación aún no cuenta con una definición consensuada. El Ejecutivo argumenta que resulta necesario revisar integralmente el modelo antes de poner en funcionamiento un nuevo régimen para la conducción profesional de los organismos nacionales.
La negociación se desarrolló en el ámbito de la Secretaría de Trabajo, con participación de la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y las organizaciones sindicales con representación en el sector.
El acta refleja posiciones diferenciadas entre los gremios. UPCN aceptó la propuesta oficial, mientras que ATE rechazó la prórroga, aunque la negociación quedó perfeccionada conforme al procedimiento previsto por la Ley 24.185 para las convenciones colectivas del sector público.
Alcances de la decisión
La homologación extiende hasta el 31 de agosto de 2026la suspensión de la entrada en vigencia del Régimen de Dirección Pública previsto para la Administración Pública Nacional. La incorporación del artículo 24 bis al Convenio Colectivo Sectorial del SINEP. La derogación de diversos artículos del convenio vigente que habían sido aprobados en la reforma de 2022. La continuidad del régimen normativo anterior mientras se define un esquema definitivo.
Para provincias como Misiones, donde numerosos sectores económicos interactúan con dependencias nacionales vinculadas al comercio exterior, infraestructura, energía, producción o ambiente, la continuidad del esquema vigente evita cambios administrativos inmediatos en los organismos nacionales.
El plazo fijado por el acuerdo vence el 31 de agosto de 2026. Antes de esa fecha el Gobierno deberá definir si implementa finalmente el nuevo Régimen de Dirección Pública, acuerda una nueva prórroga o presenta una reformulación integral del sistema. La definición excede la política laboral estatal: también marcará el rumbo de la profesionalización y organización de la alta gestión pública nacional, un componente relevante para la previsibilidad institucional que demanda el sector productivo.
