Día: 3 agosto, 2026

Crypto as a Service: cómo ofrecer servicios cripto sin construir toda la infraestructura desde cero

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Hace unos años, una empresa que quería incorporar criptomonedas a su producto tenía básicamente dos opciones: desarrollar gran parte de la tecnología por su cuenta o depender de varias soluciones independientes. Ninguna era especialmente sencilla. Había que conectar proveedores, desarrollar wallets, integrar sistemas de trading y resolver una larga lista de cuestiones operativas.

Hoy existe otra vía. Las soluciones de criptomonedas como servicio permiten integrar determinadas funciones relacionadas con activos digitales utilizando una infraestructura ya desarrollada. El modelo resulta especialmente interesante para fintechs, bancos, plataformas de pago y otros negocios que quieren añadir servicios cripto sin convertirse primero en una empresa especializada en blockchain.

El problema de construirlo todo internamente

Imaginemos una fintech que quiere permitir a sus clientes comprar y vender criptomonedas desde su propia aplicación. Sobre el papel, la función parece sencilla: añadir una nueva sección, mostrar algunos activos y habilitar las operaciones. Detrás de esa pantalla hay bastante más trabajo.

La empresa necesita acceso al mercado, liquidez, ejecución de órdenes y tecnología para gestionar las operaciones. También debe pensar en seguridad, procesos de cumplimiento, mantenimiento técnico y en cómo conectar todo eso con su infraestructura actual. Desarrollar cada componente internamente puede llevar meses. Y el trabajo no termina con el lanzamiento. Los sistemas necesitan mantenimiento, actualizaciones y capacidad para adaptarse a cambios tanto tecnológicos como regulatorios. Crypto as a Service, o CaaS, nace precisamente para reducir parte de esa complejidad.

El usuario puede no saber que hay un proveedor detrás

Una de las características más interesantes de este modelo es que la experiencia puede mantenerse dentro del producto original. Un cliente entra, por ejemplo, en la aplicación de una fintech que ya utiliza. Desde allí puede acceder a determinadas funciones relacionadas con criptomonedas sin tener que registrarse necesariamente en varias plataformas diferentes.

Mientras tanto, parte de la infraestructura puede estar proporcionada por un tercero. Esto permite que la empresa conserve la relación directa con su usuario y se concentre en el producto, mientras utiliza tecnología especializada para determinadas funciones que sería costoso desarrollar desde cero.

¿Qué puede incluir una solución CaaS?

No existe un paquete idéntico para todos los proveedores. Dependiendo de la infraestructura, una empresa puede acceder a funciones relacionadas con compra y venta de activos, conversión entre criptomonedas, wallets, liquidez o herramientas de integración mediante API. Lo importante es que estas capacidades puedan incorporarse al servicio existente de forma relativamente modular.

Una fintech quizá quiera empezar ofreciendo acceso a unos pocos activos. Más adelante podría ampliar la funcionalidad. Otra empresa puede necesitar únicamente una parte concreta de la infraestructura. Ese enfoque evita tener que lanzar desde el primer día un ecosistema cripto completo.

Externalizar tecnología no significa externalizar la responsabilidad

Aquí aparece un matiz importante. Utilizar infraestructura de terceros puede reducir la carga de desarrollo, pero la empresa sigue teniendo que entender qué está ofreciendo a sus clientes. Antes de elegir un proveedor conviene saber cómo se gestionan los activos, qué medidas de seguridad existen, qué jurisdicciones cubre el servicio y qué responsabilidades corresponden a cada parte.

También hay una cuestión práctica: ¿qué ocurre si algo falla? Si una función cripto está integrada directamente en una aplicación bancaria o fintech, el usuario probablemente acudirá primero a esa empresa, no al proveedor tecnológico que opera detrás. Por eso, la calidad del soporte y la claridad en la distribución de responsabilidades importan tanto como la propia integración.

Comprar tecnología o construirla: no siempre hay una respuesta obvia

Desarrollar infraestructura propia ofrece más control. También requiere tiempo, especialistas y recursos para mantenerla. Utilizar CaaS puede acelerar la entrada al mercado, aunque implica depender de capacidades proporcionadas externamente. La decisión suele depender del modelo de negocio.

Para una compañía cuyo producto principal no es la infraestructura blockchain, dedicar meses a construir sistemas que ya existen puede no tener demasiado sentido. En cambio, una empresa que necesita una arquitectura muy específica quizá prefiera desarrollar determinados componentes internamente. También existe un punto intermedio: mantener algunas funciones propias y utilizar proveedores externos para otras.

La integración inicial es solo una parte de la decisión

Una API bien documentada y una implementación rápida son ventajas evidentes, pero conviene pensar un poco más allá del lanzamiento. ¿Qué ocurrirá si el número de usuarios se multiplica? ¿Será posible incorporar nuevos activos? ¿Puede la infraestructura soportar un aumento considerable de operaciones? ¿Qué cambios serían necesarios para entrar en otro mercado?

Cambiar de proveedor cuando un producto ya tiene miles de usuarios suele ser mucho más complicado que hacerlo durante la fase inicial. Por eso, la escalabilidad merece analizarse desde el principio.

CaaS convierte la infraestructura en una pieza, no en todo el proyecto

La principal utilidad de Crypto as a Service quizá sea precisamente esa: una empresa no necesita convertirse en experta en cada capa tecnológica para empezar a ofrecer determinadas funciones cripto. Puede apoyarse en infraestructura existente y dedicar más recursos a aquello que realmente diferencia su producto: la experiencia del usuario, su mercado, la distribución o los servicios que construye alrededor de los activos digitales.

Eso no elimina la complejidad del sector ni convierte una integración cripto en un proceso automático. Pero sí cambia una pregunta fundamental. En lugar de plantearse «¿cómo construimos todo esto desde cero?», una empresa puede empezar por otra mucho más práctica: «¿qué necesitamos controlar nosotros y qué tiene sentido integrar como servicio?».

Descargo de responsabilidad: Este artículo tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoramiento financiero, de inversión ni de trading. No debe interpretarse como una recomendación para comprar, vender o mantener ninguna criptomoneda o activo digital. Los mercados de criptomonedas son altamente volátiles, y la inversión en activos digitales conlleva el riesgo de perder parcial o totalmente los fondos invertidos. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, es fundamental realizar una investigación propia y evaluar cuidadosamente la tolerancia al riesgo.

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Trump asegura que este lunes se retomará el diálogo con Irán tras frenar una ofensiva militar

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este lunes se reanudarán las conversaciones con Irán, luego de revelar que dejó sin efecto un ataque de gran escala que, según afirmó, estaba listo para ejecutarse.

Durante declaraciones a periodistas a bordo del Air Force One, al regresar de un fin de semana en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey, Trump sostuvo que las negociaciones comenzarán en las próximas horas y expresó expectativas de alcanzar un entendimiento con Teherán.

El mandatario, según consignaron distintas agencias internacionales, aseguró que las autoridades iraníes estaban al tanto de la magnitud de la operación militar prevista y señaló que la decisión de no avanzar respondió, en parte, a pedidos formulados por países aliados de Washington.

Según explicó, Mohammed bin Salman, junto con los gobiernos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, promovieron una desescalada del conflicto al considerar que aún existe margen para un acuerdo diplomático.

Trump indicó que las conversaciones apuntarán, en una primera etapa, a garantizar la seguridad del estrecho de Ormuz y, posteriormente, a avanzar hacia un entendimiento sobre el programa nuclear iraní, objetivo que definió como la “desnuclearización de Irán”.

En ese contexto, la agencia oficial saudita informó que el príncipe heredero mantuvo una conversación telefónica con Trump para impulsar una reducción de las tensiones. Versiones periodísticas también señalaron que, durante ese contacto, el líder saudita manifestó su preocupación por un eventual ataque contra territorio iraní.

Consultado sobre los blancos que podría haber tenido la ofensiva suspendida, el presidente estadounidense evitó brindar precisiones. No obstante, recordó que Estados Unidos mantiene plena capacidad militar y reiteró que su país está preparado para responder si la situación lo requiere.

Del lado iraní, los medios estatales rechazaron la versión de que Teherán hubiera solicitado la cancelación de la operación. Incluso, la agencia semioficial Fars difundió un mensaje en el que descalificó las afirmaciones del mandatario estadounidense.

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Más presión sobre los combustibles: actualizan los biocombustibles y suma otro factor de aumento para agosto

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Las Resoluciones 188 y 189 de la Secretaría de Energía fijaron los nuevos precios mínimos para agosto en el marco de la Ley 27.640 de Biocombustibles. El bioetanol elaborado a partir de caña de azúcar pasó a costar 1.061,87 pesos por litro, mientras que el producido con maíz quedó establecido en 973,24 pesos por litro, ambos con un incremento del 1,75% respecto de los valores vigentes durante julio.

En paralelo, el biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil aumentó hasta 2.001.063 pesos por tonelada, lo que representa una suba del 4% mensual, un porcentaje que supera ampliamente la inflación estimada para junio, del 1,9%.

Si bien estos incrementos no se trasladan íntegramente al precio que pagan los consumidores, sí impactan en la estructura de costos de las petroleras debido a la obligatoriedad de incorporar biocombustibles a los combustibles fósiles. En Argentina, la nafta contiene un corte obligatorio del 12% de bioetanol, distribuido en partes iguales entre caña de azúcar y maíz, mientras que el gasoil incorpora 7,5% de biodiésel, porcentaje que puede modificarse por decisión oficial, aunque la legislación establece un piso mínimo del 5%.

El ajuste se suma a otra decisión reciente del Gobierno: la actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), un mecanismo que el Ministerio de Economía venía postergando para evitar un mayor traslado a la inflación.

Con esa modificación, la carga tributaria sobre la nafta aumentó a 10,57 pesos por litro en concepto de ICL y 0,64 pesos por IDC. En el caso del gasoil, los valores pasaron a 9,50 pesos y 1,09 pesos por litro, respectivamente.

La estrategia oficial de escalonar los ajustes impositivos responde a un delicado equilibrio entre recomponer la recaudación fiscal y evitar un salto abrupto en uno de los precios con mayor capacidad de transmisión sobre el resto de la economía. El combustible continúa siendo uno de los principales insumos para el transporte de cargas, la producción industrial y las actividades agropecuarias, por lo que cualquier variación repercute rápidamente sobre la cadena de costos.

El campo también siente el impacto

Las resoluciones tienen además una lectura productiva. El aumento mejora los ingresos de las industrias que elaboran biocombustibles, un sector estrechamente vinculado al agro argentino. El bioetanol de maíz fortalece la cadena cerealera, mientras que el derivado de caña de azúcar beneficia principalmente a los ingenios del NOA. En tanto, el biodiésel continúa siendo una salida estratégica para la industrialización de la soja.

Desde esa perspectiva, la actualización busca preservar la rentabilidad de las plantas elaboradoras frente al incremento de los costos de producción, tal como prevé el marco regulatorio vigente. La Secretaría de Energía justificó la decisión señalando que las condiciones actuales del mercado ameritan una nueva adecuación de precios para garantizar el abastecimiento de la mezcla obligatoria.

Un mercado que también mira al petróleo

A las variables domésticas se suma un contexto internacional que mantiene elevada la incertidumbre. Las tensiones en Medio Oriente y las dificultades sobre el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz continúan generando volatilidad en la cotización del petróleo, aunque hasta el momento parte de ese efecto fue amortiguado por la política comercial de YPF.

Desde la desregulación parcial del mercado iniciada en 2024, los precios de los combustibles dejaron de depender exclusivamente de las decisiones del Gobierno nacional. Las petroleras recuperaron mayor libertad para definir sus estrategias comerciales y ya no están obligadas a informar previamente los aumentos, un esquema que modificó el funcionamiento del mercado y permitió acelerar la recomposición de precios luego de varios años de atraso relativo.

Según datos del portal especializado Surtidores, el precio nominal de la nafta súper en la Ciudad de Buenos Aires acumuló incrementos superiores al 257% desde el inicio de la actual administración, reflejando el proceso de normalización de precios impulsado tras la liberalización del sector.

En ese escenario, el ajuste de los biocombustibles representa un nuevo factor de presión sobre los surtidores. Aunque el efecto directo sea limitado por el bajo porcentaje de mezcla, la combinación entre impuestos, costos de producción y volatilidad internacional mantiene abierta la posibilidad de nuevas actualizaciones en los precios durante las próximas semanas.

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Otorgarán un bono extraordinario de $50.000 a las fuerzas federales de seguridad

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El Gobierno nacional oficializó el otorgamiento de una suma fija extraordinaria de $50.000 para el personal de las fuerzas federales de seguridad. La medida, establecida mediante el Decreto 696/2026, alcanza a efectivos en actividad de la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el Servicio Penitenciario Federal y la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal.

El beneficio será abonado por única vez junto con los haberes correspondientes al mes de agosto de 2026 y tendrá carácter remunerativo y no bonificable, lo que implica que integrará el salario para ese período, aunque no se incorporará al haber permanente ni servirá de base para el cálculo de adicionales futuros.

La norma también incluye a los alumnos de la Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, quienes también percibirán el bono extraordinario de $50.000.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la decisión busca “reconocer y mantener una adecuada jerarquización” del personal de las fuerzas federales, en función de las responsabilidades y el nivel de dedicación que demanda el cumplimiento de sus tareas. El Gobierno considera que este reconocimiento resulta necesario para fortalecer la estructura salarial del sector en el actual contexto.

El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del ministro de Seguridad Nacional, Diego Santilli, y de la secretaria de Coordinación Administrativa del ministerio, Alejandra Susana Monteoliva. Asimismo, faculta a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público a dictar las normas complementarias que sean necesarias para la implementación del beneficio.

La medida se suma a las decisiones salariales adoptadas durante el año para distintos sectores de la administración pública nacional. En este caso, el Ejecutivo optó por un pago extraordinario y excepcional, en lugar de incorporar un incremento permanente a las escalas salariales de las fuerzas de seguridad.

El financiamiento del bono se realizará con los créditos presupuestarios asignados al Ministerio de Seguridad Nacional y comenzará a regir con su publicación en el Boletín Oficial, aunque su percepción efectiva se concretará con la liquidación de los haberes de agosto.

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Simplifican el Código Alimentario: menos trámites para importar insumos y más poder de control para el Senasa

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El Gobierno nacional avanzó con una profunda reforma del Código Alimentario Argentino (CAA) al publicar el Decreto 697/2026, una norma que busca reducir la burocracia en la importación de alimentos, ingredientes y aditivos, acelerar los procesos de autorización para la industria y concentrar en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) la mayor parte de las funciones operativas del sistema de control alimentario.

La medida forma parte de la estrategia de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei y modifica una serie de decretos vigentes desde hace décadas para adaptar el régimen sanitario a un esquema basado en el reconocimiento de certificaciones internacionales y en la simplificación de procedimientos administrativos.

Uno de los cambios más relevantes para la industria alimentaria es que los productos, aditivos, ingredientes, coadyuvantes tecnológicos y envases provenientes de países con sistemas sanitarios reconocidos por Argentina o que aplican las normas del Codex Alimentarius (FAO/OMS) ya no deberán atravesar el proceso de incorporación previa al Código Alimentario Argentino. Bastará con presentar la certificación correspondiente y una declaración jurada de importación, sin que la autoridad sanitaria pueda exigir requisitos adicionales.

Hasta ahora existía una diferencia regulatoria que permitía importar alimentos terminados elaborados con determinados insumos, mientras esos mismos ingredientes no podían ser utilizados por fabricantes argentinos sin atravesar largos procesos de aprobación. El Gobierno sostiene que esa asimetría perjudicaba la competitividad de la industria nacional y encarecía la incorporación de nuevas tecnologías y desarrollos productivos.

La reforma también introduce cambios en los plazos administrativos. Las autoridades sanitarias deberán responder los pedidos de autorización de nuevos productos en un máximo de 30 días y, si ese plazo vence sin resolución, las empresas podrán comenzar a comercializarlos utilizando el número de trámite hasta que se complete la aprobación definitiva. Asimismo, las solicitudes para incorporar nuevos ingredientes, procedimientos o tecnologías al Código Alimentario deberán resolverse en un plazo máximo de 60 días.

En materia de exportaciones, el decreto elimina requisitos adicionales impuestos por Argentina cuando el país de destino no los exige. Desde ahora, los alimentos destinados al mercado externo deberán cumplir únicamente con las normas sanitarias y comerciales establecidas por el comprador internacional, mientras que el Estado nacional emitirá los certificados correspondientes cuando sean requeridos.

Otra de las modificaciones estructurales consiste en el fortalecimiento del Senasa como autoridad operativa del sistema. El organismo concentrará el registro de productos alimentarios importados, la fiscalización de establecimientos, los controles higiénico-sanitarios, la administración de una base única nacional de datos, las inspecciones y la aplicación de sanciones por infracciones al Código Alimentario.

En paralelo, el Ministerio de Salud, a través de la Secretaría de Gestión Sanitaria, conservará la rectoría normativa en materia de salud pública. Será el encargado, junto con la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, de actualizar el Código Alimentario Argentino, incorporar nuevos alimentos y establecer criterios sanitarios, microbiológicos y toxicológicos.

La norma también modifica el régimen de importaciones. Los alimentos certificados por países incluidos en el listado reconocido por Argentina podrán ingresar mediante una declaración jurada acompañada por un certificado de libre venta o documento equivalente. Solo los productos provenientes de otros mercados deberán someterse al proceso completo de inscripción en los registros nacionales y a controles analíticos antes de su comercialización.

No obstante, el decreto mantiene la posibilidad de realizar controles preventivos cuando existan riesgos comprobados para la salud humana, animal o vegetal, cuando se detecten signos de deterioro de la mercadería o inconsistencias documentales durante el proceso de importación.

Otro cambio con impacto directo sobre trabajadores y empresas del sector es que los carnets de manipuladores de alimentos dejarán de tener vencimiento, aunque continuarán siendo emitidos por las autoridades sanitarias competentes y mantendrán validez en todo el territorio nacional.

Desde la perspectiva oficial, la reforma busca compatibilizar la protección de la salud pública con un sistema regulatorio más eficiente, reduciendo costos administrativos, eliminando duplicación de controles y facilitando tanto las importaciones de insumos como las exportaciones de alimentos argentinos.

El desafío ahora será que la simplificación administrativa no implique una disminución en los estándares de control sanitario. En ese sentido, el Gobierno apuesta a reemplazar procedimientos previos por mecanismos de fiscalización posteriores, apoyados en certificaciones internacionales reconocidas y en una mayor capacidad operativa del Senasa para supervisar el cumplimiento efectivo del Código Alimentario Argentino.

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