Día: 14 agosto, 2026

Una ventana financiera de US$387 millones: Misiones amplía las herramientas de crédito y renegociación de deuda

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Más allá de los $5,2 billones de gastos previstos para 2027, el proyecto de Presupuesto incorpora un capítulo financiero de peso propio. La Provincia queda autorizada a tomar créditos públicos por hasta US$387 millones, además de renegociar obligaciones existentes, afectar recursos de la Coparticipación Federal como garantía y compensar deudas recíprocas con el Estado nacional.

La primera autorización contempla hasta US$100 millones destinados a inversión pública. El abanico es amplio: obras de saneamiento, infraestructura vial y energética, comunicaciones, bienes de capital, infraestructura social o productiva y proyectos ejecutados en los municipios. También permite financiar sistemas informáticos, incorporación de tecnología, conectividad y procesos de modernización y fortalecimiento del Estado.

A esa herramienta se suma una segunda autorización, considerablemente mayor: hasta US$287 millones de créditos públicos con organismos multilaterales, bilaterales o regionales de crédito, bancos de desarrollo, instituciones financieras internacionales u otros entes.

En conjunto, ambas facultades representan una capacidad potencial de endeudamiento de hasta US$387 millones. Se trata de autorizaciones y, por lo tanto, no significan que la Provincia vaya a tomar necesariamente la totalidad de esos créditos ni que constituyan deuda ya contraída. Pero sí establecen el margen legal disponible para buscar financiamiento durante el ejercicio.

El proyecto también concede al Poder Ejecutivo una autorización amplia para reestructurar, reconvenir, refinanciar o renegociar deudas y compromisos contraídos por el Estado provincial, cualquiera sea su origen y tanto en pesos como en dólares.

La facultad alcanza también obligaciones asumidas mediante garantías o avales. La condición establecida es que la operación permita obtener mejoras en los plazos, tasas u otras variables, de acuerdo con las condiciones del mercado. Para esas operaciones podrán mantenerse las garantías existentes sobre los compromisos renegociados.

El instrumento le otorga así al Ejecutivo flexibilidad para administrar el perfil de sus pasivos si durante 2027 aparecen condiciones financieras más convenientes.

Coparticipación como garantía y compensación con Nación

Hay otro elemento relevante. Para las obligaciones que se asuman, el Ejecutivo queda facultado a ceder o afectar en garantía y pago recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos.

Al mismo tiempo, podrá compensar deudas y créditos recíprocos con el Estado nacional, incluyendo en ese mecanismo a entes, sociedades o empresas estatales o aquellas en las que el Estado tenga participación mayoritaria.

Esta herramienta adquiere particular relevancia en un escenario de crecientes controversias fiscales entre las provincias y la Nación por transferencias, obligaciones y acreencias cruzadas.

El Presupuesto 2027 también prorroga durante toda la vigencia de la ley la situación de emergencia económica y financiera de Misiones, bajo las leyes provinciales VII N.º 24 y VII N.º 13, con las excepciones y facultades específicas establecidas en el articulado.

La continuidad de la emergencia convive así con un presupuesto que aumenta 28,7%, una necesidad de financiamiento calculada en $787.596 millones y nuevas autorizaciones para recurrir al crédito externo.

No son conceptos equivalentes -la necesidad presupuestaria de financiamiento no debe sumarse automáticamente a los US$387 millones autorizados-, pero forman parte de una misma arquitectura: el Ejecutivo busca conservar un amplio menú de herramientas financieras para atravesar 2027.

Los CEMIS, hasta junio de 2029

Finalmente, el proyecto modifica el régimen correspondiente a los Certificados de Cancelación de Deudas de la Provincia de Misiones (CEMIS).

La nueva redacción dispone diferir hasta el 30 de junio de 2029 los vencimientos de los servicios de amortización y renta correspondientes a los certificados alcanzados por las leyes VII N.º 25, VII N.º 36 y VII N.º 40 y los respectivos cupones enumerados en el proyecto.

El dato completa una de las caras menos visibles, pero económicamente más relevantes, del Presupuesto 2027: junto con la fuerte expansión de la inversión económica y productiva, Misiones se asegura capacidad legal para renegociar pasivos, recurrir a financiamiento internacional, utilizar la Coparticipación como garantía y postergar vencimientos de los CEMIS.

La señal es doble. El Gobierno busca ampliar el margen para financiar infraestructura y desarrollo, pero al mismo tiempo se cubre financieramente ante un escenario que continúa considerando incierto, al punto de mantener vigente la emergencia económica y financiera durante todo 2027.

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Presupuesto 2027: Passalacqua pone el acelerador en la economía y duplica la inversión productiva

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El Presupuesto General de la Administración Pública Provincial pasa de $4.045.600.921.000 en 2026 a $5.206.134.722.000 en 2027. La diferencia alcanza los $1,16 billones y representa un incremento nominal de 28,69%. Pero ese 28,7% promedio esconde movimientos muy diferentes dentro del presupuesto.

La partida de Desarrollo de la Economía es, por lejos, la que protagoniza el mayor salto entre las grandes funciones del Estado provincial. Crece de $354.571,9 millones a $747.027,6 millones: son $392.456 millones adicionales y una expansión de 110,7% en apenas un ejercicio.

Su participación dentro del presupuesto total pasa así de 8,76% en 2026 a 14,35% en 2027.

Prácticamente uno de cada siete pesos previstos para el próximo año queda comprendido dentro de las políticas de desarrollo económico.

Es la principal señal de orientación del primer presupuesto diseñado íntegramente para la segunda mitad del mandato de Passalacqua.

Salud dispondrá de $1.249.193,7 millones, frente a los $1.002.308,9 millones presupuestados para 2026. El incremento nominal es importante: $246.885 millones adicionales, equivalentes a 24,6%.

Sin embargo, como el presupuesto total aumenta 28,7%, Salud pierde ligeramente participación relativa: pasa de representar 24,78% del gasto a 23,99%.

Algo muy parecido ocurre con Cultura y Educación. La partida crece desde $1.012.065,7 millones hasta $1.251.687,1 millones, un aumento de $239.621 millones o 23,7%. Su participación en el gasto total baja de 25,02% a 24,04%.

Entre ambos sectores continuarán absorbiendo prácticamente la mitad del presupuesto provincial.

No hay, por lo tanto, un retroceso nominal de Salud o Educación, pero el Estado decide que durante 2027 otros componentes -particularmente el desarrollo económico- crezcan mucho más rápido.

Presupuesto Misiones 2027: dónde están los cambios

Comparación directa entre los presupuestos provinciales 2026 y 2027

Finalidad / función 2026 2027 Variación
Presupuesto total $4,046 billones $5,206 billones +28,7%
Salud $1,002 billones $1,249 billones +24,6%
Cultura y Educación $1,012 billones $1,252 billones +23,7%
Bienestar Social $768.412 millones $776.422 millones +1,0%
Desarrollo de la Economía $354.572 millones $747.028 millones +110,7%
Seguridad $306.473 millones $343.408 millones +12,1%
Apoyo a gobiernos municipales $302.753 millones $345.112 millones +14,0%
Legislación, Justicia y Culto $157.767 millones $254.057 millones +61,0%
Ciencia y Técnica $7.101 millones $9.927 millones +39,8%
Inversión social 2027 62,95%
Desarrollo de la Economía 14,35%
Necesidad de financiamiento 2026 $493.488 M
Necesidad de financiamiento 2027 $787.596 M
Fuente: Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2026 y Proyecto de Presupuesto General 2027. Cálculos y elaboración: Economis.

Bienestar Social tenía asignados $768.412 millones en 2026 y contará con $776.422 millones en 2027. Son apenas $8.009 millones adicionales: un aumento nominal de sólo 1,04%. Su peso dentro del presupuesto cae con fuerza, desde 18,99% a 14,91%.

Es, entre las grandes funciones presupuestarias, la que muestra la menor expansión.

De todos modos, esto no implica que todos los programas de asistencia permanezcan congelados. El propio articulado muestra, por ejemplo, que Hambre Cero pasa de $5.391 millones a $7.062 millones, un aumento de aproximadamente 31%.

El 62,95% social

La suma de Salud ($1,249 billones), Bienestar Social ($776.422 millones) y Cultura y Educación ($1,252 billones) alcanza los $3,277 billones.

Representa exactamente 62,95% del Presupuesto General.

En 2026, esas mismas tres funciones sumaban $2,783 billones y representaban 68,79%.

Eso significa que el gasto social comparable aumenta cerca de $494.516 millones en términos nominales, 17,8%, pero pierde casi seis puntos porcentuales dentro del presupuesto.

La explicación está menos en un recorte absoluto que en el enorme crecimiento de las partidas económicas y de inversión.

El Presupuesto 2027, por lo tanto, mantiene un Estado fuertemente social -más de seis de cada diez pesos siguen destinados a Salud, Educación y Bienestar-, pero busca construir un segundo eje mucho más potente alrededor de la economía.

Desarrollo de la Economía recibe $392.456 millones más que en 2026. Para tener dimensión: el incremento anual de esa partida es superior al presupuesto completo que la misma función tenía apenas un año antes.

Es decir, el Gobierno prácticamente agrega otro presupuesto de Desarrollo de la Economía encima del existente.

El contraste con las políticas nacionales es bastante nítido. Passalacqua quiere que el Estado provincial también funcione como impulsor de actividad económica en un escenario nacional contractivo para varias economías regionales y con menor presencia federal en la obra pública.

Eso se relaciona directamente con el diagnóstico que acompaña al proyecto: menor financiamiento nacional, retracción de programas y obras federales y una macroeconomía que, desde la mirada del Ejecutivo misionero, genera presión sobre las actividades productivas y comerciales de una provincia de frontera.

Municipios y Seguridad crecen por debajo del promedio

El apoyo a gobiernos municipales sube desde $302.752,5 millones a $345.112 millones, un incremento nominal de 14%.

Como consecuencia, su participación dentro del total cae de 7,48% a 6,63%.

Seguridad muestra un comportamiento parecido. La asignación pasa de $306.473,5 millones a $343.408,3 millones, una mejora de 12,1%, pero el peso relativo baja de 7,58% a 6,60%.

En contraste, Legislación, Justicia y Culto aumenta 61%, desde $157.767 millones hasta $254.057 millones, y Administración General Varios sube 62,8%, hasta $164.631 millones.

Ciencia y Técnica, aunque todavía representa una porción pequeña del gasto total, crece 39,8%, desde $7.101 millones a $9.927 millones.

La deuda sube, pero sigue teniendo un peso reducido

Otra variación llamativa aparece en la partida Deuda Pública. Pasa de apenas $4.861 millones a $26.250 millones, un incremento de 440%.

El porcentaje resulta enorme por la baja base de comparación. Aun después del incremento, la función equivale apenas al 0,50% del presupuesto provincial.

Más relevante para analizar las necesidades de caja es la amortización de deuda prevista en el articulado.

En 2026 se habían destinado $9.108 millones para amortizaciones. Para 2027 el monto asciende a $18.158 millones, prácticamente el doble.

El dato refuerza una de las características históricas de las finanzas misioneras: el peso directo del servicio de la deuda continúa siendo bajo en relación con el tamaño total del Estado, aunque aumenta respecto del ejercicio anterior.

Hay, sin embargo, una señal fiscal que merece especial atención. Mientras las erogaciones aumentan 28,7%, los recursos calculados crecen sólo 24,5%.

En 2026 la necesidad de financiamiento había sido calculada en $493.488 millones. Para el próximo año asciende a $787.596 millones. El incremento es de $294.108 millones, o 59,6%.

El financiamiento bruto de la administración provincial pasa simultáneamente de $502.596 millones a $805.754 millones, una suba de 60,3%.

Más recursos para el IPS y el Parque de la Salud

El análisis de los organismos también muestra movimientos significativos.

El Instituto de Previsión Social pasa de un presupuesto de $667.672 millones a $927.476 millones, un incremento de 38,9%.

El Parque de la Salud Dr. Ramón Madariaga sube desde $440.531 millones hasta $617.553 millones, una expansión de 40,2%. Ambos crecen por encima del presupuesto provincial promedio.

El Instituto de Macroeconomía Circular pasa de $76.592 millones a $102.036 millones, 33,2% más. El IAAVIM muestra uno de los saltos porcentuales más fuertes: de $453 millones a $966 millones, 113,1%.

El IMiBio aumenta 6,4%, hasta $3.457 millones, y el Instituto Forestal Provincial 15,5%, hasta $176 millones.

Una curiosidad aparece en la Dirección General de Rentas: su presupuesto baja ligeramente desde $161.994 millones a $160.851 millones, una variación de -0,7%.

Más cargos y más horas cátedra

El Presupuesto 2026 autorizó 63.935 cargos permanentes y 280.904 horas cátedra. El proyecto 2027 eleva la planta a 65.090 cargos, es decir, 1.155 más, un crecimiento de alrededor de 1,8%.

Las horas cátedra aumentan a 282.133, 1.229 por encima del ejercicio anterior.

El crecimiento de la planta resulta muy inferior al del presupuesto total y debe leerse además junto con las restricciones que mantiene la propia ley sobre contratación de personal temporario y las facultades de reorganización de cargos.

Atención primaria y asistencia

Hay también modificaciones en programas específicos.

La asignación autorizada por habitante para atención primaria de la salud sube de $135 mensuales en 2026 a $177 en 2027, un aumento de 31,1%.

Hambre Cero, como se señaló, crece 31%.

Y el proyecto mantiene mecanismos específicos de financiamiento educativo provincial frente a la ausencia o insuficiencia de fondos nacionales.

Son detalles que complementan la lectura: aunque el peso relativo del bloque social se reduce, existen programas determinados que continúan teniendo aumentos cercanos o superiores al crecimiento total del presupuesto.

El Presupuesto 2027 tiene además una dimensión política inevitable. Será el presupuesto que Passalacqua ejecutará durante la última parte del mandato iniciado en diciembre de 2023. Y, a diferencia de los primeros ejercicios, llega después de tres años en los que la Provincia debió redefinir prioridades frente al cambio del vínculo fiscal con la Nación.

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La industria maderera argentina advierte sobre la situación de las pymes del sector

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La industria argentina de la madera elevó una señal de alarma a los gobiernos nacional, provinciales y municipales: el margen financiero de las empresas para atravesar la crisis se está agotando y la continuidad de una parte del entramado productivo está en riesgo.

La advertencia fue formulada por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), que describió un escenario marcado por la combinación de menor demanda, costos crecientes medidos en dólares, encarecimiento de la energía y los combustibles, altas tasas de interés y una presión importadora que se hace sentir especialmente sobre los segmentos de mayor valor agregado.

El planteo adquiere particular relevancia para el NEA, una de las principales regiones foresto-industriales del país. La actividad tiene una estructura fuertemente federal y se encuentra concentrada en el Centro, la Patagonia, el Noreste y el Noroeste argentino, con localidades donde los aserraderos, las fábricas de tableros, las carpinterías y la industria del mueble constituyen una parte sustancial del empleo privado.

Por eso, FAIMA sostiene que la crisis dejó de ser exclusivamente sectorial. Cuando se detiene un aserradero o cierra una PyME maderera en el interior, el impacto se transmite al empleo, el transporte, los servicios y el comercio de toda la comunidad.

Un cóctel adverso: cae la demanda y aumentan los costos en dólares

El primer foco de preocupación está en la denominada primera transformación de la madera. Allí confluyen dos movimientos que terminan produciendo el mismo resultado sobre la rentabilidad empresarial.

Por un lado, se produjo una marcada retracción de la demanda interna. FAIMA atribuye este escenario fundamentalmente a la desaparición de la obra pública y al debilitamiento de la construcción privada, afectada a su vez por los elevados costos de construcción medidos en dólares.

Por otro, la entidad advierte que el actual escenario cambiario deterioró la competitividad industrial argentina frente a otros países productores.

Según los cálculos difundidos por la Federación, posiciones laborales equivalentes dentro de la industria representan actualmente en la Argentina remuneraciones del orden de US$1.000 a US$1.400 mensuales, frente a aproximadamente US$600 en Brasil y entre US$500 y US$600 en China.

La diferencia se convierte en un problema de competitividad por partida doble: dificulta las exportaciones argentinas y, simultáneamente, deja a las empresas locales más expuestas frente al ingreso de productos importados.

No se trata, en el planteo empresario, de una discusión sobre el salario nominal de los trabajadores, sino sobre la estructura de costos en dólares que enfrenta la producción argentina frente a sus competidores internacionales.

Energía y combustible, dos costos que atraviesan toda la cadena

A la ecuación salarial se agregan dos componentes particularmente sensibles para la foresto-industria: energía y combustibles.

FAIMA sostiene que durante los últimos dos años y medio las actualizaciones tarifarias, combinadas con el escenario cambiario, provocaron un fuerte encarecimiento en dólares de la energía utilizada por las plantas industriales.

La Federación cita informes privados según los cuales las tarifas energéticas habrían acumulado durante el último semestre aumentos cercanos al 300%, frente a una inflación del orden del 17% durante ese período.

El combustible agrega otra capa al problema.

La madera es una actividad intensiva en logística. La materia prima debe trasladarse desde las plantaciones hacia los aserraderos y posteriormente hacia las plantas industriales, mientras que los productos terminados recorren largas distancias hasta los principales mercados internos o los puertos de exportación.

La incidencia resulta especialmente significativa porque se transportan productos de gran peso y volumen y porque buena parte de la producción está ubicada lejos de los principales centros de consumo.

En provincias forestales, por lo tanto, el costo logístico no es un componente secundario: forma parte de la competitividad estructural del negocio.

Unos 120.000 empleos entre directos e indirectos

El dato social constituye uno de los puntos centrales de la advertencia. FAIMA estima que la actividad genera alrededor de 60.000 puestos de trabajo directos, a los que se suma una cantidad semejante de empleos indirectos vinculados con la cadena.

Sin embargo, la Federación señala, sobre la base de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), que durante los últimos doce meses el sector acumuló una caída superior al 10% del empleo directo e indirecto.

La contracción de los ingresos y el incremento de los costos llevaron, según la entidad, a numerosas empresas hacia situaciones financieras cada vez más delicadas, con firmas que se encuentran al límite de su sostenibilidad e incluso frente al riesgo de cierre o concurso preventivo.

La señal es particularmente delicada porque la cadena está integrada mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, con una capacidad financiera mucho menor que la de los grandes grupos para absorber períodos prolongados de capacidad ociosa.

Muebles y carpinterías: menos consumo y más importaciones

La crisis adquiere otra dimensión cuando se avanza hacia los bienes finales. Las industrias del mueble y la carpintería enfrentan los mismos problemas de costos que los eslabones anteriores, pero agregan una dificultad decisiva: la retracción del consumo de los hogares.

La pérdida de poder adquisitivo y el elevado costo del financiamiento golpean particularmente a los bienes durables, cuya demanda suele depender de la disponibilidad de crédito.

A eso se suma la creciente competencia de productos importados.

FAIMA cuestiona una estructura arancelaria que considera desfavorable para la industria nacional: según la Federación, determinados bienes finales ingresan al país soportando aranceles menores que algunos de los insumos que necesitan las empresas argentinas para fabricar esos mismos productos.

El resultado, advierte la entidad, es una asimetría que termina castigando precisamente los eslabones que incorporan mayor valor agregado y empleo.

El caso de las viviendas de madera

Uno de los ejemplos utilizados por FAIMA es la construcción con madera. La entidad sostiene que al elevado costo local medido en dólares se agregó la llegada de alternativas habitacionales importadas, fundamentalmente desde China, con precios frente a los cuales las empresas argentinas encuentran crecientes dificultades para competir.

Para la Federación, el fenómeno plantea un riesgo que excede la disputa comercial: la sustitución de producción nacional por bienes importados puede traducirse directamente en pérdida de empresas, capacidad industrial y empleo local.

El problema resulta especialmente sensible para las provincias forestales, donde durante años se promovió la construcción con madera como una vía para agregar valor en origen a la producción forestal.

Tasas superiores al 100%

El tercer gran frente de la crisis es financiero. FAIMA señala que las tasas de tarjetas de crédito y préstamos personales se encuentran alrededor del 110% anual, frente a una inflación anualizada cercana al 33,5%, de acuerdo con los datos citados por la entidad.

La brecha genera tasas reales extraordinariamente elevadas y afecta al sector desde ambos lados del mostrador.

Por una parte, desalienta a los consumidores a financiar muebles y otros bienes durables. Por otra, encarece fuertemente el capital de trabajo que necesitan las empresas para atravesar períodos de baja actividad.

La Federación recordó que durante los últimos meses de 2025 y comienzos de 2026 numerosas PyMEs debieron financiarse a tasas cercanas al 70% anual, cuando la inflación se ubicaba alrededor del 35%.

El crédito, que en una recesión podría funcionar como puente hasta una recuperación de la demanda, termina convirtiéndose así en un costo adicional que erosiona el capital empresario.

“El margen de espera se está agotando”

El tramo más contundente del documento aparece en el diagnóstico sobre las PyMEs. FAIMA sostiene que las políticas vigentes presuponen capacidades financieras, escala y acceso al crédito que las pequeñas y medianas empresas no poseen.

Mientras una gran compañía puede enfrentar el escenario como una tensión sobre sus balances, señala la entidad, para una PyME el mismo cuadro puede traducirse rápidamente en reducción de turnos, suspensiones, caída de producción y cierre.

La Federación considera que el ajuste no está impactando de manera neutral sobre toda la cadena, sino que recae especialmente sobre el segmento más pequeño, territorialmente disperso y generador de empleo.

Y advierte que la capacidad de resistencia acumulada durante los primeros meses de la crisis prácticamente se consumió.

“A esta altura, el margen de espera se está agotando”, sostiene FAIMA, al advertir que cada mes sin respuestas implica capacidad productiva que desaparece y puestos de trabajo cuya recuperación posterior será mucho más difícil.

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