Diputados aprobó el Tratado de Patentes y lo devolvió al Senado tras 28 años
La Cámara de Diputados aprobó con una amplia mayoría la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), un acuerdo internacional que busca simplificar y abaratar el proceso de registro de invenciones en distintos países. La iniciativa obtuvo 147 votos afirmativos y 93 negativos, pero no quedó convertida en ley: una modificación incorporada durante el tratamiento obliga a que vuelva al Senado, donde había recibido media sanción en 1998.
El recorrido parlamentario tiene una particularidad poco habitual. El proyecto permaneció 28 años en una situación excepcional y ahora vuelve a la Cámara de origen para revisar el cambio introducido por Diputados. La Argentina había firmado el tratado en 1970 y el Senado lo había aprobado en 1998, pero nunca completó el trámite de adhesión.
La modificación que impidió la sanción definitiva fue la incorporación de una reserva al Capítulo II del PCT, una decisión impulsada durante las negociaciones parlamentarias para preservar determinadas facultades nacionales vinculadas con la evaluación técnica de las solicitudes de patentes. El capítulo establece mecanismos de examen internacional que no resultan vinculantes para los Estados.
La reserva fue uno de los puntos centrales del acuerdo político que permitió reunir los votos. La industria farmacéutica nacional, representada por cámaras como CILFA y Cooperala, había advertido sobre el impacto que una adhesión plena podía generar sobre la producción local de medicamentos y la competencia con multinacionales.
Una reforma con impacto sobre innovación y medicamentos
El PCT reúne actualmente a 158 países y establece un procedimiento unificado para presentar solicitudes de patentes con intención de protección en distintos mercados. La adhesión permitiría que investigadores, universidades, empresas tecnológicas y emprendedores argentinos puedan iniciar desde el país un trámite que hoy requiere recurrir a procedimientos internacionales separados.
El argumento económico detrás de la adhesión es concreto: reducir tiempos, costos y carga administrativa para quienes buscan proteger una innovación fuera de la Argentina. El sistema no crea una “patente mundial” ni obliga automáticamente a los Estados a conceder una patente. La decisión final sobre la patentabilidad continúa dependiendo de la legislación y de las autoridades nacionales.
Para el Gobierno, ese mecanismo puede mejorar las condiciones de inserción de la innovación argentina en los mercados internacionales. Juliana Santillán, diputada de La Libertad Avanza y miembro informante del proyecto, sostuvo que la incorporación al tratado permitiría que investigadores y empresas locales accedan a herramientas similares a las utilizadas por sus competidores internacionales.
El otro lado del debate está concentrado en el sector farmacéutico. Los laboratorios nacionales sostienen que una adhesión sin reservas podría facilitar el patentamiento de productos extranjeros y reducir el margen para la producción local de medicamentos genéricos. Ese efecto podría trasladarse a los costos del sistema sanitario si determinadas drogas quedan bajo protección de patentes y disminuye la competencia de fabricantes nacionales.
La reserva del Capítulo II funciona, en ese escenario, como una válvula de protección. Argentina se incorpora al sistema internacional de cooperación en materia de patentes, pero conserva herramientas específicas para evaluar localmente determinados requisitos técnicos.
El vínculo con Estados Unidos, detrás del debate político
La incorporación del PCT también tiene una dimensión geopolítica. La iniciativa forma parte de los compromisos asumidos por el Gobierno argentino con Estados Unidos en el marco del acuerdo comercial y de inversiones firmado en febrero.
El tratamiento parlamentario estuvo condicionado durante meses por las negociaciones comerciales con Washington. Aunque el dictamen estaba listo desde mayo, el oficialismo demoró el avance hasta que se conocieran definiciones de la administración de Donald Trump sobre su política arancelaria.
La aprobación llega después de que Estados Unidos estableciera para la Argentina un arancel de importación del 10%, la tasa mínima dentro del esquema aplicado a los socios comerciales de la región según los datos consignados en el proyecto.
Ese vínculo explica parte de la discusión política. Para el oficialismo, la adhesión representa una señal de integración internacional y modernización del sistema de propiedad intelectual. Para la oposición, en cambio, forma parte de una agenda de concesiones hacia Estados Unidos cuya contraprestación concreta todavía está en discusión.
Santiago Cafiero, de Unión por la Patria, cuestionó precisamente ese punto. El ex canciller sostuvo que la aprobación del tratado debe analizarse dentro de la negociación bilateral y advirtió sobre el riesgo de avanzar en compromisos internacionales sin beneficios equivalentes para la Argentina.
La industria nacional consiguió una modificación clave
La trastienda parlamentaria muestra que el sector farmacéutico logró modificar el proyecto original. La reserva del Capítulo II permitió construir un punto de encuentro entre el objetivo oficial de incorporar a la Argentina al PCT y la preocupación de los laboratorios nacionales por preservar herramientas de evaluación y patentamiento.
Ese equilibrio tiene una consecuencia legislativa inmediata: el proyecto deberá regresar al Senado. No se trata de una nueva discusión desde cero, sino de una revisión de la modificación introducida por Diputados.
El episodio también muestra cómo la política de propiedad intelectual dejó de ser una discusión exclusivamente jurídica. En un país que busca aumentar exportaciones de servicios basados en conocimiento, desarrollar tecnología y atraer inversiones, la protección de las innovaciones es parte de la estrategia productiva. Pero en sectores como el farmacéutico, las reglas de patentamiento también determinan cuánto espacio queda para la producción local y cuál puede ser el costo de acceso a determinados tratamientos.
Ciencia, tecnología y la condición que falta
El debate dejó expuesta otra cuestión estructural: la eficacia de un sistema internacional de patentes depende de la capacidad del país para generar innovaciones que puedan ser patentadas.
Desde la oposición señalaron que la adhesión al PCT no garantiza por sí misma un salto tecnológico. Adriana Serquis, investigadora y diputada, sostuvo que los científicos argentinos ya cuentan con mecanismos para proteger sus desarrollos y cuestionó que la incorporación al tratado sea presentada como una condición indispensable para internacionalizar las patentes.
El punto plantea un desafío mayor para la política económica. La adhesión puede reducir barreras administrativas para quienes ya tienen capacidad de innovar, pero su impacto sobre la economía real dependerá de cuánto aumente la generación de conocimiento, cuántos desarrollos lleguen al mercado y qué capacidad tengan las empresas argentinas para escalar y exportar esos productos.
Por eso, la discusión que ahora vuelve al Senado no se agota en la aprobación de un tratado firmado hace más de medio siglo. Involucra el equilibrio entre integración internacional, protección de la industria nacional, acceso a medicamentos, propiedad intelectual y política científica.
Si el Senado acepta la modificación, la Argentina quedará en condiciones de completar finalmente su adhesión al PCT. El desafío posterior será transformar una herramienta de simplificación de patentes en una política efectiva de innovación, sin que la apertura internacional termine ampliando solamente las oportunidades de quienes ya dominan los mercados tecnológicos.
