Mes: septiembre 2026

Día Mundial de la Prevención del Suicidio: Argentina registra la tasa más alta de su historia

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Argentina registra una tasa de suicidios de 11,8 cada 100 mil habitantes, la más alta de su historia y por encima del promedio mundial estimado por la Organización Mundial de la Salud, según informes del Observatorio de Política Criminal y del Ministerio de Salud.

Así se indicó en un informe en el cual se detalló que, por primera vez, esa cifra supera las muertes producidas por otros hechos violentos en el país, mientras que la Asociación Argentina de Salud Mental calificó la situación como alarmante y advirtió que esto exige respuestas urgentes, sostenidas e integrales.

Se trata de un fenómeno que alcanza edades cada vez más tempranas y, actualmente, los adolescentes son el grupo de mayor incidencia, por eso, en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, desde la Universidad Hospital Italiano de Buenos Aires plantean un interrogante: ¿cómo están viviendo nuestros jóvenes y qué mundo les estamos proponiendo habitar?

“Tenemos delante un problema colectivo, de salud mental, salud física y también de políticas públicas. Su abordaje es multifactorial y requiere corresponsabilidad”, explicó la Magister Soledad Dawson, psicóloga y directora de la Maestría en Vínculos, Familias y Diversidad Sociocultural de la citada Universidad.

Asimismo, añadió: “Lejos de la culpa, que paraliza y busca un responsable único allí donde no lo hay, la responsabilidad compartida permite pensar qué podemos transformar, en tanto, familias, escuelas, instituciones, sistemas de salud, comunidad y Estado”.

Las redes sociales y los adolescentes

Los adolescentes viven hoy rodeados de estímulos y exigencias. Las redes sociales los exponen de manera permanente a modelos de belleza, vínculos, experiencias y estilos de vida que pueden resultar difíciles de alcanzar, a lo que se suma la presión por destacarse en una etapa en la que todavía están construyendo su identidad.

Al mismo tiempo, existen menos espacios de encuentro con pares, mientras que situaciones de discriminación, exclusión o violencia pueden convertir incluso a la escuela en un ámbito de sufrimiento. Frente a este escenario, el rol de los adultos es central.

“Muchas veces, frente al sufrimiento de un adolescente, buscamos resolver el problema por él, cuando también es necesario acompañarlo para que pueda aprender a transitar las dificultades”, afirmó Dawson y añadió: “También es importante establecer límites claros y conversados, que ayuden a comprender que existen reglas, responsabilidades y consecuencias, y que una frustración puede ser parte de la vida sin convertirse en una situación sin salida”.

Desde la Universidad Hospital Italiano, remarcaron la importancia de hablar de estos temas, como una forma de prevención y señalaron: “Se necesitan adultos disponibles, familias que puedan pedir ayuda, escuelas capaces de intervenir e instituciones que puedan acompañar. Fortalecer los vínculos y generar espacios de encuentro permite construir redes de apoyo para que los adolescentes no tengan que atravesar solos los momentos de mayor sufrimiento”.

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Bioinsumos: rige en Misiones la ley que puso fin a la prohibición del glifosato

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Misiones formalizó un cambio sustancial en su política agropecuaria: quedó sin efecto la disposición legal que había establecido la prohibición del glifosato en el territorio provincial. La modificación fue sancionada por la Cámara de Representantes el 3 de septiembre y promulgada por el gobernador Hugo Passalacqua mediante el Decreto Nº 1757, del 8 de septiembre de 2026.

La nueva norma quedó registrada como Ley VIII Nº 124 y modifica la Ley VIII Nº 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos. El punto central está contenido en apenas una línea del artículo 2: “Se deroga el artículo 8 de la Ley VIII Nº 103”.

La decisión representa un giro respecto del esquema aprobado originalmente por la Legislatura provincial, porque era precisamente ese artículo el que había establecido la eliminación progresiva del uso de productos químicos en la actividad agropecuaria y la prohibición del glifosato a partir de 2025.

Con su derogación, desaparece la prohibición provincial que pesaba sobre el herbicida. En consecuencia, el glifosato vuelve a quedar alcanzado por el marco regulatorio general aplicable a los productos fitosanitarios, sin aquella fecha límite establecida por la legislación misionera.

De la prohibición a la promoción

El cambio no implica que Misiones abandone su política de promoción de bioinsumos. Por el contrario, la nueva ley conserva esa orientación, pero modifica el instrumento elegido: en lugar de forzar la sustitución mediante una prohibición general, apuesta a incentivar su desarrollo, producción y utilización.

La Ley VIII Nº 124 sustituye los artículos 5, 6 y 7 de la legislación anterior y establece como autoridades de aplicación al Ministerio del Agro y la Producción y al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, cada uno dentro de sus respectivas competencias.

Ambas carteras deberán mantener actualizado el registro provincial vinculado con la actividad y establecer mecanismos para facilitar la inscripción de quienes intervengan en el desarrollo, fabricación, fraccionamiento, almacenamiento, transporte, comercialización, exhibición y publicidad de insumos naturales.

La reforma también habilita al Estado provincial a celebrar convenios con instituciones nacionales, provinciales y municipales para investigar y desarrollar nuevos bioinsumos.

Asimismo, contempla incentivos financieros y asistencia técnica para personas humanas o jurídicas debidamente inscriptas en el Registro Provincial de Productores de Bioinsumos.

Otro cambio relevante es la incorporación explícita de los sectores productivos al proceso. Las autoridades deberán promover la participación de las entidades representativas de la producción agropecuaria y forestal mediante instancias de consulta, intercambio técnico y formulación de recomendaciones.

La nueva redacción del artículo 7 introduce además un criterio directamente relacionado con el comercio exterior.

La norma establece que podrán utilizarse bioinsumos en Misiones en la medida en que estén autorizados por los organismos nacionales competentes y también por los organismos correspondientes de los países de destino de las exportaciones de productos misioneros.

La incorporación de este criterio tiene particular importancia para una provincia cuya estructura productiva depende fuertemente de cadenas exportadoras como la yerba mate, el té y la forestoindustria.

De esta manera, la política provincial busca evitar que la utilización de determinados productos genere incompatibilidades regulatorias con mercados compradores.

La reforma supone, en los hechos, un cambio de estrategia respecto de la transición productiva planteada por la legislación anterior.

El modelo inicial combinaba el desarrollo de alternativas biológicas con un cronograma que avanzaba hacia la eliminación de determinados productos químicos. La nueva legislación conserva la primera parte de esa política -investigación, producción, financiamiento y promoción de bioinsumos- pero elimina la herramienta más restrictiva: la prohibición.

El nuevo esquema, por lo tanto, apunta a una convivencia entre los fitosanitarios habilitados por la normativa correspondiente y los bioinsumos que la Provincia pretende desarrollar y promover.

El cambio resulta particularmente relevante para los sectores yerbatero, tealero, forestal y agrícola, donde la discusión sobre el glifosato había generado posiciones contrapuestas entre productores, técnicos, organizaciones ambientales y distintos actores de las cadenas productivas.

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Misiones alcanza 7,55 puntos en transparencia presupuestaria y ratifica su política de cuentas abiertas

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Misiones obtuvo 7,55 puntos en el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), una mejora frente a los 7,10 puntos registrados en la edición 2023. Con ese resultado, la provincia se ubicó en el segundo lugar del ranking regional del NEA y consolidó una política de apertura de la información fiscal que sostiene desde 2019.

La herramienta central de esa estrategia es Presupuesto Abierto, una plataforma digital que permite consultar el destino y la ejecución de los recursos proyectados para las distintas dependencias y unidades ministeriales del Estado provincial. El objetivo es que la información presupuestaria no quede restringida a los circuitos administrativos, sino que pueda ser consultada por ciudadanos, organizaciones y actores económicos.

La apertura de los datos adquiere especial relevancia cuando la provincia ingresa en la discusión de su próximo presupuesto. El proyecto de Presupuesto Provincial 2027 se encuentra actualmente bajo análisis en la Cámara de Representantes y contempla erogaciones superiores a los $5,2 billones, con una planificación que, según lo informado, busca sostener el equilibrio fiscal, la inversión social y el proceso de desendeudamiento provincial.

Una política de transparencia sostenida desde 2019

La política de acceso a la información presupuestaria no se limita a una medición anual. Desde 2019, Misiones mantiene operativo el sistema Presupuesto Abierto como canal para visualizar información vinculada con la asignación y ejecución de los recursos públicos.

A esa plataforma se suma la sección Transparencia del Ministerio de Hacienda, que concentra leyes, documentos, anexos y proyectos relacionados con la administración financiera provincial. La existencia de ambos canales configura un esquema de publicación que permite seguir el recorrido formal de los recursos desde su planificación hasta su ejecución.

La mejora registrada en la medición de CIPPEC aporta un indicador externo sobre ese proceso. El salto de 7,10 a 7,55 puntos muestra una evolución en el índice respecto de la medición anterior y mantiene a Misiones entre las jurisdicciones mejor posicionadas dentro del NEA.

Transparencia y previsibilidad fiscal

El valor de la transparencia presupuestaria no está solamente en publicar números. Para una administración provincial, disponer de información accesible y relativamente previsible permite que el debate sobre el gasto público se apoye en datos concretos: cuánto se proyecta gastar, hacia dónde se asignan los recursos y qué nivel de ejecución alcanzan las partidas.

Ese mecanismo también adquiere peso para empresas, proveedores, organizaciones sociales y actores institucionales que necesitan anticipar el comportamiento del Estado como ordenador de recursos dentro de la economía provincial. La información presupuestaria se convierte así en una herramienta de seguimiento, control y planificación.

En el caso de Misiones, esa política llega al debate del Presupuesto 2027 en un contexto macroeconómico nacional que condiciona los márgenes de las provincias. El proyecto prevé más de $5,2 billones en erogaciones y plantea sostener simultáneamente el equilibrio fiscal, la inversión social y el desendeudamiento.

La discusión legislativa definirá ahora la estructura definitiva de esas prioridades. Pero el mecanismo de acceso a la información ya constituye una parte estable del proceso: desde 2019, los datos presupuestarios cuentan con canales digitales destinados a hacer visible cómo se planifican y ejecutan los recursos públicos.

La señal que deja la medición de CIPPEC es concreta: Misiones mejoró su puntuación y mantiene una posición destacada en el NEA. El desafío siguiente pasa por transformar esa disponibilidad de información en una herramienta cada vez más útil para evaluar resultados, seguir el gasto y comprender qué impacto tienen las decisiones presupuestarias sobre la economía y los servicios públicos provinciales.

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Economía reorienta deuda de mediano plazo hacia vencimientos a 90 días para sostener el financiamiento hasta fin de año

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El Gobierno nacional decidió modificar la distribución de los límites de endeudamiento previstos en el Presupuesto 2026 para darle mayor margen a las operaciones de corto plazo. El Ministerio de Economía reasignó saldos que permanecían disponibles para financiarse a 180 días y tres años hacia instrumentos con un plazo mínimo de amortización de 90 días, luego de que se agotaran los cupos establecidos para otros vencimientos.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 1499/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y modifica la planilla anexa al artículo 44 de la Ley 27.798 de Presupuesto General de la Administración Nacional. El cambio apunta a adaptar la autorización presupuestaria a la estrategia de financiamiento que deberá ejecutar el Tesoro durante los últimos meses del ejercicio.

El dato central de la medida es que no se amplía el techo total de endeudamiento aprobado por el Congreso. Lo que cambia es la distribución de ese margen entre distintos plazos de amortización. En términos prácticos, Economía libera capacidad para realizar más colocaciones con vencimiento mínimo a 90 días utilizando autorizaciones que todavía no habían sido afectadas en otros segmentos.

La resolución explica que los montos autorizados para operaciones con plazos mínimos de 360 días, 18 meses y dos años ya se encuentran agotados. En paralelo, permanecían saldos sin utilizar correspondientes a los tramos de 180 días y tres años. Frente a esa situación, el Palacio de Hacienda resolvió trasladarlos al segmento de 90 días con el objetivo de “optimizar el uso de esta autorización” para las emisiones que deban concretarse hasta el cierre del ejercicio fiscal.

La reasignación muestra, de este modo, una adaptación de la estructura de financiamiento a las necesidades operativas del Tesoro. En lugar de mantener capacidad de endeudamiento inmovilizada en plazos para los cuales ya no existe margen disponible, la normativa permite utilizar esos recursos presupuestarios dentro de un horizonte temporal más corto.

El destino del financiamiento también permanece sin cambios. Las operaciones de crédito público, ya sea mediante títulos o préstamos, están autorizadas exclusivamente para atender servicios de la deuda y gastos no operativos. Por lo tanto, la resolución no habilita un nuevo destino de los fondos ni modifica el monto global aprobado por la Ley de Presupuesto.

La nueva distribución establece un límite de $61,415 billones para operaciones con un plazo mínimo de amortización de 90 días, mientras que el tramo de 180 días queda en $19,913 billones. Para los vencimientos mínimos de 360 días, 18 meses y dos años se mantienen $31,224 billones en cada categoría; el segmento de tres años queda en $12,343 billones y el de cuatro años en $31,224 billones. La planilla oficial que integra la resolución detalla estos montos y confirma que corresponden a operaciones de la Administración Central destinadas al servicio de la deuda y gastos no operativos.

La modificación tiene una consecuencia concreta sobre la gestión financiera: el Tesoro contará con mayor flexibilidad para recurrir a colocaciones de corto plazo durante el tramo final de 2026. Esto resulta relevante en un escenario en el que el Gobierno debe administrar vencimientos y necesidades de caja sin incrementar, por esta vía, el límite total de deuda autorizado.

El movimiento también deja expuesta una característica de la estrategia financiera oficial: la importancia creciente de administrar los plazos de vencimiento y la disponibilidad efectiva de cada cupo presupuestario. Cuando las autorizaciones para determinados horizontes se agotan, la capacidad de reasignar saldos permite evitar que recursos aprobados por el Presupuesto queden sin utilización mientras existen necesidades de financiamiento en otros segmentos.

Desde la perspectiva fiscal, la diferencia entre aumentar el endeudamiento autorizado y redistribuir su composición temporal resulta clave. La resolución pertenece al segundo supuesto: modifica dónde puede utilizarse el margen disponible, pero mantiene intacto el monto total autorizado por el Congreso. El propio texto normativo establece expresamente que la medida no altera ese importe.

El efecto final dependerá, sin embargo, de las condiciones en las que el Tesoro consiga colocar los instrumentos. Contar con mayor autorización para deuda a 90 días no implica, por sí mismo, que todas esas operaciones vayan a concretarse ni determina el costo financiero que tendrán. La variable decisiva será la capacidad del Gobierno para renovar los vencimientos y sostener el acceso al mercado en condiciones compatibles con su estrategia de reducción del déficit y administración de la deuda.

En ese sentido, la resolución funciona menos como una nueva autorización de endeudamiento que como una herramienta de gestión del financiamiento público. Economía reacomoda los casilleros disponibles para llegar al final del ejercicio con mayor margen operativo, sin modificar el volumen total de deuda que el Presupuesto 2026 permite tomar.

La medida entra en vigencia desde el 9 de septiembre, fecha en la que fue dictada por el ministro de Economía, Luis Caputo. El anexo oficial que acompaña la resolución fue emitido por la Secretaría de Finanzas y forma parte de la nueva distribución de los límites de crédito público previstos en el artículo 44 de la Ley 27.798.

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Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural Argentina

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En la Sede Social de la Sociedad Rural Argentina (SRA), se realizó hoy la 162° Asamblea General Ordinaria de Socios, en la que se aprobaron todos los puntos previstos en el Orden del Día y se eligieron las autoridades que conducirán la entidad durante el período 2026–2028. Además, también se aprobó el Balance y la Memoria.


De esta manera, Nicolás Pino fue reelecto como presidente de la Sociedad Rural Argentina, con el 71% de los votos, y continuará al frente de la institución acompañado por Carlos Odriozola como vicepresidente.


“Agradecemos la confianza que depositaron en nosotros, en nuestro equipo y en una forma de gestionar la institución. Recibimos este resultado con alegría, pero fundamentalmente con responsabilidad, compromiso, la convicción de comenzar una nueva etapa y seguir construyendo una Sociedad Rural Argentina cada vez más sólida, federal, representativa y cercana a los productores”, afirmó Pino.


“Quiero reconocer especialmente a todo el staff de la institución, a los directores y delegados que nos acompañaron durante estos años, y a los miembros del Ateneo, por su compromiso, su trabajo y su acompañamiento. Esta gestión es el resultado de un esfuerzo colectivo y de muchas personas que todos los días trabajan para fortalecer la Sociedad Rural Argentina”, agregó.


Por su parte, Odriozola remarcó la importancia de fortalecer la presencia territorial de la entidad y representar la diversidad productiva del país. “Durante estos años recorrimos el país, escuchamos, aprendimos y estuvimos junto a cada productor. Queremos que la Rural esté cada vez más presente, allí donde hay un productor. Una institución que no representa al campo solamente desde un escritorio, sino desde el territorio”, sostuvo.


De cara a la nueva gestión, Pino señaló que la competitividad, la reducción de la presión tributaria y una mayor inserción internacional serán ejes centrales de la agenda de la entidad. “Vamos a continuar trabajando para alcanzar un objetivo que consideramos central: retenciones cero por ley y para siempre. También impulsaremos una agenda de competitividad que contemple mejor infraestructura, mayor acceso al crédito, incorporación de tecnología, seguridad y una inserción internacional cada vez más ambiciosa para nuestra producción”, comentó.

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