Comodoro Py desestimó por “infundada” la denuncia del diputado PRO, Miguel Núñez

La denuncia impulsada por el diputado del PRO, Miguel Núñez, y patrocinada por el abogado Fernando Acosta, fue desestimada el pasado 2 de octubre por el juez Ariel Lijo en los tribunales de Comodoro Py. El magistrado consideró que el legislador misionero no aportó pruebas que justifiquen una investigación penal y ordenó archivar la causa.

La resolución judicial se refiere a la acusación de Núñez sobre un presunto delito vinculado a un bioinsumo, que supuestamente se discutió durante el debate de la Ley de Bioinsumos en la Legislatura. Según el juez, la presentación no contenía elementos que indicaran la posible comisión de un delito, y la carencia de pruebas adecuadas la convertía en una “excursión de pesca” sin fundamentos concretos.

El diputado había acudido a Comodoro Py el 13 de agosto junto al abogado Acosta, quien se ha destacado en varias demandas de entidades rurales contra la Ley de Bioinsumos. Núñez y su entorno político, incluidas la Federación de Asociaciones Rurales de Misiones (FARM) y otros productores rurales, realizaron manifestaciones para apoyar la denuncia. No obstante, la Justicia determinó que no había indicios suficientes para abrir un proceso penal.

Especulación sin pruebas y uso de fondos públicos sin respaldo

El fallo emitido por Lijo enfatiza que, para iniciar una investigación penal, debe existir una sospecha razonable de que se ha cometido un delito. En este caso, el diputado se basó en especulaciones sobre un discurso pronunciado durante la sesión legislativa y en supuestos dichos de una funcionaria sin aportar datos concretos. Incluso se solicitó un informe al SENASA sobre un bioherbicida comercializado por la empresa Agrosustentable, la cual, según la denuncia, habría sido beneficiada con fondos del Fondo Especial del Tabaco (FET).

El SENASA respondió a la solicitud de inspección y concluyó que no se halló el producto denunciado. El juez coincidió con el fiscal en que la denuncia carecía de “elementos objetivos” y no proporcionaba una plataforma fáctica que permitiera avanzar con la investigación.

Otro revés en Oberá para el abogado de las entidades rurales

El Juzgado Federal de Oberá también rechazó una medida cautelar presentada por un grupo de productores de Misiones, quienes pedían la suspensión de la ley provincial que prohíbe el uso de glifosato a partir de 2029. La demanda, promovida nuevamente por el abogado Acosta, fue declarada “inadmisible” y desestimada por el juez Alejandro Gallandat.

El magistrado consideró que no existe un “caso judicial” vigente, dado que la normativa no entrará en vigor hasta 2029 y que el gobierno provincial prorrogó su aplicación hasta 2029. Según Gallandat, fallar en este momento sería prematuro y abstracto, ya que existen varias posibles contingencias hasta la entrada en vigor de la norma.

Con información de Primera Edición

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