Casal pidió a la Corte que eleve a 12 años la condena a Cristina Kirchner por asociación ilícita en el caso Vialidad

El Procurador General de la Nación respaldó el planteo de la Fiscalía para agravar la condena de la ex presidenta y solicitó además un decomiso superior a los $5.300 millones. El fallo podría tener fuerte impacto político en un año electoral.

La Procuración impulsa una pena mayor para la ex presidenta

El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, solicitó a la Corte Suprema de Justicia que eleve a 12 años de prisión la condena impuesta a Cristina Fernández de Kirchner por el caso de la obra pública en Santa Cruz. En un dictamen de 13 páginas, el jefe de los fiscales adhirió al reclamo de la Fiscalía para que se la considere responsable de asociación ilícita y se le imponga un decomiso de $5.321 millones, monto actualizado del perjuicio económico generado al Estado.

Actualmente, la ex mandataria cuenta con una condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, dictada en diciembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2 y ratificada en noviembre de 2023 por la Cámara Federal de Casación Penal. Casal busca ahora agregar el delito de asociación ilícita, que había sido descartado por mayoría en ambas instancias anteriores.

Por qué Casal considera que hubo una asociación ilícita

El argumento central del dictamen del procurador es que los 51 contratos adjudicados a Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, configuran un esquema de corrupción sistémica que excede el marco de la mera administración fraudulenta. “La existencia de un solo plan criminal no es incompatible con la figura de asociación ilícita”, argumentó Casal.

El procurador también advirtió que la Cámara de Casación omitió responder uno de los planteos clave del fiscal Mario Villar: el hecho de que los delitos se extendieron por tres gobiernos consecutivos —los de Néstor Kirchner y Cristina Fernández— a lo largo de 12 años, lo que refuerza la hipótesis de un accionar coordinado y permanente.

Más acusados, más cargos: De Vido, López, Periotti y Báez

Casal también pidió revocar las absoluciones de varios ex funcionarios, entre ellos Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Garro, y reclamó que José López, José Periotti y Lázaro Báez sean condenados por asociación ilícita. En el caso de De Vido, Casal afirmó que fue uno de los principales organizadores del esquema delictivo, al haber direccionado fondos del Estado en favor de Báez a través de resoluciones administrativas.

“De Vido no sólo adaptó su conducta a un plan criminal en curso, sino que fue un engranaje clave en su ejecución”, sostuvo el Procurador.

Un fallo que impactará en el tablero electoral

La decisión de la Corte Suprema, ahora en manos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, podría tener efectos decisivos en el escenario político nacional. Cristina Kirchner, aún sin cargo institucional, evalúa postularse en las elecciones de 2025, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde mantiene altos niveles de adhesión. La ratificación o el agravamiento de su condena —especialmente si queda firme la inhabilitación— podría excluirla del proceso electoral.

Además, el fallo será observado con atención por organismos internacionales, ya que la defensa de la ex presidenta, encabezada por el abogado Alberto Beraldi, denunció “violaciones a garantías constitucionales” y anunció que llevará el caso a instancias superiores si la condena es confirmada. También recusó al juez Ricardo Lorenzetti, por lo que la Corte deberá definir su participación en el caso.

Con el dictamen del procurador Casal, la Corte Suprema queda en condiciones de dictar una sentencia definitiva en una de las causas más emblemáticas de la última década. El fallo no solo determinará el futuro judicial de la ex presidenta, sino que sentará un precedente sobre cómo se interpretan los delitos de corrupción estructural en la administración pública.

En medio de un año electoral clave, con la imagen pública de Cristina Kirchner aún gravitante y una posible candidatura en juego, la resolución del máximo tribunal promete fuerte repercusión política, judicial e institucional.