A medida que avanza el programa económico del Gobierno nacional, surgen nuevas iniciativas orientadas a profundizar la corrección macroeconómica y a fortalecer el proceso de bimonetarización de la economía, o, como algunos lo llaman, de dolarización endógena. Estas propuestas, naturalmente, no están exentas de polémica.

En las últimas semanas, en el marco del doble objetivo de “dar más libertad a los argentinos” y “remonetizar la economía”, el Gobierno lanzó el denominado Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El propósito es que los ciudadanos comiencen a movilizar los ahorros que durante años estuvieron fuera del sistema financiero. El llamado “dólar colchón” no es una figura abstracta: estimaciones públicas y privadas coinciden en que, entre cajas de seguridad, cuentas en el exterior y billetes guardados en domicilios, los argentinos conservan entre 200 y 270 mil millones de dólares. 

Se trata de una expresión inequívoca de la desconfianza estructural que imperó en la Argentina durante décadas, y que ahora se busca revertir a través de un marco normativo más flexible que el vigente hasta hace poco.

La lógica del plan es relativamente sencilla en lo conceptual: una vez estabilizada la macroeconomía, con inflación en retroceso y un tipo de cambio sostenible, se pretende remonetizar la economía apelando a esos ahorros no declarados. El objetivo es que estos se integren al circuito económico, convirtiéndose en un motor de reactivación del consumo y la inversión. 

Sin embargo, la gran incógnita es: ¿eso puede suceder? La respuesta es afirmativa, pero requiere condiciones muy concretas.

La primera es imprescindible: avanzar en las modificaciones normativas que permitan utilizar dinero no declarado sin penalización. La segunda, establecer reglas de juego claras y sostenibles en el tiempo, algo que el Gobierno insiste en garantizar. La tercera, ofrecer incentivos concretos al consumo y la inversión, para evitar que esos fondos sean simplemente dilapidados. Si estas condiciones se cumplen, podríamos estar ante un escenario donde los dólares ahorrados comiencen a circular, generando un efecto dinamizador en sectores clave como los bienes durables, la construcción y el turismo.

Comprender dónde podrían producirse los mayores impactos es clave para entender la lógica del esquema. Algunas críticas apuntan a que el consumo no se vería beneficiado, con el argumento de que quien hoy no consume tampoco tiene dólares ahorrados, ya que lo que le falta es dinero. Pero partir de esa premisa sería erróneo. Es evidente que quienes tienen ahorros no los destinarán al consumo básico, pero sí podrían canalizarlos hacia sectores con capacidad de arrastre sobre el resto de la economía.

Como señalamos: bienes durables, construcción y turismo. En el primer caso, el uso del “dólar colchón” podría reactivar la cadena de electrodomésticos o la compra de vehículos, rubros que ya están mostrando señales de recuperación gracias a la reaparición del crédito. Esta dinámica, a su vez, impactaría positivamente en el empleo y los ingresos de los trabajadores de estos sectores. En turismo, el efecto podría sentirse tanto en la demanda de viajes como en pequeñas inversiones hoteleras y gastronómicas. La construcción, por su parte, se vería beneficiada tanto en obras menores (como ampliaciones de viviendas) como en desarrollos más ambiciosos.

El impacto en las provincias no sería homogéneo, pero sí puede resultar positivo en la mayoría. En aquellos territorios con menor bancarización y limitado acceso al sistema financiero, el “dólar colchón” cumple una doble función: reserva de valor y fuente latente de consumo. Este fenómeno es más marcado aún en zonas de frontera o con alta informalidad comercial. Si mejora la confianza, esos dólares podrían dinamizar sectores rezagados, desde la construcción hasta el comercio.

Además, si esos ahorros se canalizan hacia los bancos -de forma directa o indirecta- también podrían transformarse en crédito para el consumo o la producción. De hecho, ya se observa a entidades financieras ofreciendo cuentas remuneradas o plazos fijos en dólares. El siguiente paso será ofrecer líneas de crédito con condiciones más favorables que las del pasado reciente.

Desde el punto de vista de las provincias, el plan genera un doble interés. Por un lado, la adhesión al esquema permitirá el acceso a información tributaria clave para una mejor administración fiscal. Por otro, el impacto económico puede derivar en mayores niveles de consumo, actividad económica y, en consecuencia, una mejora en la recaudación impositiva en un contexto de creciente preocupación por la caída de ingresos.

Catamarca y Tucumán ya firmaron los convenios con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y Misiones está próxima a hacerlo. En esta última, la expectativa es particularmente alta. Misiones posee un fuerte potencial de crecimiento económico a partir de pequeñas y medianas inversiones que podrían emerger con esta “liberación” del dólar colchón. 

La construcción es uno de los sectores que más podría beneficiarse, especialmente por inversiones privadas de escala media que dinamizarían el rubro de forma decisiva. En turismo, la oportunidad es aún mayor, dada la ventaja comparativa de la provincia en este ámbito, con un impacto directo sobre toda la cadena de valor, desde la infraestructura hasta el consumo.

El mercado automotor también podría consolidar su recuperación, que ya se viene observando en los primeros meses del año. El comercio, en general, podría ver una reactivación tangible, especialmente si se fortalece la formalización de las operaciones.

Desde el punto de vista fiscal, el impacto también sería significativo. Cada transacción formal genera recaudación, y la clave hoy no es recaudar más, sino recaudar mejor. La caída interanual del 1,1% en la recaudación del IVA durante mayo —que afecta la coparticipación— es un dato que enciende alarmas. En paralelo, el consumo informal reduce también los ingresos provinciales. El plan apunta a revertir esta tendencia, eliminando trabas burocráticas que desalientan la formalización. El caso paradigmático es el de los supermercados, donde se cortaban tickets para evitar declarar montos exigidos por los organismos de control. Estas prácticas, lejos de ser anecdóticas, reflejan una estructura de desincentivos que el nuevo esquema busca corregir.

Como todo plan orientado a movilizar capitales no declarados, el riesgo existe y debe ser cuidadosamente gestionado. Pero, en términos generales, los beneficios potenciales parecen superiores. El plan podría constituir, si se dan las condiciones adecuadas, el impulso que necesita la economía para reactivar uno de sus motores clave: el consumo.