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Quirno prometió abrir el 80% del comercio mundial y presentó a Malvinas como una batalla económica

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La diplomacia argentina dejó de pensarse solamente en términos de comunicados, cumbres y declaraciones formales. Bajo el Gobierno de Javier Milei, la Cancillería pretende convertirla en una herramienta económica: abrir mercados, atraer inversiones, proteger exportaciones y utilizar el potencial energético y minero del país como instrumento de poder.

Ese fue el eje de la exposición del canciller Pablo Quirno durante el almuerzo de cierre del Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, realizado en el hotel Loi Suites de Puerto Iguazú. Ante empresarios y referentes del sistema financiero, el funcionario presentó la apertura internacional como una segunda etapa del programa económico, posible -según argumentó- después de haber estabilizado las principales variables macroeconómicas.

El orden es lo que nos hace ganar la batalla de la credibilidad, de la confianza y de la previsibilidad”, sostuvo.

Quirno aseguró que la Argentina pasó de comerciar, mediante sus acuerdos vigentes, con economías que representaban apenas el 10% del producto bruto interno mundial a cubrir alrededor del 30%. El objetivo oficial es llegar rápidamente al 50% y alcanzar el 80% al finalizar un eventual segundo mandato de Milei, en 2031.

La estrategia combina acuerdos comerciales, desregulación interna, defensa de mercados y valorización de activos estratégicos. En esa ecuación aparecen la energía, la minería y la producción de alimentos, pero también la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas.

El canciller comenzó su discurso recordando el punto de partida del Gobierno: inflación elevada, reservas internacionales negativas, falta de confianza y la posibilidad de una crisis terminal.

En ese contexto, destacó la decisión de Milei de mantener el rumbo aun en los momentos de mayor incertidumbre política.

Las negras juegan y tratan de embarrar la cancha, pero el Presidente siempre mantuvo sus convicciones intactas”, afirmó.

Quirno señaló que el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica permitieron comenzar a ejecutar proyectos que, dos años atrás, no tenían condiciones de financiamiento. Puso como ejemplo el proceso de concesión de rutas: sin estabilidad, costo de capital razonable y previsibilidad, explicó, ningún inversor podía calcular adecuadamente la relación entre riesgo y retorno.

La misma lógica se aplica a la política exterior. Para abrir mercados no alcanza con una negociación diplomática: también deben existir productores preparados para exportar, certificaciones sanitarias, reglas claras y capacidad para sostener los contratos.

“Nosotros estamos para generar las condiciones necesarias para que el sector privado invierta, produzca, emplee gente, disponga de sus ganancias y pueda avanzar en el crecimiento del país”, definió.

Quirno presentó como uno de los principales logros del Gobierno la ampliación del acceso comercial de la Argentina. Mencionó los acuerdos entre el Mercosur y la Unión Europea, Singapur y la Asociación Europea de Libre Comercio, conocida como EFTA, además del proceso de adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.

Según sus cifras, durante el último año fueron abiertos 24 mercados nuevos y se concretaron 268 reaperturas para productos argentinos.

El acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea ocupó un lugar central. Quirno recordó que demandó 26 años de negociaciones y sostuvo que la administración de Milei consiguió firmarlo, obtener su primera aprobación dentro del bloque y ponerlo provisionalmente en vigencia desde el 1 de mayo.

El desafío, explicó, era que la oportunidad encontrara preparados a los exportadores. Como ejemplo, señaló que los productores argentinos agotaron en apenas diez horas el cupo anual de miel habilitado por el acuerdo. La cuota fue cubierta principalmente por producción de Concordia y otras zonas de Entre Ríos.

“Lo mismo pasó con los huevos y con el arroz. Había estabilidad económica, pero también un proceso de desregulación que permitió conseguir las aprobaciones y certificaciones necesarias. Cuando el acuerdo entró en vigencia, estábamos listos”, afirmó.

Para una provincia exportadora como Misiones, atravesada por la necesidad de ampliar los destinos de la yerba mate, el té, la madera y otros productos regionales, la apertura de mercados aparece como una oportunidad. Sin embargo, el canciller no hizo anuncios específicos para esas cadenas productivas durante su paso por Iguazú.

Quirno advirtió que firmar acuerdos constituye apenas el primer paso. La nueva etapa consiste en defender activamente los mercados conquistados.

Relató que, cuando comenzaba a implementarse el entendimiento con el Mercosur, la Unión Europea clasificó a la soja argentina como producto de alto riesgo. La decisión podía afectar severamente las exportaciones de biodiésel.

La Cancillería trabajó entonces con las provincias y el sector privado para presentar datos sobre el sistema productivo argentino. Según Quirno, la evidencia consiguió que las autoridades europeas retiraran la objeción.

“Estamos desacostumbrados porque nunca habíamos pasado por este proceso. No alcanza con anunciar que abrimos un mercado: después hay que defenderlo”, sostuvo.

El funcionario afirmó que los resultados también desmienten las advertencias sobre una supuesta falta de competitividad cambiaria. Aseguró que la Argentina registra los niveles de exportación más altos de su historia, tanto en cantidades como en divisas obtenidas.

Energía y minería: “Dos nuevas pampas”

El canciller describió la transformación energética como uno de los cambios estructurales de la economía. Recordó que, pocos años atrás, el país registraba un déficit energético de entre 6.000 y 8.000 millones de dólares. Para este año, en cambio, proyectó un superávit cercano a los 10.000 millones.

“En dos o tres años vamos a estar en el nivel de exportaciones promedio del sector agroexportador. Vamos a tener una nueva pampa”, aseguró.

La segunda “pampa” será la minería. Quirno contrastó los 60.000 millones de dólares anuales que exporta Chile en minerales con los aproximadamente 6.000 millones de la Argentina, pese a compartir la misma cordillera.

“No es que todos los minerales cayeron del lado chileno. Nosotros tenemos los recursos naturales y el capital humano. Lo que siempre nos faltó fue generar las condiciones necesarias”, explicó.

La herramienta elegida para cerrar esa brecha es el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones. Según Quirno, ya existen 25 proyectos aprobados con compromisos de inversión por alrededor de 55.000 millones de dólares, mientras que la cartera completa en evaluación llega a 155.000 millones.

El régimen busca garantizar previsibilidad a emprendimientos cuyo retorno excede ampliamente un período presidencial. Una mina iniciada después de diciembre de 2023, ejemplificó, difícilmente habría comenzado a producir durante el primer mandato de Milei. Sin garantías de continuidad, esa inversión no se habría concretado.

“El equilibrio fiscal es el que al final del día da seguridad jurídica, porque evita la necesidad de meterse en los contratos entre privados”, planteó.

Malvinas: hacer elegir a las petroleras

Quirno vinculó directamente la valorización de Vaca Muerta, la minería y los demás activos argentinos con la nueva estrategia sobre las Islas Malvinas.

La Ley 26.659 permite sancionar a las petroleras que operan en las islas sin autorización argentina y les prohíbe desarrollar actividades en el territorio continental. El problema, explicó, es que cuando la norma fue sancionada Vaca Muerta todavía no tenía el valor económico actual. Las compañías no perdían demasiado al quedar excluidas del mercado argentino.

El Gobierno pretende cambiar esa ecuación.

“Van a tener que elegir entre invertir en un territorio disputado, con licencias ilegales, o venir a la Argentina, con seguridad jurídica y una potencialidad de negocios mucho mayor”, advirtió.

El decreto reglamentario anunciado por Milei busca acelerar las sanciones no solamente contra las operadoras petroleras, sino también contra sus proveedores de servicios financieros, seguros, logística y asistencia técnica.

Según el canciller, cerca de 180 compañías ya fueron notificadas de que deberán elegir entre mantener sus vínculos con las operaciones en Malvinas o acceder al mercado argentino.

La declaración jurada exigida a quienes pretendan ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones incluirá la obligación de informar que no se encuentran en infracción a la legislación sobre hidrocarburos en las islas.

Quirno anticipó además que el Ejecutivo enviará al Congreso una reforma de la Ley 26.659 para ampliar las sanciones y, al mismo tiempo, crear un mecanismo de salida para las empresas que abandonen las actividades consideradas ilegales.

La legislación actual, reconoció, castiga a las compañías, pero no les ofrece incentivos para corregir su conducta. La nueva norma buscará que puedan regresar al sistema si desisten de operar en las islas sin autorización argentina.

El segundo componente de la estrategia será la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego. Quirno sostuvo que el proyecto llevaba años en carpeta, pero que nunca había contado con recursos suficientes.

El ordenamiento de las cuentas públicas permitió, según explicó, generar el espacio fiscal necesario sin abandonar la regla del déficit cero.

“Hoy compramos el espacio fiscal para poner recursos directamente en una base naval estratégica. Eso también es algo novedoso, que no se pudo hacer nunca”, afirmó.

La base permitirá reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, mejorar la logística hacia la Antártida y ampliar la capacidad para custodiar los recursos naturales de la zona.

El canciller insistió en que no se trata de medidas aisladas ni adoptadas “a la marchanta”, sino de una estrategia coordinada que combina herramientas diplomáticas, jurídicas, económicas y financieras.

Definió ese enfoque como una “diplomacia ejecutiva” y aseguró que sus primeros efectos ya podían observarse en la cotización bursátil de las compañías vinculadas con las operaciones en Malvinas.

La advertencia a Chile

La estrategia también alcanza a los países vecinos que ofrecen apoyo logístico a las actividades económicas desarrolladas en las islas.

Quirno reveló que el tema fue planteado durante una conversación entre Milei y el presidente de Chile. Según explicó, la Argentina cuestionó la asistencia chilena en materia de hidrocarburos, pesca y logística a las empresas que operan en Malvinas.

El comunicado posterior al encuentro, dijo, reconoció la preocupación argentina y abrió una instancia de revisión.

Para el canciller, la posibilidad de condicionar esas decisiones deriva del nuevo peso económico del país. La Argentina necesita del mundo, afirmó, pero el mundo también comienza a necesitar de la Argentina como proveedor confiable de alimentos, gas, petróleo y minerales críticos.

Quirno ratificó el alineamiento geopolítico del Gobierno con Estados Unidos e Israel y la decisión de insertar a la Argentina dentro del bloque occidental.

“Está muy claro con quién comerciamos, cómo comerciamos, de dónde vienen las inversiones y por qué hacemos lo que hacemos”, señaló.

El funcionario también celebró el giro político registrado en varios países latinoamericanos y atribuyó parte de ese movimiento a la influencia regional de Milei. Mencionó los cambios de signo en Bolivia, Honduras, Costa Rica, Colombia, Chile y Perú, y expresó su deseo de que Brasil y México sigan el mismo camino.

“Si uno tiene la mejor casa, pero todo el barrio está lleno de problemas, es mucho más difícil que las inversiones se animen a venir”, graficó.

Quirno sostuvo que la Argentina respalda a los gobiernos regionales que defienden “las ideas de la libertad” y mencionó la asistencia brindada a Bolivia frente a un intento de desestabilización.

“Las negras también juegan y no van a dejar de tratar de voltear lo que se está haciendo de manera incipiente en la región”, afirmó.

El canciller cerró su presentación con un mensaje de continuidad política. Dijo que al Gobierno le queda un año y cuatro meses de mandato, pero se mostró confiado en que contará con otros cuatro años para profundizar las reformas.

Nosotros estamos confiados en que nos quedan cinco años y cuatro meses de gobierno. En ese período vamos a ver cambiada la Argentina de una manera impresionante”, pronosticó.

Aseguró que el equipo nacional se mantiene unido, que conserva vínculos permanentes con los gobernadores y que las alianzas legislativas permitieron acelerar el programa después de las elecciones de 2025.

La Argentina, resumió, comenzó el Gobierno de Milei con apenas el 10% del Senado, el 15% de Diputados y ningún gobernador propio. Pese a esa debilidad inicial, consiguió aprobar la Ley Bases y luego avanzar con la modernización laboral, la inocencia fiscal, la reforma de la legislación sobre glaciares, la Carta Orgánica del Banco Central y distintos acuerdos internacionales.

Para Quirno, el proceso ya construyó cimientos suficientes para resistir las crisis externas y la incertidumbre electoral.

“El cambio a esta altura es irreversible”, sentenció.

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La CNV reforma el régimen de transparencia y simplifica las reglas para el mercado de capitales

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) avanzó con una reforma integral del régimen de transparencia aplicable a los participantes del mercado de capitales. A través de la Resolución General 1162/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el organismo actualizó el Título XII de las Normas de la CNV con un doble objetivo: elevar la calidad y oportunidad de la información disponible para los inversores y, al mismo tiempo, reducir cargas administrativas consideradas innecesarias.

La modificación busca adaptar la regulación a la dinámica actual del mercado y otorgar mayor precisión sobre quiénes están alcanzados por cada obligación. La CNV sostuvo que la nueva arquitectura normativa apunta a mejorar la eficiencia regulatoria y la seguridad jurídica, manteniendo como ejes la transparencia, la integridad del mercado y la protección de los inversores.

Uno de los cambios centrales se concentra en el régimen de Hechos Relevantes. La nueva normativa actualiza los supuestos que deben ser comunicados al organismo y explicita la utilización de los estados contables y financieros anuales e intermedios como referencia para determinados cálculos. También incorpora situaciones que puedan afectar significativamente la capacidad de pago de valores negociables, una previsión especialmente relevante para el mercado de deuda.

La reforma modifica además algunos umbrales de información. En determinados casos, el porcentaje que activa la obligación de reportar pasa del 10% al 15%, con la intención de concentrar los requerimientos regulatorios en acontecimientos de mayor relevancia económica y evitar que operaciones de impacto marginal generen cargas de cumplimiento desproporcionadas.

El cambio no implica una relajación general de los estándares de transparencia. Por el contrario, la CNV incorpora nuevos supuestos de información y precisa obligaciones vinculadas con emisoras, tenencias accionarias, conflictos de interés, información privilegiada y situaciones que puedan comprometer la capacidad financiera de las compañías.

La digitalización constituye otro de los ejes de la reforma. La Autopista de la Información Financiera (AIF) queda consolidada como canal central para la presentación de información, mientras que se actualizan los mecanismos de comunicación entre emisoras y mercados. En paralelo, determinados plazos para informar designaciones, modificaciones de tenencias y participaciones accionarias relevantes se extienden de 10 a 15 días hábiles.

En materia de tenencias accionarias, la normativa establece que quienes adquieran, enajenen o modifiquen participaciones que alcancen el 5% o más de los votos de una emisora deberán informar la operación dentro de los 15 días hábiles. La obligación también se activa ante variaciones posteriores que involucren múltiplos de ese porcentaje, hasta alcanzar la condición de accionista controlante.

La reforma incorpora además un capítulo específico sobre el deber de reserva y amplía el universo de sujetos alcanzados por esa obligación. Emisoras, colocadores y otros agentes que participen en colocaciones primarias deberán preservar la confidencialidad de información relevante no divulgada públicamente y abstenerse de operar mientras esa información permanezca reservada.

El nuevo régimen también refuerza la prevención de conflictos de interés. La CNV establece que quienes intervengan en el mercado deberán abstenerse de actuar cuando se encuentren en una situación de conflicto y profundiza las obligaciones de lealtad y diligencia de directores, administradores, fiscalizadores, agentes y demás participantes.

La regulación mantiene, además, una prohibición explícita sobre la manipulación de precios y volúmenes, las prácticas engañosas y el uso indebido de información privilegiada. La nueva redacción incorpora expresamente como conducta prohibida la intervención directa o indirecta en operaciones cuando exista un conflicto de interés.

Para los inversores minoristas, uno de los aspectos relevantes es la obligación de los participantes registrados de contar con códigos de protección al inversor o códigos de conducta redactados en un lenguaje comprensible. Esos instrumentos deberán explicar los derechos de los inversores y los procedimientos disponibles para ejercerlos, con especial atención al pequeño inversor no profesional.

La CNV también reordenó el régimen de idoneidad de quienes asesoran, promocionan o venden productos del mercado de capitales. La reforma mantiene el examen de idoneidad, pero introduce alternativas y mecanismos de mayor flexibilidad para acreditar conocimientos profesionales.

Entre las novedades sobresale la posibilidad de acreditar la idoneidad mediante trayectoria profesional. La CNV podrá inscribir sin examen previo a personas que acrediten al menos cinco años continuos en cargos o funciones de responsabilidad relevante en entidades vinculadas al mercado de capitales y bajo fiscalización del organismo, siempre que su experiencia resulte equivalente a los conocimientos exigidos.

También se unifica en dos años la vigencia de la aprobación del examen de idoneidad para tramitar la inscripción correspondiente. A la vez, se incorporan reglas más precisas para exenciones y exámenes parciales, junto con cursos de actualización para conservar la registración.

El organismo también busca elevar la transparencia del propio proceso de evaluación. La normativa dispone que las preguntas y respuestas correctas del examen sean publicadas de manera permanente en el sitio web de la CNV y establece mecanismos de monitoreo para las evaluaciones presenciales y virtuales.

Desde una perspectiva de política regulatoria, la reforma intenta resolver una tensión frecuente en los mercados financieros: elevar los estándares de información sin convertir el cumplimiento normativo en una barrera innecesaria para la actividad. La clave estará en si la simplificación consigue reducir costos regulatorios sin deteriorar la capacidad de supervisión del organismo.

El cambio también puede tener impacto sobre la calidad de las decisiones de inversión. Una información más estandarizada, presentada por canales digitales y concentrada en hechos con relevancia económica, puede reducir asimetrías entre los participantes y facilitar que los inversores identifiquen con mayor rapidez acontecimientos capaces de modificar el valor o el riesgo de los activos.

La Resolución General 1162/2026 entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial. Con su implementación, la CNV busca avanzar hacia un mercado de capitales con reglas más sistematizadas, mayor trazabilidad de la información y mecanismos de control adaptados a la operatoria actual, sin resignar los principios de transparencia, integridad y protección del inversor.

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Caputo y Sturzenegger en Iguazú: Passalacqua y los principales empresarios debatirán cómo pasar de la estabilidad al crecimiento

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La 47ª Convención Anual del IAEF reunirá del 3 al 6 de septiembre en Puerto Iguazú a Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Hugo Passalacqua, gobernadores, legisladores y referentes de las principales empresas del país. Con la competitividad como eje, el encuentro pondrá bajo discusión el desafío que enfrenta la economía argentina: transformar la estabilización macroeconómica en inversión, producción y crecimiento sostenido.

Puerto Iguazú volverá a convertirse en septiembre en uno de los principales puntos de encuentro del poder económico, político y empresario de la Argentina. Del 3 al 6 de septiembre, el Hotel Loi Suites será sede de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que este año tendrá como lema una pregunta que atraviesa buena parte del debate económico: “Argentina: de la estabilidad al crecimiento – Cómo generar competitividad sostenida”.

La convocatoria tendrá entre sus figuras centrales al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y al ministro de Economía, Luis Caputo, cuya participación todavía está sujeta a confirmación. También será protagonista el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, anfitrión provincial de una convención que reunirá a gobernadores, funcionarios nacionales, economistas, legisladores, banqueros y ejecutivos de algunas de las compañías más importantes del país.

Entre las figuras empresariales estará Jorge Brito, presidente del Banco Macro, Pablo Mainardi, CFO de Arcor, uno de los mayores grupos industriales argentinos, junto a ejecutivos de Aluar, Pluspetrol, Aerolíneas Argentinas, Banco Galicia, la UIA, la Cámara Argentina de Comercio y el complejo agroindustrial. La empresaria misionera Victoria Szychowski, presidenta de La Cachuera será una de las disertantes, mientras que Raúl Karaben, de la cooperativa Piporé, también aportará la mirada sobre la yerba mate.  

El escenario elegido y el temario no son casuales. La Convención llegará en un momento en el que la discusión económica comienza a desplazarse desde el ordenamiento de las variables macro hacia un interrogante más complejo: cómo convertir la estabilidad en crecimiento, inversión y empleo, y qué condiciones necesita el sector productivo para competir.

Después de una etapa marcada por el ajuste fiscal, la desaceleración inflacionaria, la desregulación de mercados y una profunda modificación de precios relativos, el desafío pasa por determinar hasta qué punto ese ordenamiento puede traducirse en una recuperación sostenida de la actividad. 

En paralelo, empresas y economías regionales enfrentan una ecuación exigente, atravesada por costos internos, presión tributaria, infraestructura, financiamiento, tipo de cambio y una apertura comercial que obliga a revisar productividad y competitividad.

Desde Misiones y el Norte Grande, además, esa discusión incorpora variables propias. La distancia de los grandes centros de consumo, los costos logísticos, la falta de gas natural y las asimetrías comerciales con Brasil y Paraguay forman parte de una agenda que las provincias de la región vienen planteando ante la Nación. Passalacqua tendrá así una vidriera privilegiada para insertar la mirada del interior productivo dentro de una discusión nacional sobre competitividad.

La presencia de gobernadores también le dará al encuentro una dimensión federal. Junto a Passalacqua participarán Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes. Uno de los paneles estará específicamente dedicado a analizar “El rol de las provincias en la transformación competitiva del país”.

Del gabinete nacional a los CEO

La nómina de expositores anticipa la amplitud de la discusión. Además de Caputo y Sturzenegger, estarán Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; Patricia Bullrich, ministra de Seguridad; y Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En el plano económico participarán Daniel Artana, economista jefe de FIEL; Mariana Camino, cofundadora, presidenta y CEO de ABECEB; Daniel Lacalle, doctor en Economía, autor y profesor de Economía Global; y Sergio Berensztein, analista político y presidente y director general de Berensztein.

También disertarán Ezequiel Mirazón, presidente del Comité Organizador de la Convención; Andrea Falcone, cofundadora y Regional Lead LATAM de The SHIFT; Jorge Diehl, CFO de Aluar; Pablo Mainardi, CFO de Arcor; Nancy Repetto, Chief Financial & Services Officer de Pluspetrol; José Morea, Country Director para Argentina y Chile de Vicuña Corp.; Raúl Karaben, socio de la Cooperativa Piporé; Trinidad Tizado, presidenta de Tubos Trans Electric; y Alejandro Bertone, CEO electo de A.C.A.

El arco empresario e institucional se completa con Natalio Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Fabián Lombardo, CEO de Aerolíneas Argentinas; Diego Rivas, CEO de Banco Galicia; Jorge Pablo Brito, presidente de Banco Macro; y Rosendo Grobocopatel, CEO de Constelaciones.

La política legislativa también tendrá espacio propio. Participarán Diego Hartfield, diputado nacional por Misiones; Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza; y Alejandra Torres, diputada nacional por Córdoba. A ellos se sumará José del Río, director de Contenidos de La Nación.

De esta manera, la Convención buscará cruzar tres miradas que no siempre encuentran una misma mesa: la del Gobierno nacional, concentrada en consolidar el nuevo esquema macroeconómico y regulatorio; la de las provincias, que reclaman infraestructura y condiciones federales para desarrollarse; y la del sector privado, que deberá definir bajo qué condiciones vuelve a invertir, ampliar capacidad y generar empleo.

De la macro a la empresa

La agenda refleja precisamente ese cambio de foco. Una de las discusiones centrales será “Economía: ¿Cómo pasar de la estabilidad al crecimiento?”, pero el programa avanzará también sobre cuestiones directamente vinculadas con las decisiones de inversión y producción.

La Convención presentará la Encuesta de Inversión y Financiamiento de EY y abordará el nuevo orden global, la situación política de la Argentina a un año de las elecciones, la nueva longevidad y la denominada Generación Silver, además de la agenda de los CFO, un área particularmente sensible en un escenario de transformación de las condiciones financieras y comerciales.

Otro de los ejes buscará responder “¿Cómo está la economía hoy? Una mirada desde el interior”, mientras que empresarios analizarán el presente de la industria, el comercio y el campo.

Habrá, además, paneles destinados a estudiar cómo reconvertirse y competir, con casos de éxito empresariales; los empresarios que apuestan al país; la inserción internacional de la Argentina; el papel del Congreso para construir una economía competitiva y la participación de las provincias en ese proceso.

La combinación promete convertir a Iguazú en una suerte de laboratorio de las discusiones que vienen para la economía argentina: una vez conseguido cierto orden de las principales variables, la competitividad deja de ser una consigna abstracta y pasa a medirse en inversiones, costos, exportaciones, productividad, infraestructura y creación de empleo.

Iguazú, escenario del debate económico

La apertura oficial contará con las palabras del intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, y del presidente del IAEF, Pablo Miedziak.

La elección de Misiones agrega una dimensión particular al encuentro. En una provincia ubicada en una de las fronteras comerciales más dinámicas del país, la competitividad no es solamente una discusión teórica. El comercio cotidiano con Brasil y Paraguay, las diferencias impositivas y cambiarias, el costo del transporte y la necesidad de infraestructura convierten al territorio misionero en un escenario concreto de muchas de las tensiones que estarán sobre la mesa.

Para el IAEF, la Convención Anual se consolidó a lo largo de sus 47 ediciones como uno de los espacios de intercambio entre ejecutivos financieros, empresarios, economistas y dirigentes políticos. Junto con su Congreso anual, constituye uno de los foros tradicionales para discutir la coyuntura argentina y las condiciones necesarias para su inserción internacional.

En septiembre, esa conversación tendrá una consigna especialmente ambiciosa: determinar qué viene después de la estabilización. Y, fundamentalmente, qué reformas, inversiones y acuerdos serán necesarios para que el orden macroeconómico consiga atravesar la frontera que todavía separa a las planillas financieras de la economía real.

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De científicas a empresarias: la camada del CONICET que levantó más de US$ 40 millones para fundar startups biotech

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La ciencia argentina empieza a mostrar otra cara. Ya no se trata solamente de investigar, publicar un paper, formar nuevos científicos y conseguir financiamiento para sostener un laboratorio. Una nueva generación decidió agregar un eslabón más complejo a esa cadena: transformar conocimiento científico en empresas.

El fenómeno tiene nombres propios, capital privado y negocios que empiezan a cruzar fronteras.

Ocho investigadoras formadas en el CONICET dieron el salto hacia el mundo empresario y crearon compañías vinculadas con fertilidad, diagnóstico temprano de cáncer, agricultura, química verde, terapias oncológicas y biotecnología marina. En conjunto, las startups vinculadas a sus historias consiguieron más de US$ 40 millones de inversión.

El dato adquiere otra dimensión cuando se observa qué está ocurriendo con el capital emprendedor argentino. Según el informe Panorama del Capital Emprendedor Argentino 2026, elaborado por ARCAP y EY, la biotecnología fue por segundo año consecutivo el sector con mayor cantidad de operaciones del país: explicó 43,1% de las transacciones realizadas durante 2025.

En 2026, además, el sector ya acumuló US$ 32,7 millones distribuidos en 31 rondas de inversión. Hay otro dato singular: apenas 12,5% de las startups argentinas que recibieron inversiones en 2025 tienen una mujer como CEO y todas ellas pertenecen al universo biotech.

De investigadores a empresarios

La transformación, sin embargo, supone bastante más que encontrar inversores.

El principal desafío es convertir una tecnología científicamente prometedora en un producto que alguien esté dispuesto a comprar. Es el puente entre el laboratorio y el mercado.

Matías Peire, fundador de GRIDX, conoce ese cuello de botella. El fondo administra alrededor de US$ 41 millones, posee más de 90 startups en su portfolio y reúne cerca de 190 científicos entre sus fundadores. El 75% de sus compañías cuenta con alguna mujer entre sus fundadoras.

Su modelo consiste precisamente en buscar investigadores dentro del sistema científico, ayudarlos a estructurar una compañía y aportar capital inicial. El problema aparece cuando esas empresas necesitan escalar: América Latina todavía no dispone de suficiente capital para financiar el crecimiento de muchas biotech, obligándolas a competir por inversiones internacionales.

Y ahí comienza otro examen: convencer a un inversor internacional de apostar por ciencia desarrollada en Argentina frente a proyectos nacidos alrededor de universidades como Harvard, MIT o Stanford.

Microgénesis: US$ 4 millones para entender la fertilidad

Microgénesis, fundada por Gabriela Gutiérrez, nació buscando respuestas para aquellos casos en los que los estudios convencionales no consiguen explicar los problemas de fertilidad.

La compañía desarrolló una metodología que combina antecedentes, síntomas y biomarcadores metabólicos, inflamatorios y de microbiota para identificar perfiles y orientar tratamientos.

Después de años de investigación y validación, avanzó hacia la atención directa de pacientes mediante herramientas digitales y una red internacional de profesionales.

La empresa consiguió más de US$ 4 millones provenientes de inversores privados de Argentina, Estados Unidos y Asia, particularmente China y Singapur.

Oncoliq: detectar cáncer con una muestra de sangre

El desafío de Oncoliq es todavía más ambicioso: detectar tempranamente distintos tipos de cáncer mediante una muestra de sangre.

La tecnología mide microARN, moléculas cuyos patrones se modifican cuando comienza a desarrollarse una enfermedad. La intención es extender el diagnóstico hacia cánceres que actualmente no cuentan con sistemas adecuados de tamizaje y hacerlo de manera descentralizada y accesible.

El test cuesta alrededor de US$ 70 y el primer producto, Oncoliq Mama, tiene previsto llegar al mercado hacia fines de 2026.

La compañía, cofundada por Marina Simian y Adriana De Siervi, consiguió algo más de US$ 4,2 millones y prepara una Serie A, mientras México aparece como su próximo mercado internacional.

OncoPrecision: US$ 11 millones para atacar el cáncer

Entre los proyectos que más capital consiguieron aparece OncoPrecision.

La empresa desarrolla microavatares de tumores reales: modelos vivos del cáncer de cada paciente que permiten estudiar, con ayuda de inteligencia artificial, por qué determinadas células no responden a los tratamientos.

A partir de esa información desarrolla anticuerpos destinados a superar esas resistencias.

La compañía surgió de un laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba integrado por exinvestigadores del CONICET y posteriormente pasó por los programas de GRIDX e IndieBio.

Ya reunió alrededor de US$ 11 millones de fondos como GRIDX, SOSV, AIR Capital y New York Ventures, y actualmente divide sus operaciones entre Córdoba y Nueva York. Su terapia más avanzada, ONC001, se acerca a la instancia de estudios clínicos.

Del mar patagónico a Estados Unidos

También hay biotecnología nacida lejos de los grandes centros urbanos.

Tamara Rubilar convirtió más de veinte años de investigación sobre huevas de erizos de mar en Erisea, compañía detrás de la marca ProMarine, orientada al desarrollo de suplementos vinculados con el envejecimiento saludable.

La empresa obtuvo una licencia exclusiva del CONICET y se convirtió en la primera compañía de base tecnológica de la Patagonia en conseguir una licencia de esas características.

Ya realizó su primera exportación hacia Estados Unidos y recibió cerca de US$ 5 millones de inversión desde su creación.

Su caso rompe además con una lógica histórica de la economía del conocimiento argentina: demuestra que una empresa tecnológica exportadora puede construirse desde Puerto Madryn y no necesariamente desde Buenos Aires o los principales polos tecnológicos del país.

Puna Bio: microorganismos extremos para recuperar suelos

Otro de los casos de mayor escala es Puna Bio.

La compañía utiliza extremófilos, microorganismos capaces de sobrevivir en los salares de la Puna a más de 4.000 metros de altura y bajo condiciones extremas de radiación y salinidad.

Aplicados a la agricultura, esos microorganismos consiguieron mejoras de rendimiento de entre 10% y 15% y permiten producir sobre terrenos degradados.

La tecnología resume más de 25 años de investigación científica desarrollada en el CONICET y Tucumán.

La empresa ya lanzó tres productos, tiene operaciones en Brasil, Estados Unidos y Paraguay y consiguió más de US$ 10 millones de capital. En 2025 cerró una ronda liderada por Corteva con participación de la Fundación Gates.

La definición de sus fundadoras sintetiza la oportunidad que se abre detrás de este proceso: Argentina tendría potencial para generar al menos cien compañías similares a Puna Bio.

Bioeutectics: química verde desde Mendoza

Bioeutectics apunta a otro mercado gigantesco: reemplazar solventes petroquímicos utilizados en cosmética, alimentos, agro y materiales por alternativas naturales.

María Fernanda Silva llegó a investigadora superior del CONICET y dirigió un instituto en Mendoza antes de convertirse en empresaria.

La startup fue seleccionada por GRIDX e IndieBio y acumuló más de US$ 4,8 millones entre inversiones privadas y programas de aceleración.

Conserva su laboratorio en Mendoza, abrió una sede en Tulsa, Estados Unidos, y se encuentra desarrollando una ronda Serie A. Incluso recibe pasantes provenientes de universidades estadounidenses como New York University y Cornell.

Semion: hacer que la planta se defienda

Semion, por su parte, desarrolla soluciones destinadas a activar las defensas naturales de los cultivos.

En vez de atacar directamente una plaga, la tecnología busca fortalecer la capacidad de la propia planta para resistirla sin perder productividad.

Su desarrollo cobró especial relevancia durante la crisis de la chicharrita del maíz de la campaña 2023/24. En los primeros ensayos consiguió incrementar 30% el rendimiento de lotes afectados y ya acumula 23 ensayos a campo desde Paraguay hasta Córdoba.

La compañía levantó alrededor de US$ 1 millón de capital privado, además de fondos no reembolsables.

Mucha ciencia, pero todavía poco capital

La paradoja argentina aparece precisamente allí.

El país posee recursos humanos altamente calificados, universidades, décadas de inversión pública en investigación y científicos capaces de producir tecnologías competitivas internacionalmente. Pero convertir esa capacidad científica en compañías globales todavía exige superar barreras financieras, regulatorias y culturales.

El 87,7% de las rondas de inversión realizadas en Argentina durante 2025 fueron inferiores a US$ 5 millones, una escala reducida para compañías biotecnológicas que pueden necesitar años de investigación, ensayos, validaciones y aprobaciones regulatorias antes de alcanzar ventas significativas.

También existen tensiones dentro del propio sistema científico.

Patentar una tecnología puede exigir postergar una publicación académica; emprender obliga a comprender balances, clientes, valuaciones y capital de riesgo; y levantar fondos demasiado temprano puede diluir rápidamente la participación de los científicos fundadores.

Pero detrás de esas dificultades comienza a consolidarse un activo económico de enorme valor: la posibilidad de transformar décadas de conocimiento acumulado en propiedad intelectual, empresas, exportaciones y empleo calificado.

No es una discusión menor para una Argentina necesitada de dólares.

La biotecnología ofrece algo que el país busca desde hace décadas: exportar mucho valor utilizando relativamente pocos recursos físicos. En lugar de vender solamente materias primas, permite comercializar microorganismos, diagnósticos, moléculas, patentes, tratamientos y conocimiento.

Y esta generación de científicas empieza a demostrar que entre un laboratorio argentino y el mercado mundial puede existir algo más que un paper. Puede existir una empresa.

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La CNV abre la discusión sobre los fondos que administrarán el nuevo sistema de asistencia laboral

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La Comisión Nacional de Valores (CNV) puso en marcha el proceso de elaboración participativa para reglamentar los Productos de Inversión Colectiva de Fondos de Asistencia Laboral (PIC FAL), una de las piezas centrales del nuevo esquema creado por la Ley de Modernización Laboral. La iniciativa busca establecer cómo se constituirán, administrarán e invertirán los recursos destinados a afrontar obligaciones derivadas de la extinción de las relaciones laborales.

La Resolución General 1161/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, no constituye todavía la regulación definitiva, sino que abre una instancia formal para que empresas, entidades financieras, profesionales, trabajadores y ciudadanos puedan presentar opiniones y propuestas sobre el proyecto. La CNV fijó un plazo de 15 días hábiles para realizar las presentaciones a través de su sitio web.

El mecanismo elegido tiene una relevancia particular porque permite discutir antes de su aprobación definitiva la arquitectura financiera de un régimen que trasladará recursos de los empleadores hacia vehículos de inversión específicamente afectados al cumplimiento de obligaciones laborales. La CNV plantea así una instancia de participación que busca aportar seguridad jurídica, transparencia y eficiencia a la implementación de los PIC FAL.

El proyecto contempla que los fondos puedan estructurarse mediante Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Asistencia Laboral (FCIA FAL) o Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral (FF FAL). En ambos casos, los recursos deberán provenir exclusivamente de las contribuciones efectuadas por los empleadores en los términos establecidos por la Ley de Modernización Laboral.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es la creación de la Cuenta Individual del Empleador, que funcionará como un patrimonio separado, de afectación específica, independiente, inenajenable e inembargable. La cuenta estará vinculada a un ID FAL, un identificador único que permitirá relacionar al empleador con el vehículo elegido o, eventualmente, asignado de oficio, y asegurar la trazabilidad de los aportes.

El esquema busca resolver uno de los desafíos operativos más sensibles del nuevo sistema: que los aportes puedan ser individualizados por empleador sin transformar al fondo colectivo en una suma de patrimonios separados por trabajador. Para ello, la propuesta establece que la cuenta individual estará compuesta por el PIC FAL elegido y una cuenta comitente donde se registrarán las participaciones correspondientes al empleador.

La reglamentación también prevé una salida para aquellos empleadores que no informen un ID FAL válido. En esos casos, la CNV podrá asignarles de oficio un vehículo elegible, a partir de la información suministrada por la ARCA. La entidad habilitada que reciba esa asignación deberá informar el ID FAL y avanzar con la apertura de la cuenta correspondiente.

Otro aspecto relevante es que los empleadores conservarán la posibilidad de portar sus inversiones hacia otro PIC FAL, incluso cuando el nuevo vehículo sea administrado por una entidad habilitada diferente. El proyecto establece que el traspaso deberá concretarse, como máximo, dentro de los diez días hábiles desde la solicitud, sujeto a la inexistencia de obligaciones pendientes de pago. Cuando el cambio sea entre entidades habilitadas diferentes, la regla general establece una periodicidad mínima de seis meses, aunque se contemplan excepciones para las asignaciones de oficio.

Desde el punto de vista financiero, la CNV propone un régimen de inversión acotado. Los PIC FAL sólo podrán canalizar los recursos hacia títulos de deuda del Estado Nacional, instrumentos de deuda de provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el BCRA y obligaciones negociables emitidas en Argentina por empresas privadas. La política de liquidez deberá ser definida por cada vehículo en función de su estrategia y de la composición de su cartera.

La propuesta incorpora además límites destinados a reducir potenciales conflictos de interés. Cuando un PIC FAL esté constituido para uno o varios empleadores determinados, no podrá adquirir instrumentos emitidos por esos mismos empleadores o destinados a financiarlos, salvo que se cumplan simultáneamente determinadas condiciones: que la participación del empleador en el patrimonio del vehículo no supere el 5% y que la inversión vinculada a ese empleador tampoco exceda el 5% del patrimonio neto del PIC FAL.

La CNV también busca evitar que los costos de administración erosionen el objetivo económico del sistema. El proyecto establece que el límite anual de 1% previsto para honorarios, comisiones, gastos y demás contraprestaciones tendrá carácter global e integral. Esto significa que deberá abarcar las remuneraciones de todos los actores necesarios para estructurar y operar los vehículos, incluyendo entidades habilitadas, sociedades depositarias, agentes y asesores, entre otros.

Quedan fuera de ese límite las comisiones y gastos transaccionales directamente vinculados con las operaciones de inversión y las tasas de fiscalización y control de la propia CNV. La intención regulatoria es que el tope opere sobre el costo ordinario de administración y no sobre los gastos directamente asociados a la ejecución de las inversiones.

En materia de funcionamiento, el proyecto establece que los recursos acumulados en las cuentas individuales no podrán ser rescatados libremente. Su utilización estará vinculada al pago de las obligaciones previstas por la Ley de Modernización Laboral ante los distintos supuestos de extinción de la relación laboral, con las excepciones contempladas expresamente por la normativa.

Para los trabajadores, el punto decisivo estará en el mecanismo de verificación y pago. Los reglamentos de gestión de los fondos o los contratos de fideicomiso deberán definir cómo se determinarán y abonarán las sumas correspondientes frente a una desvinculación laboral. La propuesta incluso establece una excepción específica al procedimiento general de entrega de fondos a clientes para permitir que la entidad habilitada efectúe directamente el pago al trabajador en los supuestos contemplados por la ley.

La CNV propone, además, un régimen de autorización automática de oferta pública para los PIC FAL. Esto apunta a acelerar la puesta en funcionamiento de los vehículos, aunque la propia documentación deberá dejar expresamente establecido que esa autorización automática no implica que el organismo haya emitido juicio ni realizado un control sobre la veracidad de los documentos. Esa responsabilidad recaerá sobre las entidades habilitadas y los demás responsables previstos por la Ley de Mercado de Capitales.

El proyecto también fija requisitos de escala para las entidades que quieran administrar estos vehículos. Los fiduciarios financieros deberán contar, como regla general, con al menos diez fideicomisos financieros con oferta pública y un monto en circulación equivalente a 50 millones de UVA, mientras que las sociedades gerentes deberán administrar al menos diez fondos comunes de inversión y alcanzar un patrimonio mínimo equivalente a 50 millones de UVA. Para las entidades financieras se contemplan excepciones en el caso de los fiduciarios.

En el caso de los fideicomisos financieros FAL, la propuesta flexibiliza algunos requerimientos tradicionales del mercado de capitales para adaptarlos a la naturaleza del nuevo régimen: no se exigirá un monto máximo de emisión previamente determinado, ni la confección y publicación de un prospecto o suplemento de prospecto. Tampoco se requerirá colocación primaria mediante los mecanismos tradicionales ni listado o negociación de los certificados en un mercado autorizado.

El proyecto establece asimismo obligaciones de información para los fideicomisos, que deberán publicar datos estructurados, estados contables anuales, contratos de fideicomiso e informes mensuales de valuación de los activos. Estos últimos deberán difundirse a través de la Autopista de la Información Financiera de la CNV dentro de los 20 días hábiles posteriores al cierre de cada mes.

La instancia abierta por la CNV puede convertirse así en un punto relevante para definir cómo funcionará en la práctica uno de los componentes financieros de la reforma laboral. La discusión ya no pasa únicamente por la creación legal del Fondo de Asistencia Laboral, sino por cuestiones concretas que determinarán su funcionamiento cotidiano: quién administrará los recursos, dónde se invertirán, cuánto costará administrarlos, cómo se identificará cada aporte, qué ocurrirá cuando una empresa no elija un vehículo y cómo se garantizará que los fondos estén disponibles cuando aparezca la obligación laboral.

Las opiniones y propuestas deberán presentarse dentro de los 15 días hábiles previstos por la Resolución General 1161/2026. La documentación incorporada al procedimiento incluye un formulario específico para que particulares y representantes de personas jurídicas puedan presentar sus observaciones y propuestas, junto con la documentación respaldatoria correspondiente.

El paso siguiente será que la CNV evalúe los aportes recibidos antes de avanzar con la versión definitiva de la normativa. En términos de política pública, la oportunidad es significativa: el debate regulatorio permitirá ajustar antes de la implementación efectiva los mecanismos que deberán convertir las contribuciones empresarias en un fondo con capacidad financiera para responder frente al cese laboral, procurando al mismo tiempo preservar trazabilidad, liquidez, diversificación y costos controlados.

Anexo 1 Resolución General 1161/2026 CNV by CristianMilciades

Anexo 2 Resolución General 1161/2026 CNV by CristianMilciades

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