Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, el Estado nacional redujo su plantilla en más de 50.500 trabajadores, lo que representa una caída del 14,7 % en el empleo público. Así lo revela un informe del CEPA, que detalla el fuerte ajuste impulsado por el Gobierno de Javier Milei, con impactos profundos sobre organismos estratégicos en áreas como ciencia, salud, infraestructura, recaudación fiscal y seguridad social.

El Estado perdió más de 50.000 empleos en 17 meses: el ajuste golpea a áreas estratégicas. El recorte afecta a empresas públicas, entes descentralizados y organismos clave para el desarrollo

Según el informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el Estado nacional inició una política sistemática de reducción de su dotación de personal. En apenas 17 meses, la nómina del Sector Público Nacional se redujo en 50.553 puestos, abarcando tanto la Administración Pública Nacional (APN) como empresas estatales y entes descentralizados y desconcentrados.

El impacto más severo se registró en organismos técnicos, científicos y sociales que cumplen funciones estructurales para el desarrollo productivo, la inclusión social, la fiscalización tributaria y la provisión de servicios esenciales.

¿Dónde se concentraron los despidos?

Correo, Aerolíneas, AySA, Banco Nación y la ex Télam entre los más afectados

Las empresas estatales sufrieron el mayor ajuste en términos absolutos, con 16.909 puestos menos. Encabeza el ranking el Correo Argentino, con 4.860 bajas, seguido por la Operadora Ferroviaria (1.906), Aerolíneas Argentinas (1.745), AySA (1.548) y el Banco Nación (1.517).

La ex Télam fue desmantelada con un recorte del 79,5 % de su personal, en un giro que simboliza el repliegue del Estado en materia de comunicación pública con perspectiva federal.

El ajuste también impacta en ciencia, salud y seguridad alimentaria

CONICET, INTI, SENASA y el Instituto Nacional del Cáncer entre los más afectados

La reducción no se limitó al plano administrativo. El informe de CEPA señala que instituciones científicas clave como el CONICET (-957 puestos), el INTI (-736) y el SENASA (-457) vieron seriamente reducida su capacidad operativa. Estos organismos son fundamentales para la investigación, el desarrollo industrial y la seguridad agroalimentaria.

En el ámbito de la salud, se destacan los recortes en el Instituto Nacional del Cáncer y el Hospital Nacional en Red en Salud Mental, ambos con caídas del 39 % en su dotación. También se redujo un 32 % la planta de la Agencia Nacional de Discapacidad, debilitando políticas inclusivas de alcance federal.

El caso ARCA: golpe a la recaudación y al control aduanero

La ex AFIP perdió casi 3.000 trabajadores en 17 meses

Uno de los recortes más preocupantes es el de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) —ex AFIP— que perdió 2.943 empleos, comprometiendo su capacidad para combatir la evasión fiscal, controlar importaciones y sostener la recaudación nacional. En paralelo, la ANSES, organismo central del sistema previsional argentino, perdió 1.381 trabajadores, con efectos directos sobre la atención ciudadana y la gestión de beneficios sociales.

El ajuste trasciende el ahorro fiscal y redefine el rol del Estado

El recorte de más de 50.000 puestos de trabajo no solo implica un ajuste fiscal, sino una redefinición estructural del rol del Estado. Como señala el informe, muchas de las áreas afectadas —como ciencia, conectividad, salud pública, producción cultural, recaudación o inclusión— son fundamentales para sostener derechos, garantizar servicios y promover el desarrollo federal.

El vaciamiento de capacidades institucionales en sectores estratégicos anticipa un deterioro en la prestación de servicios, una pérdida de saberes técnicos y una mayor fragilidad del entramado público. La reconstrucción de esas funciones, advierte CEPA, no será inmediata ni sencilla.