Vialidad penalizó a la concesionaria por baches y mal estado de la calzada en Rutas Nacionales 12 y 14

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Vialidad multó a Caminos del Río Uruguay por incumplimientos graves en las rutas 12 y 14

Dos sanciones por más de 200.000 unidades de penalización evidencian el deterioro del Corredor Vial 18 y cuestionan la gestión del mantenimiento concesionado.

La Dirección Nacional de Vialidad aplicó dos fuertes sanciones a la empresa concesionaria Caminos del Río Uruguay S.A., responsable del Corredor Vial N.º 18, por incumplimientos contractuales en el mantenimiento de las Rutas Nacionales 12 y 14. Las sanciones se formalizaron a través de las resoluciones 955/2025 y 956/2025, publicadas en el Boletín Oficial del 17 de junio.

En el primer caso, se impuso una multa de 5.000 unidades de penalización (UP) por la existencia de un bache abierto de 1,08 m² en el kilómetro 81,4 de la Ruta Nacional 12. Según el acta de constatación N.º 13/2007, esta falla fue atribuida a la falta de conservación rutinaria, violando lo establecido en el Artículo 3 del contrato de concesión.

En el segundo caso, se sancionó con 203.440 UP debido al bajo Índice de Serviciabilidad Presente (ISP) en dos tramos de la Ruta Nacional 14 (km 10 al 20 e km 44 al 54), ambos con valores inferiores al mínimo contractual de 2,8. Esta infracción fue constatada en 2017 mediante el acta N.º 280/2017.

Argumentos rechazados y peligros para la seguridad vial

En su descargo, la concesionaria intentó desligarse de las responsabilidades alegando falta de pago estatal, tarifas desactualizadas y prescripción de las sanciones. Sin embargo, Vialidad rechazó estos argumentos y remarcó que las deficiencias detectadas responden a falta de mantenimiento básico, independientemente de la ejecución de obras mayores o la renegociación contractual.

“La presencia de baches y bajos índices de serviciabilidad comprometen la estabilidad del vehículo y representan un riesgo concreto para la seguridad vial y el confort del usuario”, sostiene el informe técnico que acompañó ambas resoluciones.

El caso evidencia las tensiones persistentes entre el Estado nacional y las concesionarias viales. En particular, Caminos del Río Uruguay había iniciado en 2022 un amparo judicial para solicitar la rescisión del contrato por supuestos incumplimientos del concedente. Sin embargo, la Dirección Nacional de Vialidad argumentó que se han otorgado incrementos tarifarios y recursos del Recurso de Afectación a Obras (RAO) para mantener la ecuación económico-financiera.

El monto final de las multas se determinará según el valor vigente de las unidades de penalización al momento del cobro. Las resoluciones instruyen notificar a la concesionaria y avanzar con la ejecución del procedimiento sancionatorio, dejando firme el criterio estatal de aplicar penalidades ante incumplimientos que afecten la infraestructura vial.

Las decisiones de Vialidad Nacional reafirman la necesidad de revisar los mecanismos de control sobre las concesiones de rutas nacionales. El caso del Corredor 18, que atraviesa zonas clave del litoral argentino, expone cómo el deterioro prolongado puede afectar la competitividad regional, la conectividad logística y la seguridad de los usuarios.

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