El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) continúa con plena vigencia jurídica a pesar del intento de desregulación dispuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023. Así lo sostienen productores y referentes del sector yerbatero, con base en fallos judiciales firmes que suspendieron los efectos del decreto y restituyeron las facultades del organismo creado por la Ley 25.564.

En un documento difundido este 23 de junio, desde Oberá y Andresito, actores del sector señalaron que el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, incurre en una “desobediencia judicial” al no cumplir la medida cautelar dictada el 12 de enero de 2024 por la justicia provincial, confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas el 5 de abril de 2024. Esa resolución ordenó suspender la aplicación del capítulo del DNU que afectaba al INYM, garantizando la continuidad de su estructura y funciones originales.

“El INYM goza de plena vigencia jurídica conforme al texto original de la Ley N.º 25.564”, expresaron. No obstante, denunciaron que el Poder Ejecutivo nacional persiste en su incumplimiento al no designar un presidente para el organismo, único paso administrativo necesario para su funcionamiento integral.

En el informe, los productores afirman que Milei y otros funcionarios del Ejecutivo, como los ministros Guillermo Francos, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, incurren en los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes de funcionario público, causas que ya se encuentran en trámite en la Justicia Federal bajo el expediente FPO 1207/2025.

A esta situación se suma lo que los autores del documento califican como un “vaciamiento institucional” del INYM, impulsado por sectores concentrados de la industria yerbatera que buscan monopolizar el negocio. Según los datos aportados, diez empresas controlan el 76,8% del mercado, y durante la cosecha gruesa de 2024 impusieron precios de hasta $180 por kilo de hoja verde, casi $200 por debajo de diciembre de 2023, en un contexto de alta inflación. Esto habría provocado una transferencia de ingresos superior a los 140 mil millones de pesos desde el sector primario hacia el conglomerado industrial.

“El saqueo al que están sometiendo al colono tiene como objetivo su eliminación del negocio yerbatero”, advierten, y vinculan esta maniobra con la falta de designación de autoridades en el INYM y con el reciente proyecto de ley presentado por la diputada Sofía Brambilla —empleada de Las Marías, según el documento— para eliminar el organismo.

Defensa del federalismo y la historia yerbatera

Lejos de resignarse, los productores afirman que la “batalla por el INYM” está siendo ganada. “La Justicia nos dio la razón y estamos impulsando nuevas acciones legales”, remarcan. Además, sostienen que el intento de desmantelar el instituto es ilegal, ya que su creación por ley nacional solo puede modificarse por otra norma del mismo rango, y el proyecto presentado aún debe transitar un extenso camino parlamentario.

“El INYM es una herramienta vital para la mayoría de los actores del negocio yerbatero”, señalan. Entre sus principales funciones destacan el sostenimiento del precio mínimo para la hoja verde, el desarrollo de programas de apoyo para todos los eslabones de la cadena y la promoción del producto en mercados nacionales e internacionales.

Finalmente, el documento llama a todo el pueblo yerbatero —tareferos, productores, industriales honestos, universidades y gobiernos provinciales— a defender con orgullo una historia de trabajo, dignidad y autonomía. “¿Qué dirá la historia si nos dejamos arrebatar el INYM por el accionar monopólico y delictivo de un grupo de avaros?”, interpelan.