Transporte y seguridad vial: es oficial la importación de usados y 0km para particulares
El esquema permite inscripción directa con certificación internacional y fija límites personales con tarifas en Unidades Retributivas
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Según el Gobierno nacional gracias a la Resolución 271/2025, desde ahora en adelante los ciudadanos tendrán la libertad de comprar vehículos nuevos en el exterior por sí mismos, sin depender de fabricantes o importadores. Para el patentamiento se puede usar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) del fabricante o del importador, que acredita la seguridad del vehículo. Se reconocerán las certificaciones de la Unión Europea, Estados Unidos, Brasil y las Naciones Unidas
En el caso de que el vehículo importado no cuente con esta licencia, el particular podrá patentarlo por sí mismo, tramitando un certificado de seguridad vial ante la Secretaría de Transporte
El Gobierno actualizó la normativa para homologación de vehículos armados en etapas. La Secretaría de Industria y Comercio modificó el procedimiento de emisión de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) para vehículos de transporte y carga. Se busca agilizar la trazabilidad y fortalecer el control de seguridad vial.
Mediante la Resolución 271/2025, publicada por el Ministerio de Economía a través de la Secretaría de Industria y Comercio, se actualizaron los requisitos técnicos y administrativos para la homologación de vehículos armados en etapas de las categorías N2, N3 (camiones) y M2, M3 (ómnibus). La medida apunta a optimizar el proceso de emisión de la Licencia de Configuración de Modelo (LCM), con el fin de mejorar la trazabilidad del proceso de fabricación y reforzar los controles sobre los estándares de seguridad.
LCM: un nuevo procedimiento por etapas
La normativa introduce una tramitación en dos etapas para los vehículos ensamblados parcialmente por distintos fabricantes:
- Primera etapa: El primer interviniente deberá obtener una Constancia Técnica (CT), en la que se acredite que el vehículo incompleto cumple con los requisitos mínimos de seguridad previstos en el Anexo B del Decreto 779/95.
- Etapa final: El último fabricante, o importador que complete el vehículo, deberá gestionar la LCM final, declarando qué requisitos de seguridad son propios y cuáles fueron certificados por los intervinientes anteriores.
Además, la LCM podrá incluir más de una Constancia Técnica, siempre que se respete la equivalencia técnica entre chasis, ejes y disposición de componentes esenciales.
La resolución establece que cualquier modificación relevante en los vehículos respecto a la CT original requerirá una actualización de la LCM, acompañada por informes técnicos o ensayos de cumplimiento. En caso de vehículos de transporte de pasajeros (categorías M2 y M3), se deberá recertificar todo aspecto alterado que pueda afectar la seguridad.
La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la autoridad encargada de validar las pruebas y auditorías que justifiquen estos cambios, fortaleciendo el marco de supervisión estatal sobre el parque automotor de transporte público y de cargas.
Según el texto oficial, esta medida busca “asegurar que las modificaciones introducidas durante el proceso de armado no comprometan los ítems de seguridad establecidos en la Ley N.º 24.449”. La autoridad competente se reserva el derecho de requerir información adicional, revisar cambios y solicitar documentación técnica ante cualquier alteración.
El Subsecretario de Gestión Productiva, Javier Ignacio Cardini, firmó los anexos técnicos que acompañan la resolución, y destacó la necesidad de contar con “procesos más eficientes y transparentes que se adecuen a la realidad productiva del sector y al desarrollo de tecnologías aplicadas al transporte”.
La Resolución 271/2025 representa un paso más en la modernización del sistema de homologación de vehículos comerciales y de pasajeros, en un contexto donde la innovación, la integración de nuevos actores y la necesidad de mayor eficiencia logística demandan regulaciones claras y ágiles.
Para fabricantes y carroceros, la nueva normativa implica una mayor responsabilidad técnica en cada etapa del armado, pero también una oportunidad para simplificar trámites y reforzar la competitividad en el mercado de transporte.
